Tribunal a juicio
Raúl Monge y Jenaro Villamil Continuidad o cambio se decide esta semana con la elección del nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. La continuidad está representada por cuatro candidatos del llamado “Grupo Colón”, encabezado por los dos últimos titulares del organismo y cuyos antecedentes se remontan a Saturnino Agüero e incluyen la presencia del exmagistrado Diego Zavala Pérez, suegro del presidente Felipe Calderón. Con la titularidad del tribunal se juega, además, el destino de casi 500 millones de pesos que, de manera irregular y poco transparente, han tratado de adjudicarse los magistrados para vivir un retiro opulento…
El futuro de un millonario “cochinito” de casi 500 millones de pesos para asegurar el retiro “digno” de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), así como la continuidad o el cambio de ese organismo, serán decididos durante la presente semana, cuando el pleno de 70 magistrados elija, entre 10 candidatos, al sucesor de su presidente, José Guadalupe Carrera Domínguez.
Conocido dentro del tribunal como El Grupo Colón, el equipo compacto de magistrados que ha sido encabezado por los dos últimos presidentes –Juan Luis González Alcántara y Carrera Domínguez– tiene cuatro candidatos identificados como “oficiales”: Edgar Elías Azar (primera sala civil), Víctor Rolando Ortiz Díaz (segunda sala civil), Salvador Ávalos Sandoval (quinta sala penal) y Lázaro Tenorio Godínez (primera sala familiar).
Los otros seis candidatos inscritos son: José Cruz Estrada (tercera sala familiar), Maurilio Domínguez Cruz (novena sala penal), Rebeca Florentina Pujol (cuarta sala familiar), Petra Quezada Guzmán (séptima sala civil), Miguel Alberto Reyes Anzures (quinta sala civil) y Enrique Sánchez Sandoval (cuarta sala penal).
En el cabildeo en favor de la continuidad participan no sólo personajes de la vieja clase política priista, sino exmagistrados muy cercanos a Los Pinos, como Diego Zavala Pérez, padre de la esposa de Felipe Calderón, quien en diciembre de 2006 se jubiló tras cumplir 75 años de edad.
Zavala Pérez se halla estrechamente vinculado a Juan Luis González Alcántara, quien fue presidente del tribunal entre enero de 1999 y diciembre de 2002, y a su sucesor Carrera Domínguez. Informes internos del TSJDF mencionan las constantes reuniones que Zavala Pérez ha tenido con varios de sus homólogos. De hecho asistió al IV Informe de Labores de Carrera Domínguez, el pasado 7 de diciembre, en el edificio de Niños Héroes 132.
Los antecedentes del Grupo Colón –llamado así por el nombre del restaurante donde se reúnen– llegan hasta Saturnino Agüero Aguirre, quien controló durante seis años el tribunal (1989-1995), hasta que estalló el escándalo por su presunta responsabilidad en el crimen del magistrado Abraham Polo Uscanga y por las denuncias de corrupción dentro del organismo.
Tanto González Alcántara como Carrera Domínguez fueron nombrados magistrados en el período de Saturnino Agüero. Al primero, éste lo promovió inicialmente como director de Anales de Jurisprudencia y del Boletín Judicial, para luego impulsarlo como magistrado en materia civil. En enero de 1999 González Alcántara llegó a la presidencia del TSJDF con respaldo del gobierno capitalino de Cuauhtémoc Cárdenas. Fue así como se impuso a Juan Lara Domínguez, apoyado en ese entonces por el secretario de Gobernación de Zedillo, Diódoro Carrasco.
Carrera Domínguez se convirtió en magistrado penal durante la presidencia de Saturnino Agüero, y en enero de 2003 sustituyó a González Alcántara. Por lo menos dos de los actuales candidatos “oficiales” llegaron también a ser magistrados en la época de Agüero: Salvador Ávalos Sandoval, magistrado penal, y Víctor Rolando Ortiz Díaz, magistrado civil.
Uno de los temores en el ambiente es que el parentesco del exmagistrado Zavala, y las inclinaciones de su trayectoria, puedan conducir a los magistrados de las salas civiles a brindar su apoyo a cualquiera de los candidatos oficiales.
