El azote de los empresarios

El azote de los empresarios
Ricardo Ravelo

En su afán por alcanzar la supremacía en el tráfico de drogas a lo largo del país, los sicarios del cártel del Golfo, Los Zetas, cada vez se consolidan más en territorios que antes eran controlados por sus rivales. Imponen su presencia violenta desde Tijuana hasta Quintana Roo, en una modalidad que desconcierta a las autoridades: al parecer, han hecho a un lado, por el momento, la ejecución de enemigos y se dedican ahora al secuestro de empresarios. De poco han servido, para detenerlos, los operativos policiacos y militares emprendidos desde el inicio del sexenio calderonista.

Urgido de capital y de control territorial, el grupo armado Los Zetas desplegó ya todo su poder en el país. Tan avasallante es su fuerza que no puede ser detenido ni con los operativos militares que a principios de año puso en marcha el presidente Felipe Calderón.

Nueve meses después de que el mandatario asumiera el compromiso de combatir el narcotráfico y de regresar “la seguridad y la convivencia social tanto en pueblos como en ciudades”, Los Zetas se han convertido en el reto más difícil que enfrenta el actual gobierno.

Con el apoyo de las policías estatales y municipales –a las que mantiene “enganchadas” mediante cuotas mensuales–, este grupo puso en jaque a la clase empresarial del país. De acuerdo con investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), desde Tijuana hasta Quintana Roo a este numeroso ejército del narcotráfico se le atribuyen asesinatos, extorsiones, desa-pariciones y decenas de secuestros de empresarios presuntamente ligados al lavado de dinero y otras actividades ilícitas.

De enero a la fecha, la zona más golpeada por la ola de secuestros y desapariciones es la Comarca Lagunera, que comprende los estados de Coahuila y Durango. Le siguen Baja California (particularmente la ciudad de Tijuana), Nuevo León, Campeche y Veracruz, hasta donde Los Zetas han extendido sus dominios.

Así mismo, en enero pasado Los Zetas se afincaron en Torreón, Coahuila, un territorio largo tiempo codiciado. Desafiantes, y con el claro objetivo de arrebatarles la plaza a sus acérrimos rivales de los cárteles de Juárez y de Sinaloa, los integrantes del grupo armado del cártel del Golfo anunciaron su presencia en esa región mediante la amenaza directa a los empresarios que, dijeron, iban a secuestrar.

El 22 de mayo último, por ejemplo, su asentamiento en La Laguna pasó del rumor a la realidad. Ese día Los Zetas hicieron circular una carta dirigida al abogado Alberto Romero –a quien posteriormente desaparecieron–, presunto enlace de algunos empresarios con una red de lavado de dinero.

Le advirtieron, en tono amenazante: Abogado Alberto Romero, nos dirigimos a ti porque tenemos información previa de que tienes relación estrecha con altos funcionarios y empresarios de la región y queremos que seas el conducto para hacer de su conocimiento, llámese en este caso socios de Canacintra, GEL (Grupo Empresarial Lagunero) y CLIP (Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada), información contenida en CD, ya que dicha información va a interesar tanto a empresarios como a la sociedad en general.

Escrita en computadora y con letras mayúsculas, la carta va acompañada de un logotipo en forma de escudo en el que resaltan las iniciales F.E.C.G, la letra “Z”, los mapas de Tamaulipas y la República Mexicana y en la parte de abajo la leyenda “cártel del Golfo”.

La misiva añade: Con esto aclararemos que nosotros no venimos a robar a nadie, simplemente venimos a hacer negocio. Aclarando que será molestada la persona que tenga negocios ilícitos fuera de nuestra organización. Esta es una petición de carácter urgente e irrevocable…

Exigiéndole realice las gestiones necesarias para exhibir dicho CD a las personas antes mencionadas, teniendo como límite de plazo para la conclusión y ejecución de dicha petición el día miércoles 23 de mayo de 2007 a las 12:00 horas.

Los Zetas mencionan también que tienen programadas varias reuniones con empresarios laguneros, sin mencionar sus nombres, para que éstos decidan con qué organización criminal van a trabajar. Y se despiden con una amenaza directa tanto para Romero como para la clase empresarial de La Laguna:

Sin más por el momento, se les informa que cualquier desacato ante dicha petición tendrá consecuencias irreversibles para su persona y socios del sistema empresarial.

