Diez mil veces “no”

Daniel Lizárraga El gobierno federal continúa resistiéndose a informar a la sociedad. Existen indicios de que cada vez más funcionarios dejan de registrar sus actos u ocultan archivos, lo que se refleja en una respuesta que suelen utilizar en casos delicados: los documentos solicitados no existen. Desde 2003, el gobierno ha utilizado ese argumento casi 10 mil veces.

Cuatro años después de haber entrado en operación la Ley de Transparencia, en dependencias y secretarías del gobierno federal los funcionarios ya no dejan decisiones registradas en documentos oficiales para evitar que posteriormente éstos puedan ser consultados, reveló un inédito estudio elaborado por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI).

A contrapelo de estas maniobras, las solicitudes de acceso a la información se incrementan cada año. Según reportes del propio instituto, hasta el momento hay más de 27 mil requerimientos tramitados ante 240 instancias federales.

Entre los grupos que con más frecuencia exigen información a las autoridades destacan los investigadores académicos, los empresarios y los periodistas, quienes frecuentemente se topan con respuestas negativas.

Al no documentar sus decisiones, los servidores públicos suelen argumentar que los archivos requeridos no existen, pese a que tienen la obligación legal de guardarlos en sus gavetas y en sus computadoras.

En el estudio La cultura de los servidores públicos alrededor de los temas de acceso a la información, que incluyó una encuesta entre mil 200 funcionarios federales, se preguntó: “Desde que la ley de acceso está vigente, ¿en algunas entidades se guardan menos documentos sobre la toma de decisiones?”. El 24.8% de los entrevistados en forma anónima respondió que sí estaba sucediendo eso, contra 38.4% que lo negó.

Luego hubo una segunda pregunta en torno al mismo tema: “Desde que la ley de acceso está vigente, ¿algunos servidores guardan menos documentos sobre su trabajo?”. Las respuestas fueron casi las mismas.

Al contestar a la batería de siete cuestionamientos, los servidores públicos reflejaron que pese a las resistencias para abrir los archivos oficiales, la puesta en marcha de la Ley de Transparencia en México arroja un balance positivo, incluso para el gobierno, y ha impulsado mejoras en la organización de los archivos.

“¿El acceso a la información tiene más costos que beneficios?”, se les preguntó a los burócratas, y 61% respondió que no; sólo 13.3% estuvo de acuerdo con esa percepción negativa.

Aunque solamente a partir de la en-cuesta mencionada no puede demostrarse que crece la tendencia a evadir la rendición de cuentas, el hecho de que los funcionarios acepten que se están documentando menos decisiones y al mismo tiempo se oculten archivos, les preocupa a los comisionados del IFAI, encabezados por Alonso

Lujambio.

Después de participar en el seminario sobre el Derecho de Acceso a la Información organizado el lunes 10 en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, uno de los comisionados del IFAI, Juan Pablo Guerrero Amparán, dice en entrevista con Proceso:

“Este tipo de resultados demuestra que en algunas dependencias no se deja huella de sus decisiones. Un grupo de los servidores públicos encuestados así lo percibe. Esto obliga, desde mi perspectiva, a buscar mecanismos legales para evitar al máximo este tipo de situaciones. La reforma a la Ley Federal de Transparencia y al artículo sexto Constitucional representa una oportunidad para hacerlo.”

La falta de documentación sobre las decisiones de gobierno y el ocultamiento de archivos están estrechamente relacionados con un problema que el IFAI detectó con claridad desde hace un par de años: la supuesta inexistencia de información.

De acuerdo con las estadísticas del instituto, entre 2003 –cuando entró en vigor la Ley Federal de Transparencia– y agosto pasado se han registrado 9 mil 774 respuestas negativas de las dependencias gubernamentales, con el argumento de que los documentos o archivos requeridos no existen. En 2003 se recibieron 551 de esas respuestas; en 2004 se incrementaron a mil 224, y para 2005 llegaron a 2 mil 94.

La tendencia ascendente continuó: en 2006 se respondió a 3 mil 151 solicitudes que no había información, y en el presente año van 2 mil 754, lo que constituye un pésimo récord.

En forma paralela se incrementan las quejas de los ciudadanos ante el IFAI cuando el gobierno federal argumenta la presunta inexistencia de archivos oficiales: de 34 quejas registradas en 2003 pasaron a 396 en lo que va de 2007.

En alrededor de 50% de esos casos, y ante evidencias aportadas por los ciudadanos en el sentido de que los documentos sí pueden existir, los comisionados del IFAI han ordenado a los servidores públicos federales realizar búsquedas exhaustivas en sus archivos.



Presidencia, ejemplo de opacidad

Uno de los casos que mayor controversia ha provocado por una presunta inexistencia de documentos fue la muerte de la indígena Ernestina Ascencio en la sierra de Zongolica, Veracruz.

El 11 de junio, en entrevista, el presidente Felipe Calderón declaró a La Jornada: “He estado pendiente del caso de la señora que, se dice, asesinaron en Zongolica. La CNDH intervino y lo que resultó de la necropsia fue que falleció de una gastritis crónica no atendida. No hay rastros de que haya sido violada. Ojalá ustedes puedan tener, por sus medios, acceso a esa información”.

