La Corte: juzguemos a los jueces
Artículo de Jorge Zepeda Paterson - Universal del 2 de diciembre de 2007.
El viernes pasado, 36 horas después de que la Suprema Corte fallara a favor del gobernador Mario Marín, Lydia Cacho recibió la llamada de una niña aterrada. Se trataba de una de las víctimas de Succar Kuri y una testigo clave en el juicio que se sigue en contra del pederasta. "Nos van a matar", dijo al teléfono entre balbuceos. Y razones de preocupación no le faltaban. Durante meses personeros de Sucar han presionado a la niña y a su madre con amenazas de toda índole para que se retracte del testimonio en el que describe las maneras en que fue abusada. Ha resistido el acoso porque abogados y defensores de derechos humanos le habían pedido confianza en la posibilidad de que se hiciera justicia. El viernes le dijo a Lydia, entre sollozos que le cortaban el aliento, que el perdón a Marín confirmaba que Succar tenía razón: tienen comprados a los jueces y al gobierno.
Lo que han hecho los seis ministros de la Corte que fallaron a favor de Marín es preocupante y sospechoso por donde se le mire. Si alguna vez hubo una causa ciudadana era esta. Si alguna vez hubo algo que pareciera la confrontación entre "el bien y el mal" era ahora. No sólo porque se trataba de la represión artera de empresarios y políticos de poder en contra de una periodistas por haber denunciando el abuso sexual de menores; también porque la opinión pública toda se había involucrado luego de las ominosas grabaciones escuchadas por todo el país.
Lo que sucedió en la Corte tiene muchos signos de haber sido decidido en otros ámbitos. Una y otra vez pudimos observar a lo largo de los meses la disputa de los ministros entre dos posiciones encontradas: por un lado, la defensa a ultranza de Marín por parte de Aguirre Anguiano, Mariano Azuela y Ortiz Mayagoitia, este último presidente en funciones. Un trío decidido a impedir que la denuncia periodística de una ciudadana terminara por afectar la autoridad de un gobernador, así fuera un "gober precioso". A lo largo de todo el proceso mostraron su disgusto por el hecho de que el caso hubiese llegado a la Corte y recurrieron a todo tipo de argucias para retrasarlo y desecharlo.
Del otro lado, varios ministros, entre ellos, Silva Meza y Góngora Pimentel, entendieron que el caso entrañaba mucho más que los derechos individuales de una periodista y que lo que estaba en juego eran las redes de crimen organizado a favor de la pederastia que Cacho había denunciado.
Sin embargo, parecía que las diferencias quedarían zanjadas por el contundente dictamen presentado por Silva Meza en el que se comprobaba la culpabilidad de las autoridades poblanas. Fue una investigación, encargada por la propia Corte, que durante meses recopiló pruebas, entrevistó a cientos de testigos y exigió documentación y expedientes a todo tipo de autoridades. La operación para reprimir a la periodista por encargo de Kamel Nacif fue demostrada amplia y meticulosamente. Sólo quedaba la votación final para emitir un fallo definitivo.
Se sabía que los tres ministros "marinistas" votarían en contra del dictamen pretextando distintos tecnicismos, pero que prácticamente el resto del pleno reconocería la investigación de su colega. No había razón para no hacerlo, porque ninguno de ellos había hecho su propia investigación, ni tenía más datos que los contenidos en las mil y tantas fojas de la descripción de los hechos descritos por Silva Meza. La controversia simplemente parecía resumirse a los términos en que saldría la resolución en contra de Marín.
Sorpresivamente las dos ministras, Olga Sánchez Cordero y Margarita Luna Ramos, cambiaron su voto en el momento justo de la votación, pese a que dos días antes durante sus intervenciones habían respaldado el dictamen de Silva Meza. El fallo a favor de Marín fue tan inesperado, que el propio presidente, Ortiz Mayagoita, no pudo reprimir una sonora carcajada de alivio cuando dio por concluida la votación final. ¡Había cumplido¡ ¿Con quién?
