Michoacán: Aquí manda el narco

Ricardo Ravelo

Según un informe de inteligencia obtenido por Proceso, los cárteles del Golfo y de Sinaloa han incorporado a sus filas a alcaldes, síndicos, regidores y jefes policiacos de por lo menos 20 municipios de Michoacán, el estado de donde es oriundo el presidente Calderón y en el cual lanzó un espectacular megaoperativo militar y policiaco al empezar su sexenio. En los hechos, los capos mantienen bajo su control la vida política y social de la entidad, y se dan el lujo de apoyar y aun postular a determinados aspirantes a diputados y presidentes municipales para las elecciones del 11 de noviembre próximo.

Dos cárteles del narcotráfico –el del Golfo y el de Sinaloa– llegaron a Michoacán para quedarse… Sin que ninguna autoridad pueda frenarlos, sus ramificaciones se extienden a Guerrero, Jalisco y Colima –el llamado Triángulo del Pacífico–, mientras que en el estado de donde es oriundo el presidente Calderón han ido acumulando poder político e intervienen ya directamente en la contienda electoral.

De acuerdo con un amplio informe de inteligencia sobre el crecimiento de los cárteles elaborado por la PGR, la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de la Defensa Nacional, al que este semanario tuvo acceso, los cárteles de Sinaloa y del Golfo desarrollaron una estrategia política de gran alcance con la que buscan “aceptación social” y ser vistos como grupos benefactores, sobre todo en Michoacán, la principal puerta de acceso al codiciado Pacífico mexicano.

Y hasta la fecha su plan ha resultado exitoso, aunque no ha estado exento de choques fatídicos. Mediante sobornos, labores de convencimiento o amenazas de muerte, ambas organizaciones han incorporado a sus redes criminales a presidentes municipales, síndicos, regidores y tesoreros en por lo menos una veintena de municipios del estado –compuesto por 113 demarcaciones–, la mayoría de ellos colindantes con Guerrero, Colima y Jalisco, plazas históricamente en disputa.

Valiéndose de sus crecientes influencias y poder político, así como de las tradicionales amenazas, los dos cárteles han empezado también a controlar a la prensa local, que prácticamente ha dejado de ocuparse de la guerra del narco. Y es que no pocos reporteros han recibido amenazas de muerte o han sufrido “levantones” para censurarlos o acallarlos.

–No se metan más con nosotros. La próxima vez no respondemos –les han advertido en sus mensajes.

No es todo: Mediante “cañonazos” de dinero, han conseguido poner a su servicio a buena parte de los policías municipales y comandantes, en cuyas plazas la droga corre sin freno por miedo o complicidad, que se traducen en silencio.

Y por si fuera poco, ambos grupos criminales financian las campañas políticas de al menos 10 candidatos a presidentes municipales, tanto del PRI como del PAN y del PRD, con intereses muy claros, ya que, según el informe, “los cárteles sólo desean mantener sus controles en los municipios que dominan y algo más: mantener el apoyo de las corporaciones policiacas, soporte de sus negocios ilícitos”.

Vida pública amenazada

El detallado informe de inteligencia, que describe la estructura, las alianzas y los dominios territoriales de cada uno de los cárteles del narcotráfico que operan en el país, con una profusión de mapas y organigramas a color, se concentra de manera especial en el Triángulo del Pacífico.

Engargolado en pasta negra plastificada, sin título, autor ni números de folio, pero obtenido por Proceso a través de una fuente confiable, el documento refiere que, tras más de una década de disputas por el control regional del Triángulo del Pacífico, el cártel del Golfo, encabezado hasta 2003 por Osiel Cárdenas, extendió sus dominios hasta Michoacán y pronto encontró un aliado eficaz: Carlos Rosales, El Carlitos, quien era empleado del cártel del Milenio, encabezado en aquel entonces por Armando Valencia Cornelio.

Oriundo de Guerrero, Rosales se encargó de tejer alianzas en todo el estado de Michoacán por medio de su hermano Lorenzo, quien hasta hace poco se desempeñó como director de Averiguaciones Previas en el municipio de Lázaro Cárdenas y luego como director de Seguridad Pública Municipal.

Viejos conocidos y socios, Carlos Rosales y Armando Valencia se confrontaron. El encono surgió no sólo por sus diferencias en el negocio de las drogas, sino por la disputa de una mujer que decidió quedarse al lado de Armando Valencia, El Maradona, líder y fundador del cártel del Milenio, actualmente preso en La Palma. La ruptura entre Rosales y Valencia provocó que el primero abandonara el cártel del Milenio y se pasara a las filas del cártel del Golfo.

El informe, de 39 páginas, puntualiza que las relaciones políticas de los hermanos Carlos y Lorenzo Rosales resultaron decisivas para los planes de expansión del cártel del Golfo, pues pronto cooptaron a las policías de varios municipios y lograron estrechar vínculos con altos funcionarios del puerto de Lázaro Cárdenas, uno de los más importantes del Pacífico, por donde ese cártel introduce sus cuantiosos cargamentos de droga al país.

