Asistencia militar condicionada

Jorge Carrasco A. y J. Jesús Esquivel Después de una negociación marcada por varios desencuentros, el paquete de ayuda que Felipe Calderón solicitó a Estados Unidos para combatir al narcotráfico está por concretarse... y ya causa resquemor en el Ejército debido a la evidente intención de la administración Bush por controlar esa lucha a escala continental y, de paso, obtener información estratégica.

Desde su inicio, el gobierno de Felipe Calderón negoció con el de George W. Bush un paquete de ayuda para el combate al narcotráfico, en el que se incluye la entrega de equipo militar, pese al extendido rechazo que existe en el Ejército Mexicano a ese tipo de asistencia.

Por lo menos hubo siete reuniones bilaterales en México y en Washington entre enero y julio pasados para establecer el acuerdo correspondiente, que se espera sea anunciado en Quebec, durante el encuentro que tendrán los presidentes de México, Estados Unidos y Canadá el 20 y 21 de este mes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se encargó de coordinar las peticiones de ayuda elaboradas por diferentes dependencias del gobierno mexicano involucradas en el combate al narcotráfico, entre ellas la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Ello, pese a que el rechazo a esa ayuda es manifiesto por parte del presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, general de división retirado Jorge Justiniano González Betancourt, legislador del PAN por Chiapas.

La misma postura asume el secretario de esa Comisión, el general de división retirado Roberto Badillo Martínez, diputado del PRI por Veracruz, quien señala que algunos de los modelos de helicópteros que se prevé sean enviados como parte de la ayuda estadunidense ya causaron accidentes en el Ejército.

Ambos militares coinciden en que, a cambio de tal asistencia, México estará obligado a hacer concesiones al gobierno de Bush, como podría ser la entrega de más informes, o incluso una mayor presencia de agentes estadunidenses en territorio nacional.

Badillo Martínez revela que el sexenio pasado el gobierno de Estados Unidos ofreció a la Armada de México venderle aviones de patrullaje marítimo Orión P-3, que podrían utilizarse para vigilar las operaciones de los narcotraficantes. Pero había una condición: que en cada vuelo hubiera un oficial estadunidense.

La “oferta” fue rechazada, pues “lo que buscaban los estadunidenses era obtener de primera mano información valiosa de nuestros mares”, asegura el general.

Con todo, el paquete que negocia desde enero el gobierno de Felipe Calderón está lejos del llamado Plan Colombia, que incluye entrega de recursos económicos y presencia de militares estadunidenses en ese país.

En el caso de México se trata de la donación de equipo de intervención telefónica, radares, vehículos y diversos tipos de entrenamiento, según informó el miércoles 8 el diario The Washington Post.

De acuerdo con el periódico, México obtendrá la mayor ayuda estadunidense contra el narcotráfico después de la recibida por el país sudamericano, y la estima en “cientos de millones de dólares”. Información obtenida por Proceso en el entorno de las negociaciones señala que el paquete de ayuda promedia los 350 millones de dólares, una cifra considerablemente menor a los 5 mil millones de dólares del Plan Colombia.

La información a la que tuvo acceso este semanario precisa que el equipo de transporte consiste en helicópteros Huey –utilizados por Estados Unidos en la guerra de Vietnam– en lugar de los Black Hawk o de los Huey adaptados con artillería que solicitaba la Sedena.

No sería la primera experiencia del Ejército mexicano con esos aparatos, puesto que en 1997, durante el gobierno de Ernesto Zedillo, recibió en donación más de 70 de ellos. Muy pronto la mayoría quedó fuera de servicio y, lo peor, varios miembros de la Fuerza Aérea Mexicana murieron en accidentes con esos helicópteros. Finalmente fueron devueltos.

Por decisión de Calderón, el Ejército concentra los operativos contra el narcotráfico por tierra y aire; incluso, la Procuraduría General de la República (PGR) le transfirió a los mandos militares su flota aérea para la ubicación y erradicación de plantíos (Proceso 1584), dentro de la estrategia gubernamental de sacar a los agentes de la PGR de las operaciones antinarcóticos.

