Estado de los Estados
Delincuencia, narcotráfico y ejecuciones sin control
Completa sumisión al gobierno de George W. Bush
Persistirá en el sexenio el estancamiento económico
Privatizar PEMEX, obcecación de Acción Nacional
Reforma laboral detonaría movimientos sociales
Ante descontento social, delinean estado represor
“El crimen hace iguales a todos los contaminados por él”.
Marco Anneo Lucano
Por Lilia Arellano
Delincuencia, narcotráfico y ejecuciones sin control
Completa sumisión al gobierno de George W. Bush
Persistirá en el sexenio el estancamiento económico
Privatizar PEMEX, obcecación de Acción Nacional
Reforma laboral detonaría movimientos sociales
Ante descontento social, delinean estado represor
“El crimen hace iguales a todos los contaminados por él”.
Marco Anneo Lucano
Por Lilia Arellano
Una fiesta privada, restringida, en petite comité, sumamente vigilada, sin nada que celebrar y en la que prevaleció la autocomplacencia, fue la celebración que se organizó Felipe Calderón para festejar “su primer año de gobierno” en el Palacio Nacional, convertido en un bunker y al que no tuvo acceso nadie que no comulgara con su causa. Esto estaría muy bien, sería normal si se tratara de una conmemoración privada, incluso los ciudadanos se lo agradeceríamos infinitivamente. Sin embargo, se trata de un año de un gobierno que no ha podido demostrar su legitimidad, que ha evidenciado en todos los ordenes administrativos su ineficiencia y mediocridad, que insiste en imponer un modelo económico-político-social que ha demostrado su fracaso, que ha condenado a la pobreza a millones de mexicanos y que ha obligado a huir del país a otro tanto, y que amenaza no sólo con mantener el actual estado de cosas, sino de agravarlo con la implementación de más “reformas estructurales”, que atentarán ahora contra el patrimonio nacional, las conquistas laborales y los derechos ciudadanos.
Al transcurrir doce meses de la administración de Calderón lo importante no son los programas y cifras que no se ha cansado de presentar en todos los actos públicos a los que acude a lo largo y ancho del territorio nacional, ni mucho menos su autocomplacencia en el sentido de que el panorama actualmente es “verdaderamente distinto” al que había en diciembre de 2006, cuando el país “vivía momentos difíciles y de gran incertidumbre”. Tampoco el hecho de que “la incapacidad política crónica para lograr acuerdos” que imperó durante el mandato de Vicente Fox haya sido cambiada por la complicidad, “el maiceo” de legisladores y la negociación de acuerdos al margen de los ciudadanos entre los poderes públicos y las fracciones parlamentarias del PAN, PRI y hasta PRD en el Congreso de la Unión, que permitió que se aprobarán “reformas estructurales” como la nueva Ley del ISSSTE, conocida como “Ley Gordillo”, y la “reforma hacendaría”, que lo único que han provocado es afectar los derechos y conquistas de los trabajadores al servicio del Estado e imponer más gravámenes a los contribuyentes cautivos, sin tocar ni con el pétalo de una rosa a los capitales monopólicos y trasnacionales. No, lo que realmente deberíamos de conocer en su justa dimensión es precisamente el recuento de los daños para estar preparados para lo que vendrá y tomar las precauciones del caso.
Fracasó la estrategia contra el narco
En primer lugar cabe destacar el hecho de que el problema de la inseguridad pública en el país, a pesar de los grandes recursos económicos que se han destinado a su combate, no sólo está cada vez más lejos de ser resuelta sino que se ha agravado a niveles inimaginables. Según las propias estadísticas oficiales, las ejecuciones se han incrementado en 10.7 por ciento en la administración de Calderón en comparación con el índice que se heredó de Vicente Fox. A la fecha, se han perpetrado más de 2 mil 500 asesinatos en el primer año de este gobierno, a pesar de que erróneamente se involucró al Ejército en labores de policía que no le competen y que para lo único que ha servido es para socavar el prestigio de la institución por los escándalos por abusos contra la población, la violación de derechos humanos, y las desviaciones de algunos de sus mandos que han terminado por coaligarse con los cárteles de la droga en lugar de combatirlos.
