Volveremos y con más fuerza...

José Gil Olmos

Encarcelado desde hace más de un año por el gobierno de Felipe Calderón, el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), Flavio Sosa, asegura que es el primer “preso de conciencia” del actual régimen. Prueba de ello, dicen él y su abogado, es que las autoridades se han valido de un sinnúmero de argucias legales y dilaciones para mantenerlo en prisión, con un solo objetivo: doblegar a la APPO.

El 4 de diciembre de 2006, apenas iniciada la administración de Felipe Calderón, el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), Flavio Sosa, fue detenido sin orden de aprehensión por elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) y de la Agencia Federal de Investigación (AFI).

La captura ocurrió en la Ciudad de México, en la víspera de una reunión programada por la asamblea con el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, con quien había acordado el establecimiento de una mesa de diálogo. Con ello, se pretendía solucionar el estado de crispación política y social que imperaba en Oaxaca desde mayo de 2006, sobre todo en la capital de la entidad, provocado por un movimiento popular y magisterial que pugnaba por reivindicaciones político-salariales pero que fue reprimido por fuerzas estatales y, finalmente, aplastado con la irrupción de la PFP en el estado y el encarcelamiento de sus líderes, entre ellos el propio Sosa.

“Con mi detención, Calderón ostentó la mano dura para inhibir acciones de protesta y movilizaciones populares en contra de su gobierno”, asegura Sosa desde la cárcel de Cuicatlán, Oaxaca, luego de una estancia de ocho meses en el penal La Palma de alta seguridad, ubicado en el Estado de México, donde fue tratado como un reo “de alto grado de peligrosidad”.

Y añade: “El PAN-gobierno está buscando las claves de la gobernabilidad con la fuerza militar, la justicia politizada, la venta e intercambio de impunidades, la seducción de liderazgos y la burda copia de propuestas surgidas de la oposición. Es en este contexto que no se tolera a los movimientos que se salen de los cauces que ellos consideran políticamente correctos”.

Considera que estas acciones se revertirán, pues, advierte, habrá más movilizaciones sociales como la de la APPO, en protesta por la aplicación de las políticas del modelo neoliberal y en demanda de justicia y democracia.

De 2006 a la fecha, 500 simpatizantes de la APPO fueron detenidos por las autoridades estatales y federales, y se abrieron 6 mil expedientes en su contra. Nunca antes en la historia de los movimientos sociales del país se había encarcelado a tantos miembros de una organización social en tan poco tiempo. La mayor parte ya recuperó su libertad, y sólo siete –entre ellos Sosa– continúan presos.

Entrevistado por medio de su abogado, Gilberto López, quien llevó un cuestionario a Flavio hasta el penal, el dirigente señala que como parte de la estrategia para doblegar a la APPO las autoridades no sólo han actuado en su contra, sino que han hostilizado a su familia y a otros miembros del movimiento.

“Se ha usado también a mi familia y compañeros como rehenes. No podemos dejar de lado que Horacio Sosa estuvo preso conmigo en Almoloya y luego en Cuicatlán. Éric Sosa, sin tener ninguna participación en el movimiento, estuvo en el penal federal de Matamoros. También han sido hostigados otros familiares míos, como Jorge Sosa, detenido y torturado por la policía de Oaxaca.”

Regresión

Sosa prevé que la misma “mano dura” de Calderón en contra del movimiento popular y de su familia reactivará la acción de la APPO, que –precisa– no se encuentra acabada, a pesar de las 21 personas que han muerto desde el inicio del conflicto.

“La APPO –sostiene– es el preludio de un movimiento de mayor envergadura en nuestro estado y nos corresponde actuar con responsabilidad para que este movimiento permita la evolución de Oaxaca a estadios superiores de justicia y democracia.”

La llegada de Calderón al poder, añade, significó una “regresión democrática” opuesta a la ola progresista que se desarrolla en América Latina. En lo que toca al PAN, dice, este partido encontrará resistencia no sólo en las urnas, sino también en movilizaciones populares pacíficas y en el surgimiento de proyectos alternativos.

Y por lo que respecta a los militares, refiere que “tendrán que volver a sus cuarteles y corresponderá a los civiles construir un nuevo rumbo para México desde las plazas públicas, las universidades, las calles, las urnas y en los medios de comunicación”.

Acusa al presidente de la República, Felipe Calderón, y al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, de usarlo para continuar el proceso de negociación con la APPO.

“Me considero un prisionero político y de conciencia en virtud de que soy rehén de los gobiernos federal y estatal para golpear a un movimiento popular y legítimo”, asegura.

Afirma que desde el inicio de su administración Calderón sostuvo que en su gobierno no habría presos políticos o por sus ideas. Sin embargo, “soy un prisionero de conciencia puesto que se me juzga por mis ideas, por mi compromiso con un movimiento que cuestiona las formas de hacer política en nuestro país, la legitimidad de los gobiernos, la pobreza brutal que nos lastima, el autoritarismo, la nula separación de los poderes y otros lastres heredados del régimen de partido de Estado”.

Sosa, quien fue dirigente del Partido de la Revolución Democrática en el estado de Oaxaca, impulsor del voto del cambio en favor de Vicente Fox e integrante de la dirigencia colectiva de la APPO, tiene abiertas seis causas penales, que incluyen 12 delitos: desde el robo hasta el secuestro, daños a bienes públicos y privados, sedición…

Dos de esas causas han sido anuladas por falta de pruebas luego de un juicio de amparo y, según el abogado defensor, Gilberto López, hay otras cuatro en las que se cuenta con elementos para que los jueces dicten auto de libertad, pues las pruebas no se sostienen y los testigos han comenzado a retractarse.

