Récord nefasto

Gloria Leticia Díaz

En poco más de dos años y medio, el gobierno de Guerrero, encabezado por Zeferino Torreblanca, consiguió un récord que mueve a escándalo: las desapariciones forzadas en ese período ascienden a más de 28, que superan a las 23 ocurridas en las administraciones de cuatro gobernadores priistas. Dirigentes de organismos defensores de los derechos humanos dan la voz de alarma y denuncian que no hay voluntad política del mandatario para resolver estos casos que lastiman a la sociedad guerrerense.

CHILPANCINGO, GRO.- En medio de la guerra sangrienta que mantienen los cárteles del narcotráfico en Guerrero, y en sólo dos años y ocho meses que van del gobierno de Zeferino Torreblanca, se superó el número de desapariciones forzadas que ocurrieron durante los mandatos de cuatro gobernadores priistas que lo antecedieron.

En esta entidad, donde imperan la violencia y el terror, se cometen 63 asesinatos al mes, según información de la Procuraduría General de Justicia de Guerrero (PGJGRO).

Desde la llegada del mandatario perredista han ocurrido 20 desapariciones, atribuidas en su mayor parte a elementos policiacos, cifra alarmante si se considera que fueron perpetradas en un período mucho menor del que abarcaron las administraciones de José Francisco Ruiz Massieu, Rubén Figueroa Alcocer, Ángel Aguirre Rivero y René Juárez Cisneros, en el cual hubo 23 desaparecidos.

Las cifras fueron proporcionadas por la Comisión de Defensa de Derechos Humanos Estatal (Coddehum).

Sin embargo, al cruzar los datos de este organismo con los de la propia PGJGRO y los del Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero, la cifra se eleva a 28.

De estas desapariciones, 18 ocurrieron en los primeros 11 meses de 2007, entre ellas la del excomandante de la policía judicial Francisco Cortés Pastenes, quien en agosto de 2001 denunció que funcionarios públicos estaban involucrados con bandas de secuestradores y que eran responsables de torturas y desapariciones forzadas.

Sin embargo, tampoco estos datos revelan la dimensión real del problema, pues existe una lista de desapariciones que no fueron denunciadas ante instancias policiacas u organismos de derechos humanos. El dirigente del Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados, Javier Monroy, estima que en 2007 hubo por lo menos 50 víctimas de este delito.

Asegura que Torreblanca dejó la seguridad del estado en manos de excolaboradores de Rubén Figueroa, como el director de la Policía Ministerial, Erit Montúfar. Este funcionario es acusado por dicho comité, creado el 22 de mayo de 2007, de “estigmatizar” a las víctimas al vincularlas con el crimen organizado y el narcomenudeo, sin presentar pruebas de ello.

“Hay un estigma –sostiene Monroy– que nos aísla y complica nuestra lucha por la presentación de los desaparecidos. Por un lado, el gobierno del estado los califica de delincuentes y de estar metidos en el narco, mientras organizaciones sociales, muchas de ellas ligadas al PRD, han hecho mutis bajo el pretexto de que las víctimas no tienen que ver con la lucha social. Lo mismo ocurre en el Congreso, donde el PRD tiene mayoría.”

Añade que el 4 de julio de 2007, el Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados de Guerrero realizó un foro en el que participó la senadora Rosario Ibarra de Piedra, quien en ese momento manifestó su solidaridad con el movimiento. Sin embargo, dice Monroy, “después de verla en un evento de su organización Eureka, ya no nos ha tomado las llamadas ni nos contesta los correos electrónicos”.

Parálisis judicial

El pasado 22 de junio, a Torreblanca se le preguntó acerca del asesinato a mansalva del joven Roberto Arcos Catalán, ocurrido pocos días antes en Chilpancingo. El mandatario respondió: “La realidad es que siguen estando involucrados jóvenes en el crimen organizado y algunos de ellos tienen que ver con el narcomenudeo”.

Días después Torreblanca se deslindó de esa declaración y dijo que sus palabras habían sido tergiversadas. Por su parte, los familiares de las víctimas siguen esperando que informe qué está haciendo su gobierno para esclarecer los hechos.

“Es muy difícil intervenir en estos asuntos de privaciones de la libertad o, como vulgarmente les decimos, de personas levantadas”, dice en entrevista con Proceso el subprocurador de Justicia, Jesús Alemán del Carmen.

“Tenemos la presión de los ofendidos que quieren saber cómo van las investigaciones. Quisiéramos con todo nuestro corazón resolverles sus asuntos, pero son muy complejos los problemas”, añade el funcionario.