¿De quién es la mano que movió la cuna de la Suprema Corte? Sabemos que durante meses los cabildeos del gobierno de Puebla y de la cúpula priísta habían conseguido "la simpatía" de los tres ministros "marinistas", pero el resto parecía blindado frente a los encantos poblanos. ¿Qué fuerza fue capaz de arrancar una decisión que a todas luces parecía improbable?
Todo parece indicar que la resolución saltó del plano jurídico a una consideración de "Estado". O dicho en plata pura, a un arreglo político. Ya parecía suficientemente sospechoso que se hubiese retrazado el fallo hasta después de las elecciones del mes pasado en Puebla; peor aún, trascendió que el gobierno federal había solicitado al PAN que sus candidatos en Puebla no hicieran campaña mencionando al "gober precioso" y el caso Lydia Cacho. Hace un año, Calderón ganó en una Puebla gobernada por Marín, hace unas semanas, Marín arrasó en Puebla con Calderón como presidente.
¿Quién habría perdido si Marín hubiese sido declarado culpable por la Suprema Corte? Sin duda, el gobierno federal. Y habría perdido en cualquier escenario: si la PGR ejecutaba detenciones en contra de autoridades poblanas o emprendía acciones que propiciaran la caída del gobernador, habría torpedeado su alianza con el PRI en el congreso. Y por el contrario, si se quedaba cruzado de brazos luego del fallo se habría exhibido frente a la opinión pública nacional e internacional por su evidente complicidad. Todo indica que prefirió exonerar a Marín, tragarse el escándalo momentáneo, y hacer una contención de medios de comunicación durante algunos días (sugiero al lector revisar qué noticieros y periódicos han dado relevancia u opacidad a la nota y que tan rápido la han desaparecido).
Con la decisión de la Corte el mensaje que envía el Estado mexicano es doble. Primero, se permite informar a ciudadanos y a periodistas que con los poderosos no deben meterse o serán castigados. Y segundo, invita a gobernadores y procuradores de todo el territorio hacer con sus ciudadanos lo que les plazca porque, cortesía de la Corte, cuentan con plena impunidad. (www.jorgezepeda.net)
Artículo de Jorge Zepeda Paterson - Universal del 2 de diciembre de 2007.
El viernes pasado, 36 horas después de que la Suprema Corte fallara a favor del gobernador Mario Marín, Lydia Cacho recibió la llamada de una niña aterrada. Se trataba de una de las víctimas de Succar Kuri y una testigo clave en el juicio que se sigue en contra del pederasta. "Nos van a matar", dijo al teléfono entre balbuceos. Y razones de preocupación no le faltaban. Durante meses personeros de Sucar han presionado a la niña y a su madre con amenazas de toda índole para que se retracte del testimonio en el que describe las maneras en que fue abusada. Ha resistido el acoso porque abogados y defensores de derechos humanos le habían pedido confianza en la posibilidad de que se hiciera justicia. El viernes le dijo a Lydia, entre sollozos que le cortaban el aliento, que el perdón a Marín confirmaba que Succar tenía razón: tienen comprados a los jueces y al gobierno.
Lo que han hecho los seis ministros de la Corte que fallaron a favor de Marín es preocupante y sospechoso por donde se le mire. Si alguna vez hubo una causa ciudadana era esta. Si alguna vez hubo algo que pareciera la confrontación entre "el bien y el mal" era ahora. No sólo porque se trataba de la represión artera de empresarios y políticos de poder en contra de una periodistas por haber denunciando el abuso sexual de menores; también porque la opinión pública toda se había involucrado luego de las ominosas grabaciones escuchadas por todo el país.
Lo que sucedió en la Corte tiene muchos signos de haber sido decidido en otros ámbitos. Una y otra vez pudimos observar a lo largo de los meses la disputa de los ministros entre dos posiciones encontradas: por un lado, la defensa a ultranza de Marín por parte de Aguirre Anguiano, Mariano Azuela y Ortiz Mayagoitia, este último presidente en funciones. Un trío decidido a impedir que la denuncia periodística de una ciudadana terminara por afectar la autoridad de un gobernador, así fuera un "gober precioso". A lo largo de todo el proceso mostraron su disgusto por el hecho de que el caso hubiese llegado a la Corte y recurrieron a todo tipo de argucias para retrasarlo y desecharlo.