En cuanto al equipo de intercepción telefónica, se añadirá a la tecnología comprada en mayo pasado a Estados Unidos para la Agencia Federal de Investigación (AFI). La operación, avalada por el Departamento de Estado, fue por 300 mil dólares.

Como parte del paquete de ayuda, México habría solicitado más información de las agencias estadunidenses sobre la frontera común, además de entrenamiento para policías y militares, tanto en el combate al narcotráfico como en el procesamiento de información de inteligencia.

En busca del acuerdo

Según fuentes mexicanas en Washington, la más reciente reunión para negociar el acuerdo se llevó a cabo en la capital estadunidense el 23 de julio, día en que fue detenido Zhenli Ye Gon en Maryland.

En ese encuentro participaron el titular de la PGR, Eduardo Medina Mora; Alberto Gonzales, jefe del Departamento de Justicia estadunidense, y Karen Tandy, responsable de la Drug Enforcement Administration (DEA).

Sin embargo, el paquete de ayuda se había planteado desde la segunda semana de enero pasado, cuando Gonzales se entrevistó en México con Medina Mora, quien anunció esa vez que entre los dos países habría más intercambio de información sobre la delincuencia organizada, así como mayor cooperación en materia jurídica y de extradiciones. Una semana después, Calderón firmó la extradición de 15 personas a Estados Unidos, 11 de ellas acusadas de narcotráfico.

En ese viaje Gonzales se reunió también con los secretarios de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván Galván; de Marina, Francisco Saynez Mendoza, y de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Poco después esas dependencias, junto con la PGR y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), hicieron lo que un funcionario de México en Estados Unidos definió como una “lista de Navidad”.

Dicho funcionario, que insistió en mantener el anonimato, precisó que la Sedena y la Semar incluyeron en la lista armas y equipo de transporte rápido (helicópteros y lanchas), mientras que la PGR, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y el Cisen demandaron la adquisición de tecnología para espionaje y vigilancia. La SRE organizó esas peticiones, que se presentaron al gobierno estadunidense.

Llevadas casi de manera secreta, las negociaciones se aceleraron tras la reunión de George W. Bush con Calderón en Mérida, en marzo pasado. Ahí también estuvieron el procurador Gonzales y el secretario de Seguridad Interna, Michael Chertoff.

Las negociaciones continuaron en abril, cuando Gonzales regresó a México para participar en la reunión de procuradores y fiscales generales de México, Estados Unidos, Colombia y Centroamérica, que se realizó en Jiutepec, Morelos. Ese mismo mes, Medina Mora viajó a Washington para encontrarse de nuevo con Gonzales, el zar antidrogas John P. Walters, Chertoff y el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Silvestre Reyes.

Durante la 46 Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos que se llevó a cabo en junio en Austin, Texas, Reyes dio a conocer las negociaciones y el embajador de México en Washington, Arturo Sarukhán, no pudo más que confirmarlas.

En cierto momento las negociaciones tropezaron debido a que Calderón presionó con retórica. Durante su segunda gira por Europa, en ese mismo mes, el presidente mexicano acusó a Estados Unidos de hacer pocos esfuerzos por controlar su consumo de drogas y se quejó del maltrato a los inmigrantes mexicanos.

Esas declaraciones no cayeron bien en Washington, en particular en la Oficina Nacional de Políticas para el Control de Drogas (ONDCP, por sus siglas en inglés), cuyo titular es Walters. Su vocero, Rafael Lemaitre, declaró a este semanario que “con quejas y críticas no se puede avanzar ni cooperar”.

En la oficina de Gonzales también hubo malestar. Un funcionario del Departamento de Justicia declaró para Proceso bajo la condición del anonimato: “Estamos en la mejor disposición de ayudar a México, pero no es justo que cuando estamos haciendo lo necesario para que el Congreso (estadunidense) no pretenda interferir en la entrega del equipo militar no sofisticado a las Fuerzas Armadas mexicanas, el presidente Calderón arremeta contra nosotros”.

En vísperas del anuncio de la ayuda, Calderón reincidió. El pasado jueves 9 criticó al Congreso de Estados Unidos por haber mandado a “la congeladora” la iniciativa de reforma migratoria.

