La pederastia, en auge

Rodrigo Vera

Según la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en 2006 se detectaron en el país más de 100 mil sitios de internet dedicados a la pornografía infantil (sólo Estados Unidos tiene más) y actualmente el aeropuerto capitalino es el principal lugar de tráfico de menores en América Latina. Esto sucede porque distintas autoridades forman parte de la red delictiva…

El explosivo incremento de la prostitución infantil en el país ya provocó modificaciones al

Código Penal capitalino –don-

de se tipifican la “trata” y el “turismo sexual” como nuevos delitos– y dio pie a que un grupo de diputados perredistas de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) interpusiera una insólita denuncia penal contra esa práctica.

Esta denuncia es apoyada abiertamente por Emilio Álvarez Icaza, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), quien incluso comparecerá en calidad de testigo ante el Ministerio Público, puesto que él acaba de presentar un detallado informe sobre el grave problema de la explotación sexual de menores de edad.

De esta manera, Álvarez Icaza y el órgano legislativo presionan actualmente al procurador de justicia capitalino, Rodolfo Félix Cárdenas, para que de una vez por todas investigue y sancione a la amplia red de “padrotes” y lenones que hasta la fecha permanece intocable, debido en buena medida a la protección de algunas autoridades gubernamentales. Advierte Álvarez Icaza:

“El problema de la prostitución infantil es de tal magnitud que hay que tomarlo con alarma. Algunas organizaciones consideran que México se está convirtiendo en la nueva Tailandia. Por ejemplo, en 2004 se detectaron 72 mil sitios pornográficos en internet, dos años después aumentaron a más de 100 mil. Después de Estados Unidos, somos el segundo país con más páginas de pornografía infantil a nivel mundial. Y actualmente el aeropuerto de la Ciudad de México es el principal lugar de tráfico de menores de toda América Latina.

“Obviamente que esto sucede porque están involucrados distintos tramos de autoridad. Hay malos funcionarios públicos que, por corrupción u omisión, dejan pasar estas cosas. Detrás del problema hay tráfico de influencias y el manejo de un extraordinario caudal de dinero.”

Señala que “para hacer visible el problema en la agenda pública y en la opinión pública”, la CDHDF elaboró el Informe especial sobre explotación sexual comercial infantil en el Distrito Federal, mientras que la ALDF modificó el Código Penal y, basándose en este informe, presentó su denuncia formal.

–Para llegar a estas acciones, ¿hubo un acuerdo entre la ALDF y la comisión que usted preside?

–No hubo ninguna concertación de agenda, propiamente dicha, más bien fue un proceso de sinergia. Desde nuestros respectivos ámbitos de competencia, la asamblea hizo lo suyo y nosotros, en la comisión, lo nuestro.

Con él concuerda el legislador perredista Tomás Pliego Calvo, principal impulsor de los cambios al Código Penal en la ALDF:

“Hubo preocupaciones comunes y acciones coincidentes; Álvarez Icaza realizó su informe y yo promoví las iniciativas de reforma que finalmente se llevaron a cabo. Sin ninguna coordinación expresa, en la comisión y en la asamblea seguimos el mismo camino para combatir esta situación.”

–¿Cuáles son las aportaciones de la actual reforma?

–Bueno, el Código Penal anterior estaba muy limitado en cuanto al abanico de este tipo de conductas delictivas y sus sanciones. No existían (tipificados en el código) la trata de menores ni el turismo sexual. Si uno llegaba, por ejemplo, ante el Ministerio Público diciendo: “Quiero acusar a este señor por turismo sexual”, te podían responder: “Usted está loco, lea el Código Penal, ese delito no existe”. La reforma crea estos dos nuevos tipos penales que tanta falta hacían.

“El nuevo Código Penal no sólo sanciona a quienes obtienen ganancias económicas con la prostitución o la pornografía infantil; sanciona también al cliente, al consumidor. Si compras pornografía infantil, estás cometiendo un delito. Igual, si presencias un espectáculo porno con niños desnudos, aunque ni siquiera los toques. El objetivo es atacar sin distingos a toda la cadena de prostitución.”

Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el pasado 16 de agosto, la reforma al Código Penal dice textualmente en su artículo 186:

Comete el delito de turismo sexual el que:

I.- Ofrezca, promueva, publicite, invite, facilite o gestione, por cualquier medio, a que una persona viaje al territorio del Distrito Federal o de éste al exterior, con la finalidad de realizar o presenciar actos sexuales con una persona menor de dieciocho años de edad (…) se le impondrá una pena de siete a catorce años de prisión.

II.- Viaje al interior del Distrito Federal o de éste al exterior, por cualquier medio, con el propósito de realizar o presenciar actos sexuales con una persona menor de dieciocho años de edad (…) se le impondrá de siete a catorce años de prisión.

La “trata de personas” se define así en el artículo 188 Bis:

Al que promueva, facilite, consiga, entregue o reciba para sí o para un tercero, a una persona para someterla a cualquier forma de explotación sexual, trabajos o servicios impuestos de manera coercitiva (…) dentro del territorio del Distrito Federal, se le impondrá prisión de diez a quince años y de diez mil a quince mil días (de salario mínimo vigente en el DF) de multa.

Cuado la víctima del delito sea persona menor de dieciocho años de edad (…) se aumentarán las penas hasta en una mitad.