La disputa por el control de la terminal portuaria derivó en tragedia. Cientos de asesinatos (allí aparecieron los primeros decapitados) siguen impunes en dicho territorio, pues también el cártel de Sinaloa, representado por Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, hizo muchos aliados –aunque en menor medida que sus rivales del Golfo– y extendió sus tentáculos hacia el puerto de Manzanillo, otra terminal marítima dominada por el narcotráfico que se localiza a menos de tres horas de Lázaro Cárdenas.

La estrategia del cártel del Golfo, asegura el documento, resultó más efectiva. Los servicios de policías y funcionarios portuarios pronto dejaron de ser eventuales y fueron incorporados por la fuerza para servir al cártel.

–Ahora van a trabajar para nosotros –les ordenaron previa amenaza de muerte.

Así logró el cártel del Golfo estructurar su sucursal en bloques, con líneas de mando bien organizadas y con una estrategia de comunicación que incluye códigos militares –halcón, estaca, son algunas de las palabras que utiliza– y que sólo pudo ser descifrada por altos mandos de la milicia, quienes detectaron que se trataba de una logística similar a la que ellos utilizan en algunas de sus operaciones.

Debido a sus alianzas, actualmente el cártel del Golfo es visto por las autoridades civiles y militares como la organización más poderosa en Michoacán. Tiene varias ramificaciones. La Familia, por ejemplo, que también se hace llamar La Empresa, es una de las más importantes. Dicho cártel controla, entre otros, los municipios de Lázaro Cárdenas, Apatzingán y Buenavista Tomatlán, vía de entrada a Jalisco y Colima.

Fue justamente en Buenavista Tomatlán donde el cártel del Golfo elevó al poder al alcalde Fernando Chávez y luego lo ejecutó por negarse a obedecer sus órdenes.

El cártel de Sinaloa, que está relacionado con el cártel del Milenio, también tiene su red de operadores en Turicato, Aguililla y Tepalcatepec, aunque las filiales importantes de ese corporativo se hallan asentadas en Guerrero y Colima. En Michoacán se identifica como cabecilla del cártel de Sinaloa a Juan Farías, El Abuelo, jefe del grupo conocido como Los Antizetas, quien está ligado a la familia Revueltas de Aguililla. En conjunto, precisa el documento, constituyen “un grupo de autodefensas con legitimidad social”.

El Abuelo, según la PGR, era el principal enlace del empresario de origen chino Zhenli Ye Gon en la distribución de seudoefedrina y drogas sintéticas en Michoacán. La célula encabezada por Juan Farías también tiene aspiraciones políticas. Uriel, hermano de Juan, es actualmente precandidato del PRI a la presidencia municipal de Tepalcatepec, uno de sus feudos.

Fiel guardián de la plaza, El Abuelo también vigilaba los cargamentos de seudoefedrina que ingresaban por el puerto de Manzanillo, Colima, y que eran destinados a diversos cárteles. El informe sostiene que Ye Gon, quien está detenido en Estados Unidos bajo los cargos de narcotráfico y lavado de dinero, no sólo distribuía precursores químicos al cártel de Sinaloa, sino a varias organizaciones criminales que incursionaron en el negocio de las drogas sintéticas.

Al respecto, en el documento resalta un dato revelador: que el cargamento de 19 toneladas de seudoefedrina que arribó en diciembre de 2006 al puerto de Lázaro Cárdenas tenía como destino la terminal de Manzanillo, pero de último momento las redes del cártel del Golfo lograron desviar la carga hacia Lázaro Cárdenas –controlado por ellos– debido a que los tambos con el químico tenían como destinatario a Gregorio Sauceda, El Caramuela, pieza del cártel del Golfo y presunto cliente de Ye Gon.

Los cárteles del Golfo y de Sinaloa mantienen férreos controles en Lázaro Cárdenas y Manzanillo, los puertos más importantes del Pacífico y únicos en recibir buques de gran calado de varias líneas navieras internacionales que tienen el monopolio de las importaciones de productos provenientes de Asia, la principal región productora de seudoefedrina en el mundo.

Las redes de los cárteles parecen estar tan bien entretejidas en la vida política y económica de Michoacán que ni los programas emergentes México Seguro –implementado durante el sexenio pasado– ni la Operación Conjunta Michoacán que se puso en práctica en la presente administración, han podido desarticularlas, lo cual ya constituye “una amenaza para la vida pública del estado”, asienta una de las conclusiones del informe.

Confrontaciones institucionales

El 11 de noviembre próximo habrá elecciones en Michoacán para elegir gobernador, diputados locales y presidentes municipales. A tres meses de que se realicen los comicios, varios candidatos y precandidatos a diputados y alcaldes de todos los partidos ya son investigados por la SIEDO por sus presuntas ligas con el narcotráfico y por disponer de dinero sucio en sus tareas proselitistas.

Según la averiguación previa PGR/SIEDO/UEDIC/2006-04, Antonio Cruz Lucatero, alcalde de Apatzingán y aspirante a la diputación local, es investigado por su presunta relación con una red de distribuidores de metanfetaminas asentada en Morelia.

