PRENSA CECOP
REUNIÓN DEL DÍA 23 DE MAYO ENTRE CECOP Y ESBIRROS DEL GOBIERNO-VERSIONES PERIODICOS LOCALES
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En la reunión de Aguacaliente, el Cecop es aceptado como interlocutor válido
Gobierno y CFE deben sacar las manos del conflicto por La Parota
Más coincidencias que diferencias, en el encuentro de simpatizantes y opositores
ROBERTO RAMIREZ BRAVO/ LA JORNADA GUERRERO
El primer paso para “la reconciliación” entre simpatizantes y opositores al proyecto hidroeléctrico La Parota fue dado ayer con una reunión en la comunidad de Aguacaliente, y la aceptación preliminar del reconocimiento al Cecop como interlocutor válido y legal a partir de ahora en todas las acciones que tengan que ver con ese proyecto.
El segundo acuerdo fue la emisión de una declaración conjunta en el sentido de que la decisión sobre las tierras sólo compete a los comuneros, y el gobierno y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) deben sacar las manos de esas comunidades.
Ambos fueron aceptados por los integrantes del comisariado que acudieron al encuentro –Jesús Crisanto Arellano como su presidente, el secretario Angel Hernández Quiñones, el presidente del consejo de vigilancia, Simón Cruz Saligán, y el asesor Rubén Mendoza– pero deberán ser ratificados por el resto del comité, para lo cual se realizará un segundo encuentro en los próximos días.
Por primera vez desde que comenzó el conflicto, los representantes de simpatizantes y opositores se reunieron. Lo hicieron bajo la sombra de un roble joven –roble de patio, le llaman aquí– en la primaria Revolución Social de esta comunidad.
Fijado para las 13 horas, el diálogo formal comenzó con 22 minutos de retraso debido a la organización del evento. Por los opositores estuvieron el asesor Mario Patrón Sánchez, del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan; el comunero Facundo Hernández Angel, el presidente del comisariado autónomo, Alfonso García Vázquez, el vocero del Cecop, Felipe Flores Hernández, y el también comunero José Venus Hernández.
El diálogo duró alrededor de dos horas y pese a lo que pudiera pensarse, hubo más coincidencias que diferencias. Los tres integrantes del comisariado ejidal coincidieron con los opositores en que deben ser los comuneros quienes decidan el futuro de sus tierras, que la CFE debe informar con apego a la verdad, porque hay mucha gente que no tiene certeza respecto a de qué se trata el proyecto. Incluso, el presidente del consejo de vigilancia, Simón Cruz, externó sus dudas de que la oferta de trabajo de la CFE sea real y que los campesinos puedan tener acceso a ese empleo, por no ser personal calificado. Crisanto Arellano se vio precisado a aclarar que si lanzó las convocatorias para definir si se aceptaba o no la expropiación, fue porque así se lo pidieron quienes simpatizan con el proyecto, y si no lo hacía él, lo podría hacer la Procuraduría Agraria o el gobierno, y el vocero del Cecop, Felipe Flores, le tomó la palabra al aceptar que Crisanto “tiene razón cuando dice que lo obligaron a lanzar la convocatoria”.
Sobre la información que daría la CFE hubo una propuesta del comisariado, planteada por su asesor Rubén Mendoza, consistente en que se hicieran cuatro reuniones en distintos núcleos agrarios y no en la asamblea; pero los del Cecop, en voz de su asesor Mario Patrón, plantearon que la CFE sólo acudiera a la asamblea, y que ésta decidiera si la paraestatal hacía más reuniones en otros poblados.
El concepto “reconciliación” fue planteado por el comunero opositor Facundo Hernández, quien pidió a sus interlocutores sumarse al rechazo a la presa para reconciliarse.
En tanto, el comisariado “auténtico”, Alfonso García Vázquez, señaló que los cenecistas Evencio Romero, Nabor Ojeda y Eduardo Valente Navidad están atrás de los intentos por imponer el proyecto. En un momento, los opositores insistieron en saber quién del comisariado había fijado como único punto del orden del día analizar si se daba la anuencia para la ocupación de tierras y la expropiación. Como Crisanto no dio una respuesta, Mario Patrón aventuró: “es una convocatoria de la CFE”.
Patrón Sánchez propuso que como condición para seguir en el diálogo, el comité de Crisanto reconociera como interlocutor válido al Cecop y los cuatro asistentes estuvieron de acuerdo; luego pidió que si pensaban que la decisión sobre las tierras correspondía a los comuneros, hicieran una declaración pública en ese sentido, donde se pidiera que el gobierno y la CFE saquen las manos de estas comunidades, lo que fue aceptado en principio por los del comité. Entonces Patrón Sánchez les sugirió que se tomaran un tiempo para dar una respuesta formal a estos dos puntos y volvieran a reunirse en un lugar y hora que el comité definiera. Con ese acuerdo se levantó la asamblea alrededor de las 15 horas.
