Conaliteg: polvos de lodos foxistas

Jorge Carrasco Araizaga

Cuando a comienzos de la administración de Vicente Fox el titular de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), Jorge Velasco y Félix, decidió modificar los mecanismos para la licitación de contratos, afectó intereses económicos que ahora lo enfrentan a varias demandas. Éstas fueron presentadas por Armando Prida Huerta, cuyas empresas acaparaban contratos para imprimir millones de libros editados por la Conaliteg. Velasco asegura que intentó proteger los intereses del organismo a su cargo afectados por la voracidad del impresor. Pero Prida alega que, en su afán de obstaculizarlo, el funcionario violó la ley y le causó grandes perjuicios económicos.

La promesa del gobierno de Vicente Fox de encarcelar por corrupción a “peces gordos” resultó un fiasco…

Con la llegada del PAN a la Presidencia en 2000, en la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) se revisaron los procesos de licitación para la impresión de 160 millones de libros editados por este organismo. A decir de los nuevos funcionarios de la comisión, los contratos se concentraban en unas cuantas manos, sobre todo en la empresa Encuadernaciones de Oriente.

Propiedad de Armando Prida Huerta, presidente de la Asociación Periodística Síntesis –grupo que publica periódicos en Puebla, Tlaxcala e Hidalgo–, a partir de 2001 la empresa fue excluida de varios procesos de licitación, pues la Conaliteg consideró que sólo de esta manera podía defender sus intereses y recursos.

El empresario, quien durante años ha realizado trabajos de impresión a los gobiernos de Puebla y a la propia Conaliteg, respondió con varias acciones legales que se concretaron en dos juicios administrativos y uno penal. Y denuncia que fue obstaculizado para participar en ocho procesos de licitación, lo cual le causó daños y perjuicios por un monto de 138 millones de pesos.

La querella llegó a la PGR en enero de 2006. De acuerdo con la consignación, tanto la Conaliteg como el Órgano Interno de Control del organismo –dependiente de la Secretaría de la Función Pública (SFP)– dilataron el cumplimiento de resoluciones dictadas por autoridades administrativas y jurisdiccionales.

A causa de la demanda penal, 14 exservidores públicos –nueve de la Conaliteg y cinco de la SFP– están ahora sujetos a que la juez décimo en Procesos Penales Federales, Verónica Judith Sánchez Valle, emita órdenes de aprehensión en su contra como presuntos responsables de delitos estipulados en el Código Penal Federal.

Solicitadas por el Ministerio Público federal desde el pasado 8 de noviembre, esas órdenes aún están pendientes de resolverse, a pesar de que la juez debía tomar una decisión a finales de ese mes.

El principal acusado es el exdirector general de Conaliteg, Jorge Velasco y Félix, quien amparado ya contra una eventual orden de aprehensión asegura que las demandas son “una revancha” del empresario por haber perdido el dominio de los millonarios trabajos de impresión del organismo descentralizado de la Secretaría de Educación Pública.

Encuadernaciones de Oriente controlaba más de 30% de las impresiones de la comisión, asegura Velasco, quien en la actualidad preside la firma editorial Ríos de Tinta, conformada por Grupo Milenio, de Monterrey, y el Grupo Clarín, de Buenos Aires.

Cortina de humo

Dedicado por décadas a la industria editorial, en la que incluso fue presidente de la cámara nacional del ramo, Velasco dice que la demanda no sólo entraña una venganza, sino el ocultamiento del monopolio que en algún momento tuvo Prida para imprimir los libros editados por la Conaliteg.

“Tan fue muy irregular la actuación de sus empresas que una decena de compañías de la industria de las artes gráficas lo demandó por práctica antieconómica en Conaliteg”, asegura Velasco.

Además, el exfuncionario sostiene que Encuadernaciones de Oriente participó en las licitaciones a pesar de estar inhabilitada “por encontrarse en suspensión de pagos y otorgar información falsa”, como se consigna en un decreto publicado el 23 de abril de 2002 en el Diario Oficial de la Federación.

Refiere que en noviembre de 2005, la comisión interpuso una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR) por presuntos delitos contra su patrimonio, por trabajos de impresión realizados entre 1996 y 1997 en los que las empresas de Prida “pretendieron cobrar mil 308 millones de pesos” mediante la presentación de ofertas económicas con sobreprecios. La demanda no prosperó.

Las solicitudes de aprehensión contra los exfuncionarios representan una nueva etapa de una larga disputa en la que Velasco le ganó a un periodista una demanda por daño moral. Sin embargo, no salió indemne de un escándalo causado por la impresión, en 2002, del libro Cómo proteger a tus hijos contra las drogas, para la fundación Vamos México, de Marta Sahagún.

El abogado de Prida en la causa penal 158/07, Armando López, considera que las órdenes de aprehensión no se han girado debido a la influencia del hermano del exdirector de Conaliteg, Guillermo Velasco y Félix, magistrado penal, quien se jubiló en octubre pasado.

El exmagistrado es esposo de Ligia Noemí Cuevas Gurrutia, la abogada de Sahagún en la demanda que por daño moral interpuso en abril de 2005 contra este semanario y la periodista argentina Olga Wornat (Proceso 1488).