De acuerdo con la PGR, a Cruz Lucatero se le relaciona con Alfredo Fulgencio Saucedo y Rubén Flores Olivo, El Chespi, acusados de distribución de cocaína, según el expediente PP.lll-106/2004. También se descubrió que una de las casas donde viven Flores Olivo y su esposa Liliana es propiedad de Cruz Lucatero.

A Cruz Lucatero se le relaciona, además, con el exsíndico de Lázaro Cárdenas Enoc Tafoya Torres –preso desde octubre de 2006 por sus vínculos con el cártel del Golfo–, quien desde el penal de Puente Grande, Jalisco, donde está recluido, acusó recientemente a otros políticos michoacanos de estar coludidos con el crimen organizado.

Declaró: “A mí me puso en el cargo el diputado José de Jesús Reyna García, a quien tenía que pagarle una cuota mensual para protegerme y me dijo que yo podía hacer lo que me diera la gana”.

La aprehensión de Tafoya Torres causó la ejecución de su cuñado, Daniel Guillén Balladares, quien se desempeñaba como subdirector de Seguridad Pública; también fueron ejecutados su chofer y otros socios, entre ellos Martín Fernández Martínez, Francisco Javier Malpica Sánchez y Juan Carlos Castro García, todos relacionados con el cártel del Golfo.

El del exsíndico de Lázaro Cárdenas Enoc Tafoya fue uno de los primeros casos que prendieron los focos de alerta sobre la crisis de narcopolítica que vive Michoacán.

Todo comenzó a finales de 2006, cuando Tafoya se confrontó con el entonces alcalde, Gustavo Torres Camacho. El pleito llegó a límites insospechados y durante varios meses en ese municipio imperó la ingobernabilidad.

Ni el gobernador Lázaro Cárdenas Batel ni el Congreso podían conseguir que ambos ediles limaran asperezas. Más tarde se supo que en medio de la pugna política estaba metido el narco: el alcalde servía al cártel de Sinaloa, y el síndico al del Golfo.

El choque entre Torres Camacho y Enoc Tafoya dividió a la Policía Municipal, que terminó al servicio de las dos organizaciones criminales. Tras acreditar su relación con el narcotráfico, la SIEDO detuvo a Tafoya. Como consecuencia, la policía se rebeló en contra del alcalde por órdenes del comandante José Galán Maya, quien es cuñado de Lorenzo Rosales, hermano de Carlitos Rosales, socio de Osiel Cárdenas en Michoacán. Galán fue detenido, junto con otros agentes, por elementos de la Policía Federal Preventiva.

Ante la revuelta policiaca, el presidente municipal Gustavo Torres decidió dar de baja a la mayoría de los policías municipales y otros más fueron encarcelados. Fueron enseguida contratados más de 30 policías que Torres mandó traer de El Fuerte, Sinaloa. También llevó a un comandante de Colima. Y a todos los dotó de armamento.

Los nuevos policías, según el expediente de este caso, pertenecían al cártel de Sinaloa y se dieron a la tarea de perseguir a los enemigos del alcalde: asesinaron a dos agentes y a un taxista en su primer día de labores. La SIEDO detectó que estaban ligados al narco y todos fueron destituidos, pero ninguno fue detenido. Como consecuencia de eso, el Congreso del estado destituyó al alcalde, quien fue procesado por narcotráfico.

La misma historia se repitió en Turicato, donde el alcalde perredista, José Vázquez Piedra, solicitó apoyo para depurar a la Policía Municipal, la cual estaba relacionada con la banda de Los 30, cuyo cabecilla es Flavio Rodríguez, a quien la PGR relaciona con los cárteles asociados del Milenio y de Sinaloa.

La petición del alcalde se cumplió. Las autoridades estatales procedieron a dar de baja a los malos elementos, pero el presidente municipal entregó las plazas a policías ajenos al municipio que, según las investigaciones de la PGR, resultaron estar al servicio del cártel del Golfo –enemigos del grupo Los 30–, por lo que sólo duraron en el cargo 15 minutos, pues fueron destituidos y perseguidos por servir al crimen organizado.

En Michoacán –donde entre 2005 y 2006 se contabilizaron más de mil 500 muertos por la guerra del narco–, ahora las autoridades locales se muestran sorprendidas por la notable disminución de la violencia. Según una fuente oficial que sólo aceptó hablar en el anonimato, esto obedece al llamado narcopacto entre los cárteles del Golfo y de Sinaloa, el cual “está debidamente confirmado”, sostiene.

Lo preocupante ahora –afirma– es que en la entidad del presidente Felipe Calderón se perfila para llegar al poder –alcaldías y diputaciones, principalmente– una generación de políticos que, desde hace varios años, arrastra intereses del narcotráfico, pues muchos de los aspirantes a puestos de elección popular traen financiamiento del cártel del Golfo o del cártel de Sinaloa.

–¿Y qué les piden a cambio de los apoyos económicos que les ofrecen? –se pregunta a la fuente.

–Lo que sabemos es que en muchos municipios los jefes del narcotráfico están jugando con varios aspirantes. No les importa el partido al que pertenezcan; a ellos (a los narcos) no les interesa si es el PRI, el PAN o el PRD: lo único que piden es que los dejen trabajar y que les asignen la protección de la policía…