Y según el artículo 187, se castigará por el delito de pornografía:

Al que procure, promueva, obligue, publicite, gestione, facilite o induzca, por cualquier medio, a una persona menor de dieciocho años de edad (…) a realizar actos sexuales o de exhibicionismo corporal con fines lascivos o sexuales, reales o simulados, con el objeto de videograbarlos, audiograbarlos, fotografiarlos, filmarlos, exhibirlos o describirlos a través de anuncios impresos, sistemas de cómputo, electrónicos o sucedáneos; se le impondrá de siete a catorce años de prisión y de dos mil quinientos a cinco mil días de multa.

Así mismo, el nuevo Código Penal para el Distrito Federal enumera a los infractores a quienes se les aumentarán las penas anteriores:

Se incrementarán hasta en una mitad cuando se trate de un servidor público; ministro de culto religioso; extranjero; quien ejerza la patria potestad, guarda o custodia; los ascendientes sin límite de grado; familiares en línea colateral hasta cuarto grado, tutores o curadores; al que habite ocasional o permanentemente en el mismo domicilio con la víctima aunque no exista parentesco alguno; así como toda persona que tenga injerencia jerárquica sobre el menor en virtud de una relación laboral, docente, doméstica o médica de cualquier índole.

El mismo día que se publicaron estas reformas, 16 de agosto, Pliego Calvo y tres legisladores perredistas más –Elba Garfias Maldonado, Avelino Méndez Rangel y Humberto Morgan Colón– interpusieron su denuncia penal.

Ahí piden que se investigue a las “bandas del crimen organizado” que lucran con la prostitución y la pornografía infantil, señalando que actúan “exactamente igual a la forma de operación de los narcomenudistas y narcotraficantes”. En la zona de La Merced, por ejemplo, realizan “filmaciones pornográficas en hoteles perfectamente identificados”.

Señala la denuncia que “hay explotadores que ofrecen servicios a domicilio, generalmente a zonas residenciales. Niñas de entre ocho y 11 años son utilizadas para el comercio sexual. Sus explotadores las mantienen en lugares cerrados y contactan a los clientes”. Otras víctimas son enviadas a ciudades de Estados Unidos, como Los Ángeles, Chicago y Nueva York.

Agrega que –según el informe de la CDHDF, que fue presentado el 9 de agosto, siete días antes de la denuncia– “los principales explotadores de los niños en situación de calle son los policías, vendedores ambulantes y comerciantes establecidos”. Sobre todo la “policía judicial” actúa en “colusión con los proxenetas y padrotes que explotan a los niños”.

Menciona las principales zonas en que se da la prostitución infantil en la Ciudad de México –La Merced, las centrales camioneras, las estaciones del metro, La Villa, la Central de Abasto, Tlalpan, Polanco, etcétera– y abarca incluso otros puntos del país, como Tlaxcala, Oaxaca, Chiapas, Puebla y Veracruz, donde “algunas familias en extrema pobreza (…) venden a sus hijas desde los seis, siete y ocho años de edad”.

Estos delitos ocurren sin que las autoridades hagan nada: “El número de niñas, niños y adolescentes explotados sexualmente en México ha crecido, debido sobre todo a la falta de una verdadera política preventiva y de una estructura penal adecuada”.

Como “prueba documental pública”, la denuncia presenta el informe de la CDHDF; y a Álvarez Icaza como “testigo de los hechos, solicitando se señale día y hora para que comparezca”.

Autoridades corruptas

En entrevista con Proceso, Álvarez Icaza dice al respecto: “Yo no tengo ningún inconveniente en presentarme como testigo. Y cuando lo haga, daré más elementos de los que ya se tienen en el informe, para que la procuraduría tenga más pistas para investigar. Inclusive el informe está en manos del propio procurador, con quien personalmente he tocado el tema”.

–¿Es ahora un asunto que depende de la voluntad de la procuraduría?

–Sí, es un asunto de voluntad, pero también de competencia, de ejercicio de atribuciones y de coordinación entre varias instancias, como el DIF y otras instituciones de asistencia social, pues además se necesita proteger a las víctimas.

“Nos estamos enfrentando con poderes fácticos donde se asocian redes de prostitución, policías y funcionarios públicos. El caso de Lydia Cacho es paradigmático. De manera que la autoridad no puede darse por desinformada y decir ‘es que yo no sabía nada’. Justamente por eso se presentaron el informe y la denuncia.”

El legislador Tomás Pliego lo secunda:

“Ahora la procuraduría capitalina tendrá que hacer un trabajo de investigación. Y tendrá que empezar por barrer su casa: investigar a sus propios elementos, a sus mandos medios y altos implicados en estas prácticas.”

–¿No es algo ingenuo pensar que la procuraduría vaya a sancionar a sus propios elementos?

–Podría ser un sueño guajiro de nuestra parte, pero nosotros necesitamos ver avances en materia de procuración de justicia y de seguridad pública. La procuraduría ya no puede operar como lo hacía una década atrás, tiene que depurarse y asumir este

gran reto.

Pliego y Álvarez Icaza señalan que, más allá de la actuación de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), deben implantarse políticas públicas para combatir el problema. Ponen como ejemplo los casos de Brasil y Cuba, donde a los turistas se les entregan folletos en los aeropuertos, advirtiéndoles que la prostitución y la pornografía infantil son hechos delictivos.

Concluye Álvarez Icaza:

“Aquí necesitamos que las líneas aéreas, las centrales camioneras, las embajadas, así como las secretarías de Turismo y de Comunicaciones y Transportes realicen este tipo de campañas, pues hay una perversa demanda de menores de edad que ya se ve como lo más normal. En las zonas turísticas mexicanas hay toda una cadena en la que están involucrados hoteleros, restauranteros, meseros y hasta taxistas.”