Crónica de un golpe frustrado

Jenaro Villamil

“Fue un desastre”, dijeron los empresarios de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión luego de que los legisladores aprobaron la reforma electoral. Con todo, se reunieron para preparar la contraofensiva e intentar frenarla en los congresos estatales. Pero más allá de los exabruptos de empresarios de los medios y conductores de noticiarios del duopolio televisivo, su intentona golpista se frustró.

A las tres de la madrugada del miércoles 12, la cúpula de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) fue convocada para evaluar en su “cuarto de guerra” los resultados de su largo talk show ante 45 senadores de las comisiones que dictaminaron la reforma constitucional en materia electoral.

“Fue un desastre”, dijo uno de los asistentes al cónclave, pues no se siguió el guión. Además, la intervención de Pedro Ferriz de Con, quien acusó a los legisladores de haber “tomado” el país en ausencia del presidente de la República, resultó contraproducente, pues los participantes no tenían información precisa sobre el dictamen...

En privado los integrantes de la CIRT asumieron que fueron derrotados por los senadores y que no podían frenar ya la aprobación del dictamen en el Congreso de la Unión.

Horas después, el Senado aprobó la reforma por 111 votos a favor. El viernes 14 la Cámara de Diputados avaló por 408 votos en lo general y 362 en lo particular los nueve artículos constitucionales que disminuirán en 3 mil 308 millones el financiamiento a los partidos, con lo que desaparece el multimillonario gasto destinado a los spots.

El vicepresidente de Televisa, Bernardo Gómez, tomó el control de la reunión de la madrugada del miércoles y, realista, les advirtió a los concesionarios que ya no había otro recurso que intentar “parar” la reforma en los congresos estatales.

Los concesionarios hicieron cuentas alegres: 19 gobernadores con aspiraciones políticas, encabezados por el mexiquense Enrique Peña Nieto, cliente consentido de Televisa, podían frenar la reforma constitucional en sus entidades.

También determinaron organizar otro enlace en cadena nacional, pero controlada por la CIRT desde sus oficinas, y convocar ahí a un referéndum popular, criticar la prohibición de candidaturas independientes y sumar a otras cámaras empresariales, como el Consejo Coordinador Empresarial, la Concamin y la Coparmex, entre otros.

Pero de nuevo se olvidaron de dos detalles: la figura del referéndum no existe en la Constitución y el IFE carece de facultades legales para organizarlo. Así se los recordó irónicamente el senador Pablo Gómez durante el debate en el pleno del Senado el miércoles 12. Las candidaturas independientes, les dijo el perredista, fueron aceptadas por todos los senadores poco antes que el dictamen se aprobara en el pleno.

En su reunión, la cúpula de la CIRT optó por centrar su contraataque en la defensa de la libertad de expresión, pero sobre todo evitaron mencionar que dejarán de recibir alrededor de 6 mil millones de pesos sexenales por spots, así como un monto aún incalculado de publicidad pagada disfrazada de información.

Sin embargo, la conductora Patricia Chapoy “ventaneó” involuntariamente a los propios concesionarios y conductores de medios electrónicos cuando en la audiencia ante las comisiones –el talk show del martes 11 –preguntó a los senadores si sería criminal “decir que el gobernador del Estado de México es muy guapo”.

El senador panista Ricardo García Cervantes le respondió a Chapoy que eso no sería delito. “Pero si un gobernador, guapo o feo, saca dinero del gobierno para que un medio lo vea guapo, aún siendo feo, eso sí lo vamos a evitar. No hay atentado alguno a la libertad de expresión”, sentenció.

La respuesta de García Cervantes a Chapoy no se escuchó durante la transmisión en cadena nacional operada por los propios concesionarios. Justo cuando el panista habló se suspendió la señal en vivo desde el quinto piso de la Torre del Caballito.

Este acto fue calificado como censura tanto por Pablo Gómez como por el propio Santiago Creel, presidente en turno de la Mesa Directiva del Senado.

Para el exsecretario de Gobernación, Manuel Bartlett, el hecho mismo de la transmisión de la CIRT constituyó una violación a la ley y un acto de “golpismo comunicacional”.

“Las cadenas nacionales obedecen a necesidades de interés público del Estado. Ellos utilizaron un bien público concesionado para defender intereses particulares y para agredir al Congreso. Encadenarse fue una medida extraordinaria que merecería la sanción por parte del gobierno federal”, dice a Proceso.

Ante la derrota legislativa, Televisa y TV Azteca continuaron con su contragolpe en las pantallas. En sus espacios noticiosos y de espectáculos, la empresa de Ricardo Salinas insiste en llamarla “expropiación” y “reforma chavista”, en referencia al venezolano Hugo Chávez.

Televisa comenzó a difundir entrevistas con gobernadores como Miguel Ángel Osorio Chong, de Hidalgo, y el perredista Lázaro Cárdenas Batel, de Michoacán, para criticar la reforma aprobada. Por su parte, el mexiquense Peña Nieto sigue acaparando los horarios de transmisión matutina en una franca campaña de promoción personal.

