Señora Jueza
Así comienzan sus cartas los suicidas, y confieso que temo caer en un ‘suicidio penal’ cuando le escribo una carta abierta, en un país en que el ex director de Rentas fuera condenado (aunque luego absuelto) por el delito de “desacato por ofensa”. Zaidensztat había dicho que de generalizarse los fallos como los del juez Eguren, “seríamos una república bananera”.
Qué podría pasarme a mí si dijera que la indagatoria por la quema de la bandera norteamericana nos coloca en un estatus inferior al de “republiqueta”. Sabido es que en los propios Estados Unidos existe fallo de la Suprema Corte, declarando que la práctica de quemar la bandera de ese país está protegida por la primera enmienda. En todo imperio que se precie, a los ciudadanos de la metrópolis les está permitido aquello de lo que están privados los súbditos de las colonias. En ese estatus nos coloca el código penal –de inspiración fascista– que se está aplicando en estos días.
Seguramente usted puede argumentar que no aplica el código penal por placer sino por obligación. También podría decir que su labor no es hacer justicia, sino aplicar la ley. Sobre lo primero no opino, aunque confieso que mantengo una duda razonable. Si Ud. dijera lo segundo, le daría rápidamente la razón: al pretender aplicar la ley penal mussoliniana –que Ud. debiera considerar inconstitucional, ya que se opone a derechos fundamentales, como el de la “libertad de expresión”– usted no hace justicia.
También los jueces “aplicaban la ley” cuando la esclavitud era legal y constitucional. Los jueces de Mussolini aplicaban la ley, cuando pisoteaban los más elementales derechos democráticos… lamentablemente esa es la misma “ley” que aquí se está aplicando. Se podrá discutir en muchos seminarios jurídicos si un juez puede o no desconocer una ley cuando esta es notoriamente inmoral. El juez que –en nuestro ejemplo– aplicara la ley esclavista, probablemente se justificaría diciendo que más allá de sus convicciones personales no podría evitar azotar a un esclavo fugitivo y devolverlo a su amo. “Soy esclavo de la ley” diría, sin ningún dejo de ironía, el hipotético juez esclavista.
¿No le parece a Ud. llamativo que en toda la historia jurídica uruguaya sea esta la primera vez que se indaga a una persona por quemar la bandera del imperialismo yanqui? La segunda vez que se indagó un caso similar, ante la quema televisiva de la bandera norteamericana por el compañero Jorge Zabalza, juez y fiscal decidieron archivar el caso. Alguien señaló, felizmente, que parecía demasiado ridículo castigar en Uruguay lo que estaba permitido en Estados Unidos.
Usted inició sus actuaciones incluso antes de que cometiéramos el acto incendiario, motivada aparentemente por las declaraciones de la ministra del Interior, cuando anunció que se vallaría el edificio del Ministerio, pero se permitiría la anunciada quema de las banderas imperialistas. Un exceso de celo el suyo, Señora Jueza, digno de mejor causa. El que una ministra, de un gobierno que se codea con el genocida Bush, afirme que esta práctica está amparada por la libertad de expresión, ¿no le parece a Ud. que es un claro indicio de que la sociedad acepta este criterio (incluso si eventualmente discrepa con el mencionado acto político)?
No deja de ser llamativo que en setenta y tres años de vigencia del código penal, sea esta la primera vez que alguien es indagado por “vilipendio”. No es porque nosotros hayamos inventado este acto simbólico de quemar la bandera imperialista. Algunos de los actuales ministros probablemente la quemaron en su juventud, cuando abrazaban ideas de izquierda y hasta revolucionarias. Sin embargo, en tantas décadas de gobiernos colorados y blancos, ningún juez desempolvó tan antidemocrático artículo, así como tampoco recurrían los magistrados a aplicar el delito de “sedición”, por el cual estuvo encarcelado ¡187 días! un joven uruguayo que, indignado por la presencia en nuestro país del presidente norteamericano, rompió el vidrio de un local de comida chatarra.
