Demandas penales contra el foxismo

José Gil Olmos

En medio de jaloneos resueltos de manera poco ortodoxa, el presidente Felipe Calderón llegó a la fecha de su primer informe de gobierno con escasos logros y muchas cuentas pendientes, entre otras la de investigar en serio las acciones de su predecesor. Por ello, diputados del PRI y del PRD presentarán ante la PGR y la Secretaría de la Función Pública varias denuncias sobre irregularidades y dispendios presuntamente cometidos por Vicente Fox y algunos de sus funcionarios que, de acuerdo con los legisladores, se encuentran protegidos por el panismo y el gobierno de Calderón. Los expedientes documentan graves y onerosas anomalías –incluyendo presunta corrupción y violación

de diversos ordenamientos legales– que deberían obligar a la actual administración a aplicar la ley...

Más preocupado por legitimarse que por cumplir sus promesas, a Felipe Calderón parece habérsele olvidado investigar las serias irregularidades cometidas por el gobierno de Vicente Fox en obras y programas millonarios, como la Biblioteca José Vasconcelos, la Enciclomedia, el Aeropuerto de la Ciudad de México, la expropiación de 27 ingenios azucareros y el Seguro Popular.

Por eso diputados del PRI y del PRD presentarán cinco denuncias al respecto ante la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), exigiéndoles que actúen contra altos exfuncionarios que, dicen, podrían hallarse actualmente protegidos por el gobierno calderonista y el PAN.

Desde hace varios meses, un grupo de legisladores del PRI encabezados por Carlos Rojas y Raúl Cervantes, entre otros, trabajó en la elaboración de cinco expedientes sobre igual número de obras y programas de Vicente Fox que al final han sido un fracaso o se han traducido en una injustificada sangría para el erario.

Se trata de irregularidades detectadas en la aplicación del Seguro Popular, en la ampliación y construcción de la nueva terminal del Aeropuerto de la Ciudad de México, en la expropiación de los ingenios azucareros, en la implementación de la Enciclomedia y en la edificación de la megabiblioteca José Vasconcelos, que hoy está cerrada por las graves fallas de arquitectura.

En el conjunto de estas obras y programas, según las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de acuerdo con las denuncias de los legisladores, las irregularidades podrían ser tipificadas como delitos y actos de corrupción.

Cada una de las cinco denuncias, a las que Proceso tuvo acceso, están sustentadas en las auditorías practicadas por el órgano fiscalizador de la Cámara de Diputados, y no sólo revelan anomalías en el manejo del dinero y en la licitación de las obras, sino también incumplimiento de diversas leyes y onerosas fallas de construcción que pudieron evitarse con buena planeación.

Raúl Cervantes, doctor en derecho, miembro de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados y asesor jurídico de la dirigencia nacional del PRI, asegura que las denuncias no tienen ánimo político “ni de revanchismo ni de venganza”. Solamente se trata, señala, de exigir la aplicación de la ley.

Antonio Ortega, diputado del PRD y presidente de la Comisión de Vigilancia, advierte a su vez que también existe el propósito de enviar un mensaje al gobierno de Felipe Calderón en el sentido de que las irregularidades cometidas por el gobierno de Fox no pueden seguir durmiendo el sueño de los justos.

Y es que, explica, conforme a lo observado en el sexenio de Fox y en lo que va del período de Calderón, hay claros signos de que la dirigencia nacional del PAN está presionando al gobierno para proteger a varios exfuncionarios que son miembros del partido.

“En este momento se presentarán las cinco denuncias, pero nosotros la próxima semana estaríamos en posibilidad de presentar 30 casos más donde hay evidencias de irregularidades que podrían ser archivadas por la Secretaría de la Función Pública.”

Por su parte, el diputado Carlos Rojas, exsecretario de Desarrollo Social, advierte: “No queremos impunidad, no queremos olvido, vamos a buscar la verdad y que, en este caso, la PGR cumpla con sus obligaciones de investigar y, en su caso, proceder contra quien resulte responsable”.

Según Rojas, las denuncias se presentarán tanto en la PGR como en la Secretaría de la Función Pública porque cada una tiene responsabilidades al respecto, y lo único que se pide es que haya transparencia y claridad.

Y sentencia: “Será responsabilidad del gobierno de Calderón si no se hace algo. Nosotros no queremos ser omisos, y lo que demandamos es el cumplimiento de la ley”, por lo que la PGR y la SFP “están obligadas a informarnos del avance de las investigaciones, y nosotros informaremos a los medios para evitar que se cierre la información, como ocurre en estos casos”.

Los ingenios

El diputado del PRI Raúl Cervantes aclara que en cada una de las denuncias se evitó citar los delitos en los que presuntamente incurrieron los funcionarios del gobierno de Fox para evitar calificaciones. Pero se presentan los hechos y las anomalías descubiertas por la Auditoría Superior de la Federación en las investigaciones respectivas.