En el pliego de consignación entregado hace dos meses por el Ministerio Público federal a la juez Sánchez Valle, se establece que los 14 acusados presuntamente cometieron los delitos de colusión de servidores públicos y abuso de autoridad para impedir de forma reiterada la participación de las empresas de Prida en las licitaciones de Conaliteg.

El conflicto se inició en julio de 2001, cuando Encuadernaciones de Oriente presentó la primera de ocho ofertas de licitación que le fueron rechazadas. En tres de éstas, se dice en la consignación, “con la intención de prohibir” la participación de la empresa los exfuncionarios de la Conaliteg adicionaron a las bases de licitación un supuesto que antes no estaba considerado en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, vigente en esa época.

Ese supuesto establecía que la empresa licitante o cualquiera otra con la que se asociara para cumplir con los términos de la licitación, no deberían de estar en suspensión de pagos. El requisito se introdujo porque Encuadernaciones de Oriente había firmado un contrato con la empresa Litografía Magnograf, que se encontraba en esa situación y que, según Velasco, también es propiedad de Prida.

El empresario impugnó esa adición ante la Dirección General de Inconformidades de la entonces Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam, ahora SFP). En noviembre de 2001, la dependencia decretó por primera vez la nulidad de la primera de las licitaciones y le ordenó a la Conaliteg que repusiera el procedimiento.

En las cinco licitaciones restantes, la Conaliteg eliminó ese requisito, pero desechó las ofertas de Encuadernaciones de Oriente por considerar que esta empresa se encontraba en suspensión de pagos.

Debido a esa decisión, Prida se inconformó ante la Secodam, que en todos los casos determinó la nulidad de los recursos utilizados por Conaliteg para impedir que Encuadernaciones de Oriente participara en las licitaciones y ordenó que éstas fueran repuestas.

Pero en 2002, la Conaliteg respondió que eso era imposible porque algunas partidas licitadas se adjudicaron a terceros; otras fueron declaradas desiertas y algunas más se retiraron para que los trabajos se hicieran en los talleres de la propia comisión.

Para defenderse, el organismo dirigido por Velasco interpuso juicios de nulidad contra esas resoluciones ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Sin embargo, distintas salas de ese cuerpo colegiado fallaron en su contra por considerar que carecía de legitimación e interés jurídico para utilizar dicho recurso, toda vez que era autoridad y no parte demandante.

La Conaliteg se inconformó con el fallo y acudió a los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa para ampararse contra cada una de las resoluciones. Perdió los recursos, con lo que se mantuvieron los dictámenes en su contra determinados por la Secodam.

Complicaciones

Los problemas de Velasco se agravaron cuando en agosto de 2002 Enrique Estévez Sandoval, quien había sido director de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Conaliteg, presentó una denuncia de hechos ante la Secodam, donde lo acusa de haberle dado instrucciones para excluir a las empresas de Prida, no sólo a Encuadernaciones de Oriente, sino a Representación de Impresores Nacionales, que había comprado las bases de otro de los concursos luego de los primeros rechazos.

En su acusación también involucró a Salvador Pasalagua, entonces titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, y a David Villanueva Escabi, en ese momento director técnico de la comisión.

Según el Ministerio Público federal, el abuso de autoridad se cometió no sólo en las tres primeras licitaciones con la inclusión de requisitos no previstos, sino cuando la Conaliteg manifestó a la Secodam la imposibilidad de reponer las licitaciones.

De acuerdo con la consignación, la Conaliteg actuó de manera ilegal “con la complacencia” de su Órgano Interno de Control (OIC), cuando el organismo decidió promover los juicios de nulidad y de amparo, “a los que perfectamente sabía que no tenía derecho, incurriendo con ello en una demora indebida de la prestación de los servicios públicos”.

Respecto del supuesto segundo delito, el pliego de consignación señala que los inculpados se habrían coaligado para actuar en contra de la Ley de Adquisiciones. Su conducta ilícita consistió en “impedir la ejecución de la norma y, por ende, de la Administración Pública, pues nunca tuvieron la intención de reponer los procedimientos de licitación”.

Presume que “desde antes de que se publicaran las bases de licitación (…) y durante su desarrollo, los servidores públicos celebraron diversas coaliciones para impedir la aplicación y/o ejecución de la ley mediante acuerdo e instrucción directa del director general de la Conaliteg”.

Además de los funcionarios de la Conaliteg señalados como principales responsables, en el caso de la SFP la consignación también menciona a Roberto Niebla Cuevas, titular del OIC cuando ocurrieron los presuntos actos ilegales.

Los otros dos juicios que se siguen son administrativos. Uno es contra Velasco por daños y perjuicios, y el otro impugna una resolución administrativa de la SFP mediante la cual se deslindan responsabilidades de los exfuncionarios.

Defensa

El documento a favor de Velasco y coacusados tiene fecha del 30 de noviembre de 2006, justo el día en que acabó el gobierno de Fox y está firmado por Norma Angélica Torres Jiménez, titular del área de Quejas del Órgano Interno de Control en la Conaliteg, quien aún sigue al frente de esa oficina.