También es llamativo que los actuales gobernantes, de pasado anti-imperialista, se escuden en la “separación de poderes”, en lugar de reaccionar indignados ante el procesamiento de un joven por “sedición”, o las indagatorias contra militantes de izquierda. Es obligación elemental de los legisladores del Frente Amplio derogar en forma inmediata el código penal reaccionario, para que ningún juez se sienta obligado a aplicar una ley tan inmunda y antidemocrática. Del mismo modo que deberían anular ahora la ley de impunidad que ampara a los genocidas.
Apenas fuimos citados por Ud., los organizadores del acto por la libertad de Fernando Masseilot (en el marco del cual se incineró el “emblema de la nación extranjera”) nos hicimos responsables de dicha actitud. ¿Por qué razón se mantiene abierta una indagatoria, cuando ya no hay nada que indagar? Hace seis meses fui uno de los que confesé mi “horrendo crimen”: soy responsable de haber quemado la bandera que ondea en los tanques de guerra que el imperialista Bush envía para masacrar al pueblo de Irak. A confesión de parte, relevo de pruebas. Si hay delito, hay que procesar. Si no se configuró delito, hay que archivar. ¿Por qué seis meses después sigue abierta una indagatoria, salvo que se quiera utilizar como elemento de intimidación política? ¿No habrá otros casos más importantes a los que la justicia debiera dedicar su tiempo?
En estos seis meses, me acabo de enterar, tuve cerrada la frontera. No quiero pensar que existía el temor de que me fuera a Estados Unidos a quemar una bandera de aquel país, donde mi “delito” iba a quedar impune. Por fortuna, no tuve que salir del país, porque de haber incurrido en gastos a tal fin, me hubiera enterado de tal prohibición al intentar abordar un avión. ¿Quién me iba a devolver el precio del pasaje y otros gastos en que hubiera incurrido? Claro que esto es lo de menos. También es grave que se le cierren las fronteras a un ciudadano que no está procesado. Olvidemos ese pequeño detalle. Para colmo, usted no me notificó en tiempo y forma, y con eso me privó del más elemental derecho a apelar las “medidas cautelares” dispuestas por Ud. Es un claro abuso de funciones. Pero esto sigue siendo todavía una nimiedad. Lo más aberrante es que Ud. pretende fundamentar, en declaraciones a la prensa, que las medidas cautelares (cierre de frontera) no deben ser informadas al indagado ni a su defensor en la etapa de presumario (La República, 18/10). El adjetivo kafkiano podría aplicarse a este criterio, digno de “El Proceso”, de Franz Kafka. Los ciudadanos están a la orden del Estado, mientras este decide qué hacer con ellos. Eso es lo que Ud. ha aplicado en nuestro caso. Durante seis meses tuvo abierto un expediente buscando pruebas sobre lo que no necesita ser probado, con cierre de fronteras incluido, y sin notificarnos de tal despropósito. Nos quitó el derecho a la libre circulación, sin siquiera avisar. Nos enteramos ¡por un rumor!
Tengo entendido que no es la primera vez que Ud. se maneja con poco respeto por los derechos del indagado. En el buscador más usado de Internet, al ingresar su nombre, aparece el caso del ciudadano vasco Jesús María Lariz Iriondo, quien fuera expulsado del país por el gobierno colorado de Jorge Batlle, luego de que Ud. se comunicara telefónicamente con el subsecretario del Interior de la época, Daniel Borrelli, dos días antes de que dictara sentencia rechazando el pedido de extradición. Según la prensa, “El juez penal Alvaro França dijo que la jueza informó al subsecretario del Interior su decisión de no extraditar a Lariz Iriondo 48 horas antes de dictar ese fallo”. La Suprema Corte, de acuerdo a los resultados de mi búsqueda en Google, archivó el sumario entendiendo que “no hay pruebas de que la sumariada tuviera tomada la decisión relativa al rechazo de la extradición al tiempo de la conversación”. Aunque no existan pruebas sobre la comunicación del contenido de la sentencia, sí se reconoce que el Poder Ejecutivo conoció la fecha de la sentencia antes que la defensa del indagado, y por ello pudo poner a Lariz Iriondo en un avión, privándolo del derecho a apelar una expulsión que le fue comunicada ¡en el aeropuerto y sin poder recurrir a su abogado! El defensor de Lariz Iriondo no pudo apelar la expulsión porque se encontraba recorriendo juzgados, mientras su cliente viajaba vertiginosamente a Buenos Aires.