La estrategia seguida ha fallado completamente y sin embargo se insiste en mantenerla. Además, Calderón esta empeñado en ser uno de los presidentes mexicanos más sumisos y entregados al gobierno de los Estados Unidos al aceptar la abierta intervención militar de ese país en nuestro territorio nacional, con su terquedad de implantar el denominado “Plan México”, a pesar de los riesgos que implican para la soberanía y la seguridad nacional el hecho de que el combate al crimen organizado, el narcotráfico, el “terrorismo”, la insurgencia civil y la protesta social, queden en manos de mandos estadounidenses y las decisiones se tomen no en la Ciudad de México, sino en Washington, D. C. Si bien el problema de dejar entrar a los militares estadounidenses o a mercenarios a sueldo para que “nos cuiden” es sumamente grave, su peligrosidad no se compara con la dificultad, los recursos financieros y la sangre de mexicanos que representará el expulsarlos.
No hay, ni habrá avances en la economía
En el terreno económico, los mexicanos sólo hemos recibido, una tras otra, promesas. Ahora, para no variar, tanto Calderón como su secretario de Hacienda, el fondomonetarista Agustín Carstens, nos dicen que si nos portamos bien, si hacemos bien nuestra tarea y no andamos de revoltosos, podremos crecer un 5 por ciento el Producto Interno Bruto (PIB) del país pero... en el 2012. Tanta “generosidad” nos conmueve. Lo cierto es que el crecimiento económico del país en estos doce meses no ha existido: el PIB cerrará este año en 3 por ciento, cuando en el último año del foxiato registraba más de 4 por ciento, y en el de Zedillo superaba el 7 por ciento. Para el año que entra nos están prometiendo un crecimiento de hasta 3.7 por ciento -que no se ve cómo puedan alcanzarlo- “gracias” a la reforma hacendaria, a la cascada de impuestos que implica, al “gasolinazo” y otras medidas que afectarán a las pequeñas y medianas empresas, cuyos propietarios se preparan para librar la batalla en los tribunales contra esos impopulares y negativos gravámenes, que avalaron los legisladores del PAN y del PRI.
Esta errónea política económica lo único que ha logrado es reducir constantemente el nivel y esperanza de vida de los mexicanos, sus ingresos y su educación, tal y como lo reportó la Organización de las Naciones Unidas en su último informe sobre la materia.
El autodenominado “presidente del empleo” no se ha cansado de jactarse de sus logros en este aspecto señalando que su gobierno entre enero y octubre de 2007 creó un total de 825 mil nuevos empleos, en medio de una reconocida desaceleración de la economía. Sin embargo, Calderón “olvida” que de los afiliados al IMSS, el 20.2 por ciento se tratan de trabajadores eventuales, es decir, de 2.97 millones de personas. De los nuevos trabajadores afiliados durante este año, el 69 por ciento son precisamente trabajadores eventuales. Según datos del INEGI en el país hay 103 millones de personas de las cuales 57.5 millones están en edad de trabajar. De esa cantidad, 15.6 millones tienen un empleo formal en las empresas mexicanas; 4.85 millones cotizan en las instituciones de seguridad social del Estado; y hay 12.3 millones de mexicanos que según el SAT se ganan la vida en forma independiente, es decir que alrededor de 32.8 millones de personas tienen una forma conocida de ganarse la vida, la gran mayoría con sueldos de hambre pues su poder adquisitivo se ha reducido en al menos 20 por ciento en la presente administración. ¿Y los 24.7 millones de mexicanos restantes de qué viven si el desempleo oficial es de apenas de 3.9 por ciento, es decir de “sólo” 1.8 millones de personas? La neta, como dicen los chavos, es que sin la economía informal, al margen y a pesar del Estado, y las remesas que envían nuestros expulsados compatriotas, el país estaría perdido en materia económica.