Como resultado del foro del 4 de julio, el comité logró que el ayuntamiento de Acapulco, encabezado por Félix Salgado Macedonio, enemistado con Zeferino Torreblanca, aprobara el pasado 13 de diciembre un pronunciamiento dirigido a autoridades estatales y federales de procuración de justicia. En éste se les solicita que intervengan y apoyen a los familiares de Víctor Manuel Rodríguez Jiménez y Dionisio Rodríguez Jiménez, vecinos del puerto y desparecidos el 2 de junio de 2007.

El Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero, refiere Monroy, fue creado con el apoyo del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), organismo civil dedicado a la defensa de derechos económicos, ecológicos, ambientales y sociales de comunidades marginadas del estado.

“Cuando integramos el comité –comenta Monroy, también coordinador general de Tadeco– convocamos a una conferencia de prensa, y no sólo acudieron periodistas, sino gente con problemas de desaparecidos. Llegamos a tener conocimiento de 20 casos, pero los familiares se han ido alejando porque muchos de ellos han recibido amenazas. En el organismo ahora sólo participan nueve familias de Chilpancingo, Iguala y Acapulco. Una de ellas es la del joven Roberto Arcos Catalán, quien fue asesinado el 16 de junio pasado”.

En lo que se refiere al tratamiento que estos asuntos han recibido de las autoridades locales, Monroy acusa: “La mayoría de las agencias del Ministerio Público integra actas ministeriales, una figura que no existe en el procedimiento penal. Las familias pensaban que sus casos estaban siendo investigados, para después enterarse de que son archivados sin darles el menor trámite”.

En 2006, la Coddehum emitió la recomendación 86/2006, en la que solicitaba a la PGJGRO que a ocho casos de desaparición forzada que se habían integrado a partir de esas actas se les diera la calidad de averiguaciones previas. Además, recomendó la creación de una fiscalía especializada autónoma e independiente, ya que en muchas de las quejas presentadas ante el organismo de derechos humanos se presumía que los responsables eran agentes policiacos. Este punto fue rechazado por el procurador Eduardo Murueta Urrutia, quien ha sido representante legal de los negocios de Zeferino Torreblanca.

Uno de los colaboradores de Tadeco Jorge Cerón Silva se convirtió en víctima del ambiente de terror que prevalece en el estado. El 14 de marzo de 2007 fue secuestrado junto con el excomandante policiaco Francisco Cortés Pastenes cuando viajaban en el vehículo de éste. De acuerdo con testigos, alrededor de las nueve de la noche de ese día fueron interceptados por cuatro camionetas negras, de las que descendieron hombres vestidos de negro, tipo judiciales, que con violencia los bajaron del vehículo para subirlos a otro.

Este expolicía cobró notoriedad el 30 de agosto de 2001, cuando en un programa radiofónico de Chilpancingo denunció que altos jefes policiacos estaban involucrados en bandas delictivas y eran responsables de torturas y desapariciones forzadas. Después ratificó sus acusaciones ante la PGJGRO y la Coddehum. Este organismo lo acogió como testigo para integrar la recomendación 19/2002, emitida el 14 de marzo de 2002. En el documento solicitó que se iniciaran procesos penales en contra de 26 servidores públicos por la desaparición de nueve personas.

Hasta mayo de 2003, ocho comandantes y agentes de la Policía Judicial de Guerrero habían sido detenidos por esos hechos. El 14 de agosto de 2002, Cortés denunció ante organismos internacionales, entre éstos la ONU, que era víctima de persecución por parte de sus excolegas.

Los casos

María de Jesús Cisneros Martínez, madre de Ludwick Hernández Cisneros, de 27 años de edad y desparecido el 23 de mayo de 2007 en la capital del estado, señala que dos días después de la desaparición de su hijo interpuso una denuncia ante la PGJGRO. Explicó que para integrar el expediente le pidieron que acudiera a las dependencias policiacas y a hospitales para tratar de localizarlo.

Elda Jiménez Jiménez es madre de Víctor Manuel Jiménez Rodríguez, de 27 años, y cuñada de Dionisio Rodríguez Jiménez, de 57 años, desaparecidos el 2 de junio de 2007 en Acapulco. Iban acompañados de Marcial Ojeda Jaimes y Rubén Santos Medel. De estos dos últimos casos no hay denuncias penales, ni siquiera ante organismos de derechos humanos.

Las denuncias interpuestas por la desaparición de Víctor Manuel y Dionisio fueron integradas como actas ministeriales el 4 de junio, y 15 días después, cuando sus parientes pidieron copias para integrarlas al expediente del Comité de Familiares, “nos dijeron que estaban archivadas y la policía nunca hizo nada por buscarlos”, acusa Elda.