También debo señalar que no procede Ud. de la misma manera con todos sus indagados. El Dr. Gustavo Salle ha realizado sendas denuncias contra funcionarios del actual gobierno (los ministros Astori, Rossi y Lepra, y el secretario de la Presidencia Gonzalo Fernández), por presuntas irregularidades de gran importancia (en torno a los casos Leadgate, Conecta, Cerro Free Port y Pluna), sin embargo las mencionadas personas no sufren de las draconianas “medidas cautelares” que se nos imponen a los militantes antiimperialistas.
Volviendo al comienzo, me temo que todas estas consideraciones puedan ser utilizadas para acusarme de “desacato por ofensa”, aunque siempre creí en que “con libertad ni ofendo ni temo”. Al parecer, los jueces son los únicos funcionarios que no pueden ser criticados públicamente. “Desacato”, es precisamente otro de los delitos que tipifica nuestro reaccionario código penal, y el mismo es repudiado internacionalmente como un mecanismo que atenta contra la libertad de expresión.
Esperando recuperar mis libertades democráticas, que fueron y son injustamente recortadas, y deseando que culmine de una vez un procedimiento judicial que tiene un evidente contenido político y un efecto intimidatorio, se despide con el mayor de los respetos.
Rafael Fernández
Dirigente del Partido de los Trabajadores
Así comienzan sus cartas los suicidas, y confieso que temo caer en un ‘suicidio penal’ cuando le escribo una carta abierta, en un país en que el ex director de Rentas fuera condenado (aunque luego absuelto) por el delito de “desacato por ofensa”. Zaidensztat había dicho que de generalizarse los fallos como los del juez Eguren, “seríamos una república bananera”.
Qué podría pasarme a mí si dijera que la indagatoria por la quema de la bandera norteamericana nos coloca en un estatus inferior al de “republiqueta”. Sabido es que en los propios Estados Unidos existe fallo de la Suprema Corte, declarando que la práctica de quemar la bandera de ese país está protegida por la primera enmienda. En todo imperio que se precie, a los ciudadanos de la metrópolis les está permitido aquello de lo que están privados los súbditos de las colonias. En ese estatus nos coloca el código penal –de inspiración fascista– que se está aplicando en estos días.
Seguramente usted puede argumentar que no aplica el código penal por placer sino por obligación. También podría decir que su labor no es hacer justicia, sino aplicar la ley. Sobre lo primero no opino, aunque confieso que mantengo una duda razonable. Si Ud. dijera lo segundo, le daría rápidamente la razón: al pretender aplicar la ley penal mussoliniana –que Ud. debiera considerar inconstitucional, ya que se opone a derechos fundamentales, como el de la “libertad de expresión”– usted no hace justicia.
También los jueces “aplicaban la ley” cuando la esclavitud era legal y constitucional. Los jueces de Mussolini aplicaban la ley, cuando pisoteaban los más elementales derechos democráticos… lamentablemente esa es la misma “ley” que aquí se está aplicando. Se podrá discutir en muchos seminarios jurídicos si un juez puede o no desconocer una ley cuando esta es notoriamente inmoral. El juez que –en nuestro ejemplo– aplicara la ley esclavista, probablemente se justificaría diciendo que más allá de sus convicciones personales no podría evitar azotar a un esclavo fugitivo y devolverlo a su amo. “Soy esclavo de la ley” diría, sin ningún dejo de ironía, el hipotético juez esclavista.