Otro de los candidatos fuertes del binomio Alcántara-Carrera es el magistrado civil Edgar Elías Azar, el único aspirante que argumentó en sus comparecencias en busca del voto que él garantizaría la devolución del “cochinito” armado con fondos fiscales federales retenidos a los trabajadores del TSJDF.
La experiencia de Elías Azar en el manejo de las finanzas públicas proviene de su paso como tesorero del gobierno de Francisco Ruiz Massieu, en Guerrero. Su primer ingreso como magistrado fue en 1993, durante la época de Saturnino Agüero, y en 2003 se reincorporó al tribunal apoyado por Juan Luis González Alcántara y con el visto bueno del entonces jefe de Gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador.
A su paso como secretario de Finanzas y Administración en el gobierno de Ruiz Massieu, el nombre de Elías Azar apareció relacionado con un presunto fraude de venta de maderas finas durante un evento de la campaña presidencial de Carlos Salinas de Gortari en 1987. Contra su exsecretaria particular Carmen González Gil se inició la averiguación previa SC/3890/88 C-142/88 por presunto fraude contra un empresario maderero.
La buena relación de Elías Azar con el secretario de Hacienda foxista, Francisco Gil Díaz, permitió que entre 2003 y 2007 el TSJDF se guardara el porcentaje que le correspondía pagar como Impuesto sobre la Renta, lo que contribuyó a formar el fondo del “cochinito”.
Magistrados “cachirules”
La elección del presidente del TSJDF tiene otro ingrediente polémico. Cinco de los 70 magistrados que integran el pleno ocupan las vacantes de otros magistrados de manera irregular porque fueron designados sólo para cubrir el encargo temporalmente, y en su gestión han excedido los tres meses que establece como máximo el artículo 73, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
Se trata de Bruno Cruz Jiménez (segunda sala civil), Javier Arturo Salgado Muñoz (tercera sala familiar), Rafael Santa Ana Solís (octava sala penal), Sergio Serrano García (octava sala civil) y Hermelinda Silva Meléndez (quinta sala penal).
El analista Emilio Zebadúa escribió en un artículo titulado El candidato oficial, publicado en La Crónica de Hoy, que “no hay excusa para que se incurra en este tipo de faltas, pero parece que ni el presidente, José Guadalupe Carrera Domínguez, ni el Consejo de la Judicatura quieren asumir sus responsabilidades legales”.
El problema con los cinco magistrados “cachirules”, como les dicen internamente, ha llamado la atención del pleno y del propio Consejo de la Judicatura. La excusa oficial de Carrera Domínguez, según refiere Zebadúa en su artículo del 3 de diciembre, es que las diferencias existentes entre la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, han impedido que se designe a los nuevos magistrados.
Justamente la relación de los magistrados con Ebrard y con las corrientes perredistas que dominan en la Asamblea Legislativa juega un papel decisivo en la elección del próximo presidente del TSJDF. A pesar de la autonomía del Poder Judicial capitalino, la nominación de los magistrados se hace a propuesta del presidente del tribunal, pero debe contar con el aval del jefe de Gobierno y con el voto mayoritario de los legisladores.
Además de llenar los cinco puestos vacantes, en 2009 el jefe de Gobierno y los asambleístas deberán ratificar a 13 magistrados cuyo período vence ese año: Jorge Ponce Martínez, María de Jesús Medel Díaz, Raúl Jaime Campos Rábago, Lino Pedro Bolaños Cayetano, Concepción Ornelas Clemente, Joel Blanco García, Carmen Aída Bermúdez Monge, José Cruz Estrada, Marta Albarrán Montaño, Dora Isela Solís Sandoval, Adriana Canales Pérez, Antonio Muñozcano y Edgar Elías Azar, uno de los candidatos “oficiales” a próximo presidente.
En 2011, dos más deberán ser ratificados: Elsa del Carmen Arzaola Muñoz y Rogelio Antolín Magos Morales.
