Que no quepa duda el espurio es eso y aparte usurpador por sus mismas "instituciones", hoy validado por unos jueces que merecen juicio político. Ahora si griten la "legalidad" de alguien que no la tiene.
Jorge Carrasco Araizaga En la elección presidencial de 2006, el IFE y el TEPJF incurrieron en múltiples irregularidades que hicieron nugatorio el estado de derecho. Los magistrados del tribunal, por ejemplo, violaron artículos que impiden a Felipe Calderón fungir legítimamente como presidente de la República y lo colocan en la situación de ejercicio indebido del servicio público. Tal es, en suma, la conclusión del análisis jurídico que hace el abogado Julio Scherer Ibarra –exasesor de Andrés Manuel López Obrador– en el libro La guerra sucia de 2006. Los medios y los jueces. Escrito en coautoría con Jenaro Villamil y prologado por Miguel Ángel Granados Chapa, está ya en circulación bajo el sello de editorial Grijalbo.
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Jorge Carrasco Araizaga En la elección presidencial de 2006, el IFE y el TEPJF incurrieron en múltiples irregularidades que hicieron nugatorio el estado de derecho. Los magistrados del tribunal, por ejemplo, violaron artículos que impiden a Felipe Calderón fungir legítimamente como presidente de la República y lo colocan en la situación de ejercicio indebido del servicio público. Tal es, en suma, la conclusión del análisis jurídico que hace el abogado Julio Scherer Ibarra –exasesor de Andrés Manuel López Obrador– en el libro La guerra sucia de 2006. Los medios y los jueces. Escrito en coautoría con Jenaro Villamil y prologado por Miguel Ángel Granados Chapa, está ya en circulación bajo el sello de editorial Grijalbo.
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on su actuación en los comicios presidenciales de 2006, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no sólo sentó un criterio para avalar delitos electorales, sino que incurrió en flagrantes violaciones a la ley por las cuales Felipe Calderón “no está legitimado para fungir como presidente de la República”.
Ante el cúmulo de irregularidades y hechos ilícitos que se produjeron en torno de la campaña del entonces candidato del Partido Acción Nacional (PAN), el tribunal optó por el camino fácil: emitir un dictamen administrativo, y no una resolución judicial, que colocó a los propios magistrados electorales en una situación ilegal y dejó al principal beneficiario carente de legitimidad.
La emisión de ese dictamen administrativo significa, jurídicamente, que no hubo declaración de validez de la elección presidencial, lo cual tiene consecuencias políticas y legales, pues mientras que en estricto derecho a los magistrados se les puede imputar el delito contra la administración de la justicia, a Calderón puede fincársele el de ejercicio indebido del servicio público.
Continua PROCESO
Ante el cúmulo de irregularidades y hechos ilícitos que se produjeron en torno de la campaña del entonces candidato del Partido Acción Nacional (PAN), el tribunal optó por el camino fácil: emitir un dictamen administrativo, y no una resolución judicial, que colocó a los propios magistrados electorales en una situación ilegal y dejó al principal beneficiario carente de legitimidad.
La emisión de ese dictamen administrativo significa, jurídicamente, que no hubo declaración de validez de la elección presidencial, lo cual tiene consecuencias políticas y legales, pues mientras que en estricto derecho a los magistrados se les puede imputar el delito contra la administración de la justicia, a Calderón puede fincársele el de ejercicio indebido del servicio público.
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