Construyendo el caos

Construyendo el caos
Gloria Leticia Díaz



Tres delegados panistas –José Espina, Fadlala Akabani y el actual, Germán de la Garza– han saturado la delegación Benito Juárez de edificios nuevos, pero ese crecimiento está plagado de irregularidades. Una comisión de diputados capitalinos investigó el caso a partir de diversas denuncias e identificó a los funcionarios delegacionales y del Gobierno del Distrito Federal, así como a los constructores y propietarios involucrados, a quienes pretende fincarles responsabilidades.

La clasificación de la delegación Benito Juárez como la de mejor calidad de vida en el Distrito Federal, comparada incluso con municipios de Europa, se desvaneció en las tres últimas administraciones gobernadas por el PAN.

Durante 2006 y lo que va de 2007 se construyeron 309 inmuebles –203 de ellos en la administración de Fadlala Akabani–, 140 de ellos con irregularidades. Ejemplo de ello es el edificio del número 42 de la calle Nebraska, con licencia RBJB-492-2004 y cuya propietaria es Herlinda Marina Orellano.

La “comisión de investigación para valorar el impacto del otorgamiento de licencias y manifestaciones de construcción que han afectado el desarrollo urbano en Benito Juárez”, integrada el pasado 28 de febrero en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), dice en su informe final que la obra mostraba diversas anomalías.

La presentación del documento está programada para el jueves 13, y en él la comisión –que encabeza el diputado de Alternativa Socialdemócrata Jorge Carlos Díaz Cuervo– especifica que la obra no contaba con certificado de zonificación ni de uso de suelo por derechos adquiridos, y tampoco fue avalada por funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) del Gobierno del Distrito Federal (GDF).

Esta historia comenzó en diciembre de 2005, cuando los habitantes del condominio de Nebraska 38, colonia Nápoles, denunciaron que en el número 42 de su calle se construía un edificio y que los trabajos estaban afectando sus departamentos, sin que los encargados de la obra repararan o pagaran los daños.

Los condóminos habían averiguado que, al amparo del Bando 2, emitido por Andrés Manuel López Obrador para favorecer la construcción de vivienda de interés social en las delegaciones Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza, el proyecto incluía tres pisos más que los autorizados en el Plan de Desarrollo Urbano Delegacional.

En enero de 2006, en vista de las quejas vecinales, la Seduvi envió un oficio al entonces delegado panista Fadlala Akabani para que clausurara la obra, pero los constructores aprovecharon una falla de la demarcación en el procedimiento, se ampararon y continuaron los trabajos.

La obra, autorizada en ventanilla por la jefa de Unidad Departamental Noemí Ruiz Reyes, se concluyó en 2007 y ahora están en venta sus 10 departamentos con un valor mínimo de 1 millón y medio de pesos.



Deberes incumplidos

En la próxima reunión de la comisión investigadora de la ALDF, programada para el 13 de septiembre, “la propuesta que llevaremos será que se realicen denuncias contra los servidores públicos que permitieron que se llevaran a cabo estos negocios con ese cúmulo de irregularidades, pero también nos vamos contra las empresas y los responsables de obra, contra quienes iniciaremos denuncias penales y civiles”, anuncia en entrevista el diputado Díaz Cuervo.

Una vez que se tenga la información de las edificaciones irregulares de 2000 a 2005 se procederá de la misma manera, advierte.

Mediante la Ley de Transparencia del Distrito Federal, la comisión identificó a otros ocho jefes de Unidad Departamental (JUD) adscritos a la Dirección de Obras de Benito Juárez, así como a 12 funcionarios de la Seduvi como los responsables de aprobar las construcciones ilegales, principalmente el exsubsecretario Guillermo Ysusi Farfán, quien fue la mano derecha de la secretaria Laura Itzel Castillo durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

La firma de Ysusi Farfán aparece en las autorizaciones otorgadas a 86 de las 140 obras ilegales detectadas por la comisión legislativa; en 47 ocasiones lo acompañaron para avalar los permisos Santiago García Tagle como director de Registro de Planes y Programas, y Marta Porcayo Santos como subdirectora de Acreditación y Certificación; en 35 casos lo hicieron Jorge Carlos Acuña Ramírez, director del Registro de Planes y Programas, e Ilka Tahis Figueroa Tovar, subdirectora de Acreditación y Certificación. En cuatro casos, Ysusi asumió toda la responsabilidad.