Obsesión: desnacionalizar el petróleo
Pero eso por supuesto que no es todo. Encantado con la “disposición” que ha encontrado en el Congreso en las fracciones parlamentarias del PAN y del PRI, Calderón va ahora por más “reformas estructurales” que, dice, “le urgen al país” para crecer más y aumentar su competitividad”. Se trata de las reformas “energética”, “laboral” y de “seguridad y justicia penal”, las cuales las tendrá que sacar adelante durante el próximo año, porque la disputa por el mayor número de curules en la Cámara de Diputados y Senadores en el 2009 cerrará las posibilidades de “negociación”.
Al arrancar el 2008, la fracción del PAN en la cámara alta iniciará la organización de foros de consulta para aterrizar una propuesta y buscar un consenso previo, obviamente con la fracción del PRI, en la Comisión de Energía, para considerar la participación del capital privado, a pesar de lo que en la materia señala la Constitución. Sin duda, la “reforma energética” será la que más dificultad le presentará a Calderón para que sea aprobada. En el PRD y en sectores del PRI hay un abierto rechazo a sus propuestas. Incluso el denominado “gobierno legítimo” de Andrés Manuel López Obrador diseñó y presentó a la opinión pública nacional un proyecto alternativo para rescatar el sector energético sin perder soberanía y basado en la corrección del gasto corriente que en los últimos seis años se ha duplicado y alcanza una impresionante cifra de un billón 321 mil millones de pesos. Plantea destinar 400 mil millones de pesos al sector, de los cuales 200 mil millones de pesos saldrían de la aplicación del gasto corriente y de la operación del gobierno. Además, el tabasqueño ha advertido que de concretarse las intenciones del actual gobierno federal de entregar el principal activo económico del país a manos privadas, particularmente extranjeras, promoverá acciones de resistencia civil pacífica bajo tres criterios: no violencia, no afectar a terceros y que sean acciones eficaces que impidan la entrega del petróleo.
Peligran derechos de los trabajadores
La otra reforma que les urge a los empresarios es la laboral, con lo que estarán en peligro los derechos individuales y colectivos de los trabajadores consagrados en el artículo 123 constitucional, entre los que destacan el derecho de huelga, la contratación colectiva, la autonomía y la libertad sindical. Para tal efecto, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a cargo del ex zedillista Javier Lozano, trabaja en dos pistas al mismo tiempo. Por una parte advirtiendo a los representantes de los trabajadores que las revisiones salariales “deben estar acordes” con la realidad económica del país. La “realidad” a la que se refiere Lozano es que según las cifras del Banco de México la inflación concluirá este año en casi 4.0 por ciento y se espera que para el próximo año se ubique entre 3.75 y 4.25 por ciento, por lo que los aumentos salariales no superaran el 4 por ciento, a pesar de que el costo de la vida se ha disparado y se irá a las nubes con la aplicación de la reforma fiscal y el gasolinazo. Al mismo tiempo, trabaja a marchas forzadas con los dirigentes empresariales de la Concamin y la Canacintra para delinear las propuestas que se presentarán a los líderes del Congreso del Trabajo, la CROC, la UNT, el Frente Sindical Mexicano. Por supuesto que los empresarios no están dispuestos a repartir más equitativamente sus ganancias con los trabajadores, sino que por el contrario pretenden que se flexibilicen las condiciones de trabajo a su favor para que tengan la posibilidad de contratar y despedir cuando deseen, “pauperizando” el mercado laboral.
Especialistas laborales y académicos como Rosalbina Garavito y Eduardo Torres, han advertido que la imposición abrupta de la reforma laboral neoliberal no es aconsejable por razones políticas, económicas, culturales, sicológicas, jurídicas e históricas, pues se corre el riesgo de que se convierta en el detonador de grandes movimientos sociales. También dirigentes sindicales han señalado que en estos momentos no existen condiciones para llevarla a cabo, pues lo que se requiere es que se concreten cambios legislativos para que vía la capacitación y el incremento a la producción se recupere el poder de compra de los trabajadores.
Hostigamiento contra sectores opositores
La tercera reforma es la referente a la seguridad pública y la justicia penal, que hasta donde se ha visto va encaminada a la ampliación de un régimen jurídico de excepción, que podría degenerar en la intervención del Estado sin los controles y equilibrios propios del régimen constitucional de garantías.
