Poder vs. poder

Jesús Cantú Si tras la reforma electoral los dueños de los medios electrónicos y sus “comunicadores” lloran por los miles de millones de pesos del erario que se les fueron, los legisladores aprovechan para constitucionalizar la partidocracia. ¿Y los ciudadanos? Siguen relegados al papel de espectadores...

El enfrentamiento entre el poder económico y mediático (poder fáctico) contra el Poder Legislativo (constitucionalmente establecido) a raíz del proyecto de reforma electoral, es una buena noticia para la incipiente democracia mexicana, pues demuestra en los hechos que los equilibrios (pesos y contrapesos) funcionan en este régimen. Lo lamentable es el nivel del debate y la utilización oportunista que, en el discurso, hacen de la ciudadanía y la libertad de expresión.

De una parte, los comunicadores defienden los ingresos, que sólo en la elección federal de 2006 les representó por lo menos 2 mil 500 millones de pesos, y los empresarios exigen que se les mantenga la posibilidad de incidir en la contienda electoral, como lo hicieron el año pasado.

Por otro lado, los legisladores aprovechan para constitucionalizar la partidocracia. Mientras tanto, la ciudadanía es relegada prácticamente a un papel de mero espectador, pues los comunicados de algunas organizaciones de la sociedad civil (salvo por ciertos analistas políticos que los retoman, difunden y comentan) son en general minimizados por los medios de comunicación masiva.

Los medios de comunicación electrónicos, encabezados por Televisa y TV Azteca, reaccionaron de inmediato ante la mera posibilidad de que el proyecto de reforma electoral prohibiera la compra de espacios para la propaganda electoral. Su discurso de defensa abarcó tres etapas: primero, descalificaron la propuesta porque, desde su perspectiva, la remoción anticipada de los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral atentaba contra la autonomía de dicha institución; después, arguyeron que las nuevas disposiciones aniquilaban la libertad de expresión, y finalmente dejaron claro que el problema real era la pérdida de ingresos.

Los concesionarios de radio y televisión protestaron y los senadores integrantes de las Comisiones Unidas que discutían el anteproyecto de reforma les dieron audiencia, en una reunión inédita en la historia política contemporánea realizada el martes 11. Los medios se enlazaron en cadena nacional y transmitieron en vivo ese encuentro, en el que cuestionaron a los legisladores y demandaron tiempo para plantear sus puntos de vista.

El primero que reveló el verdadero móvil de su protesta fue Rogerio Azcárraga Madero, presidente de Organización Radio Fórmula y vicepresidente de la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión, quien expresó: “Quieren ustedes tiempo doble A y triple A; esto nos lleva a 30% de la parte comercial de la que viven todas las estaciones de radio y televisión. ¡Es casi expropiatorio el 30%!”, y sentenció que eso podría llevar a la quiebra a 950 emisoras de radio que transmiten en la banda de amplitud modulada.

Al día siguiente, el miércoles 12, la CIRT convocó a una reunión en su sede, en la que participaron como invitados los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial y de la Confederación de Cámaras Industriales. Emitieron sus pronunciamientos en cadena nacional y en boca de Sergio Sarmiento, de TV Azteca, demandaron la realización de una consulta para conocer la opinión de la ciudadanía antes de que se apruebe la reforma. Dijeron que sería un “referéndum por la libertad”.

Incongruencias

Los argumentos de los opositores a la reforma carecen de fortaleza y se derrumban ante la historia reciente. Las televisoras alegan que la remoción anticipada de los consejeros constituye un atentado contra la autonomía del IFE, pero basta recordar la campaña de TV Azteca en contra de algunos de los integrantes del anterior Consejo del IFE para constatar la incongruencia de su discurso.

Otra de las quejas de los concesionarios es que las limitaciones impuestas por la reforma acabarán con la libertad de expresión. Por fortuna, ésta no depende de la posibilidad de comprar espacio en los medios electrónicos, pues en ese caso sólo sería un privilegio para las minorías. Las batallas por la libertad de expresión comenzaron mucho antes de que existieran los actuales medios de comunicación masiva, y lo que la reforma prohíbe es la compra de espacios, no la difusión de las ideas ni de las posiciones políticas.

El Consejo Coordinador Empresarial, así como ciertas organizaciones de membrete que surgieron en 2006 para apoyar la campaña del ahora presidente Felipe Calderón, podrán seguir manifestándose a favor del modelo de nación que su gobierno impulsa y rechazar los postulados de otros candidatos o partidos por considerar que son un peligro para México. Lo que la reforma les impide es montar una campaña propagandística y romper la equidad en la contienda, como lo hicieron en la pasada elección presidencial.

La libertad de expresión no se verá limitada, pues sólo se prohíbe “contratar mensajes en radio y televisión dirigidos a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o candidatos”.

Lo único que podría considerarse como un límite a esa libertad es otra prohibición: la que tiene que ver con las llamadas campañas negativas. Sin embargo, al menos la redacción constitucional parece aceptable: “En la propaganda política o electoral que difundan los partidos deberán abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las personas”.

Aquí no se reproduce toda la serie de violaciones que sí contempla el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales: diatriba, infamia, injuria o difamación. Son difíciles de calificar y en muchos casos sí implicará establecer límites estrechos.

Los lineamientos establecidos en la Constitución básicamente protegen a las instituciones y a los partidos políticos, y sancionan las mentiras o falsedades. Además, de acuerdo con la redacción actual se evita la censura, en la medida que lo que hacen es facultar al IFE para iniciar un procedimiento sumario, lo cual implica que no habrá revisión previa, sino que el mensaje se difundirá y se sujetará al emisor a responsabilidades ulteriores, previa garantía de audiencia, tal como lo establecen los tratados internacionales.

