Dinero vs política

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Jenaro Villamil

Pese a los diarios ataques de Televisa y TV Azteca contra

el Poder Legislativo y en defensa del actual modelo elec-toral que les reporta cientos de millones de dólares en propaganda, el Congreso avanza en un proyecto de reforma electoral que incluye la reducción del financiamiento a los partidos y de su gasto en medios. En esta batalla, Luis Carlos Ugalde, todavía presidente del IFE, aparece como una comparsa del equipo ganador de 2006: Felipe Calderón, Elba Esther Gordillo, las televisoras y sus corifeos...

La amenaza de perder la bolsa de más de 500 millones de dólares anuales destinados a spots para publicitar candidatos, partidos y servidores públicos desató la guerra de los concesionarios de radio y televisión (con Televisa y TV Azteca a la cabeza) contra el Congreso, y especialmente contra el Senado, donde se negocia la reforma constitucional en materia electoral.

Frente a la posibilidad de que se rompiera el consenso político por presiones de Los Pinos y de la Secretaría de Gobernación, las comisiones unidas del Senado presentaron el 5 de septiembre el anteproyecto de dictamen de la reforma, que finalmente incluyó un largo apartado de cambios al artículo 41 constitucional, el cual ordena “la prohibición total a los partidos políticos para adquirir tiempo en radio y televisión”, la reducción del financiamiento público para los partidos al 50% y nuevas atribuciones para el Instituto Federal Electoral (IFE), entre otros puntos.

Ante la reacción virulenta de los concesionarios –que insistieron en la defensa del consejero presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde–, el Senado decidió adelantar una semana la instalación del grupo plural que dictaminará la nueva Ley de Radio y Televisión, así como la de Telecomunicaciones. El viernes 7 todos los coordinadores parlamentarios acordaron impulsar la “democratización” del régimen de concesiones en radio y televisión.

La reacción de las televisoras incluyó la promoción y difusión de un desplegado con 45 firmas –con la de Héctor Aguilar Camín, comentarista de Televisa, a la cabeza– para manifestar que “la independencia y autonomía del IFE no puede entenderse al margen del principio de inamovilidad de sus integrantes”.

Dos días después, la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT) criticó, en otro desplegado, la prohibición total de compra de spots porque, dice, va en contra de la libertad de expresión, y “las nuevas condiciones de prohibición y restricción comunicativa pueden limitar gravemente el surgimiento de figuras jóvenes y la renovación de los liderazgos en todos los partidos políticos”.

La resistencia de los concesionarios se hizo sentir en Los Pinos desde la tarde del 2 de septiembre. El vicepresidente de Televisa, Bernardo Gómez, se reunió con el director de Comunicación Social, Maximiliano Cortázar, y con Juan Camilo Mouriño, jefe de la Oficina de la Presidencia, para demandarles que evitaran una reforma electoral, según informes de integrantes de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión (CENCA).

Al día siguiente el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, quien había permanecido al margen, pretendió influir anunciando que las “negociaciones estaban rotas”.

A partir de la reunión del 2 de septiembre y de las declaraciones de Ramírez Acuña, los panistas que participan en la CENCA rompieron el acuerdo sobre el relevo de todos los consejeros electorales y se pronunciaron por un “relevo escalonado” y por que permanecieran al menos tres de los nueve consejeros actuales.

La presión desde Los Pinos provino también de uno de los principales asesores de Juan Camilo Mouriño en temas electorales: Alejandro Poiré, director general de Análisis Político y quien fue titular de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del IFE hasta 2005.

Poiré mantiene una buena relación no sólo con su exjefe Luis Carlos Ugalde, sino también con quien fuera su profesor en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Leopoldo Gómez, actual vicepresidente de Noticieros de Televisa, quien le facilitó a Ugalde una amplia cobertura televisiva en la lucha por defender su pasado y, sobre todo, su futuro.

En el Senado, el legislador priista Jorge Mendoza, exfuncionario de TV Azteca y expresidente de la CIRT después de Bernardo Gómez, ha cabildeado intensamente a favor de los concesionarios señalando que no fueron consultados y que están “realmente sorprendidos” por la prohibición total a la compra de spots.