Del otro lado, varios ministros, entre ellos, Silva Meza y Góngora Pimentel, entendieron que el caso entrañaba mucho más que los derechos individuales de una periodista y que lo que estaba en juego eran las redes de crimen organizado a favor de la pederastia que Cacho había denunciado.
Sin embargo, parecía que las diferencias quedarían zanjadas por el contundente dictamen presentado por Silva Meza en el que se comprobaba la culpabilidad de las autoridades poblanas. Fue una investigación, encargada por la propia Corte, que durante meses recopiló pruebas, entrevistó a cientos de testigos y exigió documentación y expedientes a todo tipo de autoridades. La operación para reprimir a la periodista por encargo de Kamel Nacif fue demostrada amplia y meticulosamente. Sólo quedaba la votación final para emitir un fallo definitivo.
Se sabía que los tres ministros "marinistas" votarían en contra del dictamen pretextando distintos tecnicismos, pero que prácticamente el resto del pleno reconocería la investigación de su colega. No había razón para no hacerlo, porque ninguno de ellos había hecho su propia investigación, ni tenía más datos que los contenidos en las mil y tantas fojas de la descripción de los hechos descritos por Silva Meza. La controversia simplemente parecía resumirse a los términos en que saldría la resolución en contra de Marín.
Sorpresivamente las dos ministras, Olga Sánchez Cordero y Margarita Luna Ramos, cambiaron su voto en el momento justo de la votación, pese a que dos días antes durante sus intervenciones habían respaldado el dictamen de Silva Meza. El fallo a favor de Marín fue tan inesperado, que el propio presidente, Ortiz Mayagoita, no pudo reprimir una sonora carcajada de alivio cuando dio por concluida la votación final. ¡Había cumplido¡ ¿Con quién?
¿De quién es la mano que movió la cuna de la Suprema Corte? Sabemos que durante meses los cabildeos del gobierno de Puebla y de la cúpula priísta habían conseguido "la simpatía" de los tres ministros "marinistas", pero el resto parecía blindado frente a los encantos poblanos. ¿Qué fuerza fue capaz de arrancar una decisión que a todas luces parecía improbable?
Todo parece indicar que la resolución saltó del plano jurídico a una consideración de "Estado". O dicho en plata pura, a un arreglo político. Ya parecía suficientemente sospechoso que se hubiese retrazado el fallo hasta después de las elecciones del mes pasado en Puebla; peor aún, trascendió que el gobierno federal había solicitado al PAN que sus candidatos en Puebla no hicieran campaña mencionando al "gober precioso" y el caso Lydia Cacho. Hace un año, Calderón ganó en una Puebla gobernada por Marín, hace unas semanas, Marín arrasó en Puebla con Calderón como presidente.
¿Quién habría perdido si Marín hubiese sido declarado culpable por la Suprema Corte? Sin duda, el gobierno federal. Y habría perdido en cualquier escenario: si la PGR ejecutaba detenciones en contra de autoridades poblanas o emprendía acciones que propiciaran la caída del gobernador, habría torpedeado su alianza con el PRI en el congreso. Y por el contrario, si se quedaba cruzado de brazos luego del fallo se habría exhibido frente a la opinión pública nacional e internacional por su evidente complicidad. Todo indica que prefirió exonerar a Marín, tragarse el escándalo momentáneo, y hacer una contención de medios de comunicación durante algunos días (sugiero al lector revisar qué noticieros y periódicos han dado relevancia u opacidad a la nota y que tan rápido la han desaparecido).
Con la decisión de la Corte el mensaje que envía el Estado mexicano es doble. Primero, se permite informar a ciudadanos y a periodistas que con los poderosos no deben meterse o serán castigados. Y segundo, invita a gobernadores y procuradores de todo el territorio hacer con sus ciudadanos lo que les plazca porque, cortesía de la Corte, cuentan con plena impunidad. (www.jorgezepeda.net)
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