A salir, Crisanto Arellano se negó a responder a los reporteros y el asesor Mendoza informó que analizarían las dos propuestas, pero respondió “sin comentarios” a la pregunta de si mientras está el diálogo evitarán emitir una tercera convocatoria sobre la asamblea para la anuencia que se suspendió en San Juan Chico y después en El Bejuco.
Sólo reproches en la reunión entre opositores y simpatizantes a La Parota
Daniel Velázquez Olea/ sur
Sin acuerdos concluyó la primera reunión entre simpatizantes y opositores a la presa La Parota, donde ambos presentaron sus propuestas y pactaron una nueva junta en días próximos para ofrecer respuestas a los ofrecimientos.
Reunidos en la escuela primaria Revolución Social, del poblado Agua Caliente, los comuneros se reprocharon mutuamente la postura que cada uno tiene sobre el proyecto que pretende desarrollar la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en los Bienes Comunales de Cacahuatepec.
El asesor jurídico del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop) y abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Mario Patrón Sánchez, entregó al comisariado un paquete de copias de lo que se expuso en el Foro de Análisis de La Parota en el Congreso del 16 de mayo.
Y propuso, a nombre del Cecop, que el comisariado reconozca y consulte a ese comité como “actor legítimo” en la toma de decisiones sobre el proyecto.
Además de que el gobierno federal, la CFE y el gobierno estatal “saquen las manos” y que el tema se convierta en una asunto campesino. De aceptarse esta propuesta se emitiría una declaratoria de los comuneros.
Por su parte, el abogado del Comité Central Ejecutivo de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado de Guerrero y asesor jurídico del comisariado, Rubén Mendoza Román, propuso cuatro reuniones en diferentes anexos de los Bienes Comunales de Cacahuatepec y después emitir la convocatoria para una asamblea general de ejidatarios en la que se someta como “único punto” si se acepta o no la presa.
Ambas propuestas quedaron sobre la mesa y en dos o tres días el comisariado invitará al Cecop a una nueva reunión para dar respuesta a los planteamientos hechos.
Durante dos horas ambos grupos expusieron sus posturas sobre la presa, mientras los integrantes del Cecop hablaban sobre los daños que ocasionará la presa y las mentiras que ha dicho la CFE en las comunidades para promoverla, los integrantes del comisariado escuchaban que el presidente del Consejo de Vigilancia, Simón Cruz Saligán, dijo que no estaban en contra de la comunidad y que buscaban la “conciliación”.
Los opositores plantearon muchas preguntas y pidieron a los integrantes del comisariado que les respondieran porque si ellos apoyaban la presa es porque conocían las ventajas y desventajas del proyecto.
Las preguntas hechas fueron ¿cuáles van a ser los pueblos desplazados? ¿Cuántos comuneros van a ser afectados? así como los daños que va a causar al río y las presas que van a construir río abajo.
En la reunión, el secretario del Comisariado, Ángel Hernández Quiñones, reclamó a Patrón Sánchez que defienda los derechos de los opositores pues, dijo, los simpatizantes también tienen derechos humanos y por ello el abogado de Tlachinollan se ofreció a asesorarlos.
En la reunión estuvieron el comisariado Jesús Crisanto Arellano; el secretario Ángel Hernández Quiñones; no asistió el tesorero Humberto Eladio Santiago.
Por parte del consejo de vigilancia del comisariado asistieron el presidente Simón Cruz Saligán y el segundo secretario Maximino Chávez Palma.
Por parte del Cecop acudió uno de los voceros, Felipe Hernández Flores, así como José Venus Hernández y otros ejidatarios.
De la asamblea que se propone llevar a cabo para exponer las ventajas y desventajas de la presa, el vocero Felipe Hernández aclaró que la CFE tendrá la oportunidad de exponer sus puntos de vista pero que ellos van a invitar a especialistas para que señalen los daños ambientales y los riegos geológicos por la construcción de una hidroeléctrica.
El asesor jurídico del comisariado pidió que la CFE entrara a las comunidades a explicar el proyecto, pero le advirtieron que los habitantes están molestos y que no se hacen responsables de que sufran agresiones.