Las presiones y amenazas ahora son individualizadas. Emilio Azcárraga Jean, en un encuentro privado con Manlio Fabio Beltrones, impulsor de la reforma, le advirtió que la prohibición violaba “la libertad de empresa” y le anticipó que lo tratarían igual que a Santiago Creel. El coordinador de los priistas en el Senado le respondió que no se dejarían presionar.

El proyecto de reforma agrega tres minutos a los 48 minutos diarios de los tiempos de Estado, que serían los únicos que se utilizarían para difundir campañas políticas. De acuerdo con el proyecto, el IFE será el responsable de administrar proporcionalmente estos 51 minutos en los tiempos de campaña.

También se eleva a rango constitucional “la prohibición a terceros de contratar o difundir mensajes en radio y televisión mediante los que se pretenda influir en las preferencias de los electores”, así como beneficiar o perjudicar a cualquier candidato. La ley secundaria establecerá las nuevas atribuciones del IFE para sancionar a los infractores.

El grupo plural

Para Jorge Alcocer, asesor y consejero de la CENCA, en el proyecto de reforma electoral la prohibición “es el cambio más trascendente que hemos hecho en México en materia de medios de comunicación”.

“Vamos a un nuevo modelo de comunicación: es cero tiempo comprado en radio y televisión por todos los partidos políticos, y vamos a parar las campañas negativas y la promoción abierta de servidores públicos que tienen ambiciones políticas y usan el dinero público en radio y televisión”, sintetiza en entrevista Alcocer, presidente del Centro de Estudios para un Proyecto Alternativo de Nación.

Para el redactor principal de las propuestas, quien ha participado en las reformas electorales de 1989-90, de 1994 y de 1996, los cambios actuales constituyen “un trípode”: un nuevo modelo de comunicación social basado en “el fin de la spotización” de las campañas; un nuevo modelo de financiamiento que reduce 50% los recursos para los partidos –que recibirán para 2009 cerca de 3 mil 664 millones de pesos en lugar de los 5 mil 339 millones que recibirían con la actual fórmula–, baja el tope de gastos para la campaña presidencial de 650 millones a 320 millones; y finalmente reduce a 90 días la campaña para la presidencial y a 60 días para el Congreso federal.

–¿Qué sucedió entre el jueves 30 de agosto, cuando se presentó el anteproyecto de reformas, y el 5 de septiembre, en que finalmente incluyó la prohibición total de la compra de spots? –se le pregunta a Alcocer.

–En materia de medios se analizaron varios escenarios. El más obvio era dejar todo como está, pero ningún partido defendió esto. Empezamos a analizar modelos mixtos de otros países, que permiten contratación pagada y pública, y los modelos puros como el caso francés, el chileno y la nueva legislación brasileña en materia de partidos políticos y medios.

“Cuando se presentó la iniciativa no estaba decidido si esta legislación necesitábamos vaciarla a la Constitución. El senador Beltrones dijo: ‘Vamos a ir a un nuevo modelo de comunicación social’, y los partidos decidieron acordar un modelo puro, que sólo se utilicen los tiempos estatales. Se decidió darle una sólida base constitucional para evitar futuros amparos.”

Entrevistado en sus oficinas del centro de estudios, Alcocer sintetiza: “Los partidos no podrán presentarle al IFE ninguna factura por servicios de tiempo en radio y televisión. La prohibición es a los partidos políticos todo el tiempo”.

El mismo día que se presentó el anteproyecto de dictamen de reforma constitucional, el senador perredista y presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, Carlos Sotelo, señaló que la prohibición total “facilita y alienta enormemente la reforma a los medios”, después de la resolución de la Suprema Corte en contra de la Ley Televisa.