El jueves 13, Joaquín López Dóriga, en Canal 2, le dio amplio espacio a las críticas de The New York Times a la reforma constitucional. El Noticiero no mencionó otro análisis. En un artículo editorial, el influyente The Wall Street Journal interpretó así la reforma:

“En un golpe mayor a las dos poderosas compañías de televisión mexicanas, Grupo Televisa y Grupo Azteca, la reforma electoral prohíbe a los partidos y candidatos utilizar anuncios pagados durante su campaña… La reforma electoral ha aliviado las preocupaciones sobre el creciente poder político del duopolio mexicano de la televisión.”

El largo “talk show”

Concesionarios y comentaristas estelares protagonizaron el martes 11 el primer talk show legislativo, transmitido en vivo y en directo por las dos principales cadenas televisivas y los principales grupos radiofónicos.

Los días anteriores ni Televisa ni TV Azteca le habían dado mayor difusión a los trabajos sobre la reforma electoral. Pero ante la inminencia de que se aprobara la “prohibición total a los partidos políticos para adquirir tiempo, bajo cualquier modalidad, en radio y televisión”, los concesionarios se declararon en rebeldía.

La noche del lunes 10, López Dóriga leyó en el noticiario estelar de Canal 2 un comunicado donde Televisa fija su postura. Aceptó como buena la decisión de “sacar al dinero como motor de los procesos electorales”, pero expresó su “preocupación” por la falta de consultas y por la “tentación de la censura”. TV Azteca difundió un comunicado similar en el que advirtió que su lucha es “porque no se engañe a la sociedad”.

Las dos grandes empresas que concentran 62% del gasto total de los partidos y 82% de las concesiones en televisión, buscaban parar el dictamen y presionar a los senadores para eliminar las prohibiciones al negocio de los spots.

Desde las 10 de la mañana del martes 11, los concesionarios convocaron a sus comentaristas a asistir al quinto piso de la Torre del Caballito, sede de las oficinas de comisiones del Senado. “Es un deber”, les dijeron a algunos. Otros ignoraban cuál era el objetivo de tal despliegue. Fueron convocados a una batalla que resultó ser, cinco horas después, un funeral del poder mediático.

López Dóriga fue el primero en llegar al recinto donde sesionaban las cuatro comisiones involucradas en el dictamen. Avisó a las oficinas de Comunicación Social del Senado que transmitiría en vivo su noticiario en Radio Fórmula. Desde ahí entrevistó al senador Jesús Murillo Karam, quien le aclaró que la redacción del párrafo que podía prestarse a la censura ya había sido modificado la noche anterior.

“¡Se dejaron venir todos!”, exclamó Manlio Fabio Beltrones, desde su oficina en la calle de Xicoténcatl.

Los comunicadores no ocuparon las sillas principales. A los costados o detrás de los dueños de los medios, dispersos en el salón, se encontraban Ciro Gómez Leyva, Denise Maerker, Carlos Loret de Mola, José Cárdenas, Ana María Lomelí, Ricardo Rocha, Nino Canún, Enrique Muñoz, David Páramo, Jorge Fernández Menéndez, José Garralda, la mayoría de los comentaristas de Proyecto 40 y los recién estrenados conductores de Cadena Tres, propiedad de Olegario Vázquez Raña.

Recordado entre los senadores por sus presiones durante la aprobación de la Ley Televisa, Javier Tejado Dondé no dejaba de escribir notas que pasaba a los otros miembros de la CIRT y a los senadores “amigos”, como Javier Orozco Gómez y Arturo Escobar, del Partido Verde.

La sensación para los fotógrafos fue ver sentados juntos a los dos conductores emblemáticos de las cadenas rivales: Javier Alatorre, de traje y corbata, y Joaquín López Dóriga, con un suéter color de rosa. Más tarde se sumó a ellos Sergio Sarmiento, de TV Azteca.

La audiencia comenzó tersa. El presidente de la CIRT, Enrique Pereda Gómez, se quejó porque los concesionarios no fueron consultados. Subió el tono de las quejas con Francisco Aguirre, dueño de Grupo Radio Centro; con el veterano Franciso Ibarra, de Grupo ACIR, y los flamantes representantes de TV Azteca, Ernesto Vidal, quien trabajó en la oficina de Marta Sahagún, y el exsubsecretario de Gobernación Tristán Canales.

Similares fueron las propuestas de Joaquín López Dóriga y Javier Alatorre, quienes insistieron en que un párrafo del artículo 41 se podía prestar a la censura de los periodistas.

El quiebre de la reunión se provocó cuando Rogerio Azcárraga, propietario de Radio Fórmula, Javier Tejado Dondé, de Televisa, y Pedro Ferriz de Con se salieron del guión y coincidieron en su queja principal: la reforma buscaba la “expropiación” de las concesiones ya que, de aprobarse, provocaría la disminución de los ingresos de las empresas televisivas, dijeron.

Ferriz de Con adoptó un tono ofensivo y provocador. Acusó a los legisladores de que habían “tomado el país”. Expuso que los senadores ahora “tienen el control” y que “ante la ausencia de quien quieren poner ausente, como es el presidente de la República,” votarían “al vapor” la reforma constitucional.