Golpe al bolsillo

Es innegable el daño económico que los concesionarios de medios electrónicos resentirán por las reformas constitucionales, ya que sus ingresos disminuirán no sólo porque la propaganda político-electoral se limitará a los tiempos del Estado, sino también debido a la reforma al artículo 134 constitucional, que señala:

“La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente público de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.”

En el primer caso, porque la prohibición elimina todos los ingresos que recibían en cada proceso electoral federal o estatal; en el segundo, porque al prohibir la promoción personal de los servidores públicos, éstos limitarán la publicidad oficial a los tiempos gratuitos que les correspondan, pues ya no tendrán ningún incentivo adicional para distraer dinero público de actividades sustantivas.

Los recursos que reciben de esta publicidad no son nada despreciables. Basta revisar el número de horas de promocionales que las televisoras nacionales difunden mensualmente del gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto. Precisamente por eso la preocupación de Paty Chapoy, de si por llamarlo guapo en su programa se convertiría en delincuente, no era menor. Pero más significativos son los más de mil 500 millones de pesos que gastó en televisión el presidente Vicente Fox entre enero y abril del año pasado.

En caso de que las reformas hubieran estado vigentes antes de las elecciones federales de 2006, el duopolio televisivo no habría recibido más de 4 mil millones de pesos del erario. Y eso sin considerar los promocionales del Consejo Coordinador Empresarial y de las otras organizaciones de membrete que surgieron en el último tramo de la campaña presidencial.

Ahora, a los concesionarios sólo se les demandan tres minutos adicionales diarios a los que ya tienen obligación legal de ceder dentro de los tiempos del Estado. Desde el 10 de octubre de 2002 (cuando mediante decreto presidencial Vicente Fox les rebajó la obligación de tiempo fiscal a sólo una décima parte de lo que era anteriormente) saben que este tiempo no lo pueden dedicar a publicidad comercial, sino a la difusión de los promocionales del gobierno (48 minutos para la televisión) entre las seis de la mañana y las 12 de la noche. Hoy no se les impone ninguna obligación adicional.

Hay que destacar que los representantes de los medios de comunicación tienen razón cuando señalan que la reforma contribuye al fortalecimiento de la partidocracia y al debilitamiento de la autoridad electoral, aunque no sea por los motivos que ellos esgrimen. Para afianzar su poder, los partidos aprovechan que el debate público se enfocó en los promocionales y en la remoción anticipada de los consejeros.

Simulación

En la consolidación de la partidocracia los legisladores aparentaron dar un paso atrás al eliminar del artículo 41 de la Constitución la exclusividad de los partidos políticos para registrar candidatos, pero no lo hicieron del artículo 116, cuyo inciso E establece “que (los partidos políticos tengan reconocido el derecho exclusivo para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular”. Lo que hicieron en un acto de simulación fue quitar la exclusividad de ese derecho de los partidos de un artículo donde no tenía importancia, ya que la legislación federal no contempla la figura de los candidatos independientes, y dejarlo en otro que obligará a que Sonora y Yucatán, cuyas legislaciones lo permitía den marcha atrás y no puedan registrarse candidatos al margen de los partidos.

La partidocracia se redondea con tres normas fundamentales: se restringe la intromisión de las autoridades electorales en la vida interna de los partidos, así como la posibilidad de los militantes y simpatizantes de interponer recursos contra las decisiones de estos institutos políticos. Se aseguran un alto financiamiento público y limitan las facultades de fiscalización del IFE. El paquete es completo.

En el caso de la autoridad electoral, los partidos minan sus fortalezas y no corrigen sus debilidades. En el primer caso, limitan su autonomía al colocarle un contralor general designado desde la Cámara de Diputados y reducen sus facultades de fiscalización al transferirlas del Consejo General a un órgano técnico. En el segundo, no la facultan para interponer controversias constitucionales ni establecen un procedimiento adecuado para la designación de los consejeros electorales, pues la redacción final no establece ningún compromiso para el nombramiento de éstos, que será: “a propuesta de los grupos parlamentarios, previa realización de una amplia consulta a la sociedad”. Ni siquiera es la Cámara la que debe realizar esta consulta, sino los grupos parlamentarios para integrar sus propuestas. De esta manera, esta facultad queda nuevamente en manos de los partidos.

También hay que dejar claro que la propuesta de los legisladores es consecuencia de la historia reciente: Por un lado, busca limitar el poder excesivo que demostraban los medios electrónicos de comunicación, que pretendían someter a los políticos a sus designios y cuya máxima expresión fue la forma en que pasó la Ley Televisa en el primer trimestre del año pasado. Por el otro, pretende romper el círculo virtuoso que se construyó entre la autoridad administrativa electoral y la jurisdiccional, y que amenazaba con limitar los excesos, arbitrariedades y manejo discrecional de los dirigentes de los partidos políticos.

Una motivación más particular es la del PRD, para evitar que se repita el episodio de la elección de 2006, donde Felipe Calderón conservó para el Partido Acción Nacional la Presidencia de la República, gracias (entre otras cosas, pues es una realidad que sus errores contribuyeron enormemente a su debacle) a las debilidades de la autoridad electoral. Ésta no aplicó estrictamente las reglas electorales y las ambigüedades o inexistencia de otras normas permitieron la iniquidad en la contienda y la intervención de terceros (Vicente Fox, CCE y organizaciones de membrete), además de la campaña negativa. Con las nuevas disposiciones difícilmente se repetirían estos episodios.

La guerra apenas empieza: los dos poderes continuarán su confrontación para defender sus privilegios, y la ciudadanía reclama su momento para intervenir y demandar sus derechos, que no concuerdan fielmente con los que hoy postulan los dos contendientes. l