Los cambios más importantes que propone la iniciativa de Calderón incluyen la implementación de un código penal único para todo el país, “para resolver inconsistencias, lagunas y vacíos entre las leyes; nuevas reglas de procedimiento contra el crimen organizado, protección especial a víctimas, testigos y denunciantes; medidas de protección a las víctimas de violación y secuestro; facultades de investigación a las policías; bases para un sistema nacional que regule las corporaciones policiales, ingreso, selección, permanencia, profesionalización, remoción, sanciones y reconocimientos, además de cambios a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República”, entre otros. Una idea de hacia a donde van dichos cambios la tenemos en la reciente aprobación de reformas al Código Penal Federal -realizadas el pasado mes de abril- para sancionar el terrorismo, que delinea la conformación de un Estado que endurece y asume más un carácter represivo y policiaco, y que abre la puerta al peligro de que se transformen en un pretexto -con apariencia de legalidad- las acciones gubernamentales de hostigamiento y uso de la justicia en contra de sectores críticos y opositores al gobierno actual.
Académicos en derecho y en ciencias sociales de las principales casas de estudio del país denunciaron en su momento que al no existir terrorismo en el territorio nacional y establecer como “terrorismo” “cualquier mecanismo de presión a las autoridades”, las reformas al Artículo 139 van destinadas a frenar la creciente intranquilidad social y los movimientos que legítimamente aspiran a una transformación de las instituciones, por medio de restricciones a derechos fundamentales, como los de asociación, manifestación y expresión.
Por lo tanto, habrá que estar muy pendientes del trabajo en la materia que desarrollen los legisladores y de los acuerdos políticos sustantivos para la conformación de un nuevo marco constitucional para transformar la procuración y justicia penal en el país, y de las nuevas reglas que han de regir la actuación de las procuradurías, los jueces penales y los defensores públicos, porque la transformación de esas instituciones no sólo se dará con los cambios en la legislación, sino que requerirán de varios años para implementarse, para lo cual se requerirá de una firme determinación no sólo de las autoridades sino de un amplio número de actores sociales. En este punto es realmente preocupante el avance sin precedentes del narcotráfico y el crimen organizado durante el sexenio de Fox y lo que va de Calderón, quien tampoco ha manifestado tener la capacidad para liderar el cambio de las instituciones penales.
De los pasillos
Hasta los detractores del jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, habrán de reconocer el éxito que tuvo la pista de patinaje instalada en el Zócalo... Regresó de Roma el cardenal Norberto Rivera Carrera, reapareció en la Catedral metropolitana y no desperdició la oportunidad de explotar el tema de la violencia. También se lanzó en contra de “cualquier proyecto que acentúe la pobreza del país”... La Cámara Nacional de la Industria del Vestido (CNIV) alertó que en lo que va del gobierno de Calderón han cerrado 350 empresas del sector debido al contrabando y la piratería... El líder de Nueva Izquierda y aspirante a la dirigencia nacional del PRD, Jesús Ortega, llamó a sus correligionarios a manifestar rechazo a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el caso Marín-Cacho, a través del envío de cartas, correos electrónicos y telegramas a los ministros... El gobierno de Tabasco reportó que los sectores industrial, comercial, de servicios y agropecuario registran daños que ascienden a 10 mil millones de pesos por las inundaciones, lo que equivale al 10 por ciento de la producción estatal... La ley antitabaco será imposible de cumplir en el Distrito Federal señaló la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) por lo que dejó en libertad a sus 35 mil afiliados de ampararse contra las disposiciones aprobadas por la ALDF.