En entrevista, Rubén Mendoza se negó a responder si las reuniones con los opositores garantizaban que no se emitiría la tercera convocatoria como lo establece la ley agraria, y en la reunión sólo se mencionó que si en ocho días el comisariado no emite el documento podría hacerlo la Procuraduría Agraria.
Una de las coincidencias entre opositores y simpatizantes es que son comuneros y que la decisión sobre la construcción de la presa es sólo de ellos y no “pelearnos con nosotros mismos” porque hay lazos familiares.
Otro de los asistentes indicó que la decisión de la presa corresponde exclusivamente a quienes serán afectados, y dijo que son tres comunidades las que serán inundadas completamente por lo que éstas deben decidir y las otras 44 “salen sobrando” –Bienes Comunales de Cacahuatepec lo integran 47 comunidades–.
El presidente del Consejo de Vigilancia señaló que “el gobierno puede hacer la presa por decreto y si no estamos unidos nos la va a partir”.
Uno de los opositores indicó que la CFE, el gobierno del estado y la federación no garantizan los pagos de la tierra porque “sólo están un tiempo y se van”, y se ejemplificó con el caso de la presa La Venta que pagaron hasta que empezaron a promover La Parota.
Y dijo al comisariado que “si de verdad buscan la reconciliación hay que rechazar el proyecto”.
Otro de los reproches fue el censo registrado en el Registro Agrario Nacional, el cual dijeron que no corresponde a la realidad porque no hay 7 mil 285 comuneros en los Bienes Comunales y pidieron que debería actualizarse
EL GOBERNADOR ZEFERINO TORREBLANCA (EL SIN CEREBRO) OPINA DE LA PAROTA
Todavía hay camino legal, considera David Jiménez Rumbo
Critica Torreblanca Galindo actitud de perredistas en la asamblea de El Bejuco
OSSIEL PACHECO / LA JORNADA GUERRERO
El gobernador Zeferino Torreblanca Galindo dijo estar convencido de que el proyecto La Parota sería un punto de desarrollo integral y lamentaría que la presa hidroeléctrica se fuera de Guerrero, pero dejó en claro que no va a ir más allá de la voluntad ciudadana, por lo que si la mayoría de los comuneros no la quiere, no se va a hacer a sangre ni a fuego, por ello su gobierno busca el convencimiento de los dueños de las tierras que se verán afectadas.
Torreblanca Galindo fue entrevistado tras la sesión del Grupo Aca, donde aludió a legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) que acudieron a la fallida asamblea de El Bejuco; pidió no caer en un protagonismo excesivo porque “parece que van como observadores pero están más cargados con que no se haga La Parota, a que sí se haga”, y dijo que su gobierno ha tratado de ser prudente, a la par ha buscado que las partes se puedan juntar.
Aseguró que su administración ha buscado ser imparcial, pero reconoció que no tiene imparcialidad mental porque está convencido de que la realización de ese proyecto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sería un punto de desarrollo integral, más aún cuando el año pasado arquitectos guerrerenses terminaron un plan de desarrollo integral de La Parota y en el cuál esa obra no implicaría solamente garantizar el abasto de agua potable para Acapulco sino una serie de acciones importantes para el desarrollo y vida de los más pobres.
“La mayoría en la zona comunal quiere La Parota, se lo puedo garantizar, nomás que la mayoría requiere de decisión y noto la indiferencia, y luego los medios se ponen de una parte de la sociedad, hay que tener la paciencia que se requiere, porque no todos hablamos el mismo lenguaje”, agregó.
Entrevistado al término de su exposición, el mandatario estatal se pronunció a favor de agotar el mecanismo de las asambleas comunitarias para tomar una decisión en torno a La Parota, ya que esto ayudará a conciliar los puntos de vista encontrados en torno al proyecto, antes de explorar una posible expropiación de tierras porque se trata de un acto unilateral y facultad del gobierno federal, pero “estamos en la vía correcta, buscando que se sienten las partes a platicar para cambiar los insultos por la conveniencia, la explicación, el diálogo y la objetividad de este proyecto”.
En tanto, el senador del PRD, David Jiménez Rumbo, indicó que se oponen a cualquier intento de construir esta presa si antes no se pacta un pago justo con los campesinos del área afectada, “sí a La Parota, pero con un pago justo pactado sin represión ni violencia”, y consideró que la CFE incurre en una irresponsabilidad al no informar a los ejidatarios afectados cuánto les va a pagar por sus tierras.