En total, son 20 puestos de magistrados que entrarán en juego entre 2008 y 2011. La definición del próximo presidente del tribunal será determinante, tanto para la sustitución de los cinco cargos vacantes como de los 15 que estarán pendientes de ratificar.
Públicamente, una de las aspirantes que ha denunciado la “cargada” a favor de los candidatos oficiales es la magistrada Rebeca Florentina Pujol. En declaración a la prensa, Pujol afirmó que “siempre va a haber ‘cargada’. Se da en todos los procesos políticos”.
La ruta del dinero
Amparado en un decreto presidencial del 5 de marzo de 2003, que eximía del pago del Impuesto sobre la Renta (ISR) a los trabajadores de entidades federativas y del gobierno del Distrito Federal, durante los ejercicios fiscales de 2003 a 2007 el presidente saliente del TSJDF, José Guadalupe Carrera Domínguez, concretó un proyecto ideado por su antecesor, Juan Luis González Alcántara, y creó un fondo para asegurar un “retiro decoroso” a jueces y magistrados del tribunal con los recursos fiscales provenientes de esa contribución federal.
Las aportaciones comenzaron a fluir en diciembre de 2004 y, hasta el pasado mes de junio, la suma recaudada ascendía a 440 millones 437 mil 654 pesos con 97 centavos.
En mayo de 2006, la Contaduría Mayor de Hacienda (CMH) de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal practicó una auditoría al TSJDF y detectó que el Poder Judicial retuvo indebidamente el ISR a los trabajadores.
Dictaminó el Órgano de Vigilancia de la CMH: “A la fecha de la conclusión de la fase de auditoría, el TSJDF no cuenta con el convenio que el GDF y la SHCP debieron celebrar para formalizar los beneficios fiscales de referencia, por lo que no se cuenta con el documento jurídico administrativo que lo exima de la obligación de pagar 80% del Impuesto sobre la Renta retenido en diciembre de 2004, por 105 millones 610 mil pesos”.
Y es que la retención del ISR en el TSJDF se aplicó dos años antes de que la SHCP y el GDF formalizaran el convenio marco para hacer válidas las prerrogativas fiscales contenidas en el decreto expedido por el entonces presidente Vicente Fox, y dos años antes de que el propio tribunal suscribiera el documento que le daría derecho a hacer uso de ese privilegio, como lo estipulaba el propio acuerdo.
A principios de 2007, el asunto volvió a ocupar la atención de los diputados locales cuando se enteraron de que Carrera Domínguez pretendía crear un fideicomiso con los recursos provenientes de los impuestos federales retenidos a los trabajadores del tribunal. El diputado perredista Tomás Pliego fue el más incisivo: calificó de inmoral, poco ética e ilegal la conformación de un fideicomiso para garantizar un retiro digno de los jueces y magistrados, cuyos sueldos, dijo, de por sí les dan para vivir muy bien.
Aún así, Carrera Domínguez siguió adelante y, el 28 de marzo de 2007, el pleno del Consejo de la Judicatura sesionó para discutir los proyectos de Reglas de Administración del Fondo para el Retiro de Magistrados y Jueces, así como el contrato de fideicomiso respectivo.
En esa sesión, el consejero del Consejo de la Judicatura del DF, Jaime Cárdenas Gracia, votó en contra de ambos proyectos. Al razonar su voto, hizo notar a los integrantes del Consejo de la Judicatura una serie de omisiones “graves” contenidas en las reglas de administración del fondo.
Por ejemplo, comentó que el plan del fondo carece de proyecciones y estudios actuariales sobre la dinámica de los participantes y sus aportaciones, así como de la suficiencia de la fuente fija de los recursos destinados a cubrir el retiro de magistrados y jueces.
Consideró, así mismo, que el proyecto “es omiso respecto de la transparencia en el manejo de los recursos y de la rendición de cuentas”, entre otras observaciones.
El 23 de mayo, el Consejo de la Judicatura puso sobre la mesa de discusión los mismos puntos. En esa ocasión, el consejero Cárdenas Gracia volvió a dar cuenta de la inviabilidad del fondo de retiro y de la constitución del fideicomiso. Advirtió que tarde o temprano dicho fondo tendrá que ser completado con recursos públicos.
