Un embate con historia

Jesús Cantú

Cada día es más evidente que varios de los actores políticos que participaron en la reforma electoral de 1996 en realidad apostaban al fracaso de la ciudadanización del órgano máximo de gobierno del IFE. Fallaron en el cálculo del impacto que algunas de las disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales tendrían en el desempeño institucional y se equivocaron en la selección de algunos consejeros electorales, que resultamos mucho más autónomos e independientes de lo que ellos esperaban.

En las negociaciones que permitieron concretar la entonces llamada reforma definitiva por el presidente Ernesto Zedillo, participaron desde la Secretaría de Gobernación: Emilio Chuayfett, titular de la misma, y Arturo Núñez, a la sazón subsecretario; y por parte de los partidos políticos, sus presidentes: Felipe Calderón, del Partido Acción Nacional; Santiago Oñate, del Partido Revolucionario Institucional; Andrés Manuel López Obrador, del Partido de la Revolución Democrática, y Alberto Anaya, integrante de la Coordinación del Partido del Trabajo.

En aquel entonces el reto era mayúsculo, pues el Consejo General se integró el último día de octubre de 1996, ya iniciado el proceso electoral de 1997, y por si eso fuera poco, la construcción institucional abigarrada y compleja obstaculizaba el desempeño de los consejeros y pretendía dejar la responsabilidad de la operación en manos de la Secretaría Ejecutiva, de modo que aquéllos quedaran como meros garantes ante la opinión pública. Varios de los actores políticos pretendían otra reforma decorativa.

A pesar de esas dificultades, las puertas que los legisladores abrieron por la vía de las comisiones del Consejo General y la integración de los consejos locales y distritales permitieron que los consejeros asumiéramos plenamente el control de la institución e impulsáramos la ciudadanización en cascada. Logramos construir los pesos y contrapesos, los equilibrios institucionales, que permitieron enfrentar exitosamente los diversos obstáculos que se presentaron, incluyendo fuerzas internas y externas que, desde posiciones de poder, defendían las prácticas y lealtades del régimen autoritario.

La exitosa operación del proceso electoral de 1997, los resultados del mismo –en los que el PRI perdió por primera ocasión la mayoría en la Cámara de Diputados– y la autonomía demostrada por el Consejo General desde el primer minuto de ejercicio motivaron a los priistas a orquestar una embestida en contra del órgano máximo de dirección de la institución para modificar su composición y, por lo tanto, minar sus márgenes de acción y recuperar el control del aparato electoral.

Después de las diferencias internas (que en aquel entonces las plumas a sueldo del régimen priista pretendieron mostrar como una debilidad del Consejo General) que obligaron a la renuncia del secretario ejecutivo de la institución, Felipe Solís Acero (uno de los personajes que una y otra vez se interponen en la vida del IFE), en 1998 los priistas decidieron ir con todo por la cabeza de algunos de nosotros: interpusieron denuncias administrativas en contra de cuatro consejeros y amenazaron con iniciarnos juicio político.

Aprovecharon algunos errores personales y utilizaron a uno de sus caballos de Troya (el contralor interno Carlos Muñoz) para decretar mi ilegal destitución a mediados de 1999. Los personajes que orquestaron la embestida fueron Diódoro Carrasco y Jorge Alcocer, desde la Secretaría de Gobernación; Arturo Núñez, desde la coordinación de los diputados priistas; y Enrique Ibarra, con la representación del tricolor ante el Consejo General del IFE. Los tres primeros reaparecen ahora, desde distintas trincheras políticas, entre los actores que presentan la iniciativa de reforma que pretende minar seriamente la fortaleza del Consejo General del IFE.

Pero tiempo atrás su operación fracasó. Los intentos de los personeros del gobierno se toparon con un consejo que –ante la amenaza externa– se cohesionó monolíticamente; con el respaldo y la confianza de los partidos políticos de oposición, y con el sólido posicionamiento institucional en la opinión pública nacional. En los hechos, el intento se convirtió en un boomerang que impulsó la credibilidad del IFE y minó la del tricolor.

Los resultados obligaron a los enemigos de una autoridad electoral autónoma e independiente del gobierno y las fuerzas políticas a replegarse y esperar una mejor ocasión. Acusaron recibo de que era imposible actuar contra una institución que con su desempeño se ganó el reconocimiento de la opinión pública. Pero sabían que simplemente habían perdido una batalla, no la guerra. De manera que esperaron una nueva oportunidad.

