Unificación de membrete

Jorge Carrasco Araizaga La pretendida unificación de la Agencia Federal de Investigación y la Policía Federal Preventiva se le atoró al presidente Calderón. El caso es que la iniciativa enfrenta no sólo obstáculos técnicos... Las desconfianzas entre los mandos de ambas corporaciones mantiene en el fango el “proyecto de reingeniería policial” que Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública federal, le vendió al mandatario, quien lo adoptó a su vez como propósito de gobierno. En estas condiciones, la unificación no solamente no existe, sino que mantiene en el limbo a centenares de cadetes recién formados por la PFP.

Reacia al propósito presidencial de unificar las policías federales y con un predominio militar, la Policía Federal Preventiva (PFP) no sabe qué hacer con la más reciente generación de cuadros civiles que ha preparado en su Instituto de Formación de San Luis Potosí.

Los más de 800 cadetes de la generación 2006-2007 que en junio pasado acabaron su curso de “técnico policial universitario” –entre ellos están quienes se formaron en inteligencia policial– son parte de los afectados por la inoperancia de la unificación de la PFP y la Agencia Federal de Investigación (AFI).

El secretario de Seguridad Pública (SSP) federal, Genaro García Luna, logró hacer de esa unificación un propósito presidencial, pero no ha podido avanzar en esa propuesta que le vendió a Felipe Calderón desde que éste era candidato presidencial.

Calderón hizo suyo el “proyecto de reingeniería policial” de García Luna y en el Presupuesto de Egresos de la Federación de este año consiguió que el Congreso de la Unión le autorizara 400 millones de pesos para un nuevo rubro de la SSP llamado “acciones encaminadas a la unificación de las policías federales. Coordinación General de Policía Criminal”.

Faltan sólo cuatro meses para que culmine la aplicación de esos recursos, pero ni la AFI ni la PFP han superado las mutuas desconfianzas y conflictos. El fracaso lo representó, a principios de este gobierno, el nombramiento de Ardelio Vargas Fosado como comisionado de la Federal Preventiva y al mismo tiempo director de la Agencia Federal de Investigación. Su gestión fue efímera: de diciembre de 2006 a marzo de este año.

Vargas había asumido las dos funciones luego de haber sido jefe de Estado Mayor de la PFP, cargo desde el que encabezó las acciones de ese cuerpo policial en los conflictos sociales del año pasado en San Salvador Atenco y Oaxaca. Por ambas intervenciones, la Federal Preventiva tiene enfrente otro problema, pues está incluida en las investigaciones que realiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la grave violación a las garantías individuales ocurrida durante los operativos puestos en marcha para sofocar la protesta social.

El nombramiento de Vargas, quien había sido un cercano colaborador de García Luna desde los tiempos en que ambos trabajaron en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), demostró la inoperancia del traslado de los agentes formalmente adscritos a la PGR a la SSP, sin ningún fundamento legal y sólo por decisión del secretario de Seguridad Pública federal.

Vargas entró en conflicto con García Luna y fue rescatado por el titular de la PGR, Eduardo Medina Mora, quien lo designó director del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), cargo que ocupa desde abril pasado.

Ese fue el primer fracaso en el intento de crear el Cuerpo Federal de Policía con la fusión de la PFP y la AFI. La confrontación entre ambas corporaciones se generó desde que entró en operaciones la Federal Preventiva en el 2000 y de la que García Luna fue coordinador general de Inteligencia, cuando el comisionado de la PFP era el almirante Wilfrido Robledo.

Casi dos años después, el 1 de septiembre de 2001, en su primer informe de gobierno, Vicente Fox anunció el fin de la Policía Judicial Federal y la sustituyó por la AFI, que quedó en manos de García Luna, pero aún adscrita a la Procuraduría General de la República (PGR).

A pesar de la imagen de “policía científica y de investigación” que García Luna quiso darle a la AFI, la corporación ha sido señalada por la DEA, la agencia antidrogas de Estados Unidos, de ser cómplice del narcotráfico en México. Sobre la PFP pesa la misma acusación. Informes de la propia SSP indican que mandos de la Federal Preventiva están vinculados con la delincuencia organizada (Proceso 1500 y 1519).

García Luna enfrenta ahora no sólo el problema que entraña unificar a dos policías cuestionadas: está en el centro de las discordias al interior del gabinete de seguridad de Calderón, en particular con el secretario de la Defensa Nacional, el general de división Guillermo Galván Galván, y con Eduardo Medina Mora.

Antecedentes

Con fuerte presencia de militares desde su creación, en enero de 1999, aunque empezó a operar en el 2000 a finales del gobierno de Ernesto Zedillo, la PFP ha tenido serias dificultades para instaurar el servicio civil de carrera policial.

Desde un principio operó en gran medida con el apoyo de Defensa y Marina. Por temporadas, la Sedena le presta miles de sus elementos. Por ejemplo, durante el gobierno de Zedillo, a la PFP le fueron asignados 4 mil 500 soldados del Ejército en comisión. Al inicio del sexenio foxista se produjo el relevo, en marzo de 2001, de la mayoría de esos efectivos con la incorporación de 3 mil infantes de Marina.