Precisó que en lugar de agricultores habría cooperativista pesqueros asentados alrededor de la presa, como sucedió en El Infiernillo. “El proyecto es viable porque va a beneficiar a todos, sin embargo temo y sospecho, por cómo lo han manejado, que el gobierno federal no lo quiere construir porque no traen dinero para hacerla, simplemente vienen como un blof porque a la fecha no le han metido ganas, antes de venir a la zona a meter una máquina se hubieran reunido con los pueblos para explicar de qué se trata La Parota”, señaló.
El legislador dijo que la CFE debió empezar por decir a los afectados cuánto va a pagar por hectárea, si no garantizan se generan dudas entre la gente que con legítimo derecho quiere saber qué va a pasar con sus tierras, aunque no sean muy buenas, pero aún siendo de mala calidad algo sacan para mal comer, “se debe garantizar un pago justo y estoy seguro de que la gran mayoría le entra”.
Confirmó su posición personal a favor de La Parota y la postura oficial del PRD, porque va a aliviar la necesidad de energía de la región, de agua para el municipio de Acapulco, pero además, proyectos productivos en el área de los bienes comunales de Cacahuatepec que “serán bañadas con aguas frescas del río Papagayo, van a almacenar agua, no la van a tirar”.
“No está agotada la vía legal, todavía hay camino, espero se realice La Parota, tiene que haber una salida política, pero también legal, para ello deben intervenir los operadores de los gobiernos estatal y federal para hablar con los pueblos, porque no debe generarse una sociedad dividida y tener una parte de los bienes comunales enfrentada con la otra parte”, finalizó.
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OTRA INFORMACIÓN
Exigen a la minera pagar más renta por sus terrenos
Comuneros guerrerenses no permiten labores de Luismin
LA JORNADA GUERRERO
Habitantes de Xochipala pararon los trabajos de la minera Luismin para exigirle que pague 13 mil 500 pesos por hectárea, como a los ejidatarios de Carrizalillo. Los pobladores amenazaron con cerrar hoy los accesos Foto: Lenin Ocampo Xochipala, Municipio de Eduardo Neri, Gro., 23 de mayo. Unos 80 habitantes de esta comunidad, encabezados por el comisario municipal, Samuel Jiménez Cuenca, impidieron esta mañana que personal de la compañía minera Luismin ingresara a la zona de cerros conocida como La Calavera, donde el corporativo realiza exploraciones para determinar la factibilidad de explotar oro, plata, cobre y cinc.
Los inconformes anunciaron que el viernes impedirán la explotación del yacimiento de oro El Bermejal, pues sostienen que parte de esa veta está en los terrenos de la comunidad.
Los Filos y El Bermejal son considerados los yacimientos más ricos del país; de ambos Luismin pretende extraer nueve toneladas de oro anuales.
Los habitantes de Xochipala esperaron a un lado de la iglesia San Francisco de Asís, en el centro del poblado, donde cada mañana dos camionetas del corporativo recogen a unos 30 trabajadores. Cuando llegaron los empleados de la minera les advirtieron que no los dejarían trabajar hasta que los directivos de la empresa negocien con el pueblo. Los topógrafos y geólogos regresaron a Mezcala.
Jiménez Cuenca citó a los directivos de Luismin este jueves a las 17 horas en las oficinas de la comisaría para instalar una mesa de negociación.
Otro pueblo dividido
Las medidas de presión para que Luismin pague una renta de 13 mil 500 pesos por cada una de las 450 hectáreas que ocupa han dividido a este poblado: por un lado están los 120 comuneros y sus familias, y por otro el resto de los habitantes.
Xochipala tiene aproximadamente 8 mil habitantes; casi todos son pequeños propietarios y un grupo muy reducido forma parte del padrón de comuneros.
Vicente Peña, integrante del comisariado de bienes comunales, dijo que los inconformes están peleando por algo que no les corresponde.
El presidente del comisariado comunal, Francisco Ramírez Peña, considera que el asunto no es de particulares, sino de comuneros, y que el resto debería mantenerse al margen.
Pero del otro lado hay una posición unánime. ''No nos vamos a dejar. No vamos a permitir que los comuneros hagan lo que quieran. Vamos a defender lo nuestro. La mayoría somos pequeños propietarios y nuestras tierras están siendo afectadas'', acusó Celia Olivares Santos.
A los pequeños propietarios de Xochipala les agravia el convenio de renta entre los bienes comunales y Luismin. Los trabajos de exploración y la apertura de una brecha han afectado a unas 30 personas.
Al noroeste, el corporativo está haciendo retajes para construir una carretera que comunicará El Bermejal con la mina San Padro (explotada hace medio siglo, en el cerro Las Calaveras, donde realiza estudios de exploración) para salir por Xochipala.
La obra reduciría el tiempo de recorrido de hora y media a sólo 30 minutos.
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