En octubre de 2003, la renovación del Consejo General les brindó otra oportunidad. Allí estaba nuevamente Emilio Chuayfett, como diputado priista, y algunos nuevos personajes, que compartían su deseo de una autoridad sometida, Manlio Fabio Beltrones y Elba Esther Gordillo entre los más conspicuos. Durante el proceso de renovación, el exsecretario de Gobernación repetía una y otra vez en los pasillos de la Cámara –según cuentan los reporteros—: “Ya me equivoqué una vez; no me volveré a equivocar”. Y, efectivamente, esa vez no se equivocó: el 31 de octubre de 2003 empezaron a socavar la credibilidad de la institución y a preparar el escenario para asestarle el golpe definitivo.

Con la anuencia o la complicidad de los negociadores panistas, Germán Martínez y Juan Molinar Horcasitas, integraron un Consejo General que de origen vulneraba la imparcialidad rumbo a las elecciones de 2006. Y con sus omisiones, decisiones y acciones, los miembros de dicho órgano contribuyeron a socavar todavía más su credibilidad.

Hoy la mesa está puesta: no hay una fuerza política que defienda la permanencia de los consejeros; entre 36% y 42% de los ciudadanos (según las encuestas de Reforma y El Universal) cree que hubo fraude en las pasadas elecciones presidenciales; y, de acuerdo con la primera de ellas, 67% considera que debe ser reemplazado el actual Consejo General.

Ahora sí es viable minar la ciudadanización y la autonomía del IFE, no por la sustitución anticipada de los consejeros electorales (quienes también contribuyen consciente o inconscientemente a este fin), sino con la fórmula de restar atribuciones al órgano máximo de dirección, limitar los márgenes de actuación de sus comisiones y, ahora sí, descarada y abiertamente, imponerle desde la Cámara un contralor interno, entre las propuestas que se conocen.

Allí están los personajes (en estricto orden alfabético para evitar valoraciones subjetivas) que, desde distintas posiciones y fuerzas políticas, reaparecen una y otra vez en propuestas y acciones que atentan contra la autonomía y fortaleza del IFE, sin juzgar si las proponen o simplemente las toleran: Jorge Alcocer, en el intento desestabilizador de 1998-99, como funcionario de Gobernación, y ahora como redactor de la propuesta de reforma; Manlio Fabio Beltrones, como diputado priista en la designación del actual Consejo General en 2003 y ahora como líder de los senadores priistas; Felipe Calderón, como presidente del PAN en la reforma de 1996 y ahora como presidente de la República; Diódoro Carrasco, como funcionario de Gobernación en 1998-99 y ahora como diputado panista; Emilio Chuayfett, como primer director del Instituto Federal Electoral en 1990, como secretario de Gobernación en la negociación de la reforma electoral en 1996, y como diputado priista (2003) en la designación del actual Consejo del IFE; Arturo Núñez, como director del IFE en 1994, como subsecretario de Gobernación en la reforma de 1996, como líder de los diputados priistas en 1998-99 y ahora como diputado perredista en la propuesta de reforma; y Felipe Solís Acero, como director ejecutivo de Organización Electoral del IFE en 1994, como secretario ejecutivo en 1997, como representante del PRI ante el Consejo General del IFE en la pasada elección presidencial y ahora como secretario técnico de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores.

Todavía falta conocer detalles de la reforma electoral, pues hasta ahora sólo se conoce oficialmente una parte de la iniciativa, pero las perspectivas no son nada halagüeñas: ignora a la ciudadanía (omite pronunciarse sobre las candidaturas independientes y no abre espacios para la interposición de recursos de impugnación, es decir, desatiende la recomendación de 1998 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos); fortalece la actual partidocracia (mantiene los actuales niveles de financiamiento público para actividades ordinarias, lo distribuye totalmente de acuerdo con la preferencia electoral de la última elección, eleva los requisitos de entrada para nuevos partidos políticos y prohíbe expresamente la intromisión de las autoridades en la vida interna de los partidos políticos, entre otras cosas); y, por último, debilita seriamente la ciudadanización del IFE (traspasa las facultades de fiscalización de una comisión del Consejo General a un órgano técnico y se le impone un contralor general desde la Cámara de Diputados). l