Bomba de tiempo

Gloria Leticia Díaz

En diez meses de gobierno de Felipe Calderón casi se triplicaron los extraditables internados, por disposición de las autoridades federales, en reclusorios a cargo del Gobierno del Distrito Federal. Ante el más reciente de estos casos, el de La Reina del Pacífico, las autoridades capitalinas piden a las federales cambiarlos de penal, así como disminuir y regular el envío de criminales peligrosos a los reclusorios de la ciudad, que no son provistos de los recursos humanos, tecnológicos y económicos necesarios para hacerse cargo de ese explosivo paquete que corresponde a la federación…

El traslado al penal femenil de Santa Martha Acatitla de Sandra Ávila Beltrán, La Reina del Pacífico –presuntamente extraditable por ser vínculo entre cárteles de Colombia y México para introducir droga en Estados Unidos–, evidencia que “el gobierno federal no ha previsto qué hacer con personas aseguradas y con un perfil de alta peligrosidad, y le carga la mano a los estados, en especial al Distrito Federal”, considera Juan José García Ochoa, subsecretario de Gobierno capitalino y responsable de los centros penitenciarios de la capital del país.

Dice el funcionario: “en diciembre del año pasado, cuando asumimos la administración, había unos 4 mil 500 presos de orden federal, de los cuales 37 eran extraditables. De enero al 28 de septiembre pasado, tenemos una cifra de 3 mil 784 presos federales, de los cuales 95 (incluyendo a La Reina del Pacífico) son con fines de extradición”.

La lista de extraditables, proporcionada a Proceso por el funcionario, da cuenta de su distribución: En el Reclusorio Norte hay 37 presos con esa calidad; en el centro penitenciario Oriente, 15; en el Reclusorio Sur, 36; en el varonil de Santa Martha, uno; y en el penal femenil de Santa Martha Acatitla, seis.

De acuerdo con estadísticas de la Dirección General de Readaptación Social, de esos 3 mil 784 reos del fuero federal, con uno o más cargos a cuestas, 70.19% ingresaron por delitos contra la salud; 3 mil 315 son hombres y 469 mujeres; 54% están sentenciados y el resto procesados; 78.51% son originarios del Distrito Federal; 14.48%, del Estado de México, y 1.74%, de Jalisco.

Entre los datos proporcionados a Proceso destaca el de que 45 reos ingresados por delitos del orden federal son oriundos de Colombia, 21 de Venezuela y 19 de Guatemala.

García Ochoa explica que, para la administración de Marcelo Ebrard, lo preocupante “no es la cantidad, sino la calidad de las personas que nos envían, sobre todo los que son internados en los penales capitalinos por la SIEDO”

Según estadísticas del sistema penitenciario capitalino, hasta el 28 de septiembre de 2007 la PGR había enviado a los penales capitalinos mil 347 personas, de las cuales 147 provenían de la SIEDO; de esta última cifra, 101 fueron ingresadas en los últimos nueve meses, y de ellos sólo 18 han sido trasladados a otros penales.

Para el funcionario, el traslado a cárceles capitalinas del “núcleo duro de las élites de la delincuencia organizada se debe a los operativos federales, pero lo cierto es que el gobierno federal no ha previsto qué hacer con las personas aseguradas. Una vez que las detiene, las manda a las entidades, cuando la responsabilidad es de las autoridades federales. Le cargan la mano al DF por ser la entidad donde está el Centro Nacional de Arraigos, donde ciertamente hay más juzgados y más instalaciones penitenciarias, pero son centros para personas con baja y mediana criminalidad”.

En lo que va del año, el Gobierno del Distrito Federal ha solicitado 26 traslados de reos procesados por delitos federales. Se ha hecho en siete casos, pero al mismo tiempo la federación envió a cárceles locales a otras 11 personas que estaban recluidas en centros de alta seguridad.

En cuanto a costos, el funcionario del Gobierno del Distrito Federal subraya que mientras en centros penitenciarios federales de alta seguridad la federación eroga mil pesos diarios por cada preso, a las entidades federativas sólo les destina 38 pesos diarios por cada detenido que interna en los penales locales, aunque por cada uno de los 34 mil 552 presos que están en los reclusorios capitalinos, incluidos los del fuero federal, el Gobierno del DF gasta 140 pesos diarios en su manutención

Existe además un grave desequilibrio: al resguardo de los 95 extraditables se dedican 60 custodios, aproximadamente, mientras que para atender a entre 400 y 500 reos del orden común sólo se necesitan seis guardias.

Los extraditables cuentan con “una vigilancia que no tiene ningún preso –explica. Están en un dormitorio de seguridad donde hay un máximo de dos personas. Pero en general, por estar vinculados a delincuencia organizada, narcotráfico o secuestro, los tenemos uno por celda, con un custodio de vista por 24 horas, con circuito cerrado en la estancia y todos sus horarios regulados: la hora de salir al patio, su hora de hablar por teléfono, de actividad deportiva y de comida. Se trata de que puedan salir sin entrar en contacto con los demás o, cuando mucho, sólo con los de su misma estancia.