( lilia_arellano@yahoo.com This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it )
Fracasó la estrategia contra el narco
En primer lugar cabe destacar el hecho de que el problema de la inseguridad pública en el país, a pesar de los grandes recursos económicos que se han destinado a su combate, no sólo está cada vez más lejos de ser resuelta sino que se ha agravado a niveles inimaginables. Según las propias estadísticas oficiales, las ejecuciones se han incrementado en 10.7 por ciento en la administración de Calderón en comparación con el índice que se heredó de Vicente Fox. A la fecha, se han perpetrado más de 2 mil 500 asesinatos en el primer año de este gobierno, a pesar de que erróneamente se involucró al Ejército en labores de policía que no le competen y que para lo único que ha servido es para socavar el prestigio de la institución por los escándalos por abusos contra la población, la violación de derechos humanos, y las desviaciones de algunos de sus mandos que han terminado por coaligarse con los cárteles de la droga en lugar de combatirlos.
La estrategia seguida ha fallado completamente y sin embargo se insiste en mantenerla. Además, Calderón esta empeñado en ser uno de los presidentes mexicanos más sumisos y entregados al gobierno de los Estados Unidos al aceptar la abierta intervención militar de ese país en nuestro territorio nacional, con su terquedad de implantar el denominado “Plan México”, a pesar de los riesgos que implican para la soberanía y la seguridad nacional el hecho de que el combate al crimen organizado, el narcotráfico, el “terrorismo”, la insurgencia civil y la protesta social, queden en manos de mandos estadounidenses y las decisiones se tomen no en la Ciudad de México, sino en Washington, D. C. Si bien el problema de dejar entrar a los militares estadounidenses o a mercenarios a sueldo para que “nos cuiden” es sumamente grave, su peligrosidad no se compara con la dificultad, los recursos financieros y la sangre de mexicanos que representará el expulsarlos.
No hay, ni habrá avances en la economía
En el terreno económico, los mexicanos sólo hemos recibido, una tras otra, promesas. Ahora, para no variar, tanto Calderón como su secretario de Hacienda, el fondomonetarista Agustín Carstens, nos dicen que si nos portamos bien, si hacemos bien nuestra tarea y no andamos de revoltosos, podremos crecer un 5 por ciento el Producto Interno Bruto (PIB) del país pero... en el 2012. Tanta “generosidad” nos conmueve. Lo cierto es que el crecimiento económico del país en estos doce meses no ha existido: el PIB cerrará este año en 3 por ciento, cuando en el último año del foxiato registraba más de 4 por ciento, y en el de Zedillo superaba el 7 por ciento. Para el año que entra nos están prometiendo un crecimiento de hasta 3.7 por ciento -que no se ve cómo puedan alcanzarlo- “gracias” a la reforma hacendaria, a la cascada de impuestos que implica, al “gasolinazo” y otras medidas que afectarán a las pequeñas y medianas empresas, cuyos propietarios se preparan para librar la batalla en los tribunales contra esos impopulares y negativos gravámenes, que avalaron los legisladores del PAN y del PRI.
Esta errónea política económica lo único que ha logrado es reducir constantemente el nivel y esperanza de vida de los mexicanos, sus ingresos y su educación, tal y como lo reportó la Organización de las Naciones Unidas en su último informe sobre la materia.
El autodenominado “presidente del empleo” no se ha cansado de jactarse de sus logros en este aspecto señalando que su gobierno entre enero y octubre de 2007 creó un total de 825 mil nuevos empleos, en medio de una reconocida desaceleración de la economía. Sin embargo, Calderón “olvida” que de los afiliados al IMSS, el 20.2 por ciento se tratan de trabajadores eventuales, es decir, de 2.97 millones de personas. De los nuevos trabajadores afiliados durante este año, el 69 por ciento son precisamente trabajadores eventuales. Según datos del INEGI en el país hay 103 millones de personas de las cuales 57.5 millones están en edad de trabajar. De esa cantidad, 15.6 millones tienen un empleo formal en las empresas mexicanas; 4.85 millones cotizan en las instituciones de seguridad social del Estado; y hay 12.3 millones de mexicanos que según el SAT se ganan la vida en forma independiente, es decir que alrededor de 32.8 millones de personas tienen una forma conocida de ganarse la vida, la gran mayoría con sueldos de hambre pues su poder adquisitivo se ha reducido en al menos 20 por ciento en la presente administración. ¿Y los 24.7 millones de mexicanos restantes de qué viven si el desempleo oficial es de apenas de 3.9 por ciento, es decir de “sólo” 1.8 millones de personas? La neta, como dicen los chavos, es que sin la economía informal, al margen y a pesar del Estado, y las remesas que envían nuestros expulsados compatriotas, el país estaría perdido en materia económica.
