Carlos Acosta Córdova Conforme aumenta el rechazo social a la reforma fiscal propuesta por el gobierno de Felipe Calderón, la Presidencia de la República incrementa su propaganda para urgir a su aprobación, con el argumento de que sólo con ingresos adicionales se resolverá la miseria en que viven 20 millones de mexicanos y la pobreza que padece la mitad de la población del país.
Pero en buena medida la angustia del gobierno radica en que sin esa reforma no habrá recursos -a menos que se recorten áreas sensibles del gasto público- para cumplir con los compromisos contraídos con el magisterio organizado bajo el mando de Elba Esther Gordillo, que tan eficientes servicios prestó a la campaña presidencial del PAN.
Cuando el gobierno dio a conocer su propuesta de reforma hacendaria, se fijó como expectativa recaudar unos 180 mil millones de pesos adicionales en lo que resta del sexenio. No obstante, desde el principio especialistas y legisladores consideraron esa meta insuficiente para atender varios de los gastos forzosos del gobierno, como el pago de pensiones, la deuda con el IPAB por el rescate bancario y los pagos por Pidiregas, entre otros, y mucho menos alcanzará para cubrir el compromiso con Elba Esther -pactado por la administración de Vicente Fox y el equipo de transición de Calderón- de homologar los salarios de los maestros en las tres zonas en que está distribuido el magisterio nacional (la tercera es la mejor pagada).
Ese compromiso -ratificado públicamente en mayo por Felipe Calderón- implica un gasto anual de más de 41 mil millones de pesos para atender la "rezonificación" salarial, demanda histórica del magisterio que se agudizó con el conflicto iniciado en Oaxaca por la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en mayo del año pasado. Eso le costará cada año al gobierno unificar los salarios de la zona II (donde están tres cuartas partes del magisterio) con los de la zona III a nivel nacional -demanda del sindicato que implicaría pasar de un salario de cerca de 6 mil pesos a otro de 7 mil 600 pesos aproximadamente-, gasto que se sumará a los 230 mil millones de pesos del presupuesto federal que anualmente se destina a pagar los salarios de los maestros.
Desde el 4 de octubre de 2006, el gobierno de Vicente Fox y el equipo del presidente electo Calderón pactaron con Elba Esther Gordillo que desde 2007 se empezaría a destinar presupuesto para la rezonificación. Luego, el 14 de mayo pasado, cuando concluyeron las negociaciones salariales y de prestaciones sociales, la SEP otorgó al sindicato un aumento de 4.8% directo al salario, 1.5% en prestaciones y 0.7% para el fortalecimiento del sueldo tabular, más 15% -4 mil millones de pesos- para la Compensación Provisional Compactable, es decir, para avanzar en la rezonificación.
Adicionalmente, el gobierno aceptó otras exigencias del SNTE, que se tradujeron en 5 mil 136 millones de pesos para los programas de Carrera Magisterial y los fondos para la Vivienda, de Actualización Docente, de Tecnologías Educativas y de Infraestructura, así como para la creación de plazas.
A esos recursos se agregan 526 millones de pesos -mencionados en la respuesta oficial de la SEP al pliego de demandas del SNTE- "para fortalecer los beneficios y prestaciones de previsión social, fomento cultural y capacitación del magisterio", así como para el Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas.
Estos beneficios que obtuvieron los 1 millón 600 mil maestros del país, no los obtuvieron los demás trabajadores al servicio del Estado. Y a partir del próximo año, según lo pactado, el gobierno deberá destinar poco más de 41 mil millones de pesos a la rezonificación.
Más allá de lo justa que sea la mejoría económica para los maestros del país, el caso es que el gobierno de Calderón no le exigió nada a cambio al SNTE en términos de calidad educativa.
Riesgos de la Tasa Única
En las negociaciones entre la SEP y el sindicato quedaron fuera una serie de demandas que históricamente han hecho organizaciones de padres de familia, empresariales y de la sociedad civil, así como grupos de legisladores y partidos políticos.
Algunas de ellas: respetar el calendario escolar de 200 días, evitar reducir el tiempo de clases, acciones para disminuir la deserción y el rezago escolar, transparentar el programa de Carrera Magisterial, darle autonomía a la evaluación educativa; que el sindicato rinda cuentas claras de cada peso que recibe; transferir recursos de manera directa a las escuelas; transparentar los exámenes de ingreso a la carrera docente, asignar las plazas de director y de supervisor por concurso de oposición y establecer programas de formación continua y de certificación anual de los profesores, entre muchas otras.