Cuando el dirigente de la APPO fue detenido en la avenida Insurgentes, en la Ciudad de México, junto con su hermano Horacio y sus compañeros Ignacio García Maldonado y Marcelino Coache Verano, el grupo buscaba un encuentro con Felipe Calderón y para ello habían contactado al secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña.

La cita estaba prevista para el 5 de diciembre de 2006, pero ese día los apistas ya no fueron a Los Pinos a entrevistarse con el presidente, sino que un aparatoso convoy de policías federales los llevó al penal La Palma, del Estado de México.

Durante ocho meses los hermanos Horacio y Flavio Sosa estuvieron presos en esa cárcel de alta seguridad acusados de secuestro, lesiones calificadas y robo calificado con violencia a las personas. El 15 de agosto, un avión de la Procuraduría General de la República (PGR) los trasladó de La Palma a otro penal de mediana seguridad, en el estado de Oaxaca.

El 6 de agosto, los juzgados Quinto de Distrito en Materia Civil y de Amparos del Estado de México ordenaron esa transferencia. No se trató de un acto de “buena voluntad” del gobierno de Ulises Ruiz, precisa el abogado Gilberto López.

Horacio Sosa, acusado de sedición y daños por incendio a oficinas públicas y particulares ocurridos el 25 de noviembre de 2006, fue puesto en libertad el 19 de noviembre de 2007 por falta de pruebas. Su primo Jorge Luis Sosa, detenido por las mismas causas y enviado en primera instancia al penal de alta seguridad de Nayarit y luego al penal oaxaqueño de Cuicatlán, también recuperó su libertad el 24 de enero de 2007.

Flavio Sosa sigue tras las rejas pese a los amparos interpuestos por su abogado, quien afirma que no hay elementos para considerar que el líder apista es una persona de “alto grado de peligrosidad” ni tampoco las pruebas para sostener que incurrió en los delitos de los que se le acusa.

Revancha

De acuerdo con los alegatos presentados por Gilberto López ante los tres jueces de Oaxaca que llevan los casos de Flavio Sosa, acusado de 12 delitos distintos, hay claras contradicciones en las denuncias presentadas en contra del líder y falsos testimonios de algunos de los testigos, los cuales fueron tomados como pruebas clave para encarcelarlo.

Por ejemplo, para el delito de robo registrado en la causa penal 58/2006 en agravio del municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, el juez mixto de Primera Instancia de Ocotlán tuvo que revocar el auto de formal prisión y dictarle su libertad tras declarar que no había pruebas para establecer el ilícito.

En cuanto a los delitos de secuestro, lesiones calificadas y robo en contra de los policías de San Bartolo Coyotepec Joaquín Jiménez Ogarrio y José Luis Díaz Cruz, supuestamente perpetrados por Flavio Sosa (causa penal 71/2006 del juez mixto de Ocotlán), el abogado sostiene que éste ni siquiera se encontraba en su casa el 15 de agosto de 2006 cuando los dos policías fueron retenidos por miembros de la APPO luego de que intentaron ingresar al domicilio particular de Flavio.

Según las propias declaraciones de los policías estatales, fueron el regidor Pablo Aguilar y el síndico Marcelino Mateos quienes los despojaron de sus pertenencias y los subieron a una camioneta para evitar un enfrentamiento con los miembros de la APPO que acudieron al lugar. Mientras eso sucedía en San Bartolo, Flavio Sosa se encontraba lejos de ahí, en el Zócalo de Oaxaca, donde ofreció una conferencia de prensa.

El abogado Gilberto López prosigue con el recuento de las irregularidades observadas en el proceso contra Flavio Sosa:

En lo que atañe a la causa penal 102 /2006, por los delitos de daños al auditorio de la Guelaguetza ocurridos a raíz del incendio del 17 de julio de 2006, ninguno de los testigos señala a Flavio Sosa como autor del siniestro. Declararon que habían escuchado su nombre entre la gente que tomó el aparato de sonido de ese lugar “hablando groserías en contra del gobierno” de Ulises Ruiz.

En lo referente a la invasión y uso de las instalaciones del Canal 9 de Televisión Oaxaqueña (causa penal 136/2006) ocurridos el 1 de agosto de 2006, hechos que se le imputan a Flavio Sosa junto con un grupo de mujeres, las acusaciones no se sostienen porque él no participó en la toma ni utilizó las instalaciones de la emisora. Nadie del grupo tenía conocimientos técnicos para la operación de los trasmisores.

De los delitos de sedición y asociación delictuosa (causa penal 157/2006) relacionados con las marchas realizadas en contra del gobierno de Ulises Ruiz, las acusaciones contra Flavio no se acreditan debido a que nunca se usaron armas ni se organizaron bandas para cometer ilícitos.

Finalmente, en cuanto a la acusación de daños y robo al edificio de la paraestatal Caminos y Aeropistas de Oaxaca con las pintas realizadas por simpatizantes de la APPO durante las marchas, las autoridades tampoco han comprobado que el responsable haya sido Flavio Sosa.

López asegura que en los seis procesos contra el dirigente de la APPO la mayoría de los testigos presentaron testimonios falsos y pruebas que no se sostienen. Pese a ello, los amparos interpuestos no han prosperado en tres de éstos debido a “situaciones hasta ahora desconocidas”.

Puntualiza: “Los jueces de Oaxaca y los federales han actuado más por consigna y de manera parcial que de manera justa. La dilación es evidente porque a más de un año apenas se están resolviendo los amparos interpuestos. Por eso decimos que en el caso de Flavio la justicia se ha politizado y se está actuando más como un asunto político o de venganza”.