¿No le parece a Ud. llamativo que en toda la historia jurídica uruguaya sea esta la primera vez que se indaga a una persona por quemar la bandera del imperialismo yanqui? La segunda vez que se indagó un caso similar, ante la quema televisiva de la bandera norteamericana por el compañero Jorge Zabalza, juez y fiscal decidieron archivar el caso. Alguien señaló, felizmente, que parecía demasiado ridículo castigar en Uruguay lo que estaba permitido en Estados Unidos.
Usted inició sus actuaciones incluso antes de que cometiéramos el acto incendiario, motivada aparentemente por las declaraciones de la ministra del Interior, cuando anunció que se vallaría el edificio del Ministerio, pero se permitiría la anunciada quema de las banderas imperialistas. Un exceso de celo el suyo, Señora Jueza, digno de mejor causa. El que una ministra, de un gobierno que se codea con el genocida Bush, afirme que esta práctica está amparada por la libertad de expresión, ¿no le parece a Ud. que es un claro indicio de que la sociedad acepta este criterio (incluso si eventualmente discrepa con el mencionado acto político)?
No deja de ser llamativo que en setenta y tres años de vigencia del código penal, sea esta la primera vez que alguien es indagado por “vilipendio”. No es porque nosotros hayamos inventado este acto simbólico de quemar la bandera imperialista. Algunos de los actuales ministros probablemente la quemaron en su juventud, cuando abrazaban ideas de izquierda y hasta revolucionarias. Sin embargo, en tantas décadas de gobiernos colorados y blancos, ningún juez desempolvó tan antidemocrático artículo, así como tampoco recurrían los magistrados a aplicar el delito de “sedición”, por el cual estuvo encarcelado ¡187 días! un joven uruguayo que, indignado por la presencia en nuestro país del presidente norteamericano, rompió el vidrio de un local de comida chatarra.
También es llamativo que los actuales gobernantes, de pasado anti-imperialista, se escuden en la “separación de poderes”, en lugar de reaccionar indignados ante el procesamiento de un joven por “sedición”, o las indagatorias contra militantes de izquierda. Es obligación elemental de los legisladores del Frente Amplio derogar en forma inmediata el código penal reaccionario, para que ningún juez se sienta obligado a aplicar una ley tan inmunda y antidemocrática. Del mismo modo que deberían anular ahora la ley de impunidad que ampara a los genocidas.
Apenas fuimos citados por Ud., los organizadores del acto por la libertad de Fernando Masseilot (en el marco del cual se incineró el “emblema de la nación extranjera”) nos hicimos responsables de dicha actitud. ¿Por qué razón se mantiene abierta una indagatoria, cuando ya no hay nada que indagar? Hace seis meses fui uno de los que confesé mi “horrendo crimen”: soy responsable de haber quemado la bandera que ondea en los tanques de guerra que el imperialista Bush envía para masacrar al pueblo de Irak. A confesión de parte, relevo de pruebas. Si hay delito, hay que procesar. Si no se configuró delito, hay que archivar. ¿Por qué seis meses después sigue abierta una indagatoria, salvo que se quiera utilizar como elemento de intimidación política? ¿No habrá otros casos más importantes a los que la justicia debiera dedicar su tiempo?
