Bienvenido a la narcopolítica

Como En Otras Entidades Del Norte De La República y El Narcotráfico Y La Política Forman Ya Un Coctel DURANGO, DGO.- A la guerra que miembros del cártel del Golfo emprendieron para expandir su territorio a esta capital, dominada por Joaquín El Chapo Guzmán Loera, se suman las pugnas “domésticas” de los grupos que, comandados por el capo sinaloense, buscan también controlar la plaza.

De hecho, el poder del narco se enquistó prácticamente en toda la entidad, sobre todo en la Comarca Lagunera, donde mantiene sometidos a los cuerpos policiacos y a toda clase de autoridades, incluyendo alcaldes y dirigentes partidistas.

Sus dominios también abarcan la región serrana, de manera particular los municipios de Canelas, Otaez y Topia, que forman parte del llamado “Triángulo Dorado” del narcotráfico junto con otras localidades de Sinaloa y Chihuahua.

Sin embargo, para el gobernador del estado, el priista Ismael Hernández Deras, las cosas no solamente no están mal en Durango, sino que la entidad “se mantiene dentro de los primeros lugares de los estados con menor índice delictivo, sensiblemente abajo de la media nacional”, según afirmó en su tercer informe de gobierno, presentado el 12 de septiembre último.

Durante los tres años que lleva el gobierno de Hernández Deras, su administración no ha dejado de usar los medios de comunicación para insistir en que Durango es uno de los estados “más seguros del país”.

Pero la violencia que se registra aquí desmiente al gobernador. En su edición del 24 de septiembre pasado, el periódico Reforma publicó una encuesta según la cual Durango ocupa el décimo lugar a nivel nacional en homicidios contra de policías. Ello sin considerar secuestros, levantones y ejecuciones en contra de funcionarios y exfuncionarios.

En 2006, Durango, Chihuahua y Sinaloa acumularon 869 crímenes (118 en el primer estado; 150 en el segundo, y 601 en el tercero) ligados al narcotráfico; es decir, 39% de los ocurridos a nivel nacional. En enero de 2007, cuando el gobierno federal puso en marcha el operativo Sierra Madre, estos tres estados ya acumulaban 51% de las ejecuciones registradas en el país. En lo que va de 2007, en Durango han ocurrido 576 muertes violentas; 20 narcoejecuciones y 24 levantones.

Tradición delictiva

Entre los capos de mayor jerarquía que se recuerdan en Durango figura Jaime Herrera, El Jaimillo, precursor del tráfico de heroína hacia Estados Unidos y cuyos dominios se extendieron desde la sierra duranguense, como el poblado Los Herrera, en el municipio de Topia, hasta la región lagunera de Durango y parte de Chihuahua. En La Laguna, algunos de sus familiares prosiguieron esa actividad.

El apellido Herrera volvió a sonar a finales de los ochenta, cuando publicaciones estadunidenses ligaron con el tráfico de drogas a Carlos Herrera, dueño de la empresa Chilchota y presunto familiar de El Jaimillo. El escándalo detonó en 1992, cuando agentes federales decomisaron en Lerdo, Durango, el rancho San Rafael, propiedad del capo Rafael Aguilar Guajardo, situado junto a un rancho de Herrera. (Proceso 833.)

El 12 de septiembre de 2002, la Policía Federal Preventiva y el Ministerio Público Federal incautaron una casa habitada por los suegros de Ernesto Herrera, hijo de Carlos, en la que presuntamente se escondían sicarios al servicio de Vicente Carrillo Fuentes, hermano de El Señor de los Cielos.

En La Laguna, Arturo Hernández González, El Chaky, y Vicente Carrillo, emprendieron una batalla por el control de las rutas que manejaba Osiel Cárdenas Guillén, cabeza del cártel del Golfo.

Carlos Herrera fue alcalde de Gómez Palacio en dos ocasiones. Su hija, Leticia Herrera Ale, actual diputada federal por el PRI, también fue alcaldesa. Cuando concluyó la gestión de Leticia al frente del municipio, impulsó a su notario de cabecera, Octaviano Rendón, a la presidencia municipal de Gómez Palacio, que encabezó en el trienio 2004-2007.