El revire a Ferriz de Con vino por parte de Pablo Gómez, del PRD, de María de los Ángeles Moreno, del PRI, y de Ricardo García Cervantes, del PAN.

Gómez condenó “las insolencias y majaderías” pronunciadas, les recordó que ellos son concesionarios de un bien público, cuya propiedad es de la nación y subrayó que “no hay la más mínima intención de considerar ilícita la expresión de algún trabajador de los medios de comunicación”.

Algunas ausencias notables fueron las de Carmen Aristegui, de W Radio, o la del propio José Gutiérrez Vivó, periodista y concesionario. En su artículo del viernes 14 en Reforma, Aristegui expresó su desacuerdo con lo sucedido. “Me preocupa el tufillo golpista que percibo en algunos de mis colegas”, escribió.

Presiones y derrota

Todavía el miércoles 12 se produjeron las presiones más fuertes para modificar el dictamen o dilatar su aprobación en comisiones y finalmente en el pleno del Senado. Cuatro senadores encabezaron los intentos: el priista y expresidente de TV Azteca, Jorge Mendoza, recordado por su defensa al asalto de las instalaciones de Canal 40 en el Chiquihuite; los del Partido Verde, Arturo Escobar y Javier Orozco Gómez, éste último exfuncionario de Televisa; y un moderado Federico Döring, del PAN.

Escobar propuso, en la última sesión de las comisiones, que “con fines informativos” se les permitiera a los partidos y candidatos contratar espacios en medios electrónicos fuera de tiempos electorales. El pe-

rredista Ricardo Monreal le respondió que su propuesta “desnaturalizaba” toda la reforma. La mayoría de los 45 asistentes la desechó.

Orozco Gómez quiso eliminar un párrafo que autoriza al IFE a ordenar “la cancelación inmediata de las transmisiones de radio y televisión que resulten violatorias de la ley”. Argumentó que ésta es atribución de Cofetel y que debía regularse, no en una reforma constitucional, sino en la Ley Federal de Radio y Televisión.

Arturo Núñez, coordinador del grupo de trabajo de la reforma, lo paró en seco. Le recordó que una reforma constitucional está por encima de cualquier ley secundaria y que el procedimiento expedito se detallará en la redacción de una nueva norma electoral.

“Hay que incluir a los medios impresos” en el párrafo que prohíbe la publicidad de terceros, propuso el panista Federico Döring. Y Pablo Gómez le recordó que los medios impresos no son concesiones, como sí lo son la radio y la televisión.

Casi al final de la sesión en comisiones, el priista Pedro Joaquín Coldwell sometió a votación varias propuestas e incluyó un nuevo cambio que restaba fuerza a las críticas de los concesionarios. Eliminar la expresión de que “corresponde exclusivamente a los partidos el derecho de solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular”. Con ese cambio se permitirán las candidaturas independientes.

El miércoles 12 al mediodía se transmitió otra “cadena nacional”. Desde las oficinas de la CIRT, el acto de rebelión fue encabezado por Ricardo Salinas Pliego y Bernardo Gómez, quienes flanquearon a Enrique Pereda. Ahí convocaron a un “referéndum por la libertad” y defendieron la autonomía del IFE, tema que se les olvidó durante su audiencia ante los senadores.

Este nuevo intento no tuvo ningún efecto en los senadores. Por el contrario, provocó un mayor espíritu de cuerpo y se cerraron filas en las cuatro bancadas que apoyaron el dictamen: PRI, PAN, PRD y PT. Sólo Convergencia y el Partido Verde se opusieron.

Conocedor de todo tipo de presiones por parte de las televisoras, el exsenador panista Javier Corral afirmó que “la maniobra de los concesionarios no les funcionó. El tono inhibidor terminó por convencer a los senadores de cómo usan un bien de dominio público para intimidar”. Incluso pronosticó que intentarán organizar el “referéndum por la libertad” a cuenta de los gobernadores para bloquear la reforma constitucional en los estados.

Por su parte, Porfirio Muñoz Ledo comparó la importancia de esta reforma con la desamortización de los bienes de la Iglesia durante el gobierno de Benito Juárez. “Se acabaron los patrones del aire”, proclamó el exsenador, diplomático y pionero en el tema de la reforma electoral.

En la casona de Xicoténcatl, poco después de las 22 horas, los 111 senadores de todas las bancadas que votaron a favor aplaudieron durante más de cinco minutos la hazaña lograda. Santiago Creel, presidente del Senado, no cabía de gusto. Sonaba la campana y sonreía, como si se liberara de un gran estigma.

Así lo reconoció cuando subió al estrado a pronunciar uno de los discursos más aplaudidos de la noche. El exsecretario de Gobernación foxista admitió ser corresponsable de una relación perversa entre concesionarios y políticos.

“Una relación en la que nadie o casi nadie puede arrojar la primera piedra y, hay que decirlo con claridad, yo por delante”, sentenció Creel.

Poco después de ese discurso, Javier Corral salió feliz de la casona de Xicoténcatl. Recordó cómo apenas año y medio atrás, ante un silencio fúnebre, el Senado había sido aplastado por el poder de Televisa.