En estos seis meses, me acabo de enterar, tuve cerrada la frontera. No quiero pensar que existía el temor de que me fuera a Estados Unidos a quemar una bandera de aquel país, donde mi “delito” iba a quedar impune. Por fortuna, no tuve que salir del país, porque de haber incurrido en gastos a tal fin, me hubiera enterado de tal prohibición al intentar abordar un avión. ¿Quién me iba a devolver el precio del pasaje y otros gastos en que hubiera incurrido? Claro que esto es lo de menos. También es grave que se le cierren las fronteras a un ciudadano que no está procesado. Olvidemos ese pequeño detalle. Para colmo, usted no me notificó en tiempo y forma, y con eso me privó del más elemental derecho a apelar las “medidas cautelares” dispuestas por Ud. Es un claro abuso de funciones. Pero esto sigue siendo todavía una nimiedad. Lo más aberrante es que Ud. pretende fundamentar, en declaraciones a la prensa, que las medidas cautelares (cierre de frontera) no deben ser informadas al indagado ni a su defensor en la etapa de presumario (La República, 18/10). El adjetivo kafkiano podría aplicarse a este criterio, digno de “El Proceso”, de Franz Kafka. Los ciudadanos están a la orden del Estado, mientras este decide qué hacer con ellos. Eso es lo que Ud. ha aplicado en nuestro caso. Durante seis meses tuvo abierto un expediente buscando pruebas sobre lo que no necesita ser probado, con cierre de fronteras incluido, y sin notificarnos de tal despropósito. Nos quitó el derecho a la libre circulación, sin siquiera avisar. Nos enteramos ¡por un rumor!
Tengo entendido que no es la primera vez que Ud. se maneja con poco respeto por los derechos del indagado. En el buscador más usado de Internet, al ingresar su nombre, aparece el caso del ciudadano vasco Jesús María Lariz Iriondo, quien fuera expulsado del país por el gobierno colorado de Jorge Batlle, luego de que Ud. se comunicara telefónicamente con el subsecretario del Interior de la época, Daniel Borrelli, dos días antes de que dictara sentencia rechazando el pedido de extradición. Según la prensa, “El juez penal Alvaro França dijo que la jueza informó al subsecretario del Interior su decisión de no extraditar a Lariz Iriondo 48 horas antes de dictar ese fallo”. La Suprema Corte, de acuerdo a los resultados de mi búsqueda en Google, archivó el sumario entendiendo que “no hay pruebas de que la sumariada tuviera tomada la decisión relativa al rechazo de la extradición al tiempo de la conversación”. Aunque no existan pruebas sobre la comunicación del contenido de la sentencia, sí se reconoce que el Poder Ejecutivo conoció la fecha de la sentencia antes que la defensa del indagado, y por ello pudo poner a Lariz Iriondo en un avión, privándolo del derecho a apelar una expulsión que le fue comunicada ¡en el aeropuerto y sin poder recurrir a su abogado! El defensor de Lariz Iriondo no pudo apelar la expulsión porque se encontraba recorriendo juzgados, mientras su cliente viajaba vertiginosamente a Buenos Aires.
También debo señalar que no procede Ud. de la misma manera con todos sus indagados. El Dr. Gustavo Salle ha realizado sendas denuncias contra funcionarios del actual gobierno (los ministros Astori, Rossi y Lepra, y el secretario de la Presidencia Gonzalo Fernández), por presuntas irregularidades de gran importancia (en torno a los casos Leadgate, Conecta, Cerro Free Port y Pluna), sin embargo las mencionadas personas no sufren de las draconianas “medidas cautelares” que se nos imponen a los militantes antiimperialistas.
Volviendo al comienzo, me temo que todas estas consideraciones puedan ser utilizadas para acusarme de “desacato por ofensa”, aunque siempre creí en que “con libertad ni ofendo ni temo”. Al parecer, los jueces son los únicos funcionarios que no pueden ser criticados públicamente. “Desacato”, es precisamente otro de los delitos que tipifica nuestro reaccionario código penal, y el mismo es repudiado internacionalmente como un mecanismo que atenta contra la libertad de expresión.
Esperando recuperar mis libertades democráticas, que fueron y son injustamente recortadas, y deseando que culmine de una vez un procedimiento judicial que tiene un evidente contenido político y un efecto intimidatorio, se despide con el mayor de los respetos.
Rafael Fernández
Dirigente del Partido de los Trabajadores
No hay comentarios.:
Publicar un comentario