El ISSSTE de Elba Esther

Miguel Ángel Granados Chapa

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) comenzó a ser privatizado cuando su gestión fue entregada por el presidente Fox a Elba Ester Gordillo, que lo dirigió a través de Benjamín González Roaro, ahora diputado panista-elbista y uno de los firmantes del proyecto de ley del nuevo ISSSTE, a la que, cuando sea aprobada, convendrá llamar Ley Gordillo, porque ella es su autora, la tejedora de la urdimbre que ha puesto bajo su férula personal, privada, el órgano de seguridad social de la burocracia federal.

El diseño de poner a la lideresa magisterial al frente de esa burocracia, comenzando por el órgano que le otorga prestaciones (no en vano en muchos sexenios priistas dirigentes sindicales se convirtieron en directores del instituto), dio un gran paso en diciembre de 2003, cuando la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, dirigida por el senador Joel Ayala (cacique del sindicato de la Secretaría de Salud), sufrió un golpe cuya contundencia se ha ido advirtiendo al paso de los años. En aquel entonces una veintena de sindicatos, encabezados por el de los maestros, renunció a seguir perteneciendo a la que por ley era la federación única de los sindicatos burocráticos. No se limitaron a actuar como mera disidencia, en busca de un nuevo orden interno o de sustituir a la dirección con la que estaban en desacuerdo.

Menos de tres meses después, el 27 de febrero de 2004, pusieron su casa aparte. Integraron la llamada, no sin sarcasmo, Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos, que pugnó por obtener reconocimiento. Solicitó su registro ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, el órgano de la justicia laboral burocrática, que le negó la inscripción, no sólo porque la ley establecía un órgano federado único y ese papel correspondía desde 1938 a la FSTSE, sino porque la composición misma del tribunal refleja el corporativismo tradicional en que es dominante la representación del grupo ayalista.

Pero en marzo de 2005 la Suprema Corte de Justicia ordenó al tribunal registrar a la nueva federación, que empezó a disputar a la antigua los cargos de representación hasta entonces reservados a la FSTSE tradicional. Apenas en febrero pasado un juez declaró inconstitucional la Ley del ISSSTE que sólo reconoce lugar a esa federación añeja, y declaró el derecho de la federación gordillista a tener representación en la junta directiva de ese instituto.

En el entretanto, el ISSSTE escriturado a favor de Gordillo estrenó gerente, designado dentro del círculo más próximo a la lideresa magisterial. El exdiputado priista, exsubsecretario de Seguridad Pública Miguel Ángel Yunes fue encargado de rehacer el instituto, que enfrenta una crisis financiera y de servicios propia de un organismo del que se ha abusado sin límite. La razón principal para cerrar aquella institución y crear otra, bajo el pleno dominio gordillista, es el excesivo y creciente monto del déficit pensionario, que debe ser colmado con aportaciones fiscales. En el año que corre, 40 mil millones de pesos pagados por los contribuyentes fueron necesarios para que no se deje de cubrir sus magras pensiones a los jubilados.

A fin de construir ese nuevo ISSSTE sin generar los anticuerpos que hicieron difícil la recreación del sistema de pensiones y jubilaciones en el Instituto Mexicano del Seguro Social, se echaron a andar dos operaciones políticas de avenimiento de intereses, una sindical y otra partidaria. Por efecto de la primera, Joel Ayala –ahora diputado, que transita por su undécimo año consecutivo de legislador, amén de un trienio anterior– quedó frente a una realidad insoslayable. La organización que encabeza está en franca declinación, y dentro del PRI cada vez cuenta menos, como lo muestra el trato desdeñoso que se dio a su propia iniciativa de reorganizar el ISSSTE. Se le dejó hallar de lo perdido lo que aparezca y se le brindó la oportunidad de negociar no con la federación formada por disidentes de la suya propia, lo que haría más difícil de apurar su trago amargo, sino con sólo el sindicato principal del nuevo organismo, el SNTE.

Para avenir intereses partidarios que aseguraran la aprobación de una nueva ley en el Congreso se pusieron en acción recursos políticos y personales del gordillismo. Amigos cercanos según se pudo saber por la información contenida en el libro de Lydia Cacho Los demonios del edén, Emilio Gamboa y Yunes no tuvieron dificultad para entenderse. La aportación panista se daba por descontada, y cada uno trajo a la coalición a sus aliados, el Verde con el PRI y el Panal con el PAN. Se convino en que no fuera la Presidencia donde se firmara la iniciativa, sino que la presentaran diputados de esos cuatro partidos, con claros tintes gordillistas en la mayor parte de los casos. Así, el jueves 15 de marzo el priista duranguense Samuel Aguilar Solís leyó (con interrupciones surgidas de la oposición de los diputados del Frente Amplio) la iniciativa, suscrita por él mismo y sus compañeros tricolores José Manuel Parás González y Joel Ayala; los panistas Efraín Arizmendi Uribe, José Manuel Sandoval Munguía y Benjamín González Roaro, expriistas los tres; el verde Carlos Alberto Puente Salas, y los gordillistas del Panal Ariel Castillo Nájera y Humberto Dávila Esquivel, este último secretario general del SNTE ya bajo la égida de Gordillo.

Ésta tuvo participación directa en la elaboración de la ley, en cuyo análisis no entramos ahora, pues lo relevante en este momento es subrayar su autoría y sus consecuencias. La presidenta del SNTE se reunió con Ayala para hacer posible el acuerdo, y ella formuló señalamientos específicos a la proyectada legislación. De uno de ellos se derivará un acrecentamiento de la fuerza sindical que encabeza: 300 mil trabajadores que tienen hasta ahora posición precaria, pues el ISSSTE ha congelado las plazas correspondientes, serán de inmediato contratados bajo las nuevas condiciones de jubilación. Constituyen una fuerza que dominará a la actual planta laboral, compuesta por 80 mil trabajadores. A aquéllos, a los nuevos, se les puede inducir a que lleven su sindicato a la federación gordillista, pues al fin y al cabo la lideresa arregló su situación.

El primer principio que, dijeron los diputados firmantes de la iniciativa, regulará la nueva era del ISSSTE, es que no se privatizará. En efecto, no ocurrirá tal fenómeno en el futuro. Ya ha ocurrido, y no por la vía de la subrogación médica como está previsto, sino por operaciones políticas que lo dejaron en manos de la lideresa magisterial. El ISSSTE es suyo, con todo y nueva
ley. ?


El gobierno espurio está pagando facturas por los apoyos recibidos el 2 de julio, con el PRI, con Elba Esther Gordillo y con los empresarios.