Documentados, los "arreglos"

Patricia Dávila

Desde su origen, el programa Enciclomedia tuvo anomalías como un pago irregular –una “donación” por 7 millones de pesos– a su autor, Felipe Bracho Carpizo, el incumplimiento por parte de las empresas en la instalación y operación de las aulas prometidas, así como el tráfico de influencias en el otorgamiento de los contratos de licitación.

Proceso obtuvo también una relación de las decenas de llamadas telefónicas que recibió, a finales de agosto de 2005, el entonces director de Tecnologías de la Información de la SEP, Francisco Javier Cárdenas, en vísperas de la licitación. Ese funcionario violó la normatividad, pues según el artículo 50, fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el artículo 30, fracción 7 de su reglamento, los funcionarios tienen prohibido tener contacto con los licitantes.

En noviembre pasado, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados dio a conocer el resumen ejecutivo del Informe del resultado de la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2005 realizado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en la que se mencionan algunas de las irregularidades en la ejecución del programa Enciclomedia.

Entre éstas, el informe explica que la Dirección General de Tecnología de la Información (DGTI) “ejerció 478 millones 338 mil pesos (23%) del total del presupuesto original autorizado por 2 mil 105 millones de pesos para la actividad prioritaria R055 (cuyo propósito era) implementar el programa Enciclomedia. La diferencia por mil 626 millones 662 mil pesos (77%) se utilizó para dar atención a las presiones del gasto que tenía el sector educativo”.

Así mismo, detalla que durante el ejercicio 2005 se debieron instalar 18 mil 464 aulas del Modelo Multianual de Servicios (MMS), pero la DGTI sólo justificó la instalación de 7 mil 287; tampoco se presentaron 127 actas circunstanciadas de inicio de operación de las aulas en Zacatecas y el Estado de México, cuyo monto era de 24 millones 181 mil pesos.

Según la licitación pública internacional LPI00011001-027/05, coordinada por la Dirección de Tecnologías de la Información de la SEP, las aulas debieron terminarse en diciembre de 2005. Sin embargo, sólo se entregaron en esa fecha las 7 mil 287 mencionadas y se desconoce si las 11 mil 177 restantes se construyeron o no.

En la revisión y fiscalización de la cuenta pública realizada por la ASF, según el informe, se observó también que la DGTI no aplicó los 2 mil 105 millones de pesos autorizados para dar atención a la actividad prioritaria R055, “lo que provocó que en 2005 no se alcanzaran los objetivos previstos en el Plan Nacional de Educación de instalar las 18 mil 464 aulas MMS”.

El informe también señala que de los 478 millones 338 mil pesos pagados con cargo en la actividad prioritaria, 69 millones 784 mil pesos corresponden a pagos por concepto de consumo de alimentos, mantenimiento correctivo y preventivo del sistema multimedia del centro de innovación estratégica de Argentina, así como a servicios de informática en la aplicación del protocolo de pruebas correspondientes a la evaluación técnica de la LPI 00011001-027/05. La DGTI tampoco aclaró que los 69 millones 784 mil pesos estén relacionados con la actividad prioritaria R055 para implementar Enciclomedia.

Por lo tanto, de acuerdo con la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados, se incumplieron los artículos 44, fracción III del reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal vigente en 2005.

En su reporte correspondiente al año fiscal 2005 la ASF asegura que promovió ante la SEP 10 acciones –seis recomendaciones, una solicitud de aclaración y tres promociones de responsabilidad Administrativa Sancional– ante la presunción de irregularidades en la planeación e implementación de Enciclomedia, daño al patrimonio nacional o desvío de recursos. Hasta ahora se desconoce si fueron atendidas por las autoridades.

Pero sobre todo la ASF señala que durante la administración foxista la SEP nunca realizó ningún estudio del costo-beneficio que justificara una erogación millonaria para la renta de las “aulas Enciclomedia”. Y precisa que esa no fue la mejor opción para elevar los niveles de calidad de los aprendizajes de los educandos.

Irregularidades a granel

Desde el año anterior, en su Informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2004, la ASF destacó que en la auditoría practicada a la SEP en cuanto a los egresos presupuestales del capítulo 5000, “Bienes muebles e inmuebles”, determinó que la primera fase de Enciclomedia llevada a cabo durante ese año careció de un análisis de alternativas; es decir, no consideró los aspectos pedagógicos ni los de equidad, complejidad operativa ni la limitada disponibilidad de recursos públicos.