Los legisladores decidieron adelantar una semana la instalación del grupo plural que preparará las reformas a las leyes de radio y televisión y de telecomunicaciones. En ese grupo participarán los coordinadores de las seis fracciones, los presidentes de las comisiones dictaminadoras Ángel Aguirre, del PRI; Carlos Sotelo, del PRD; Alejandro Zapata, del PAN; los legisladores panistas José Sacramento, Humberto Aguilar y Marcos Cortés; los priistas Francisco Arroyo y Raúl Mejía; los perredistas Pablo Gómez y David Jiménez; Gabino Cué, de Convergencia; Javier Orozco Gómez, del Partido Verde (que dictaminó en la legislatura pasada a favor de la Ley Televisa); y Alberto Anaya, del Partido del Trabajo.

Durante la instalación del grupo plural, Santiago Creel, presidente de la Mesa Directiva del Senado y coordinador del PAN, condenó el uso de la pantalla para “atacar a cualquier legislador”. “Estamos conscientes de que hay posiciones encontradas en este momento en materia electoral, pero no debe ser pauta para proscribir a nadie de las pantallas o micrófonos de la radio y la televisión”, afirmó.

A su vez, el senador Pablo Gómez, excoordinador de la bancada del PRD en la Cámara de Diputados y que votó a favor de la Ley Televisa el 1 de diciembre de 2005, hizo una autocrítica: “Tenemos que superar los desacuerdos y los extravíos de la pasada legislatura. El Congreso tiene una asignatura pendiente”.

Consultado sobre el futuro de esta reforma, el senador Carlos Sotelo precisa que el grupo plural tiene una vigencia de seis meses; en los próximos tres meses el dictamen puede estar terminado y será presentado ante el pleno.

Precisa Sotelo que están contemplando reformas al artículo 6 de la Constitución “porque el debate de la Suprema Corte sobre la Ley Televisa se concentró en este artículo”, los artículos 27, 28 y una parte del tercero. La reforma electoral ya incluye un agregado para elevar a rango constitucional el derecho de réplica.

Un día antes de la instalación del grupo, el coordinador del PRI, Manlio Fabio Beltrones, y el del PRD, Carlos Navarrete, coincidieron en que sus fracciones no van a “doblarse” ni aceptarán “presión o chantaje” para frenar la reforma electoral. “Si no hay una estrategia mediática consentida por los poderes fácticos y los interesados, se parece mucho”, sentenció Beltrones.

Debate e intereses

En su noticiario estelar del 5 de septiembre y en los posteriores, Televisa omitió informar sobre el contenido del anteproyecto y dedicó la mayor parte de su espacio a que el consejero presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, defendiera su permanencia en el cargo.

Un desplegado con 45 firmas –de académicos, escritores, periodistas y encuestadores– recibió una gran difusión en ambas televisoras. En el documento, los firmantes insistieron en la permanencia de los consejeros del IFE porque “su sustitución anticipada, sin razones fundadas y sin recurrir a los canales establecidos para ello, sienta un precedente negativo no sólo para el IFE sino para el conjunto de los órganos autónomos”.

Sin embargo, por lo menos tres de los consejeros electorales –Rodrigo Morales, Marco Antonio Gómez Alcántar y Lourdes López– se deslindaron de la batalla mediática que encabeza Ugalde para defender su permanencia en el instituto. “Para nosotros, el tema medular es la reforma al gasto en los medios de comunicación. Si nos quedamos o nos vamos es un asunto absolutamente secundario”, afirmó Rodrigo Morales en las instalaciones del IFE.

Consultado sobre la posición de Ugalde y de los firmantes del desplegado, José Fernández Santillán, profesor de ciencias políticas en el ITAM y quien fue consejero suplente de Emilio Zebadúa en el IFE, opina:

“Lo que está sucediendo en la pantalla es que hay una defensa interesada de los consejeros para atacar una reforma que conllevará la pérdida de millones de dólares. Algunos de los firmantes son amigos con los que emprendí batallas políticas e intelectuales. Ahora no estoy de acuerdo con ellos (...) La voz de otros suena como el eco de las televisoras, por los compromisos económicos que tienen con esas empresas.”

Sobre la presunta violación a la autonomía del IFE, Fernández Santillán señala que “todo mundo ha dado su opinión, pero no se le ha pedido su opinión a los propios empleados y funcionarios del instituto. Ellos son testigos de cómo este Consejo General ha ido en contra de la institucionalidad. Han convertido al IFE en un centro de acopio patrimonialista porque han metido en funciones clave a sus cuates, amantes o incondicionales”.

