Una reforma insuficiente

Álvaro Delgado Aunque insatisfecha por los alcances de la reforma constitucional aprobada por el Senado, ratificada por la Cámara de Diputados y en marcha su aprobación en al menos 17 congresos locales, Clara Jusidman valora la contundente decisión legislativa que pone fin a la relación entre el Estado y los concesionarios de radio y televisión, quienes reaccionaron con virulencia.

“Es enojoso y es una vergüenza el espectáculo que han dado”, afirma Jusidman, impulsora de organizaciones cívicas y exdirectora del Registro Federal de Electores, y aclara que los dueños de los medios audiovisuales carecen de autoridad para asumirse como defensores de las libertades ciudadanas.

Sentencia: “No tienen ningún derecho ni ninguna autenticidad para hablar de que se les está conculcando su derecho a la libertad de expresión, porque además es falso: La reforma no conculca su libertad de expresión, sino que les afecta en su bolsa, porque van a dejar de recibir más de 3 mil millones de pesos por concepto de pago del tiempo para la difusión de campañas”.

Ese es el fondo de la insólita reacción que, desde el lunes 10, instrumentaron los concesionarios de la radio y la televisión, encabezados por Televisa y Televisión Azteca, que transmitieron en cadena nacional sus reclamos a senadores y reprodujeron –con sus escuadras de comentaristas– en espacios noticiosos, incluyendo los de espectáculos y deportes.

“Ahora se vuelven los grandes defensores de la democracia, de la libertad de expresión y de la participación en la discusión de leyes, cuando en cada uno de estos campos ellos han sido verdaderamente un poder que ha impedido la democratización de los medios, que incide en la libertad de expresión y en la pluralidad de México, insiste Jusidman.

Integrante del Comité Conciudadano –organismo formado por expertos en materia electoral que formuló una propuesta integral de reforma en la materia y algunos de cuyos miembros advirtieron desde 2003 acerca de la integración partidista del Consejo General del Instituto Federal Electoral–, Jusidman insiste: la radio, y sobre todo la televisión, ha ignorado siempre el quehacer de los organismos civiles en su lucha por los derechos ciudadanos.

“No existimos para ellos. Han trivializado el diálogo social y político en México. Todo pasa por sus empleados, que son los comentaristas”, acusa, y contrasta la exigencia actual de los concesionarios, incluyendo su petición de referéndum, con la aprobación, en plena campaña electoral de 2006, de la Ley Televisa:

“Ellos hablan de participación y tiempo para debatir la reforma, cuando fueron ellos los que hicieron aprobar en la Cámara de Diputados, en siete minutos, la reforma a la Ley de Radio y Televisión elaborada por sus propios despachos. Ahí no hubo eso de debatir y dialogar. El señor Javier Tejado y sus abogados hicieron la ley, que sí pasó a limitar la libertad de expresión y a concentrar más el espectro radioeléctrico en pocas manos, y se la entregaron a los diputados, en un momento en que los políticos estaban absolutamente subordinados a ellos.”

Para Jusidman, ahora está claro el panorama para impulsar una ley para democratizar los medios audiovisuales, después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucionales varios artículos de la Ley Televisa.

Jusidman –quien llegó a ser propuesta en 2003 como consejera del IFE– considera que la reforma electoral tiene deficiencias: Una de ellas es el procedimiento para la selección de los consejeros de ese instituto. “Hemos dicho que si se mantiene el sistema de cuotas partidarias, nada nos asegura que el próximo Consejo General o los consejeros que se van a elegir tengan mejor calidad que los actuales. Por eso proponíamos una convocatoria pública con candidatos sujetos a escrutinio público y que fueran electos por el 80% de los diputados”.

Esto no se logró, pero la Constitución obliga a los partidos políticos a realizar, cada uno, una consulta para designar a los que propondrá ante el pleno, algo que –de no definirse en la ley secundaria– podrá reproducir el esquema del actual Consejo General presidido por Luis Carlos Ugalde, que en 2003 sólo se integró por panistas de Felipe Calderón y priistas de Elba Esther Gordillo.

–Esto desmiente el alegato de los concesionarios, en el sentido de que los consejeros son autónomos.

–Es de verdadera risa. Lo que ellos pensaron es que aliándose con Ugalde en la defensa del IFE iban a echar atrás toda la reforma. Y con Ugalde, al haber aceptado esa relación perversa con los medios, perdió más autonomía el IFE. Si él se quedaba o si se quedan varios consejeros, están más subordinados porque tienen una deuda con los medios por esta campaña mediática que hicieron defendiendo, entre comillas, la autonomía del IFE, pero cuyo propósito era tirar la reforma.

El compadre de Molinar

Aunque el Comité Conciudadano no ha discutido la posición que asumirá ante la reforma constitucional, porque todavía falta que se traduzca en las leyes secundarias, Jusidman considera que es preciso que la ciudadanía presione para evitar que sean las cúpulas de los partidos políticos las que definan sus propuestas.

“Se dejó un ganchito colgado en el artículo que se modificó y la idea es proponer, aunque sea a través de cada partido, un mecanismo de consulta ciudadana y que, además, haya una participación del propio partido y no sólo de las cúpulas.”

Este proceso es clave, subraya, porque se requiere que los ciudadanos revaloricen sus derechos y tengan la seguridad de que su voto contará y será contado, para recuperar la confianza que se perdió a partir de la integración del actual Consejo General y su actuación en las elecciones de 2006.

–¿Qué otros consejeros, además de Ugalde, saldrán del IFE?

–No se sabe. El otro día me dijeron que quien quería quedar como presidente es Arturo Sánchez Gutiérrez, y que lo aceptaban el PAN y el PRI.

Sin embargo, recuerda, Sánchez Gutiérrez fue propuesto directamente por su compadre Juan Molinar, actual director general del IMSS, y Germán Martínez, secretario de la Función Pública y prospecto para presidir el PAN, lo cual no abona a la delimitación de la influencia de los partidos o del gobierno de Calderón en la nueva integración del Consejo General del IFE.

Esa es una de las deficiencias de la reforma, insiste. “No sabemos con qué criterios se va a quitar a los consejeros, porque parece que todos los que están ahorita salen en 2008, y algunos se van a quedar. Quedó hecho un enredo.”

Otra deficiencia, añade Jusidman, es la creación de una contraloría que vigile la aplicación del presupuesto del IFE, cuyo titular en principio sería nombrado por los diputados y que al final será designado con base en un proceso de consulta con instituciones de educación superior pública.

Tampoco, advierte, la disminución de los gastos de campaña en medios audiovisuales se corresponde con una baja en las prerrogativas de los partidos, que destinaron más recursos a actividades específicas.

“Según ellos, los recursos se van a destinar a actividades de acercamiento con la ciudadanía. Pero lo previsible es que vamos a tener el territorio lleno de retratos de los candidatos. A lo mejor se va más dinero a los medios impresos, ya no a la televisión. Y veremos espectaculares, vallas, autobuses y otros vehículos tapizados con publicidad. Seguramente ahí las televisoras van a recuperar parte de lo que pierden con esta reforma a través de esos medios.”

En suma, evalúa, la reforma no es satisfactoria por éstos y otros aspectos que no abordó, así que será necesario un fuerte impulso de los ciudadanos para llevar a cabo otra de carácter legal, aunque la parte fundamental –la relación del Estado con los medios audiovisuales– es muy loable. l