Al final de ese gobierno, el 31 de julio de 2006, en medio de la tensión poselectoral, Fox encabezó en el Campo Militar Número Uno el abanderamiento de la unidad de Infantería Ligera Brigada “2 de Julio”, integrada por casi mil 700 elementos dedicados a actuar en Conflictos de Baja Intensidad (CBI), aunque en su momento funcionarios del Cisen y de la propia SSP le dijeron a Proceso (1555) que esa unidad se “disfrazó” como si fuera de la PFP.

La fuerte presencia de militares en la Federal Preventiva se incrementó aún más con Calderón, quien el 13 de diciembre pasado, recién llegado a la Presidencia, firmó la incorporación de 10 mil militares a la PFP –7 mil 500 del Ejército y 2 mil 500 de la Marina.

Si en el 2000 la PFP inició con 5 mil 535 elementos, de los cuales 4 mil eran policías militares, hasta mayo de este año contaba con 13 mil 12 elementos. El número de militares que actualmente forman parte de esa corporación es algo que ni la SSP ni la propia Federal Preventiva están dispuestas a revelar.

En respuesta a dos solicitudes de información presentadas por Proceso en mayo y julio pasados a través de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las dos dependencias negaron contar con personal castrense.

“Los elementos en activo en esta institución no son elementos del Ejército, así como tampoco de la Marina, lo anterior en razón de que al incorporarse… dejan de serlo desde el momento en que presentan su renuncia ante la institución o la dependencia en la cual prestaban sus servicios”, respondió la PFP. En el mismo sentido fue la respuesta de la SSP.

Más aún, ambas dependencias negaron tener información sobre los convenios firmados con las Fuerzas Armadas para la incorporación de soldados y marinos a la PFP, a pesar de que se han hecho anuncios públicos respecto de esos acuerdos. De hecho, el acuerdo firmado por el actual gobierno fue revelado por este semanario (Proceso 1606).

En cada anuncio de incorporación de militares a ese cuerpo policial se ha insistido en que se trata de medidas temporales en tanto se integran los elementos civiles formados por la propia PFP.

Pero ahora, la Secretaría de Seguridad Pública federal cuenta con más de 800 civiles que fueron preparados por la PFP entre agosto del 2006 y junio de este año. Más de 500 de ellos recibieron formación en seguridad regional y más de 200 en inteligencia.

De acuerdo con varios cadetes de esa generación que hablaron con el reportero a condición del anonimato, la secretaría que encabeza García Luna no sabe qué hacer con ellos, pues desde que acabaron su curso, el pasado 15 de junio, los mantiene internados sin hacer nada.

“El curso acabó luego de unas conferencias que nos inventaron. Y no sólo ya nos quitaron un mes de sueldo, sino que nos mantienen internados sin hacer nada. Nos pasamos el día acostados viendo la televisión”.

El problema no sólo es la falta de asignación de tareas a dos meses y medio de haber acabado su formación. Hay incumplimiento de lo ofrecido en la convocatoria lanzada por la PFP.

Con un promedio de edad de 23 años y una educación mínima de bachillerato, cerca de mil jóvenes respondieron el año pasado al llamado de la PFP para hacer un curso de nueve meses sobre seguridad regional. Algunos, más de 200, se especializaron en inteligencia policial. Pero al final de ese plazo, a los más de 800 que completaron el curso les hicieron firmar un contrato para ampliar la capacitación tres meses más.

“Nos ofrecieron que al finalizar el curso de nueve meses tendríamos un sueldo de 11 mil 600 pesos mensuales, además del grado de capitán. Pero nos cambiaron la oferta; nos dicen que vamos a ganar casi 10 mil pesos pero con grado de suboficial”.

Explican que como cadetes recibieron un pago de 2 mil pesos mensuales y por fin de curso recibieron un pago de 2 mil 650 pesos. Sin embargo, dicen, “con ese dinero tuvimos que comprar los uniformes negros que usábamos. Cada uno cuesta mil 300 pesos, y un par de zapatos 500 pesos”.

Al pago mensual se le llama “pre”, como se conoce en el Ejército al pago que se les da a los cadetes antes de ser oficiales del Ejército. En la PFP está previsto para otorgarse durante el curso de formación inicial como ayuda en los gastos personales.

Familiares de cadetes que hablaron también a condición de que se omitiera su nombre, aseguran que “la escuela funciona como tianguis: ahí les venden todo tipo de cosas e incluso hacen rifas de armas. Cuando les dan el ‘pre’, se les va en pagar lo que ya les vendieron, en cooperaciones supuestamente para arreglos de la escuela o en pagar para tener prácticas con las patrullas”.

Los cadetes explican que la convocatoria para su curso se dio a conocer en mayo del año pasado. Algunos presentaron los exámenes en las instalaciones de la PFP en el Distrito Federal y otros directamente en la escuela de San Luis Potosí. Recibieron los resultados el 5 de agosto de 2005 y dos días después, con sus propios recursos, se presentaron en el Instituto de Formación. El primer pago lo recibieron tres meses después, de forma retroactiva.