“Su visita no puede llegar a las áreas comunes del reclusorio; tiene que verlo dentro de su estancia en ciertos horarios y dentro de la celda, que es vigilada. A cada caso se le tienen que fijar condiciones especiales, y eso lo hacemos nosotros; la federación no asume ninguna responsabilidad en su seguridad.”

Estas medidas, apunta García Ochoa, evitan conflictos con los reos de alta peligrosidad, pero no la tensión que generan ni la distracción de recursos y de esfuerzos. “Nuestra tarea principal es atender a los reos comunes, y con los custodios que tenemos vigilando a los extraditables podríamos fortalecer las demás áreas y garantizar que no hubiera violencia en los centros penitenciarios”.

Los reos de alta peligrosidad, por su liderazgo y recursos para corromper a custodios –e inclusive familiares de otros presos– con el fin de obtener, drogas, armas, celulares o computadoras, someten a la autoridad “a un desgaste institucional continuo al realizar operativos constantes para atajar el tráfico y los privilegios. El hecho es que nos mantenemos acotando a esta gente, mientras muchos otros miles de reos no reciben la atención que requieren”, deplora.

García Ochoa destaca que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), en su recomendación 04/2007 –que acumula nueve casos de muertes de internos en los penales capitalinos ocurridas entre 2005 y 2006--– hizo notar la necesidad de trasladar a reos del orden federal a otros centros penitenciarios.

En dicho documento se recomienda al gobierno capitalino que “se realice un censo de los internos sentenciados ejecutoriados que permita identificar su lugar habitual de residencia y/u origen, así como el de sus familiares o las personas que los visitan, para que se elaboren y suscriban los convenios de colaboración necesarios (ya sea con las autoridades penitenciarias federales o estatales) para lograr su traslado a los penales más cercanos a ese lugar de residencia y origen”.

El funcionario reconoce que sin haber una relación “fluida” con el gobierno federal para tratar el asunto de los traslados, sí existe una “buena comunicación oficial, como parte de los protocolos de seguridad pública”, que ha permitido que algunos reos del fuero federal no vayan a parar a las cárceles capitalinas.

“Hemos logrado evitar que casos de delincuentes sumamente peligrosos ingresen a los penales del DF; una vez que nos enteramos por la prensa de que arraigaron a gente como los Valencia, algunos zetas, involucrados en balaceras como la de Boca del Río en Veracruz o en Sonora, enviamos cartas al secretario de Seguridad Pública (Genaro García Luna) y al subsecretario José Luis Lagunes López, para que no nos los mandaran al Distrito Federal.

“En el caso de Sandra Ávila, no pudimos evitarlo porque, contra lo que ocurre normalmente, en el sentido de que los arraigados permanecen como tales durante varios días, ella estuvo sólo dos horas detenida antes de llegar a Santa Martha (el 28 de septiembre) con una orden del juez 18 de Distrito”.

Los riesgos

El lunes 1 de octubre, García Ochoa envió un escrito a Genaro García Luna y al procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, solicitando el traslado de La Reina del Pacífico a otro centro penitenciario por representar “un grave riesgo para la estabilidad y seguridad” del penal de Santa Martha Acatitla.

Les pedía así mismo “condiciones de seguridad adecuadas y suficientes en el exterior del citado establecimiento penal por agentes federales”, además de “revisar conjuntamente las políticas generales para el traslado e ingreso de personas vinculadas con grupos delictivos organizados, con elevada capacidad delictiva y de alto riesgo social”.

Por medio del oficio número SSP/SSPF/406/2007 de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal, fechado el 3 de octubre, el titular de la misma, José Luis Lagunes López, respondió a García Ochoa: “Es el juez décimo octavo de Distrito de Procesos Penales Federales, y sólo él, quien puede autorizar el trasladado de la mencionada interna (Ávila Beltrán) a otro centro de internamiento, cualquiera que éste sea”.

Pero añade que esto “no obsta para que, en el momento más oportuno, podamos revisar conjuntamente las políticas generales para el traslado e ingreso de personas vinculadas con grupos delictivos organizados, (…) para lo que me pongo a sus órdenes, expresándole nuestra más amplia disposición para resolver estos casos, de acuerdo a las atribuciones que tenemos encomendadas, expresándole que a partir del día de mañana, por instrucciones del señor secretario, ingeniero Genaro García Luna, enviaremos al Centro Femenil de Santa Martha Acatitla un refuerzo perimetral con equipo y elementos de fuerzas federales”.

Al respecto, el pasado 5 de octubre García Ochoa dijo a esta reportera que se pondría de inmediato en contacto con Lagunes López para trabajar sobre la política de traslados, y planteó:

“El Distrito Federal puede colaborar con el Sistema Nacional de Seguridad Pública en la lucha contra los grandes cárteles, y lo hemos venido haciendo; no hemos negado extradiciones –en lo que va del año llevamos 62–, pese a que en años anteriores había resistencias porque los extraditables se amparaban, y no los soltábamos pensando en que, al hacerlo, nos tendían una trampa, como fue el caso del Encino.”

