La estrategia gubernamental de enviar al Bank of America los 205 millones de dólares que le fueron confiscados a Zhenli Ye Gon tiene el triple propósito de borrar el rastro del dinero sucio, eliminar una prueba física que permitiría determinar el origen de esos dólares y sigue la misma ruta empleada por la delincuencia organizada para el lavado de dinero, afirmó Mario Di Costanzo, encargado de la cartera de la hacienda pública en el equipo del ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador.
Explicó que muchas de las fajillas de billetes de cien dólares te-nían aún los sellos del One Bank de Nueva York, lo que indica que parte de las divisas decomisadas, que ahora se encuentran en Estados Unidos, fueron compradas en ventanilla, por lo cual sería relativamente fácil conocer quiénes fueron las personas que directamente los adquirieron.
Pero parece que lejos de aclarar con una investigación seria el origen lícito o ilícito de ese dinero lo que se busca, dijo el especialista, es borrar el origen de los recursos, como se hace en toda operación de blanqueo.
De por sí ya era extraño que, cuando la principal dificultad que enfrenta la detección de dinero de origen ilícito radica en el rápido movimiento de las transferencias electrónicas que permite la tecnología, se encontrara tal cantidad física de dólares acumulada en una residencia. Ahora se envían a un banco en Estados Unidos, como si se tratara de iniciar la limpieza en el complejo sistema financiero global.
Además, consideró que el dinero debería permanecer en custodia de las autoridades mexicanas, porque en este momento es la prueba jurídica de lo que puede constituir un grave delito. ''Es más, debería existir una relación detallada de la denominación y números de serie de cada billete ya que, de no ser así, los abogados de Ye Gon po-drían argumentar que lo que está depositado en el Bank of America no es lo mismo que le decomisaron a su cliente y así desvanecer las aparentes pruebas con las que cuenta la Procuraduría General de la República (PGR).
Más aún, el propio Sistema de Administración y Enajenación de Bienes Asegurados (SAE) señaló que a la fecha los intereses generados al 30 de junio de este año son poco más de 1.6 millones de dólares, lo que indica que este dinero ya se puso a trabajar y se encuentra inserto en los circuitos financieros multinacionales. Desde luego debe haber un papeleo que respalda el depósito, pero no hay ya ninguna certeza de que los dólares que se llegaran a devolver sean físicamente los mismos que se depositaron, aunque amparen el mismo valor nominal.
Las contradicciones surgieron desde su origen con el monto inicial de los recursos incautados, mientras que el SAE no ha podido explicar qué razones lo motivaron para sacar ese dinero del país. La situación se hace más confusa, apuntó, cuando la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en su artículo 29, prevé la posibilidad de asegurar bienes sobre los cuales se tengan indicios suficientes que son propiedad de la delincuencia.
En el mismo artículo se establece que la persona que sufrió el decomiso puede demostrar la procedencia legítima y en consecuencia la autoridad deberá devolver dichos bienes.
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