Los legisladores identificaron a otros ocho jefes de unidad involucrados en estos 140 casos, entre ellos los militantes panistas Miguel Estaban Ruiz y Víctor Hugo Errasti Arango, hermano del diputado local Miguel Errasti. El primero avaló 13 construcciones ilegales y el segundo 21.

Otros JUD que permitieron irregularidades son Óscar David Tinoco Lugo (39 casos), Juan José Cuevas Leyva (29), Leonor Rocío Ramírez Beltrán (19), María de Lourdes Cárdenas Avilés (5), Noemí Ruiz Reyes (3) e Irma Macías Martínez (2).

La delegación tendría que haber verificado que las manifestaciones de construcción expedidas por la Seduvi cumplieran la normatividad durante todo el proceso de edificación y aprobar su ocupación, pero además de las omisiones mencionadas avaló 25 construcciones sin la aprobación de la dependencia del GDF.

A pesar de las irregularidades mencionadas, las autoridades delegacionales panistas otorgaron permiso para que fueran ocupados 16 edificios. Siete de esas autorizaciones fueron firmadas en 2006 por el actual director General de Obras, Rigoberto Carmona Roano.

Los otros permisos de ocupación fueron detectados en el informe de que solicitó la comisión a la delegación sobre obras anteriores a 2006, y fueron firmados por Everado Padilla López, Graciela Sofía Espinosa Gracián y Gustavo Rojas Cruz, exdirectores de Obras, Servicios y Desarrollo Urbano de la demarcación.

La secretaria técnica de la comisión legislativa, Carmen Parra, detectó que las principales anomalías tienen que ver con faltantes en el número de cajones de estacionamiento, más niveles y viviendas que los reglamentarios, y construcciones menores de 60 metros cuadrados, que es el mínimo estipulado.

Explica Parra: “Hay casos terribles: un edificio de 30 viviendas en el que cada una tiene 20 metros cuadrados, está ubicado en Félix Parra 134, colonia San José Insurgentes. Y otro más en Magdalena 129, colonia Del Valle Centro, a unas cuadras de la dirigencia nacional del PAN, en donde se construyeron 10 departamentos con 32 metros cuadrados cada uno, edificios que además tienen déficit en cajones de estacionamiento”. Ambos casos fueron avalados por el panista Víctor Hugo Errasti.

Para colmo, añade Parra, los legisladores encontraron 114 obras no registradas por la delegación y 23 cuyos datos no coinciden con los que tienen las autoridades panistas.

Edificios como hongos

La mencionada comisión de investigación de la ALDF, que preside Díaz Cuervo, también está integrada por los perredistas Tomás Pliego, Edy Ortiz Piña, Elba Garfias Maldonado y Daniel Salazar; la panista Paula Soto Maldonado; el independiente Alejandro Ramírez Rodríguez; el priista Tonatiuh González Case; y el coordinador del PVEM, Leonardo Álvarez Romo.

Su informe final, del que Proceso tiene copia, detalla que la comisión realizó cinco foros vecinales en las 56 colonias de Benito Juárez; además, llamó a comparecer al actual delegado Germán de la Garza y a los titulares de la Procuraduría del Ambiente y Ordenamiento Territorial (PAOT), Diana Lucero Ponce Nava; de Seduvi, Arturo Aispuro Coronel; y del Instituto de Vivienda (Invi), José Antonio Revah Lacouture.

Cuando solicitaron información a las delegaciones Venustiano Carranza, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo para conocer el impacto que tuvo en ellas del Bando 2, las últimas dos no respondieron. Tampoco lo hizo el Registro Público de la Propiedad.