Incluso refirió que los plazos establecidos para la entrega de las aulas no se cumplieron, por lo que la dependencia aplicó sanciones a proveedores por 507.6 millones de pesos. Sin embargo, ninguna de las compañías morosas fue inhabilitada, con lo que se violó el artículo 60, fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

De acuerdo con el Libro blanco de Enciclomedia, este programa no contó con el presupuesto autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entre 2001 y 2003, pues sólo otorgó a la SEP mil millones de pesos como apoyo a la partida 5000. Además, agrega el libro, se presumen irregularidades en el concurso de las 10 áreas geográficas donde la SEP licitó el programa. Y expone que de 11 empresas que participaron en las licitaciones, sólo Informática Integral Administrativa, Integradores de Tecnología, Tecnoprogramación Humana Especializada en Sistemas Operativos, TED Tecnología Editorial y Corporativo Lanix fueron las beneficiadas.

Al parecer, las empresas incurrieron en actos de “colusión”, ya que todas ajustaron sus precios en 10%, para beneficiarse presuntamente unas a otras y así obtener las licitaciones de manera diferenciada en las diferentes zonas geográficas, menciona el mismo libro. También pudo haber irregularidades en la compra de más de 50 mil tutoriales de software a sobreprecio, que favorecerían a la empresa marca Fase Software.

Según el documento, el costo promedio de paquetes de tutoriales de Fase Software en el mercado es de aproximadamente 200 dólares, precio superior a los tutoriales de marcas de prestigio como Microsoft e-Learning, lo cual (de verificarse) habría generado un daño al erario por 11 millones de dólares.

Las llamadas

Entre la información que la ASF proporcionó a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados aparece el recibo telefónico con las decenas de llamadas que Francisco Javier Cárdenas, director de la DGTI durante el sexenio foxista, recibió de varias de las empresas que ganaron la licitación de Enciclomedia. Según los legisladores, eso hace suponer “conductas irregulares en las licitaciones”, por lo que continuarán con sus indagatorias.

En el recibo aparecen 291 llamadas recibidas por Cárdenas en su celular –el 044 55 21 28 05 86– durante agosto de 2005 en vísperas de la licitación, que fue el día 29 de ese mes. Los días 26, 27 y 28 recibió 31 llamadas de las empresas que participaron en la licitación, según una copia obtenida por el reportero Álvaro Delgado.

Salvador Rizo Tavares llamó al celular de Cárdenas desde el número 81 83 63 17 72; la empresa TECNO lo hizo desde el 55 55 03 55 53; ALEF, desde el 55 51 03 80 66; Videonet, S.A. de C.V., del 55 52 55 15 18. Bernardo Kufer Sistemas y Conmutadores llamó en seis ocasiones del 55 50 95 34 42; TED Tecnología Editorial, S.A. de C.V., del 55 52 94 20 52. Sin embargo, el caso insólito fue el del Centro de Productividad Avanzada, que se comunicó con el funcionario en 20 ocasiones desde los números 55 56 82 28 20 y el 55 56 82 29 98.

Un año antes, el 8 de septiembre de 2004, Francisco Medellín Leal renunció sorpresivamente a la Oficialía Mayor de la SEP. Antes de dar a conocer su decisión, declaró a los reporteros y a las empresas participantes que el proceso de licitación 00011001-012/04, convocado para la adquisición de bienes informáticos, muebles de computadora y pizarrones para Enciclomedia, fueron legales. Su renuncia ocurrió días después de haber adjudicado el primer contrato por mil millones de pesos.

No obstante, las irregularidades en Enclicomedia estuvieron presentes desde el principio, cuando el autor de este programa, Felipe Bracho Carpizo, recibió 7 millones de pesos por derecho de autoría. El informe de la Comisión de Educación explica que en este aspecto el programa Enciclomedia se compone de tres elementos: la herramienta para compilar (software), los recursos u objetos de aprendizaje (contenidos) y la plataforma tecnológica para la visualización y uso de la obra compilada.

La herramienta para compilar fue desarrollada y registrada por Bracho Carpizo, quien cedió los derechos al Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE) por 100 pesos, mediante un convenio. No obstante esta “donación”, el creador de Enciclomedia firmó un segundo acuerdo con el ILCE por el que recibió cerca de 7 millones de pesos para ceder los derechos patrimoniales de Enciclomedia para su uso en México y en América Latina.

El problema es que Bracho Carpizo desarrolló el programa presuntamente con recursos públicos provenientes del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), y ahora lo está explotando en Egipto. l