El nombre de Carlos Herrera también fue ligado con la desaparición, el 31 de julio de 2005, de los pilotos Rogelio Puig, Gerardo Rivera y su tripulante Arturo Vidal, ocurrida luego de un vuelo de Atizapán, en el Estado de México, al municipio de Lerdo, Durango, a bordo de un Turbocomander 681, matrícula XB-AUR.

Testigos afirman que del aeropuerto “Agustín Castro” de Lerdo, los pilotos fueron a hospedarse al hotel Villa Jardín, propiedad de Carlos Herrera, donde se les vio por última vez.

En enero de este año Los Zetas, brazo armado del cártel del Golfo, se afincaron en Torreón, territorio de los cárteles de Juárez y de Sinaloa, donde anunciaron su presencia mediante amenazas directas de secuestro contra empresarios. (Proceso 1595.)

El 13 de mayo, en Torreón, los mismos sicarios intentaron ejecutar a Carlos Herrera mientras viajaba en una camioneta Cadillac junto con su esposa, Vilma Ale. Para la Procuraduría General de la República, el atentado forma parte de la guerra entre capos por el control de la ciudad.

Al día siguiente, en la misma ciudad y frente al restaurante Tony Roma’s, propiedad de Herrera, fue levantado Enrique Ruiz Arévalo, jefe antisecuestros de Coahuila.

En un video enviado de manera anónima a Proceso, Ruiz Arévalo sostiene que Herrera le vendió la plaza a Sergio Villarreal, El Grande, quien le paga derecho de piso por ello, y afirma que el primero mantiene el control de la zona desde hace 20 años. También asegura que a las fiestas de Herrera, realizadas cada tres meses en su casa de la calle Tabasco, colonia Las Rosas de Gómez Palacio, Durango, asistían “Sergio Villarreal, Beltrán Leyva y El Chapo”.

Fuentes del gobierno de Durango consultadas por la reportera sostienen que la exalcaldesa panista de Lerdo, Rosario Castro Lozano, es “protectora” de El Grande, sucesor de El Chaky. Es más: añaden que a principios de este año impidió un operativo militar para detener a El Grande, quien posee tres ranchos en ese municipio.

La exalcaldesa, quien es hermana de Juan de Dios Castro Lozano, subprocurador de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicio a la Comunidad de la PGR, se separó de la alcaldía el pasado 15 de febrero para ocupar la coordinación del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), de la Secretaría de Gobernación.

Violencia, zozobra…

El 14 de enero fue ejecutado Jaime Meraz, dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Gómez Palacio, junto con su esposa, su hijo y su chofer.

Durante el mandato del priista Maximiliano Silerio Esparza, Meraz recibió apoyo para la adquisición de una red de 200 taxis, que llegó a las mil unidades. Fuentes oficiales aseguran que esta red de vehículos se convirtió en el medio más eficaz para la distribución de droga en la Laguna.

El 21 de febrero, Francisco Pancho León fue levantado junto con su chofer, Daniel Cantú. Ese día ambos viajaban en una camioneta Avalanche modelo 2007 color plata, con placas FR-450 del estado de Durango. En los círculos políticos locales se atribuía a León el financiamiento de las visitas y mítines realizados por Andrés Manuel López Obrador en La Laguna de Durango.

Alcaldes y exalcaldes han sido ejecutados también en los municipios serranos que conforman el “Triángulo Dorado”, los cuales son controlados por El Chapo Guzmán e Ignacio Nacho Coronel.

Esteban Estrada Corral, edil de Otaez durante el trienio 2001-2004, fue ejecutado el 4 de octubre de ese último año. El móvil, según la PGR, tuvo que ver con apuestas en carreras clandestinas de caballos.

El 7 de julio de 2004, tres meses antes de la ejecución de Estrada, el panista José Manuel Soto, que había sido electo como alcalde de ese municipio para el trienio 2004-2007, sufrió un accidente automovilístico que sus familiares y testigos calificaron como “provocado”.

El deceso más reciente es el del tesorero de Otaez, José Ramón Meléndez Soto, quien se suicidó el pasado 5 de septiembre en la habitación de un hotel de paso de la ciudad de Durango. De acuerdo con las investigaciones del caso, antes recibió mensajes a su celular en los que alguien le cobraba dinero. Al parecer dejó una deuda de 5 millones de pesos en el municipio.