Así mismo, el 26 de abril la ALDF aprobó por unanimidad un punto de acuerdo en el que se exhortó a Seduvi y a la delegación para que se “suspendiera temporalmente la recepción y emisión de documentos que tuvieran por objeto la tramitación de cualquier tipo de construcción nueva”, durante la investigación, pero “nunca hubo respuesta ni muestra de sensibilidad de ninguno de los dos titulares” Aispuro y De la Garza.

Según el documento, los factores que favorecieron el desorden urbano en la delegación fueron:

–La emisión del Bando 2 por Andrés Manuel López Obrador el 7 diciembre de 2000, con el argumento de que se subutilizan los servicios y se requiere vivienda “para la gente humilde”; la entrada en vigor en febrero de 2004 de la Revolución Administrativa, “que deroga la figura de Licencia de Construcción (que otorgaban las delegaciones), sustituyéndola por el registro de Manifestación de Obra (competencia de la Seduvi), que otorga a los constructores la posibilidad de actuar con base en la buena fe, bajo protesta de decir verdad”; así como la sustitución del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de 1997 por una versión que entró en operación el 6 de mayo de 2005.

La comisión sistematizó la información proporcionada por la delegación sobre las obras inmobiliarias realizada desde diciembre de 2000 hasta mayo de 2007, período en el que se registraron mil 816 construcciones nuevas.

Esa proliferación “ha generado insuficiencias en la prestación de servicios urbanos, en especial de energía eléctrica y de estacionamiento, cuyo déficit se calcula en más de 40 mil cajones. Además, la infraestructura para suministro de agua, luz, drenaje (que datan de hace 60 años) y vialidades”, se indica en las conclusiones del informe legislativo.

Además, durante las mencionadas administraciones panistas en la delegación y las perredistas en el GDF “no se tomó en cuenta el Atlas de Riesgos por sismos, fallas geológicas, paso de ductos e inundaciones para valorar el impacto de edificios nuevos”.

Por ejemplo, en la administración de José Espina Von Roehrich (2000-2003), hubo 643 edificaciones con 9 mil 137 viviendas, que se regían por el reglamento de 1997, pero 188 (con 3 mil 832 viviendas) no estaban en regla. El informe aclara que no se obtuvo información suficiente sorbe 211 edificaciones (2 mil 458 viviendas).

Pero la verdadera invasión se dio durante la administración de Fadlala Akabani (203-2006), con mil 67 construcciones, y fue impulsada por la Revolución Administrativa y la modificación al programa delegacional.

En 2004 se registraron 457 edificios nuevos, y en 2005 fueron 318, de los cuales 188 y 214, respectivamente, no respetaron la normatividad. En todo el período de Akabani se detectó que de las 19 mil 433 viviendas construidas, 10 mil 726 son ilegales. Y eso que no se obtuvieron datos acerca de 143 edificaciones con 2 mil 63 viviendas.

Germán de la Garza continuó la tendencia de Akabani. De diciembre de 2006 al 31 de marzo de 2007 llevaba un registro de 106 construcciones (con mil 964 viviendas), de las cuales 47 no cumplen con las normas. Los legisladores no encontraron información sobre 12 edificios.

Proceso solicitó una entrevista con el delegado pero no recibió respuesta.

Jorge Carlos Díaz Cuervo alerta sobre las construcciones irregulares que se realizaron en tiempos electorales: “Son más de 6 mil departamentos que no deberían de existir en la Benito Juárez y que generaron rendimientos equivalentes a mil millones de dólares. ¿Dónde está ese dinero? ¿Quién se lo repartió? ¿Habrá ido a las campañas de 2006? ¿Al cochinito del PAN o al de Andrés Manuel López Obrador, porque intervino la Seduvi?

“No somos ingenuos. Por eso como comisión vamos a promover denuncias contra los funcionarios delegacionales y de Seduvi en la Contraloría, y contra los empresarios y los directores responsables de obra interpondremos denuncias penales y civiles. La impunidad tiene que acabar”, puntualiza.