Asedio a magnates

La carta de Los Zetas llegó a los correos electrónicos de varios empresarios, pero algunos tomaron el mensaje a broma y el plazo establecido por el grupo venció sin que obtuviera respuesta. Lo que sobrevino fue una ola de secuestros y desapariciones. De acuerdo con las investigaciones, uno de los primeros en desaparecer fue precisamente el abogado Alberto Romero, presunto enlace entre narcoempresarios laguneros.

Sin embargo, nueve días antes de la carta, Los Zetas arremetieron contra Carlos Herrera Araluce, el poderoso empresario de Gómez Palacio, Durango, quien estuvo a punto de ser ejecutado.

Dueño del corporativo Chilchota, cacique priista y con una fama que lo liga con presuntas actividades de narcotráfico desde hace varios años (Proceso 1362), el pasado 13 de mayo Herrera salió como de costumbre a realizar algunas compras a la tienda Sams, ubicada en el bulevar Diagonal Reforma, en Torreón.

Alrededor de las 13:00 horas, cuando regresaba a Gómez Palacio, su feudo, el empresario fue interceptado en el bulevar Constitución esquina con Rodríguez por dos gatilleros, presuntamente Zetas, quienes le dispararon. Los peritos que investigan el caso aseguraron que hubo 80 disparos, de los cuales al menos 40 se impactaron en la camioneta Cadillac Escalade en la que viajaba Herrera junto con su esposa, Vilma Ale Núñez.

La pareja recibió varios disparos. Vilma fue herida en el costado derecho del abdomen, mientras que Carlos recibió tiros en el hombro y en la mano izquierda, de la cual perdió tres dedos. Desde entonces, en La Laguna se le conoce como El 17.

Aunque las autoridades locales no lo admiten, para la PGR el atentado tiene una lectura clara: es la pelea por el control de la plaza entre quienes controlan la venta de droga del otro lado del río Nazas, el cual divide las ciudades de Torreón y Gómez Palacio, así como los estados de Coahuila y Durango.

El atentado contra Herrera fue el detonante de una serie de levantones, amenazas y secuestros contra empresarios laguneros presuntamente ligados al lavado de dinero. De enero a la fecha, en La Laguna han sido secuestradas o desaparecidas por lo menos 19 personas, todas relacionadas con la actividad empresarial de la región y vinculadas a Herrera, considerado “el jefe de la plaza” en La Laguna.

El 14 de mayo, un día después del atentado contra Herrera, en las inmediaciones del café Denis, ubicado al oriente del bulevar Independencia y casi enfrente del restaurante Tony Romas, propiedad de Carlos Herrera, fue levantado Enrique Ruiz Arévalo, responsable de la Unidad Antisecuestros con sede en Torreón.

Ese día, Ruiz Arévalo –quien en poco menos de 10 años había puesto fin a los secuestros que azotaron la región– tomaba café con Braulio Fernández Aguirre, exalcalde de Torreón, exdiputado federal, socio del grupo Lala y dueño del Grupo Radio Estéreo Mayrán (GREM), que maneja tres de las radiodifusoras más consolidadas de la zona.

Eran poco más de las 9:00 de la mañana y el diálogo entre Fernández y Ruiz Arévalo era ameno, según dijeron a Proceso varios testigos consultados. De pronto, Ruiz Arévalo observó que sus acompañantes, todos policías de la Unidad Antisecuestros, estaban discutiendo con otro grupo que portaba uniformes de la Agencia Federal de Investigación (AFI). Ruiz Arévalo interrumpió la conversación:

–Discúlpame, Braulio, ahora vuelvo, voy a ver qué está pasando –le dijo a su interlocutor, mientras desenfundaba su pistola y la colocaba en el asiento.

–Está bien –respondió Fernández

Aguirre.

Al acercarse al grupo que discutía, Ruiz Arévalo fue confrontado por el supuesto grupo de afis, posteriormente fue subido a una camioneta junto con uno de sus colaboradores y el vehículo arrancó a toda velocidad. Por la noche su colaborador fue liberado, no así Ruiz Arévalo, quien hasta la fecha está desaparecido. Incluso ya se le da por muerto, aunque oficialmente no se ha confirmado tal versión. En Coahuila este caso parece ya olvidado por las autoridades.

Según informes obtenidos por Proceso, Ruiz Arévalo no investigaba ningún caso relevante, aunque los días previos a su desaparición había recibido a Héctor León López, padre de Francisco León García, Pancho León, quien desapareció en marzo pasado tras anunciar que se lanzaría como candidato a la presidencia municipal de Gómez Palacio.

