Columna de Frida
La historia del Ejército Mexicano es en cierto modo, la del País, de sus luchas, de sus empeños por reconquistar su Patria, afianzar la independencia, salvaguardar su libertad y erigir un camino autónomo de vida. Revisar el proceso de evolución de nuestras Fuerzas Armadas hasta llegar a su actual condición, inquirir en el papel que les ha tocado desempeñar en el cumplimiento de nuestros objetivos y aspiraciones colectivas.
A lo largo de la historia, el pueblo mexicano ha acudido a las armas siempre que ha sido necesario asegurar la defensa de su autonomía y de sus derechos, amenazada en ocasiones por las presiones externas y en otras por la agresión de enemigos internos. En cualquier periodo crucial de nuestro pasado que se revise, se advertirá la existencia de un Ejército netamente popular, unas veces en la forma de un grupo disciplinado y organizado y otras en la de una masa revolucionaria, pero en cualquiera de ambos casos se encuentra luchando por los más nobles principios de la libertad, autonomía y justicia social. Heredero de esa gloriosa tradición, el Ejército actual es una institución democrática, abierto sin distinciones a la libre concurrencia de los mexicanos que tienen la vocación del servicio por las armas; a su carácter institucional confía el pueblo y la defensa del orden legal, la paz interior y la salvaguarda de la soberanía. Ejército de paz, el nuestro no ha sido nunca instrumento de conquista ni de agresión a otros países. Las Fuerzas Armadas son parte del pueblo. Participan en sus afanes de justicia, mantienen el culto a los símbolos nacionales, son baluarte de los principios humanistas y son también gestores de desarrollo y fraternal apoyo de la sociedad en momentos de desastre.
Este es el Ejército de México, una expresión del pueblo y símbolo de patriotismo, http://www.sedena.gob.mx/ (sic) ¿?.
Mmm y entonces???? La pregunta es, ¿porqué no lo hacen?
Si el combate a la delincuencia organizada que, Lástima a la sociedad mexicana es tarea fundamental del Estado, cómo es que existen tantas violaciones por parte de quien se supone nos debe de cuidar, de velar por nuestro bienestar, no puedo decir que el Ejército en su totalidad es malo, sería encasillar a quien realmente trabaja y lucha por su pueblo, por llevar a cabo su labor, pero entonces ¿Dónde cae la responsabilidad de los siguientes casos?
27 de febrero del 2007, se registró la más reciente acción delictiva de miembros del Ejército, la violación tumultuaria de la señora Ernestina Ascencio Rosario, una anciana de más de 73 años originaria de Soledad Atzompa, Veracruz. Como consecuencia de la agresión sexual que sufrió, doña Ernestina falleció 5 días después en un hospital de Río Blanco. Hasta la fecha el Ejército se ha deslindado de los hechos y como sabemos ya dictaminó el presidente quien es la cabeza del ejército que la señora murió por padecer gastritis, ahhh claro y el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos José Luis Soberanes reafirmó lo dicho por Felipe Calderón, pero.
¿A qué le hacemos caso? A lo evidente o a su necesidad de deslindar responsabilidades.
Tristemente no es el único caso. El 11 de julio de 2006, más de 20 soldados asaltaron la zona de tolerancia del municipio de Castaños, Coahuila, violaron a 13 mujeres, sexoservidoras . En la actualidad hay cuatro soldados detenidos y la sociedad está a la espera de que sea la justicia civil y no la militar la que juzgue a estos soldados que actuaron como delincuentes.
Tan sólo en el estado de Guerrero, existen las denuncias de agresiones sexuales cometidas por integrantes del ejército contra seis mujeres indígenas:
El 22 de marzo de 2002, en Barranca Tecuani, Ayutla de los Libres, Guerrero, Inés Fernández Ortega, de 27 años, fue violada en su casa por 11 soldados;
El 16 de febrero del mismo año, la indígena tlapaneca Valentina Rosendo Cantú de 17 años, oriunda de la comunidad de Caxitepec, fue torturada y agredida sexualmente por ocho soldados del 41 Batallón de Infantería en Barranca Bejuco, Acatepec, Guerrero; la Procuraduría de estado, declinó su competencia a favor de la jurisdicción militar y a más de cinco años de los hechos no se ha realizado investigación alguna.
Los días 20 y 21 de abril de 1999, Victoriana Vázquez Sánchez, de 50 años, y Francisca Santos Pablo, de 33, fueron interceptadas y violadas en casas abandonadas; y Evaristo Albino Téllez, Antonio Mendoza Olivero y Pedro Ramírez Santos ejecutados, por personal castrense. Todos eran indígenas mixtecos de Barrio Nuevo San José, Tlacochixtlahuaca, Guerrero y nuevamente, las autoridades civiles declinaron su competencia a favor de la Procuraduría Militar y a la fecha la investigación fue cerrada sin responsables del delito.
El 3 de diciembre de 1997, Delfina Flores Aguilar, de 28 años, y Aurelia Méndez Ramírez, de 31, indígenas Tlapanecas, de Zopilotepec, Atlixtac de Álvarez, Guerrero denunciaron haber sido violadas por cinco soldados.
En 1997, se denunció en Oaxaca la violación de 12 mujeres por soldados del Ejército mexicano en la zona Loxicha, el caso no prosperó por las intimidaciones que ejerció la Comisión Estatal de Derechos Humanos contra las mujeres a las que amenazó con que irían a la cárcel en caso de no demostrar que habían sido violadas.
También es categórico el caso de tres hermanas Tzeltales de 12, 15 y 17 años, quienes el 4 de junio de 1994 en un retén militar ubicado en el municipio de Altamirano, Chiapas fueron privadas ilegalmente de su libertad y abusadas sexualmente por personal castrense.
El Ejército Mexicano evitó investigar los hechos pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió el informe 11.565, en el que se da cuenta de la responsabilidad del instituto armado y por lo tanto del Estado mexicano. A pesar de dicha recomendación, las tres indígenas tzeltales siguen esperando justicia.
Podemos agregar otros delitos cometidos por integrantes del Ejército, como el de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera en el que se denunciaron penalmente los delitos de privación ilegal de la libertad, tortura y fabricación de actuaciones, cometidos en su agravio por elementos adscritos al 40 Batallón de Infantería .Sin embargo, lejos de investigarse, la Procuraduría General de la República (PGR) declinó la competencia a favor del instituto armado, argumentando la incompetencia de dicho fuero para investigar los delitos y por lo tanto quedando la indagatoria en manos de la Procuraduría de Justicia Militar. A la fecha, la investigación simplemente no ha reportado avance alguno, después de 7 años 8 meses de haberse interpuesto la denuncia.
Es preciso recordar otro de los más emblemáticos delitos por su gravedad e impunidad, cometidos por elementos del cuerpo castrense, la masacre de El Charco, municipio de Ayutla de los Libres Guerrero, en donde 11 personas perdieron la vida como consecuencia de los disparos que miembros del Ejército mexicano realizaron en contra de un grupo de personas que se encontraban en la escuela Caritino Maldonado. A pesar de existir una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señalando la responsabilidad del cuerpo armado, nunca ha habido una investigación imparcial que permitiera la sanción a los responsables y la reparación del daño para las víctimas y sus familiares.
Y tampoco olvidamos los delitos de lesa humanidad (tortura, desaparición forzada, ejecuciones sumarias) cometidos por miembros del más alto nivel del ejército mexicano, incluido su comandante en jefe, Luis Echeverría Álvarez, a fines de los 60, y durante las décadas de los 70 y 80, periodo negro de terrorismo de Estado conocido como "guerra sucia".De negra memoria los nombres de Arturo Acosta Chaparro, preso por delitos contra la salud en una cárcel militar y, de Humberto Quirós Hermosillo, recientemente fallecido en la misma cárcel militar, quienes no han sido juzgados por ningún tribunal civil por los delitos contra las y los mexicanos cometidos al amparo de su fuero militar.
Amnistía Internacional, en su último informe sobre la situación de los derechos humanos en México titulado "Leyes sin justicia: Violaciones de derechos humanos e impunidad en el sistema de justicia penal y de seguridad pública" dado a conocer el 7 de febrero del presente año, señaló que :
...en casos de graves violaciones de derechos humanos presuntamente cometidas por personal militar, el poder judicial federal sigue interpretando que el artículo 13 de la Constitución reconoce la jurisdicción del sistema de justicia militar para llevar a cabo investigaciones y juzgar los casos ante tribunales militares. Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales han documentado en repetidas ocasiones la falta de imparcialidad e independencia del sistema de justicia militar, que ha garantizado sistemáticamente la impunidad de miembros del ejército acusados de graves violaciones de derechos humanos, negando a las víctimas y a sus familiares el derecho a la verdad y la justicia. Los mecanismos internacionales de derechos humanos de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han pedido a México que garantice que esos casos son investigados y juzgados por las autoridades civiles adecuadas .
Esta situación tiene sustento en varios casos que han sido documentados, en donde delitos cometidos por elementos del Ejército mexicano en funciones de seguridad pública y contra civiles han quedado en la impunidad, debido en gran medida, a que la investigación de dichos ilícitos queda a cargo de la Procuraduría de Justicia Militar.
En consecuencia, delitos que en realidad son del orden civil, por haber sido cometidos contra la población, son investigados por un órgano militar que carece de la independencia e imparcialidad que requiere cualquier órgano encargado de investigar un hecho delictivo. En la mayoría de los casos no existe ni siquiera la posibilidad de que la víctima, sus familiares o representantes legales puedan ejercer los derechos que le asisten a la víctima del delito y que se encuentran establecidos en el artículo 20 apartado A de la Constitución, puesto que están sujetos a una jurisdicción especial, en la cual tiene nulas posibilidades de participación.
Esta investigación tan amplia por parte de Rene Arce,
(http://www.senado.gob.mx/sgsp
No incluye aquellos casos que por miedo, no han sido denunciados, es urgente que el EJERCITO SE DIGNIFIQUE ANTE QUIEN CREE EN EL, QUE RESPETE AQUELLO POR LO QUE UNA VEZ JURO.
¿Hasta dónde se va a permitir que lleguen los poderes?
¿Hasta dónde piensa llegar Felipe Calderón? ¿José Luis Soberanes? ¿Y el Ejército?
¿Cuándo van a ejecutar el código de honor con el que se manejan?
No hay comentarios.:
Publicar un comentario