“La insensibilidad de los congresistas norteamericanos para nosotros no es más que un acicate para redoblar la lucha por el pleno reconocimiento de la enorme aportación que realizan a la economía americana y, desde luego, por la exigencia de respeto a sus derechos humanos”, dijo el presidente mexicano en Michoacán, estado del que es originario y que no sólo es un gran expulsor de emigrantes, sino una de las principales plazas del narcotráfico.

Costosas dádivas

Por ley, el Congreso de Estados Unidos tiene jurisdicción sobre el manejo del equipo militar “sofisticado” que Washington dona a países que considera sus “aliados” en problemas de interés común, como el narcotráfico.

En consecuencia, los legisladores estadunidenses imponen varias condiciones a la ayuda; una de ellas es certificar su aplicación a través de criterios unilaterales del Departamento de Estado y de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos. En el caso del Plan Colombia, los militares que operen el equipo bélico no deben tener antecedentes de violación a los derechos humanos y se exigen garantías de que las armas serán usadas sólo contra el narcotráfico.

Incluso, en la entrega y operación de cierto armamento tienen que estar presentes militares estadunidenses, quienes fungen como supervisores.

A fin de evitar la certificación del Capitolio, el gobierno de Calderón asignó a la Secretaría de Relaciones Exteriores la tarea de garantizar que los pedidos de las Fuerzas Armadas mexicanas no incluyeran equipo militar “sofisticado” (aunque en realidad el Pentágono ya lo tiene catalogado como obsoleto).

El funcionario mexicano en Estados Unidos que conoció la negociación asegura que uno de los problemas de Calderón fue convencer a los jefes militares de no solicitar equipo incluido en esa clasificación.

La versión contrasta con la postura del presidente de la Comisión de Defensa en la Cámara de Diputados, el general retirado González Betancourt: “En el Ejército mexicano no necesitamos ayuda por parte de otro país”.

En lo que define como una “opinión de todos nuestros soldados”, añade: “El Ejército mexicano debe operar sólo con los recursos que el pueblo le da a la Sedena, a pesar de que haya más tecnología en otros países”.

Militante del PAN, igual que Calderón, el general en retiro advierte que las condiciones de la ayuda no son convenientes, “porque tanto el Pentágono como la DEA y el FBI desde siempre han querido tener una mayor presencia en México”.

Si Estados Unidos en verdad quiere ayudar a México tendría que poner más atención en su consumo de drogas, en la persecución de los narcotraficantes que reciben y distribuyen los narcóticos en su territorio y en el control de las armas que salen de su territorio hacia el nuestro y afectan la seguridad nacional, añade.

Su excompañero en el Ejército y al igual que él integrante de la Comisión de Defensa, el general en retiro Badillo Martínez, dice que México “debe pagar toda ayuda del extranjero para el Ejército, principalmente si viene de Estados Unidos. No podemos deberle nada. Nuestra educación militar es que México debe mantener la soberanía ante cualquier país, principalmente ante Estados Unidos”.

Menciona también la cercanía del gobierno de Calderón y de legisladores del PAN al gobierno de Colombia para conocer su estrategia contra el narcotráfico.

Apenas comenzaba su gobierno, a finales de enero pasado, Calderón envió a Bogotá a Medina Mora y a García Luna. Más recientemente, el senador del PAN y miembro de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, Felipe González, anunció que iría a Colombia para conocer de cerca la experiencia de ese país contra el narcotráfico, patrocinada por Estados Unidos.

Badillo, quien también forma parte de esa comisión, le advirtió que iría a Colombia sin la representación del Congreso, pues ni en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados ni en la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional existe un acuerdo sobre la experiencia colombiana.

Sobre todo, agregó, porque el Plan Colombia le ha permitido a Estados Unidos controlar todas las actividades contra el narcotráfico, además de condicionar el control de adquisición de equipo y tecnología militar a otros países.

A Estados Unidos, dice, “todo le debe ser comprado: desde refacciones y adiestramiento hasta los vehículos de tierra, mar y aire, y los medios para las instalaciones, porque las dádivas nos salen muy caras”.