Atender todas o algunas de esas demandas implicaría atentar contra el poder económico y político del sindicato y de Elba Esther Gordillo. Pero si ella fue pieza fundamental para conseguir millones de votos para el PAN en estados gobernados por el PRI, Felipe Calderón no tiene opción.
De allí su urgencia por que se apruebe la reforma fiscal que propuso. El problema es que con ella, particularmente si se aprueba en los términos planteados el nuevo impuesto (la Contribución Empresarial de Tasa Única, CETU), saldrá lastimado el propio sistema educativo nacional.
Al menos eso es lo que plantean directivos y dueños de escuelas particulares. Durante las consultas sobre la reforma fiscal con todos los sectores en la Cámara de Diputados, y en múltiples foros, han insistido en que si a las escuelas particulares se les grava con el nuevo impuesto -como a cualquier empresa-, se desalentará la oferta de servicios educativos y se cerrará espacios que el gobierno no puede ofrecer ante la creciente demanda por un lugar en los planteles escolares del país. Más jóvenes se quedarán sin escuela.
El argumento oficial para darle trato de empresas a las escuelas privadas es que existe evasión y abusos. Pero para acabar con eso el gobierno trata igual a escuelas que tributan correctamente, que no tienen fines de lucro -reinvierten sus ingresos, hacen investigación y trabajo comunitario- y a las que hacen planeaciones fiscales para no pagar impuestos, que no invierten, no hacen trabajo comunitario ni dan becas, y cuyo fin último es obtener la máxima ganancia económica.
Uno de los más movidos impulsores de cambios y rectificaciones a la CETU es el ingeniero Rafael Rangel Sostman, rector general del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores Monterrey (ITESM), mejor conocido como el Tec.
Reconoce que en la educación privada han proliferado muchos negocios cuyo fin es sólo la obtención de ganancias, que evaden y abusan. "Pero no puede imponerse un impuesto por igual a todos para frenar eso. Es como si para acabar con el contrabando se tuviera que parar el comercio exterior", dice.
"A los que son negocios, pues hay que gravarlos, nos hay discusión", agrega. Pero ni siquiera eso va a ser suficiente: los que evaden van a seguir haciéndolo. Por ello, propone que en lugar de aplicarles a las escuelas privadas más impuestos, se trabaje más eficientemente en transparencia, reglamentación y vigilancia.
Si hay evasión, la autoridad debe exigir transparencia a las instituciones, que éstas presenten sus estados financieros auditados externamente para que se sepa claramente de dónde vienen sus ingresos y a dónde van sus gastos. Si hay abusos -el más común: los donativos que dan a escuelas particulares muchas empresas, que así reducen su base gravable y pagan menos impuestos-, se debe limitar la deducibilidad de esos donativos.
Eso se hace en los demás países de la OCDE, cuyos gobiernos subsidian directa o indirectamente a la educación privada porque no pueden solos con todo el problema de la educación, dice Rangel Sostman. Tan sólo en el nivel universitario, la educación privada atiende en México a 34% de la matrícula de licenciatura y de posgrado, que pasó de 348 mil a 778 mil estudiantes entre 1996 y 2006.
Además, agrega Rangel, la universidad privada incorpora capital humano calificado a través de sus egresados; ha invertido entre 40 mil y 70 mil millones de pesos en infraestructura para la atención de estudiantes; gasta anualmente cerca de 30 mil millones de pesos; beca a alrededor de 150 mil alumnos de bajos recursos, y realiza investigación y desarrollo tecnológico, con más o menos unos 600 investigadores integrados en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
Dejar la CETU como está propuesta, dice el rector del Tec, para algunas instituciones significará aumentar colegiaturas; para otras, reducir o cancelar actividades de investigación, trabajo comunitario, otorgamiento de becas... Y eso se traducirá, en el mediano plazo, en menos oportunidades para los jóvenes, en la disminución de calidad en la educación nacional y en más problemas para el país, pues más jóvenes se quedarán en la calle. Y lo peor: los que evaden y abusan encontrarán la forma de seguir haciéndolo.
Pero al gobierno de Felipe Calderón le urge sacar dinero de donde sea para cumplir sus compromisos con el SNTE y Elba Esther Gordillo. ?
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