Días después, el 4 de junio, el pleno del Consejo de la Judicatura del DF decidió, inesperadamente, no ejercer directamente los recursos captados por la retención del ISR, transferir a la cuenta de la Tesorería del DF los 440 millones 437 mil pesos del “cochinito” y solicitar a la Secretaría de Finanzas del GDF que incorpore al TSJDF en el clausulado del convenio marco para que éste pueda hacer válida la exención del ISR.
A pesar del acuerdo anterior, el pasado 24 de octubre el Consejo de la Judicatura solicitó a la Secretaría de Finanzas del GDF 140 millones de pesos del “cochinito”, con el propósito de “destinarlos como aportación (capital semilla) a la constitución del Fondo de Retiro de Magistrados y Jueces”.
Ante las irregularidades detectadas en la constitución del fondo, la retención indebida de impuestos federales y la opacidad con que se ha conducido el presidente del tribunal, la ALDF aprobó, en octubre pasado, un punto de acuerdo mediante el cual se instruye al órgano correspondiente del Gobierno del DF fiscalizar los recursos del TSJDF, principalmente los del fondo en cuestión.
No es todo. El diputado Tomás Pliego, integrante de la Comisión de Vigilancia de la CMH, adelantó a Proceso que en los próximos días subirán al pleno de la Asamblea una iniciativa del ley para reformar la Ley de Acceso a la Información en el DF, con el fin de obligar al TSJDF a que transparente el ejercicio del gasto y rinda cuentas a la ciudadanía.
“No es posible que a estas alturas el Poder Judicial del DF actúe con absoluta opacidad, cuando es público que en ese organismo privan el dispendio, la corrupción y la discrecionalidad”, manifestó.
Por último, observó: “La devolución de los más de 400 millones de pesos al GDF sólo demuestra que el TSJDF sabía de antemano que incurrió en una falta grave, y tarde o temprano Carrera Domínguez deberá rendir cuentas por ello”.
Raúl Monge y Jenaro Villamil Continuidad o cambio se decide esta semana con la elección del nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. La continuidad está representada por cuatro candidatos del llamado “Grupo Colón”, encabezado por los dos últimos titulares del organismo y cuyos antecedentes se remontan a Saturnino Agüero e incluyen la presencia del exmagistrado Diego Zavala Pérez, suegro del presidente Felipe Calderón. Con la titularidad del tribunal se juega, además, el destino de casi 500 millones de pesos que, de manera irregular y poco transparente, han tratado de adjudicarse los magistrados para vivir un retiro opulento…
El futuro de un millonario “cochinito” de casi 500 millones de pesos para asegurar el retiro “digno” de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), así como la continuidad o el cambio de ese organismo, serán decididos durante la presente semana, cuando el pleno de 70 magistrados elija, entre 10 candidatos, al sucesor de su presidente, José Guadalupe Carrera Domínguez.
Conocido dentro del tribunal como El Grupo Colón, el equipo compacto de magistrados que ha sido encabezado por los dos últimos presidentes –Juan Luis González Alcántara y Carrera Domínguez– tiene cuatro candidatos identificados como “oficiales”: Edgar Elías Azar (primera sala civil), Víctor Rolando Ortiz Díaz (segunda sala civil), Salvador Ávalos Sandoval (quinta sala penal) y Lázaro Tenorio Godínez (primera sala familiar).
Los otros seis candidatos inscritos son: José Cruz Estrada (tercera sala familiar), Maurilio Domínguez Cruz (novena sala penal), Rebeca Florentina Pujol (cuarta sala familiar), Petra Quezada Guzmán (séptima sala civil), Miguel Alberto Reyes Anzures (quinta sala civil) y Enrique Sánchez Sandoval (cuarta sala penal).
En el cabildeo en favor de la continuidad participan no sólo personajes de la vieja clase política priista, sino exmagistrados muy cercanos a Los Pinos, como Diego Zavala Pérez, padre de la esposa de Felipe Calderón, quien en diciembre de 2006 se jubiló tras cumplir 75 años de edad.