Obsesión: desnacionalizar el petróleo
Pero eso por supuesto que no es todo. Encantado con la “disposición” que ha encontrado en el Congreso en las fracciones parlamentarias del PAN y del PRI, Calderón va ahora por más “reformas estructurales” que, dice, “le urgen al país” para crecer más y aumentar su competitividad”. Se trata de las reformas “energética”, “laboral” y de “seguridad y justicia penal”, las cuales las tendrá que sacar adelante durante el próximo año, porque la disputa por el mayor número de curules en la Cámara de Diputados y Senadores en el 2009 cerrará las posibilidades de “negociación”.
Al arrancar el 2008, la fracción del PAN en la cámara alta iniciará la organización de foros de consulta para aterrizar una propuesta y buscar un consenso previo, obviamente con la fracción del PRI, en la Comisión de Energía, para considerar la participación del capital privado, a pesar de lo que en la materia señala la Constitución. Sin duda, la “reforma energética” será la que más dificultad le presentará a Calderón para que sea aprobada. En el PRD y en sectores del PRI hay un abierto rechazo a sus propuestas. Incluso el denominado “gobierno legítimo” de Andrés Manuel López Obrador diseñó y presentó a la opinión pública nacional un proyecto alternativo para rescatar el sector energético sin perder soberanía y basado en la corrección del gasto corriente que en los últimos seis años se ha duplicado y alcanza una impresionante cifra de un billón 321 mil millones de pesos. Plantea destinar 400 mil millones de pesos al sector, de los cuales 200 mil millones de pesos saldrían de la aplicación del gasto corriente y de la operación del gobierno. Además, el tabasqueño ha advertido que de concretarse las intenciones del actual gobierno federal de entregar el principal activo económico del país a manos privadas, particularmente extranjeras, promoverá acciones de resistencia civil pacífica bajo tres criterios: no violencia, no afectar a terceros y que sean acciones eficaces que impidan la entrega del petróleo.
Peligran derechos de los trabajadores
La otra reforma que les urge a los empresarios es la laboral, con lo que estarán en peligro los derechos individuales y colectivos de los trabajadores consagrados en el artículo 123 constitucional, entre los que destacan el derecho de huelga, la contratación colectiva, la autonomía y la libertad sindical. Para tal efecto, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a cargo del ex zedillista Javier Lozano, trabaja en dos pistas al mismo tiempo. Por una parte advirtiendo a los representantes de los trabajadores que las revisiones salariales “deben estar acordes” con la realidad económica del país. La “realidad” a la que se refiere Lozano es que según las cifras del Banco de México la inflación concluirá este año en casi 4.0 por ciento y se espera que para el próximo año se ubique entre 3.75 y 4.25 por ciento, por lo que los aumentos salariales no superaran el 4 por ciento, a pesar de que el costo de la vida se ha disparado y se irá a las nubes con la aplicación de la reforma fiscal y el gasolinazo. Al mismo tiempo, trabaja a marchas forzadas con los dirigentes empresariales de la Concamin y la Canacintra para delinear las propuestas que se presentarán a los líderes del Congreso del Trabajo, la CROC, la UNT, el Frente Sindical Mexicano. Por supuesto que los empresarios no están dispuestos a repartir más equitativamente sus ganancias con los trabajadores, sino que por el contrario pretenden que se flexibilicen las condiciones de trabajo a su favor para que tengan la posibilidad de contratar y despedir cuando deseen, “pauperizando” el mercado laboral.
Especialistas laborales y académicos como Rosalbina Garavito y Eduardo Torres, han advertido que la imposición abrupta de la reforma laboral neoliberal no es aconsejable por razones políticas, económicas, culturales, sicológicas, jurídicas e históricas, pues se corre el riesgo de que se convierta en el detonador de grandes movimientos sociales. También dirigentes sindicales han señalado que en estos momentos no existen condiciones para llevarla a cabo, pues lo que se requiere es que se concreten cambios legislativos para que vía la capacitación y el incremento a la producción se recupere el poder de compra de los trabajadores.