En el caso de la expropiación de 27 ingenios que Fox ejecutó en diciembre de 2001 –tema sobre el cual la reportera Jesusa Cervantes realizó tres reportajes (Proceso 1502, 1525 y 1588) desde 2005 a la fecha–, el diputado priista asevera que hay evidencias de corrupción y de una mala administración que han ocasionado la pérdida de más de 15 mil millones de pesos hasta el momento, cifra que podría aumentar si no se venden de manera exitosa los 11 ingenios que aún están en manos del gobierno.

A seis años de la expropiación foxista, la demanda revela un dato de la investigación efectuada por la ASF: “No se encontró un estudio formal del gobierno de Fox que demostrara que los ingenios expropiados contrajeran grandes deudas, y que éstas fueran consideradas como prácticas indebidas, y menos que hubieran afectado al sector azucarero”.

El problema es que esas fueron justamente las razones esgrimidas por el gobier-no foxista para decretar la expropiación.

Uno de los resultados de esta decisión jurídica y política fue que, de inmediato, varios de los propietarios se ampararon y 14 de los ingenios expropiados tuvieron que ser devueltos. Y en esta operación el gobierno tuvo que pagar 19 mil 297 millones 678 mil pesos que adeudaban los dueños de los 27 ingenios, sin que dicha cifra hubiera sido incluida en el costo fiscal de la transacción.

De manera que, según el organismo coadyuvante de la Cámara de Diputados para la revisión de la Cuenta Pública, la expropiación que ejecutó el gobierno de Vicente Fox, motivada aparentemente por un adeudo de 4 mil 500 millones de pesos a las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y de Economía (SE), por la zafra del ciclo 1999-2000, tuvo más efectos negativos que positivos.

Uno de ellos fue que la industria azucarera del país, de ser la sexta en importancia a escala mundial, en la actualidad se encuentra en crisis. Otro, que los costos del decreto expropiatorio pueden dispararse, ya que los 11 ingenios que aún administra el gobierno federal tienen una deuda de 13 mil 395 millones de pesos, los cuales no se incluyen en el costo fiscal, que en 2005 se estimó en 15 mil 591 millones 56 mil pesos.

En total, el costo de la expropiación de los 27 ingenios que hizo Fox en el primer año de su administración sería de casi 29 mil millones de pesos (Proceso 1588).



Aeropuerto, barril sin fondo

La ampliación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que incluye la construcción de una segunda terminal, es otro de los casos que denunciará el grupo de diputados del PRI y del PRD. “Se trata de un barril sin fondo. Triplicaron los costos. No han terminado, y el auditor recomienda que se revise este capricho del gobierno de Fox”, apunta el diputado y abogado del PRI Raúl Cervantes.

Aunque este asunto ya es investigado por la SFP, los legisladores señalan que es necesaria una indagación de la PGR, pues de la auditoría aplicada por la ASF de la Cámara de Diputados se desprenden diversas irregularidades “que pueden ser constitutivas de delitos”.

Tras el fracaso de la construcción del nuevo aeropuerto internacional en terrenos de San Salvador Atenco, Estado de México, el gobierno de Fox determinó ampliar y construir una nueva terminal en el mismo espacio donde se encuentra la actual terminal Benito Juárez.

Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), dirigida por el arquitecto Ernesto Velasco y dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a cargo entonces de Pedro Cerisola, fue la encargada de realizar las obras. Aunque su costo inicial fue estimado en 8 mil millones de pesos, la cifra podría aumentar hasta 9 mil millones por “errores” de cálculo en los tiempos de entrega y en obras no previstas, según se observa en la auditoría de la ASF.

Expone la denuncia: “La Auditoría Superior de la Federación consideró que, en términos generales y respecto de la muestra señalada, ASA cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la planeación, programación, presupuestación, licitación, contratación y ejecución de las operaciones examinadas, excepto por las observaciones señaladas, entre las que destacan las siguientes: la entidad no obtuvo la manifestación de construcción de la obra, fraccionó indebidamente la construcción del proyecto de la Terminal 2 y no aplicó retenciones al 31 de diciembre de 2005 por 11 mil 772 millones de pesos por atraso de la contratista en su programa de ejecución”.

La auditoría presenta una larga lista de anomalías en la ampliación del aeropuerto; por ejemplo, una violación de la Ley de Obras Públicas, pues en el contrato la dependencia “no estableció correctamente el procedimiento para el ajuste de los costos determinado en las bases (…) no asentó que los planos y especificaciones forman parte del mismo, ni estipuló los procedimientos mediante los cuales las partes entre sí resolverán sus discrepancias exclusivamente sobre problemas técnicos”. Así mismo, hubo una violación a la Ley de Medio Ambiente, ya que no se elaboraron estudios de cómo dichas obras afectarían la salud de la población expuesta al ruido de los aviones ni se tomó en cuenta el impacto ambiental por la ampliación de operaciones.