Zavala Pérez se halla estrechamente vinculado a Juan Luis González Alcántara, quien fue presidente del tribunal entre enero de 1999 y diciembre de 2002, y a su sucesor Carrera Domínguez. Informes internos del TSJDF mencionan las constantes reuniones que Zavala Pérez ha tenido con varios de sus homólogos. De hecho asistió al IV Informe de Labores de Carrera Domínguez, el pasado 7 de diciembre, en el edificio de Niños Héroes 132.
Los antecedentes del Grupo Colón –llamado así por el nombre del restaurante donde se reúnen– llegan hasta Saturnino Agüero Aguirre, quien controló durante seis años el tribunal (1989-1995), hasta que estalló el escándalo por su presunta responsabilidad en el crimen del magistrado Abraham Polo Uscanga y por las denuncias de corrupción dentro del organismo.
Tanto González Alcántara como Carrera Domínguez fueron nombrados magistrados en el período de Saturnino Agüero. Al primero, éste lo promovió inicialmente como director de Anales de Jurisprudencia y del Boletín Judicial, para luego impulsarlo como magistrado en materia civil. En enero de 1999 González Alcántara llegó a la presidencia del TSJDF con respaldo del gobierno capitalino de Cuauhtémoc Cárdenas. Fue así como se impuso a Juan Lara Domínguez, apoyado en ese entonces por el secretario de Gobernación de Zedillo, Diódoro Carrasco.
Carrera Domínguez se convirtió en magistrado penal durante la presidencia de Saturnino Agüero, y en enero de 2003 sustituyó a González Alcántara. Por lo menos dos de los actuales candidatos “oficiales” llegaron también a ser magistrados en la época de Agüero: Salvador Ávalos Sandoval, magistrado penal, y Víctor Rolando Ortiz Díaz, magistrado civil.
Uno de los temores en el ambiente es que el parentesco del exmagistrado Zavala, y las inclinaciones de su trayectoria, puedan conducir a los magistrados de las salas civiles a brindar su apoyo a cualquiera de los candidatos oficiales.
Otro de los candidatos fuertes del binomio Alcántara-Carrera es el magistrado civil Edgar Elías Azar, el único aspirante que argumentó en sus comparecencias en busca del voto que él garantizaría la devolución del “cochinito” armado con fondos fiscales federales retenidos a los trabajadores del TSJDF.
La experiencia de Elías Azar en el manejo de las finanzas públicas proviene de su paso como tesorero del gobierno de Francisco Ruiz Massieu, en Guerrero. Su primer ingreso como magistrado fue en 1993, durante la época de Saturnino Agüero, y en 2003 se reincorporó al tribunal apoyado por Juan Luis González Alcántara y con el visto bueno del entonces jefe de Gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador.
A su paso como secretario de Finanzas y Administración en el gobierno de Ruiz Massieu, el nombre de Elías Azar apareció relacionado con un presunto fraude de venta de maderas finas durante un evento de la campaña presidencial de Carlos Salinas de Gortari en 1987. Contra su exsecretaria particular Carmen González Gil se inició la averiguación previa SC/3890/88 C-142/88 por presunto fraude contra un empresario maderero.
La buena relación de Elías Azar con el secretario de Hacienda foxista, Francisco Gil Díaz, permitió que entre 2003 y 2007 el TSJDF se guardara el porcentaje que le correspondía pagar como Impuesto sobre la Renta, lo que contribuyó a formar el fondo del “cochinito”.
Magistrados “cachirules”
La elección del presidente del TSJDF tiene otro ingrediente polémico. Cinco de los 70 magistrados que integran el pleno ocupan las vacantes de otros magistrados de manera irregular porque fueron designados sólo para cubrir el encargo temporalmente, y en su gestión han excedido los tres meses que establece como máximo el artículo 73, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
Se trata de Bruno Cruz Jiménez (segunda sala civil), Javier Arturo Salgado Muñoz (tercera sala familiar), Rafael Santa Ana Solís (octava sala penal), Sergio Serrano García (octava sala civil) y Hermelinda Silva Meléndez (quinta sala penal).