Según esos testimonios, tanto la SSP como la PFP no han dejado de improvisar. “Ante nuestra insistencia de querer incorporarnos al trabajo, el pasado lunes 13 de agosto tuvimos una reunión con el comandante (José Jaime) Padilla Gámez”, a quien denominan Inspector General y que en el organigrama de la SSP aparece como director general del Centro de Formación Policial de la PFP.

“Nos dijo que a más tardar para el jueves 16 íbamos a salir a trabajar y que teníamos que firmar otro contrato temporal, de sólo tres meses, para hacer prácticas. Pero seguimos sin hacer nada. Además nos dijo: ‘quien no quiera firmar se va de aquí’”.

Señalan que a pesar de haber recibido instrucción como policías de seguridad regional para carreteras, les han adelantado que se irán a vigilar aeropuertos. “Las conferencias que metieron en las últimas dos semanas del curso fueron sobre eso. Vino gente de seguridad regional del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y con eso quieren echar abajo los nueve meses de capacitación que recibimos en seguridad para carreteras”.

Esa capacitación incluyó técnicas policiales, manejo de armas, trabajo policial, derechos humanos, inglés, balística, legislación y seguridad en carreteras. “El título que nos prometieron fue de Técnico Superior Universitario en Seguridad Pública, avalado por la Secretaría de Educación Pública. Pero no nos han dado ningún documento”.

Tampoco han recibido el que será su uniforme. La SSP sigue experimentando. “Nos dieron un uniforme azul marino con vivos en azul cielo. La camisa es azul clara con azul marino y atrás dice Policía Federal. La gorra también es azul y en la parte de enfrente, al centro, tiene sobrepuestos la estrella de siete picos del escudo de la AFI y el de la PFP”.

Hasta ahí ha llegado la unificación policial de García Luna. La semana antepasada, los cadetes tuvieron que entregar ese uniforme, que habían recibido dos días atrás mediante firma de resguardo.

Los cambios han sido la constante. Cuando la generación 2006-2007 inició su curso en agosto del año pasado, el director del Centro de Capacitación era el comandante Víctor Manuel Castillo Ortega, quien pertenecía a la Coordinación de Seguridad Regional de la PFP. “Hace unos meses lo cambiaron. Su lugar lo ocupa ahora un profesor, Severino Cartagena Hernández, quien viene del Cisen pero que casi nunca está aquí (en San Luis Potosí); se la pasa en México”.

El Instituto de Formación –que de acuerdo con los cadetes ahora se empieza a conocer como la “academia nacional de policía”– ha dejado de impartir instrucción. “Nadie más ha llegado. Iba a haber un curso de mandos superiores, pero se canceló. Estaba programado para mediados de agosto. Era para la PFP, AFI y policías estatales, pero se canceló porque no les garantizaron los viáticos más allá de su sueldo”, aseguran los cadetes.

No es la primera vez que la PFP tiene problemas con el personal civil que capacita para sustituir a los militares. En septiembre de 2002, mes y medio después de haber iniciado el curso de formación, 132 de los 510 cadetes del Instituto fueron puestos en la calle sin más explicación que el de no haber aprobado los exámenes de confianza y sin haberles pagado la beca de 2 mil pesos ofrecida. Ante sus protestas, que se hicieron públicas, algunos de ellos fueron reincorporados.

En la convocatoria para este año, la PFP anunció el Curso de Formación Inicial, que tendrá una duración de seis meses. En los primeros tres meses se dará teoría “en un sistema de internado en las sedes que se determinen”. Después, dice, recibirán “unas prácticas profesionales en las coordinaciones operativas de la PFP”.

Quienes aprueben el curso “podrán ser considerados por la Comisión del Servicio Civil de Carrera Policial para ingresar a la PFP con una percepción mensual de 11 mil pesos netos”, además de ofrecer los 2 mil 600 pesos mensuales del “pre”.

La SSP fue una de las dependencias que más presupuesto recibió este año. De los 9 mil 274 millones de pesos que se le asignaron en 2006, ahora cuenta con 13 mil 664 millones. La mayor parte de este incremento se fue para la Subsecretaría de Política Criminal, que subió de 14 millones a 424 millones de pesos.

En el caso de la PFP el presupuesto prácticamente quedó en el mismo nivel. Subió de 4 mil 243 millones a 4 mil 501 millones de pesos, sin contar los recursos adicionales que recibe bajo el rubro de servicios de apoyo administrativo para las tareas de orden, seguridad y justicia, y de apoyo a la función pública y buen gobierno.

El grueso de su presupuesto, los más de 4 mil millones de pesos, está etiquetado para la puesta en marcha de operativos para la prevención y disuasión del delito. De esa cantidad, 2 mil 583 millones son para servicios personales, 920 millones para servicios generales, 445 millones para suministros y materiales, 320 para gasto corriente y 233 millones para inversión física.