Para García Ochoa, es indispensable revisar los “criterios de traslados” debido a que ha venido aumentando “el grado de vulnerabilidad en las cárceles del Distrito Federal”. Esto, dice, debe tener ya una solución, “por la desestabilización que pueden generar los grandes capos y la posibilidad de fugas”.

Y es que ya existe la experiencia de evasión de presos de alta peligrosidad y con fines de extradición, como en el caso del guatemalteco Otto Herrera García, cuya célula de narcotráfico está vinculada a Joaquín El Chapo Guzmán.

Alejandro Gutiérrez, en su libro Narcotráfico: el gran desafío de Calderón, se refiere a la fuga de Otto Herrera del Reclusorio Sur, el 13 de mayo de 2005, así como a la “fiesta de despedida” que se realizó dos días antes con la autorización del director del penal, Armando Azuara, y a la cual inclusive acudió Javier Torres Félix, el JT, quien terminaría siendo extraditado el 30 de noviembre de 2006.

“Todos los participantes –refiere el libro–, incluidos los reos que se apuntaban como meseros y los barman, sabían que el motivo de la reunión era la despedida de uno de los presentes (…) Hubo música y hasta ‘jaripeo’, según un reporte de inteligencia de la PFP (…) El 13 de mayo, dos días después del festejo, cuando los custodios del reclusorio hicieron el pase de lista a las 17:00 horas, Herrera ya no estaba entre los internos. Su fuga, coincidentemente, se registró el mismo día en que le sería notificada la revocación del amparo sobre la suspensión del juicio de extradición a Estados Unidos.”

En la lista de los 95 extraditables internados en las cárceles capitalinas, de la que Proceso tiene copia, resalta, entre otros, el nombre de José Antonio Arias Salas –ingresado al Reclusorio Norte el 19 de marzo de 2004–, a quien Alejandro Gutiérrez ubica en su libro como enlace clave de Otto Herrera porque, dice, Arias Salas “era el representante de un cártel con presencia en Colombia, Venezuela y México, vinculado a Guzmán Loera”.

Otro de esos personajes, también alojado en el Reclusorio Norte desde agosto de 2003, es Manuel Medina Campas (o Campas Medina), quien, de acuerdo con el libro, se hacía pasar como estudiante universitario de Sonora. Se le detuvo “acusado de ser un notable ‘lavador’ de (Ismael) El Mayo Zambada”.

Su aprehensión se produjo, precisa el autor, dentro de la famosa Operación Trifecta, “cuando se anunció la captura de 240 personas en los tres países (Estados Unidos, México y Colombia) y se habían asegurado más de 22 toneladas de cocaína, mariguana y otras drogas…”.

Otro interno de gran peligrosidad que aparece en la lista, el cual ingresó apenas el pasado 12 de julio al Reclusorio Norte, es Óscar Alonso Escajeda Candelaria (o Candelaria Escajeda), a quien Gutiérrez identifica como parte de “un grupo de pasadores que, desde 2005 y 2006, han escenificado conflictos con los Departamentos del Sheriff de El Paso y Fort Hanckok, Estados Unidos, por las incursiones por el río, las que se presume hacen con el apoyo de militares”.

Después de mencionar que por este caso hubo inclusive un roce diplomático entre México y Estados Unidos, el libro Narcotráfico: el gran desafío de Calderón, publicado en mayo de este año, incluye un pasaje donde da cuenta de la detención, en Guadalajara, de José Gil Caro Quintero.

Aquel 27 de diciembre, cuenta el autor, un guardia de seguridad bancaria del centro comercial Plaza del Valle “observó el arribo de dos vehículos, una camioneta blindada BMW-X5 color negro y un Volvo SUV color plata. Del primer vehículo vio descender a una mujer de rasgos finos, maquillaje y cabellos estilizados, quien fue al centro comercial”. Era La Reina del Pacífico.

Del Volvo, dice, descendió José Gil Caro Quintero. Pero debido a la cantidad de hombres armados que rodeaban a la pareja, el policía bancario del lugar dio aviso a las autoridades.

Aunque José Gil Caro Quintero fue detenido, añade el libro, cuando se montó aquella gran movilización policial y se presentaron los agentes en el centro comercial, “Sandra Ávila Beltrán había huido”.

Dos años y nueve meses después, La Reina del Pacífico fue capturada en la Ciudad de México y recluida en el penal de Santa Martha Acatitla, en donde también se encuentra otra operadora del narcotráfico, Cantalicia Garza Azuara.

El hecho de que Cantalicia Garza sea integrante del cártel del Golfo, organización que es acérrima enemiga del grupo al que pertenece La Reina del Pacífico, dice Juan José García Ochoa, “coloca al reclusorio de Santa Martha en situación de alto riesgo institucional”.