El analista Emilio Zebadúa escribió en un artículo titulado El candidato oficial, publicado en La Crónica de Hoy, que “no hay excusa para que se incurra en este tipo de faltas, pero parece que ni el presidente, José Guadalupe Carrera Domínguez, ni el Consejo de la Judicatura quieren asumir sus responsabilidades legales”.
El problema con los cinco magistrados “cachirules”, como les dicen internamente, ha llamado la atención del pleno y del propio Consejo de la Judicatura. La excusa oficial de Carrera Domínguez, según refiere Zebadúa en su artículo del 3 de diciembre, es que las diferencias existentes entre la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, han impedido que se designe a los nuevos magistrados.
Justamente la relación de los magistrados con Ebrard y con las corrientes perredistas que dominan en la Asamblea Legislativa juega un papel decisivo en la elección del próximo presidente del TSJDF. A pesar de la autonomía del Poder Judicial capitalino, la nominación de los magistrados se hace a propuesta del presidente del tribunal, pero debe contar con el aval del jefe de Gobierno y con el voto mayoritario de los legisladores.
Además de llenar los cinco puestos vacantes, en 2009 el jefe de Gobierno y los asambleístas deberán ratificar a 13 magistrados cuyo período vence ese año: Jorge Ponce Martínez, María de Jesús Medel Díaz, Raúl Jaime Campos Rábago, Lino Pedro Bolaños Cayetano, Concepción Ornelas Clemente, Joel Blanco García, Carmen Aída Bermúdez Monge, José Cruz Estrada, Marta Albarrán Montaño, Dora Isela Solís Sandoval, Adriana Canales Pérez, Antonio Muñozcano y Edgar Elías Azar, uno de los candidatos “oficiales” a próximo presidente.
En 2011, dos más deberán ser ratificados: Elsa del Carmen Arzaola Muñoz y Rogelio Antolín Magos Morales.
En total, son 20 puestos de magistrados que entrarán en juego entre 2008 y 2011. La definición del próximo presidente del tribunal será determinante, tanto para la sustitución de los cinco cargos vacantes como de los 15 que estarán pendientes de ratificar.
Públicamente, una de las aspirantes que ha denunciado la “cargada” a favor de los candidatos oficiales es la magistrada Rebeca Florentina Pujol. En declaración a la prensa, Pujol afirmó que “siempre va a haber ‘cargada’. Se da en todos los procesos políticos”.
La ruta del dinero
Amparado en un decreto presidencial del 5 de marzo de 2003, que eximía del pago del Impuesto sobre la Renta (ISR) a los trabajadores de entidades federativas y del gobierno del Distrito Federal, durante los ejercicios fiscales de 2003 a 2007 el presidente saliente del TSJDF, José Guadalupe Carrera Domínguez, concretó un proyecto ideado por su antecesor, Juan Luis González Alcántara, y creó un fondo para asegurar un “retiro decoroso” a jueces y magistrados del tribunal con los recursos fiscales provenientes de esa contribución federal.
Las aportaciones comenzaron a fluir en diciembre de 2004 y, hasta el pasado mes de junio, la suma recaudada ascendía a 440 millones 437 mil 654 pesos con 97 centavos.
En mayo de 2006, la Contaduría Mayor de Hacienda (CMH) de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal practicó una auditoría al TSJDF y detectó que el Poder Judicial retuvo indebidamente el ISR a los trabajadores.
Dictaminó el Órgano de Vigilancia de la CMH: “A la fecha de la conclusión de la fase de auditoría, el TSJDF no cuenta con el convenio que el GDF y la SHCP debieron celebrar para formalizar los beneficios fiscales de referencia, por lo que no se cuenta con el documento jurídico administrativo que lo exima de la obligación de pagar 80% del Impuesto sobre la Renta retenido en diciembre de 2004, por 105 millones 610 mil pesos”.