Para Jorge Alcocer, es “una barbaridad” decir que la salida de los consejeros viola la Constitución o implica reconocer el fraude electoral de 2006, como ha dicho Luis Carlos Ugalde. “La autonomía del IFE no son nueve personas, mucho menos una. La autonomía es toda una construcción jurídica que protege, no a las personas sino a una institución, de la injerencia indebida de los poderes públicos y de los poderes fácticos”, afirma.

–El grupo que firma el desplegado considera que sí se viola la autonomía. ¿Qué opina usted?

–Creo que ese respetable grupo debería recordar la historia y que estos pactos políticos que permitieron ir hacia la transición a la democracia no los hicieron arcángeles, sino fueron pactos entre fuerzas políticas y entre poderes públicos.

“¿Por qué lo que ayer era bueno hoy es malo? ¿Por qué el acuerdo político del 94 para despedir a los seis consejeros magistrados, el del 96 para sustituir a los seis y poner a nueve sí fue admisible y hoy no? La reforma es lo que está aquí: son los medios, el dinero, los gastos de campaña, las nuevas facultades del IFE y el tribunal electoral. Lo demás es accesorio.”

–Es accesorio, pero está atorando la negociación y es utilizado por los medios masivos. ¿No hay un riesgo de que esto atore todo?

–Entiendo perfectamente la resistencia del PAN porque no estamos hablando de un cambio de consejeros preventivos, como sucedió con la crisis del 94, o de un cambio derivado de una reforma estructural, como en el 96. Pero tenemos que en 2006 hubo un conflicto poselectoral muy grave.

“Uno de los partidos políticos piensa que hubo fraude y no lo ha podido probar. Lo he dicho y lo reitero: soy de los que cree que Calderón ganó la elección de manera legal y legítima, pero esa es mi convicción, la de otros es que no. Eso marca todo este proceso. El partido que quedó en segundo lugar en las elecciones de 2006 no está de acuerdo en que ellos sigan siendo el árbitro. Y el que quedó en tercer lugar también lo dice.”

–¿A usted le interesa formar parte del nuevo IFE? –se le cuestiona a Jorge Alcocer.

–No me mueve eso. Lo que decida el Congreso lo voy a respetar. Para mí lo importante es superar el defecto de 2003, donde sólo participaron en la integración dos partidos. El árbitro debe contar con el aval de todos los jugadores.

Lucha por el IFE

En medio de la batalla mediática para defender la permanencia de Luis Carlos Ugalde y evitar la prohibición total en materia de medios, en el entorno del Consejo General del IFE se le atribuye la intención de “apoderarse” del instituto al grupo de Manlio Fabio Beltrones, que desde los años noventa ha impulsado las mismas reformas electorales.

Como subsecretario de Gobernación, Beltrones tuvo entre sus colaboradores a Arturo Núñez, actual senador del PRD y redactor del proyecto de dictamen; a Felipe Solís Acero, exsecretario ejecutivo del IFE y asesor de Beltrones; así como a Jorge Alcocer, quien colaboró también con Beltrones y con el exsecretario de Gobernación Diódoro Carrasco, actual senador del PAN y coordinador de la CENCA.

Según esta versión, el mencionado grupo también pretende apropiarse del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, presidido por María del Carmen Alanís, exsecretaria ejecutiva del IFE y quien mantiene un vínculo personal con Emilio Rabasa, asesor del coordinador de la fracción priista.

Sin embargo, en el entorno del Senado se advierte la presión de Elba Esther Gordillo, la lideresa del SNTE, quien impulsó a Luis Carlos Ugalde en octubre de 2003 para presidir el Consejo General del IFE. Un miembro de la CENCA reveló que Gordillo ha intentado comunicarse con Felipe Calderón para evitar la salida de Ugalde, y que el presidente del Partido Nueva Alianza, Jorge Kawaghi, apadrinado por la profesora, acudió a Los Pinos para lo mismo, pero no fue recibido. (Con información de Jesusa Cervantes.)