“Otros –según publicó el periódico Siglo de Durango el 6 de septiembre último– comentan que también se pudo tratar de otro tipo de deudas… las cuales contrajo cuando participó como contador en la campaña del actual (senador) panista Andrés Galván Rivas cuando éste contendió por la gubernatura del estado en el 2004”.

Además de desempeñarse como tesorero de Otaez, Meléndez Soto estuvo contratado como asesor financiero del municipio de Canelas en la administración de Francisco Cárdenas Gamboa.

La tarde del sábado 22 de septiembre, concluida ya su gestión como edil, Cárdenas Gamboa fue interceptado por dos vehículos cuando circulaba por la calle Prolongación Nazas, cerca del fraccionamiento Santa Teresa de la ciudad de Durango, a bordo de una camioneta Toyota. De los otros vehículos descendieron tres personas con rifles AR-15 e hirieron a Cárdenas de dos tiros.

El nombre del exalcalde fue mencionado por habitantes del municipio de Canela como uno de los asistentes a la boda de Joaquín El Chapo Guzmán con Emma Coronel Aispuro, celebrada el pasado 2 de julio en la comunidad de La Angostura, ubicada en ese municipio. (Proceso 1609.)

Horas después del ataque al exedil en la madrugada del domingo 23, su secretario municipal, Reinaldo Jiménez García, fue levantado al salir del Hospital General de Durango, adonde acudió a visitar a Cárdenas Gamboa. Lo interceptó un comando armado a bordo de una camioneta Silverado y una Lincoln, justo enfrente de donde se hallaba apostado un grupo de la Dirección Estatal de Investigación que custodiaba el nosocomio para “proteger” al exalcalde. El levantamiento quedó grabado en una cámara del Sistema Municipal de Monitoreo.

En un programa que Análisis político, la revista política de internet más importante de Durango, transmitió en vivo el 29 de septiembre por el Canal 10, señaló que “durante la gestión de Cárdenas Gamboa (el 18 de mayo) fueron detenidos varios miembros de la policía de aquel municipio (Canelas) en un retén de la policía militar. La razón: portar goma de opio. Su razón: sólo transportarla a la capital por órdenes de su alcalde (Cárdenas Gamboa), amparados en un oficio de comisión firmados por él”.

El exedil se deslindó de ese hecho. Fue dado de alta el pasado jueves 4 e inmediatamente dejó la ciudad de Durango. Antes se negó a declarar, informó el procurador de Justicia del Estado, Jesús Gutiérrez Vargas.

En Canelas se le vio por última vez el 27 de agosto. Ese día rindió su tercer informe. Por la tarde salió del municipio. Tampoco asistió a la entrega-recepción de la administración local, programada para el 31 de agosto.

Al cierre de esta edición el exsecretario municipal de Cárdenas, Reinaldo Jiménez García, continuaba desaparecido, mientras que en Canelas el extesorero Edi Candelario Gamboa, y en Otaez el exalcalde Luis Estrada y el exsecretario municipal Ismael Mejorado, “se escondieron”.

El pasado 21 de abril, en la ciudad de Durango, fue levantado cerca de su domicilio el jefe de la Unidad contra el Crimen Organizado (UCCO), Sergio Muñoz, cuya esposa dio aviso a los compañeros del policía. Seis de ellos salieron en persecución del vehículo donde fue subido Muñoz; iban en la única unidad oficial que encontraron con gasolina; siete más se sumaron a la persecución en un vehículo particular. En el trayecto pidieron apoyo al helicóptero del gobierno del estado, el cual, afirman, nunca llegó.

Pasando Donato Guerra, la unidad en la que era trasladado Muñoz interceptó a los oficiales. Ahí, los sicarios recibieron una camioneta con refuerzos. Después de dos minutos de balacera cayeron muertos los agentes Jesús Rosales y Alfredo Monárrez; Sandra Luna quedó herida. A Sergio Muñoz lo ejecutaron ahí mismo.

Antes de llegar a los límites de Durango, los atacantes fueron interceptados por un comando de 30 judiciales. Dos de los secuestradores, uno de ellos identificado como miembro de la AFI, murieron en el enfrentamiento. El resto abordó dos avionetas y huyeron.

Días antes de estos hechos fue levantado el comandante de la UCCO José Jiménez, a las afueras de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

Todo esto ocurre en uno de los estados “más seguros del país”, según el gobernador Ismael Hernández Deras.