Hostigamiento contra sectores opositores
La tercera reforma es la referente a la seguridad pública y la justicia penal, que hasta donde se ha visto va encaminada a la ampliación de un régimen jurídico de excepción, que podría degenerar en la intervención del Estado sin los controles y equilibrios propios del régimen constitucional de garantías.
Los cambios más importantes que propone la iniciativa de Calderón incluyen la implementación de un código penal único para todo el país, “para resolver inconsistencias, lagunas y vacíos entre las leyes; nuevas reglas de procedimiento contra el crimen organizado, protección especial a víctimas, testigos y denunciantes; medidas de protección a las víctimas de violación y secuestro; facultades de investigación a las policías; bases para un sistema nacional que regule las corporaciones policiales, ingreso, selección, permanencia, profesionalización, remoción, sanciones y reconocimientos, además de cambios a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República”, entre otros. Una idea de hacia a donde van dichos cambios la tenemos en la reciente aprobación de reformas al Código Penal Federal -realizadas el pasado mes de abril- para sancionar el terrorismo, que delinea la conformación de un Estado que endurece y asume más un carácter represivo y policiaco, y que abre la puerta al peligro de que se transformen en un pretexto -con apariencia de legalidad- las acciones gubernamentales de hostigamiento y uso de la justicia en contra de sectores críticos y opositores al gobierno actual.
Académicos en derecho y en ciencias sociales de las principales casas de estudio del país denunciaron en su momento que al no existir terrorismo en el territorio nacional y establecer como “terrorismo” “cualquier mecanismo de presión a las autoridades”, las reformas al Artículo 139 van destinadas a frenar la creciente intranquilidad social y los movimientos que legítimamente aspiran a una transformación de las instituciones, por medio de restricciones a derechos fundamentales, como los de asociación, manifestación y expresión.
Por lo tanto, habrá que estar muy pendientes del trabajo en la materia que desarrollen los legisladores y de los acuerdos políticos sustantivos para la conformación de un nuevo marco constitucional para transformar la procuración y justicia penal en el país, y de las nuevas reglas que han de regir la actuación de las procuradurías, los jueces penales y los defensores públicos, porque la transformación de esas instituciones no sólo se dará con los cambios en la legislación, sino que requerirán de varios años para implementarse, para lo cual se requerirá de una firme determinación no sólo de las autoridades sino de un amplio número de actores sociales. En este punto es realmente preocupante el avance sin precedentes del narcotráfico y el crimen organizado durante el sexenio de Fox y lo que va de Calderón, quien tampoco ha manifestado tener la capacidad para liderar el cambio de las instituciones penales.
De los pasillos
Hasta los detractores del jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, habrán de reconocer el éxito que tuvo la pista de patinaje instalada en el Zócalo... Regresó de Roma el cardenal Norberto Rivera Carrera, reapareció en la Catedral metropolitana y no desperdició la oportunidad de explotar el tema de la violencia. También se lanzó en contra de “cualquier proyecto que acentúe la pobreza del país”... La Cámara Nacional de la Industria del Vestido (CNIV) alertó que en lo que va del gobierno de Calderón han cerrado 350 empresas del sector debido al contrabando y la piratería... El líder de Nueva Izquierda y aspirante a la dirigencia nacional del PRD, Jesús Ortega, llamó a sus correligionarios a manifestar rechazo a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el caso Marín-Cacho, a través del envío de cartas, correos electrónicos y telegramas a los ministros... El gobierno de Tabasco reportó que los sectores industrial, comercial, de servicios y agropecuario registran daños que ascienden a 10 mil millones de pesos por las inundaciones, lo que equivale al 10 por ciento de la producción estatal... La ley antitabaco será imposible de cumplir en el Distrito Federal señaló la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) por lo que dejó en libertad a sus 35 mil afiliados de ampararse contra las disposiciones aprobadas por la ALDF.
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