En la revisión de la ASF a la cuenta pública de 2005 que sirve de base a la denuncia, destaca el hecho de que, a pesar de la magnitud e importancia de la obra, ASA nunca tuvo un plan detallado de los tiempos de terminación de los trabajos ni presentó la manifestación de construcción de la nueva Terminal 2.

Pero lo que más preocupa a los legisladores es que no se justifica el gasto excesivo frente a las expectativas del servicio, ya que las obras sólo servirán para los próximos siete años, pues a partir de entonces se rebasará el límite de 360 mil operaciones al año.

De ahí que el pasado 17 de abril, por petición de la ASF, se creó en la Cámara de Diputados una subcomisión especial para indagar “los procesos realizados por el Ejecutivo Federal para la reestructuración de la infraestructura aeroportuaria del país”.

“En un estudio elaborado por esa subcomisión, instancia que contó con el apoyo de todos los partidos, se estableció que el ‘nuevo aeropuerto’ había consumido más de 7 mil 678 millones de pesos, aunque para terminar la obra se requieren otros 150 millones de dólares. Es decir, aproximadamente mil 650 millones de pesos más, con lo que el costo rebasaría los 9 mil millones de pesos” (Proceso 1607).

A juicio

Para ilustrar el dispendio del gobierno de Vicente Fox, el diputado del PRD Antonio Ortega, presidente de la Comisión de Vigilancia, hace memoria y puntualiza que, mientras en su ultimo año de gobierno Ernesto Zedillo entregó un presupuesto de 1 billón 300 mil millones de pesos, en su último año Fox entregó 2 billones 600 mil millones, es decir, el doble, sin que ello se reflejara en obras.

“Por eso decimos que no hay que dejar de hacer el juicio histórico y político a la administración de Fox. Que no ocurra como en los otros sexenios: las irregularidades duermen y se olvidan, sin que seamos capaces de denunciar y hacer que se castigue aplicando la ley”, expone el legislador.

En el caso de la Biblioteca José Vasconcelos, la denuncia subraya que, de acuerdo con la auditoría de la ASF, el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas (CAPFCE), por errores de cálculo en el ajuste de financiamiento y en la propia construcción, tuvo que pagar 19 millones 559 mil pesos adicionales.

Luego de hacer un recorrido por esa obra el miércoles 29 de agosto, el diputado del PRD José Alfonso Suárez del Real, secretario de la Comisión de Cultura, manifiesta en entrevista que, no obstante que desde hace meses se cerró el edificio luego de hallarse fisuras en la estructura, ha sido nulo el avance de los trabajos de restauración. Además, un jardín botánico en el que se invirtieron 30 millones de pesos está completamente abandonado.

Sostiene que para el gobierno de Fox la “megabiblioteca” sólo fue una obra de “relumbrón”, una “ocurrencia” que costó mil 300 millones de pesos, ya que en el presupuesto de 2007 no se le destinó un solo peso para su mantenimiento, el cuidado de los libros o el pago de salarios a los trabajadores. “Eso le dedicaron a la joya del foxismo”, enfatiza.

En cuanto al programa Enciclomedia, la denuncia que presentarán los legisladores destaca que, de acuerdo con la auditoría realizada por la ASF, durante el ejercicio de 2005 sólo se instalaron 7 mil 287 aulas MMS (Modelo Multianual de Servicios) de las 18 mil 464 programadas para ese ejercicio, y no se entregaron 127 actas circunstanciadas de inicio de operación de estas aulas en Zacatecas y el Estado de México.

Además, se constató que de los 2 mil 105 millones de pesos autorizados en el presupuesto original sólo se aplicaron 478 millones, y los restantes “se destinaron a otras prioridades del sector educativo”. Esto es, “se desviaron” a fines distintos al programa Enciclomedia.

Y en cuanto al Seguro Popular, considerado por el foxismo la “llave” para salir de la pobreza y al que Felipe Calderón mantiene como programa prioritario de su gobierno, la denuncia consiste en que la Secretaría de Salud y la Comisión Nacional de Protección Social en Salud no proporcionaron la documentación justificativa para verificar que 2 mil 102 millones 614 mil 700 pesos se utilizaron para financiar dicho programa.

No sólo eso, sino que aun cuando el programa establece la meta de dar ciento por ciento de cobertura a las familias en 2010, estimaciones oficiales establecen que, para entonces, quedarán sin protección poco más de 2 millones de familias pobres.

Frente a todas estas anomalías detectadas en las obras y programas implementados en el gobierno anterior, y que Calderón decidió mantener, los diputados del PRI y del PRD exigen que se castigue a los responsables y que si la PGR y la Secretaría de la Función Pública lo estiman necesario, ordenen que se presente a declarar el expresidente Vicente Fox.