Ese acuerdo pretende aminorar los alcances de lo resuelto por la Secodam entre noviembre de 2001 y junio de 2002, acerca de las licitaciones en pugna. Primero, establece que la resolución de las impugnaciones por parte de esa dependencia “es insuficiente” para la determinación de las presuntas ilegalidades. Además, asegura que desde 1995 tanto Encuadernaciones de Oriente como Litografía Magnograf estaban en suspensión de pagos –aunque ésta superó esa situación en marzo de 2003–, por lo que fueron justificadas las acciones de Conaliteg para impedir que las empresas de Prida participaran en las licitaciones.

También destaca que ni Prida ni ninguna otra empresa impugnaron las bases de la licitación al momento de adquirirlas. En el caso del empresario, sólo se inconformó una vez que fue descalificado.

En su acuerdo, la titular del Órgano de Control Interno de Conaliteg niega que de manera dolosa y arbitraria se haya excluido de los concursos a Encuadernaciones de Oriente, puesto que no hay evidencia “categórica o fehaciente” de que Velasco “hubiese intervenido directamente” o “instruido para que se obstaculizara la participación de la empresa denunciante”.

Las imputaciones de Estévez, añade el documento, “sólo son manifestaciones subjetivas que no aportan datos o indicios”, además de que no establecen “de manera clara y precisa las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se desarrollaron los hechos que narra”. Más aún, asegura que su actitud fue una “revancha” por haber salido de la Conaliteg.

Desacredita la carta de denuncia (sic) –así lo destaca– de Estévez publicada en el libro Corrupción de Estado, de José Martínez, que, de acuerdo con Velasco, fue auspiciado por el propio Prida: “Hay que preguntar quién le imprime gratis los libros. Supongo que es Encuadernaciones de Oriente”.

En su defensa de Velasco, Torres Jiménez refuta el señalamiento de que la Conaliteg no repuso los procedimientos. Manifiesta que el objeto de las licitaciones era la adquisición y la maquila de libros de texto, por lo que “no era posible anteponer el interés particular sobre el interés general”.

Respalda su consideración en que la propia Ley de Adquisiciones prevé la suspensión de un proceso cuando no se cause perjuicio al interés social. Ante los recursos tramitados por la Conaliteg, sostiene que los exfuncionarios estaban obligados a defender los intereses del organismo.

Y concluye: “No existen elementos necesarios y suficientes para remitir al área de responsabilidades de este Órgano Interno de Control a efecto de iniciar el procedimiento administrativo de responsabilidades a algún servidor y/o exservidor público de la Conaliteg”.

En entrevista, Velasco confirma que ya cuenta con un amparo contra una eventual orden de detención y asegura que las acusaciones de Prida son “una revancha porque a su empresa se le quitó la mina de oro”.

En 2001, sus empresas tenían más de 30% de la producción editorial de la Conaliteg. “Había otras que se beneficiaban, pero las de él eran las que tenían el mayor beneficio, a pesar de que el decreto de creación del organismo establece que la producción de libros gratuitos no puede servir de lucro para nadie”.

Explica que el negocio era la elevación de los costos de impresión, sin que se desglosaran el costo del papel y el de la cartulina. A la comisión le cobraban 30 centavos la impresión del pliego, cuando debían ser entre 9 y 10. Eso incrementaba en seis o siete pesos la producción de cada uno de los 160 millones de ejemplares que producía la Conaliteg.

Además, “se decidió que los impresores sólo maquilaran y que la comisión se encargara de comprar el papel y la cartulina”. Dice que ante los elevados costos, la Junta de Gobierno de la Comisión –integrada por varias secretarías de Estado– decidió revisar las bases de la licitación. “Le pedí al comité de bases que las estudiaran, porque había algo totalmente irregular”.

Aclara: “yo no formaba parte de ese comité ni del de adquisiciones, por lo que no podía dar instrucciones sobre el resultado de las licitaciones”. En lo que se refiere a las acusaciones de Estévez, asegura que este funcionario salió de la comisión por irregularidades administrativas.

“Al impedir que entre 2001 y 2006 se lucrara con los libros de texto gratuitos, economizamos mil 600 millones de pesos, además de que produjimos 12 libros por estudiante, cuando el promedio eran seis. De 163 millones de libros y materiales educativos pasamos a 491 millones”, enfatiza.

Se muestra prudente al hablar del Ministerio Público que solicitó las órdenes de aprehensión y considera que se trata de una institución de buena fe, pero que se debe considerar que la comisión “terminó el sexenio sin ninguna observación, ni de la Auditoría Superior de la Federación ni del OIC ni de ninguna auditoría externa”.

“Cualquiera –acota– estaría preocupado con enemigos de esa naturaleza; con gente que se está valiendo de diferentes instancias para su revancha”. Niega que su hermano esté detrás de su defensa: “Es un ilustre magistrado que tiene mucho respeto por su jubilación, por lo que no me puede asesorar. Tiene mucho respeto por la ley”.