Entre los casos que atiende el Comité de Familiares están el de Rafael Ramírez Benítez, de 31 años, desaparecido el 24 de mayo de 2007 en Chilpancingo. Con él estaba Gabriel Tenorio Nava, de quien también se desconoce su paradero y cuyos familiares aún no se integraron al comité. Otra desaparición es la del doctor Isidoro Olivares Morales, ocurrida el 28 de febrero de 2007 en Zihuatanejo.

Entre los asuntos más delicados, afirma Monroy, destacan cuatro secuestros ocurridos en Iguala, y por los cuales “los familiares han sido amenazados de muerte. Nosotros hemos recibido la recomendación de que nos fuéramos con cuidado, porque esos casos eran muy complicados, porque detrás de ello había intereses muy fuertes”.

Se trata de las desapariciones de Pedro Salgado Mora, de 48 años; Artemio Soroa Brito, de 39; Cuauhtémoc Román Navarro, de 39, y de Rodrigo Camacho Rodríguez, de 37 años.

Estos secuestros ocurrieron entre el 27 y el 30 de mayo de 2007. Los testigos señalan que los responsables vestían de negro, portaban armas de alto poder y viajaban en una camioneta color arena y un Jetta rojo, ambos vehículos con vidrios polarizados.

El factor común entre los desaparecidos, apunta Monroy, es que se dedicaban a la compraventa de ganado y, de acuerdo con testimonios de los familiares, todos tuvieron problemas con la Unión Regional Ganadera, que a nivel estatal encabeza Rogaciano Alba Álvarez. “Habían sido acusados de abigeato, y en algunos casos los habían extorsionado”.

Para el dirigente del Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero, la única explicación que le encuentran a la violencia sin freno desatada en el estado es que “forma parte de una estrategia para aterrorizar a la ciudadanía y justificar la militarización. Sobre todo, enfatiza, porque es vox populi que las policías están involucradas con la delincuencia”.

Aunque es innegable que en Guerrero prevalece una guerra entre los cárteles del narcotráfico por la plaza, Monroy puntualiza: “Es claro que los grupos del narco levantan a alguien, lo matan y lo tiran. No se preocupan por mantener a alguien en su poder. Esta es la prueba de que el narcotráfico no está detrás de los casos que defendemos, sino que se trata de otros grupos de delincuentes. De esta situación nos tiene que dar explicaciones el gobierno de Zeferino Torreblanca, que debe saber quiénes están detrás de las desapariciones”.

Descomposición

En los primeros 11 meses de 2007, en Guerrero se han presentado denuncias por 696 homicidios, 18 secuestros, 2 mil 331 robos de vehículos, 30 asaltos en carretera, 433 despojos y 389 violaciones.

En entrevista con este semanario, el subprocurador de Control Regional y Procedimientos Penales, Jesús Alemán del Carmen, reconoce que desde que Torreblanca asumió la gubernatura, en abril de 2005, “estamos viviendo una situación muy difícil”. Asevera que el punto de partida de la violencia que azota a Guerrero lo constituyó el enfrentamiento entre policías municipales de Acapulco y narcotraficantes ocurrido el 26 de enero de 2006.

Y argumenta que el ambiente de violencia, en el que han muerto “cuando menos unos siete, ocho o nueve coordinadores de la Policía Investigadora Ministerial”, y en el que se enmarcan las desapariciones forzadas, “es el resultado de una descomposición de valores de la familia”.

Alemán comenta que las investigaciones por desapariciones forzadas “son complicadas”, debido en buena parte a que no hay colaboración de los testigos “porque tienen temor”. Acepta que existen más casos que los registrados en averiguaciones previas, y que la dependencia sigue de oficio, pero dice que no cuenta con datos concretos.

“Le mentiría si le digo que son 50, 70 u 80 casos, pero lo cierto es hay casos en que las familias no quieren denunciar. Refieren que son amenazadas si denuncian los hechos, y eso nos dificulta la investigación. A veces la familia es testigo de los hechos y no quiere dar información.”

–Por la falta de resultados en los asuntos en los que sí hay denuncias, y por la forma en que ocurren las desapariciones, los familiares suponen que los responsables son policías –se le plantea.

–Hasta ahorita no hay acusaciones directas contra algún agente del Ministerio Público o un policía ministerial. No sé si sea por temor, porque en ocasiones hay amenazas que son cumplidas.

–¿Qué puede decir de versiones en el sentido de que hay policías involucrados en actos de corrupción y vinculados con el narcotráfico?

–Para mí es muy delicado asegurar algo así. Hasta ahora no tenemos un señalamiento directo en contra de alguien, pero sí hay rumores en ese sentido. Por cuidado personal, me reservo cualquier comentario. l