Y es que la retención del ISR en el TSJDF se aplicó dos años antes de que la SHCP y el GDF formalizaran el convenio marco para hacer válidas las prerrogativas fiscales contenidas en el decreto expedido por el entonces presidente Vicente Fox, y dos años antes de que el propio tribunal suscribiera el documento que le daría derecho a hacer uso de ese privilegio, como lo estipulaba el propio acuerdo.
A principios de 2007, el asunto volvió a ocupar la atención de los diputados locales cuando se enteraron de que Carrera Domínguez pretendía crear un fideicomiso con los recursos provenientes de los impuestos federales retenidos a los trabajadores del tribunal. El diputado perredista Tomás Pliego fue el más incisivo: calificó de inmoral, poco ética e ilegal la conformación de un fideicomiso para garantizar un retiro digno de los jueces y magistrados, cuyos sueldos, dijo, de por sí les dan para vivir muy bien.
Aún así, Carrera Domínguez siguió adelante y, el 28 de marzo de 2007, el pleno del Consejo de la Judicatura sesionó para discutir los proyectos de Reglas de Administración del Fondo para el Retiro de Magistrados y Jueces, así como el contrato de fideicomiso respectivo.
En esa sesión, el consejero del Consejo de la Judicatura del DF, Jaime Cárdenas Gracia, votó en contra de ambos proyectos. Al razonar su voto, hizo notar a los integrantes del Consejo de la Judicatura una serie de omisiones “graves” contenidas en las reglas de administración del fondo.
Por ejemplo, comentó que el plan del fondo carece de proyecciones y estudios actuariales sobre la dinámica de los participantes y sus aportaciones, así como de la suficiencia de la fuente fija de los recursos destinados a cubrir el retiro de magistrados y jueces.
Consideró, así mismo, que el proyecto “es omiso respecto de la transparencia en el manejo de los recursos y de la rendición de cuentas”, entre otras observaciones.
El 23 de mayo, el Consejo de la Judicatura puso sobre la mesa de discusión los mismos puntos. En esa ocasión, el consejero Cárdenas Gracia volvió a dar cuenta de la inviabilidad del fondo de retiro y de la constitución del fideicomiso. Advirtió que tarde o temprano dicho fondo tendrá que ser completado con recursos públicos.
Días después, el 4 de junio, el pleno del Consejo de la Judicatura del DF decidió, inesperadamente, no ejercer directamente los recursos captados por la retención del ISR, transferir a la cuenta de la Tesorería del DF los 440 millones 437 mil pesos del “cochinito” y solicitar a la Secretaría de Finanzas del GDF que incorpore al TSJDF en el clausulado del convenio marco para que éste pueda hacer válida la exención del ISR.
A pesar del acuerdo anterior, el pasado 24 de octubre el Consejo de la Judicatura solicitó a la Secretaría de Finanzas del GDF 140 millones de pesos del “cochinito”, con el propósito de “destinarlos como aportación (capital semilla) a la constitución del Fondo de Retiro de Magistrados y Jueces”.
Ante las irregularidades detectadas en la constitución del fondo, la retención indebida de impuestos federales y la opacidad con que se ha conducido el presidente del tribunal, la ALDF aprobó, en octubre pasado, un punto de acuerdo mediante el cual se instruye al órgano correspondiente del Gobierno del DF fiscalizar los recursos del TSJDF, principalmente los del fondo en cuestión.
No es todo. El diputado Tomás Pliego, integrante de la Comisión de Vigilancia de la CMH, adelantó a Proceso que en los próximos días subirán al pleno de la Asamblea una iniciativa del ley para reformar la Ley de Acceso a la Información en el DF, con el fin de obligar al TSJDF a que transparente el ejercicio del gasto y rinda cuentas a la ciudadanía.
“No es posible que a estas alturas el Poder Judicial del DF actúe con absoluta opacidad, cuando es público que en ese organismo privan el dispendio, la corrupción y la discrecionalidad”, manifestó.
Por último, observó: “La devolución de los más de 400 millones de pesos al GDF sólo demuestra que el TSJDF sabía de antemano que incurrió en una falta grave, y tarde o temprano Carrera Domínguez deberá rendir cuentas por ello”.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario