Del semanario Proceso
sara lovera lópez
México, D.F., 13 de agosto
(apro-cimac-semlac).-
En los últimos siete meses, cada dos semanas una mujer ha sido asesinada en Chihuahua, una frecuencia similar a la de los dos años anteriores.
Entre 2005 y 2007, 55 mujeres y niñas murieron violentamente; aparecieron en parajes al aire libre y algunas con señales de tortura. Los crímenes que siguen impunes.
Hay aún 18 desaparecidas en el estado, sin que avancen las investigaciones, y la denuncia sin solución de 20 mujeres y niñas secuestradas.
Con estos datos, organizaciones de mujeres entregaron un nuevo informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, al Congreso de Estados Unidos y a numerosas organizaciones feministas de ese país. El documento, de 40 páginas, resume más de 20 estudios internacionales y numerosas recomendaciones al gobierno mexicano.
El texto, elaborado por Hortensia Enríquez Nava, Alma Gómez Caballero y Gabino Gómez Escárcega, también circuló para agrupaciones femeninas independientes en Estados Unidos, y actualiza la situación que prevalece en Ciudad Juárez y en la capital de Chihuahua donde, aseguran, se ha extendido el problema.
A partir de 2003, nueve años después de las primeras denuncias, se implementaron diversas acciones en Chihuahua, incluida una reforma penal. Organismos internacionales, como la ONU y el Consejo de Europa, intervinieron y dieron sus recomendaciones, pero nada ha frenado la situación criminal que amenaza a las mujeres de esa región. Las activistas afirman que es por falta de "voluntad política".
Gómez Caballero dijo que la CIDH realizará una nueva visita a México en 2008 y que se preparan acciones para el segundo semestre del año en la Unión Americana. Se insistirá, además, en sensibilizar a las autoridades mexicanas para que actúen.
Comentó que el gobierno de Felipe Calderón les ha dado la espalda, al referirse a la desaparición de la Comisión Especial para los homicidios en Ciudad Juárez, creada en 2003 en la Secretaría de Gobernación, y la demora del Senado de la República en tipificar el feminicidio como delito, pese a que la iniciativa ya fue aprobada por los diputados.
"En el actual sexenio del cuestionado presidente Felipe Calderón, los signos hacia las mujeres no son nada halagüeños", puntualizó Gómez, quien denunció además los casos de mujeres violadas por militares en operativos contra el narcotráfico; abusos de uniformados donde están apostados por otras razones, incluso en áreas donde se cree existe guerrilla, como en Michoacán, Veracruz y Guerrero.
También hay resistencias en el país para modificar las leyes locales en armonía con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia, a pesar de que los datos indican que, al menos, dos mil mujeres y niñas mueren en escenarios violentos.
El informe se presentó en la 128 audiencia de la CIDH. La presentación inicial corrió a cargo de Gabino Gómez. El relato de la experiencia de las madres en la búsqueda de justicia para sus hijas, estuvo a cargo de Hortensia Enríquez, y la abogada Alma Gómez hizo un recuento de la situación en Chihuahua, las recomendaciones, las acciones de los gobiernos federal y estatal, las investigaciones y las peticiones.
Se informó ampliamente del seguimiento al trabajo de los expertos independientes en investigación criminal con perspectiva de género sobre los casos de feminicidio y desaparición de Ciudad Juárez y Chihuahua.
Además, se incluyeron las denuncias sobre la desaparición de Silvia Arce y el feminicidio de Paloma Angélica Escobar Ledezma admitidos por esa comisión desde hace tres años.
Florentín Melendez, relator para México, informó que, en ocho meses, hará una nueva visita a México, y los comisionados Víctor E. Abramovich y Evelio Fernández Arévalos prepararán un paquete de nuevas recomendaciones.
Gómez informó que las madres de las desaparecidas y asesinadas quieren que se contrate un nuevo equipo de expertos criminalísticos porque todavía hay osamentas sin identificar.
Consideró importante que su gestión de 2006 esté dando resultados en el Congreso de Estados Unidos, que está canalizando recursos al gobierno de Chiahuahua para impulsar programas contra la violencia. Señaló que los congresistas Hilda Solís y Jeff Bingamen urgirán al gobierno de Calderón para que atienda la violencia contra las mujeres y el creciente número de asesinadas.
“Proyección internacional”
Chihuahua y Ciudad Juárez se han proyectado internacionalmente por las desapariciones y asesinatos de mujeres y niñas, violencia de género, discriminación, deficientes actuaciones de justicia, denuncias de violación a la debida diligencia, tortura a detenidos, fabricación de culpables, falta de certeza de los casos resueltos, identificaciones dudosas, hostigamiento a familiares, organizaciones y defensoras y defensores de los derechos humanos.
El informe hace notar que el estado de Chihuahua ocupa el cuarto lugar en empleo, pero lo ofrece con carácter precario. Según el Instituto Nacional de Estadística, Geográfica e Información (INEGI) cerca de un millón y medio de chihuahuenses, es decir el 49.18 por ciento de la población, vive en pobreza extrema, por debajo de los límites de subsistencia.
Chihuahua, el estado más grande territorialmente en el país, tiene grandes rezagos: más de 30 por ciento de la población no tiene empleo fijo; ocupa el primer lugar nacional en embarazo de adolescentes, adicciones en jóvenes y en anorexia; el 67.7 por ciento de las mujeres mayores de 15 años (casi siete de cada 10) ha sido víctima de violencia comunitaria, familiar, patrimonial, escolar, laboral y/o de pareja alguna vez en su vida, cifra que rebasa la media nacional de 67 por ciento.
Las acciones de la gente en la región contra los asesinatos están cumpliendo 14 años, por ello "estamos desesperadas y nos sentimos impotentes", expresó Gómez. En cuatro ocasiones han acudido a la CIDH y esta vez "ya podemos afirmar que el fenómeno creció a otras ciudades de la entidad y no sólo en Ciudad Juárez", precisó.
Los asesinatos perpetrados en Chihuahua tienen un patrón muy similar a los de Ciudad Juárez e, incluso, hay una gran coincidencia en las irregularidades que se han presentado en la investigación de los casos, la impunidad y la complicidad, agrega el informe.
También establece que "las familias y organizaciones de Chihuahua han tenido que enfrentar una constante política de invisibilizar y minimizar la situación". En este sentido, Gómez dijo que este año regresaron las críticas en los medios, la desvalorización de las demandas que mantienen organizadas a las madres de desaparecidas y secuestradas y amenazas veladas.
En el pasado sorprendió la indiferencia o la canalización de los asesinatos. Ahora, funcionarios continúan haciendo declaraciones que descalifican a las víctimas, con lo que intentan justificar las desapariciones o asesinatos por la forma de vida de éstas. Del mismo modo, se ha intentado minimizar la problemática, con el tema de que los asesinatos "son pasionales", de carácter "privado" o por la ligereza de las mujeres".
"No han aprendido nada y ello contribuye a la impunidad", insistió Gómez.
El informe final sobre los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, que presentó el 16 de febrero de 2006 el subprocurador Mario Álvarez Ledesma, determinó que allí no existe feminicidio, no hay asesinos en serie y el número de desaparecidas es insignificante.
Gómez concluyó: "Independientemente de que la problemática esté presente en otras entidades federativas, nos preocupa la respuesta de las autoridades al respecto: silencio, impunidad y descaro".
sara lovera lópez
México, D.F., 13 de agosto
(apro-cimac-semlac).-
En los últimos siete meses, cada dos semanas una mujer ha sido asesinada en Chihuahua, una frecuencia similar a la de los dos años anteriores.
Entre 2005 y 2007, 55 mujeres y niñas murieron violentamente; aparecieron en parajes al aire libre y algunas con señales de tortura. Los crímenes que siguen impunes.
Hay aún 18 desaparecidas en el estado, sin que avancen las investigaciones, y la denuncia sin solución de 20 mujeres y niñas secuestradas.
Con estos datos, organizaciones de mujeres entregaron un nuevo informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, al Congreso de Estados Unidos y a numerosas organizaciones feministas de ese país. El documento, de 40 páginas, resume más de 20 estudios internacionales y numerosas recomendaciones al gobierno mexicano.
El texto, elaborado por Hortensia Enríquez Nava, Alma Gómez Caballero y Gabino Gómez Escárcega, también circuló para agrupaciones femeninas independientes en Estados Unidos, y actualiza la situación que prevalece en Ciudad Juárez y en la capital de Chihuahua donde, aseguran, se ha extendido el problema.
A partir de 2003, nueve años después de las primeras denuncias, se implementaron diversas acciones en Chihuahua, incluida una reforma penal. Organismos internacionales, como la ONU y el Consejo de Europa, intervinieron y dieron sus recomendaciones, pero nada ha frenado la situación criminal que amenaza a las mujeres de esa región. Las activistas afirman que es por falta de "voluntad política".
Gómez Caballero dijo que la CIDH realizará una nueva visita a México en 2008 y que se preparan acciones para el segundo semestre del año en la Unión Americana. Se insistirá, además, en sensibilizar a las autoridades mexicanas para que actúen.
Comentó que el gobierno de Felipe Calderón les ha dado la espalda, al referirse a la desaparición de la Comisión Especial para los homicidios en Ciudad Juárez, creada en 2003 en la Secretaría de Gobernación, y la demora del Senado de la República en tipificar el feminicidio como delito, pese a que la iniciativa ya fue aprobada por los diputados.
"En el actual sexenio del cuestionado presidente Felipe Calderón, los signos hacia las mujeres no son nada halagüeños", puntualizó Gómez, quien denunció además los casos de mujeres violadas por militares en operativos contra el narcotráfico; abusos de uniformados donde están apostados por otras razones, incluso en áreas donde se cree existe guerrilla, como en Michoacán, Veracruz y Guerrero.
También hay resistencias en el país para modificar las leyes locales en armonía con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia, a pesar de que los datos indican que, al menos, dos mil mujeres y niñas mueren en escenarios violentos.
El informe se presentó en la 128 audiencia de la CIDH. La presentación inicial corrió a cargo de Gabino Gómez. El relato de la experiencia de las madres en la búsqueda de justicia para sus hijas, estuvo a cargo de Hortensia Enríquez, y la abogada Alma Gómez hizo un recuento de la situación en Chihuahua, las recomendaciones, las acciones de los gobiernos federal y estatal, las investigaciones y las peticiones.
Se informó ampliamente del seguimiento al trabajo de los expertos independientes en investigación criminal con perspectiva de género sobre los casos de feminicidio y desaparición de Ciudad Juárez y Chihuahua.
Además, se incluyeron las denuncias sobre la desaparición de Silvia Arce y el feminicidio de Paloma Angélica Escobar Ledezma admitidos por esa comisión desde hace tres años.
Florentín Melendez, relator para México, informó que, en ocho meses, hará una nueva visita a México, y los comisionados Víctor E. Abramovich y Evelio Fernández Arévalos prepararán un paquete de nuevas recomendaciones.
Gómez informó que las madres de las desaparecidas y asesinadas quieren que se contrate un nuevo equipo de expertos criminalísticos porque todavía hay osamentas sin identificar.
Consideró importante que su gestión de 2006 esté dando resultados en el Congreso de Estados Unidos, que está canalizando recursos al gobierno de Chiahuahua para impulsar programas contra la violencia. Señaló que los congresistas Hilda Solís y Jeff Bingamen urgirán al gobierno de Calderón para que atienda la violencia contra las mujeres y el creciente número de asesinadas.
“Proyección internacional”
Chihuahua y Ciudad Juárez se han proyectado internacionalmente por las desapariciones y asesinatos de mujeres y niñas, violencia de género, discriminación, deficientes actuaciones de justicia, denuncias de violación a la debida diligencia, tortura a detenidos, fabricación de culpables, falta de certeza de los casos resueltos, identificaciones dudosas, hostigamiento a familiares, organizaciones y defensoras y defensores de los derechos humanos.
El informe hace notar que el estado de Chihuahua ocupa el cuarto lugar en empleo, pero lo ofrece con carácter precario. Según el Instituto Nacional de Estadística, Geográfica e Información (INEGI) cerca de un millón y medio de chihuahuenses, es decir el 49.18 por ciento de la población, vive en pobreza extrema, por debajo de los límites de subsistencia.
Chihuahua, el estado más grande territorialmente en el país, tiene grandes rezagos: más de 30 por ciento de la población no tiene empleo fijo; ocupa el primer lugar nacional en embarazo de adolescentes, adicciones en jóvenes y en anorexia; el 67.7 por ciento de las mujeres mayores de 15 años (casi siete de cada 10) ha sido víctima de violencia comunitaria, familiar, patrimonial, escolar, laboral y/o de pareja alguna vez en su vida, cifra que rebasa la media nacional de 67 por ciento.
Las acciones de la gente en la región contra los asesinatos están cumpliendo 14 años, por ello "estamos desesperadas y nos sentimos impotentes", expresó Gómez. En cuatro ocasiones han acudido a la CIDH y esta vez "ya podemos afirmar que el fenómeno creció a otras ciudades de la entidad y no sólo en Ciudad Juárez", precisó.
Los asesinatos perpetrados en Chihuahua tienen un patrón muy similar a los de Ciudad Juárez e, incluso, hay una gran coincidencia en las irregularidades que se han presentado en la investigación de los casos, la impunidad y la complicidad, agrega el informe.
También establece que "las familias y organizaciones de Chihuahua han tenido que enfrentar una constante política de invisibilizar y minimizar la situación". En este sentido, Gómez dijo que este año regresaron las críticas en los medios, la desvalorización de las demandas que mantienen organizadas a las madres de desaparecidas y secuestradas y amenazas veladas.
En el pasado sorprendió la indiferencia o la canalización de los asesinatos. Ahora, funcionarios continúan haciendo declaraciones que descalifican a las víctimas, con lo que intentan justificar las desapariciones o asesinatos por la forma de vida de éstas. Del mismo modo, se ha intentado minimizar la problemática, con el tema de que los asesinatos "son pasionales", de carácter "privado" o por la ligereza de las mujeres".
"No han aprendido nada y ello contribuye a la impunidad", insistió Gómez.
El informe final sobre los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, que presentó el 16 de febrero de 2006 el subprocurador Mario Álvarez Ledesma, determinó que allí no existe feminicidio, no hay asesinos en serie y el número de desaparecidas es insignificante.
Gómez concluyó: "Independientemente de que la problemática esté presente en otras entidades federativas, nos preocupa la respuesta de las autoridades al respecto: silencio, impunidad y descaro".
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