“Necesito que me ayudes a encontrar a mi hijo”, le pidió Héctor León a Ruiz Arévalo, y éste comenzó a indagar el caso.

Pancho León amasó su fortuna con la explotación de un yacimiento de mármol en Dinamita, Durango, municipio de Gómez Palacio. Después se metió a la política y fue candidato del PRD al Senado de la República en los comicios de 2006. En la Laguna se le conocía como “el rey del acarreo”, por la cantidad de gente que movía en la zona.

Respecto de las causas del secuestro y desaparición de León, las autoridades de Coahuila no han dado ningún informe. Sin embargo, entre personas cercanas al desa-parecido, quienes solicitaron omitir sus nombres, se sabe que Francisco León desa-pareció después de sostener una discusión con Carlos Herrera, quien aparentemente se oponía a su candidatura. Otra versión es que Los Zetas lo desaparecieron.

Ola de levantones

La ola de violencia y de secuestros aumentó en La Laguna durante los últimos meses. El día del atentado contra Carlos Herrera apareció descuartizado Sabino Burciaga, del llamado Clan Burciaga de Matamoros, Coahuila, a cuyos integrantes se identifica como gatilleros a sueldo y secuestradores. Claro Burciaga, quien fungió como jefe de seguridad de Carlos Herrera en distintas etapas, era tío de Sabino, quien desapareció de Matamoros el 11 de mayo. La familia no echó de menos su ausencia, pues solía ausentarse frecuentemente.

Dos días después, el 13 de mayo, el cadáver de Sabino fue localizado en el Parque Industrial Lagunero, cerca de la empresa Chilchota. No tenía brazos ni piernas. Y algo peor: fue decapitado. Los pedazos del cuerpo de Sabino fueron metidos en una bolsa, salvo su cabeza, la cual fue cubierta con una cobija vieja, según asienta el parte forense.

El cuerpo de Sabino Burciaga tenía un mensaje amenazante dirigido a Sergio Villarreal, El Grande, a quien se identifica con el cártel de Sinaloa y está en disputa con Los Zetas por La Laguna.

En los días posteriores al atentado contra Herrera Araluce sobrevino una oleada de levantones. Muchos de éstos no se conocen, pues los familiares de las víctimas no denunciaron los hechos ante el Ministerio Público.

Es el caso del empresario Sergio Estrella –hijo de Sergio Estrella Ochoa, exalcalde de Gómez Palacio y notario público–, quien fue levantado el 14 de mayo, horas después del tiroteo contra Herrera Araluce, con quien está relacionado. Desde esa fecha, Estrella está desaparecido.

Así mismo, Los Zetas habrían secuestrado a Ignacio Berlanga, en otro tiempo ligado al policía Guillermo González Calderoni. Al parecer Berlanga fue sometido a tortura por sus captores, pero negoció con ellos y fue liberado la noche del 17 de mayo.

Y una de las últimas desapariciones es la de Juan Rueda Sabag, un empresario que a mediados de este año anunció una cuantiosa inversión para la construcción de un parque industrial en una superficie de 500 hectáreas en la ciudad de Matamoros, Coahuila, ciudad conurbada con Torreón.

La Comarca Lagunera no es la única zona del país azotada por el terror de Los Zetas. En Tijuana, por ejemplo, la Coparmex denunció el secuestro de 25 empresarios entre 2006 y lo que va de 2007, perpetrados presuntamente por el grupo armado del cártel del Golfo, cuyo poderío no se debilita a pesar de que la PGR y la Secretaría de Seguridad Pública anuncian reiteradamente la captura de sus integrantes.

En Veracruz, zona bajo el dominio del cártel del Golfo y disputada por el de Sinaloa, también ha sido golpeada la clase empresarial. El 27 de julio pasado, por ejemplo, fue secuestrado Sergio Torres Marín, dueño de la cadena de farmacias Las Torres, en pleno centro del puerto. Según una versión extraoficial, fue liberado días después de pagar 5 millones de pesos.

Otro secuestro, perpetrado a principios de marzo de este año, fue el de Mauro Loyo Morales, hijo del neurólogo Mauro Loyo Varela, exsecretario de Salud en el gobierno de Miguel Alemán. Después del pago de su rescate, Loyo Morales apareció atado a una palmera, cerca de Tierra Blanca, Veracruz, donde los lugareños lo liberaron.