No obstante, el acceso a esa información ofrecida por Calderón se le negó a una ciudadana, cuyo nombre está protegido por la Ley de Datos Personales y quien pedía a la Presidencia copias de los documentos por medio de los cuales Felipe Calderón fue notificado de que el fallecimiento de la señora se debió a una gastritis y no a una violación tumultuaria cometida por soldados, como apuntaron las primeras versiones del gobierno del estado y de la prensa.

El caso se trató en la sesión plenaria del IFAI del pasado 4 de julio. Ahí trascendió que la Presidencia de la República notificó formalmente a la solicitante que no existía documento oficial alguno sobre esa materia que se hubiera elaborado en sus oficinas, ni archivos sobre el tema enviados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) o la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Como Calderón Hinojosa había de-clarado públicamente que la indígena ve-

racruzana había muerto de gastritis, el co-

misionado Juan Pablo Guerrero pidió a la Presidencia de la República que hiciera una búsqueda exhaustiva en sus archivos.

Durante la citada sesión, Guerrero Amparán –encargado del proyecto de resolución– apuntó: “No había ni pronunciamiento de la Sedena ni pronunciamiento de la CNDH. La Presidencia le tiene que entregar a la solicitante la declaración oficial de inexistencia de documento alguno en el que se basaron sus dichos. En síntesis, la Presidencia tiene que admitir que se dio una valoración (del caso de Ernestina Ascencio) sin prueba alguna”.

Esta postura provocó un fuerte debate entre los cinco comisionados. Guerrero insistió en que todos los funcionarios, sin importar su nivel jerárquico, debían sustentar sus declaraciones en documentos, pero sus colegas opinaron lo contrario. Finalmente, la Presidencia se limitó a confirmar la inexistencia de los documentos.

En ese mes, Guerrero Amparán concedió varias entrevistas a la prensa, en las cuales manifestó su sorpresa porque se hubiera difundido una valoración del caso sin pruebas documentales.

La postura de la Presidencia provocó la polarización de las versiones: la oficial, en el sentido de que se trató de una gastritis, y la periodística, basada en las declaraciones de testigos, que atribuía el fallecimiento de la señora Ascencio a una violación perpetrada por militares.

Una situación parecida se presentó con los datos sobre el menaje y la documentación oficial que presuntamente Vicente Fox se llevó de las instalaciones presidenciales antes de que concluyera su mandato, el pasado 1 de diciembre.

En una entrevista publicada en la revista Quién en su edición de este mes, el expresidente y su esposa, Marta Sahagún, se ufanaron de que en el Centro Fox los estudiantes y los investigadores podrán consultar millones de documentos oficiales:

“El Centro Fox contará con una capacidad para 500 personas, una sala de bienvenida con cupo para 60 visitantes, una biblioteca para atender a 300 usuarios la cual albergará 25 mil volúmenes sobre de-mocracia, liderazgo, transparencia, equidad de género, combate a la pobreza y políticas públicas, así como un acervo digitalizado sobre la gestión 2000-2006, con más de 3 millones de documentos para consulta en línea...”, detalló la revista.

No obstante, en el seno del IFAI se ha debatido acerca de solicitudes de acceso a la información a las cuales el equipo de Felipe Calderón ha contestado que no existen los documentos requeridos, ni sobre el menaje que se llevaron los Fox a su rancho San Cristóbal, en Guanajuato.

“Sabemos que tiene millones de documentos en su centro de estudios. Él mismo lo ha dicho. Pero ignoramos cuáles se llevó directamente de la casa presidencial y cuáles dejó en los archivos”, admitió el comisionado Guerrero Amparán durante su ponencia en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.



En busca de una reforma

Ante el incremento de respuestas que niegan la existencia de documentación oficial requerida y en vista de los indicios de que en algunas dependencias se están tomando decisiones de gobierno sin dejar prueba documental, Juan Pablo Guerrero elaboró una propuesta para reformar sustancialmente la Ley Federal de Transparencia.

El comisionado sostiene que los funcionarios deberían tener la obligación de elaborar documentos oficiales sobre las decisiones de las que hayan tenido conocimiento, sin importar que al momento de enfrentar una solicitud de acceso a la información no existan físicamente esos archivos.

Para ello, considera necesaria una nueva redacción del artículo 14. “Hay que garantizar que las decisiones y acciones gubernamentales queden documentadas. Actualmente la ley lo plantea en sentido negativo: la que contengan las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada”.

El cambio consistiría en que las unidades administrativas deberán documentar todos los procesos, decisiones y acciones derivadas de sus atribuciones y funciones.

“Ante solicitudes de información que versen sobre información relacionada con las facultades y atribuciones de las unidades administrativas, estas últimas darán acceso a la documentación que rinda cuentas sobre la cuestión particular, con preferencia en la entrega de copias de los documentos fuente, con la excepción de la información clasificada.

“Cuando un sujeto obligado no tenga la documentación con la información solicitada relativa a sus facultades, deberá rendir un informe sobre el asunto particular y declarar formalmente la inexistencia de la misma. Así, ante solicitudes sobre las funciones legales de los sujetos obligados, la inexistencia de documentos no necesariamente se traducirá en inexistencia de información”, establece Guerrero Amparán en su propuesta de reformas.

Así, sostiene, quedaría eliminado el problema de que las dependencias y las entidades gubernamentales sólo están obli-

gadas a entregar los documentos que se encuentren en los archivos.

“La inexistencia de información no procede cuando forma parte de las facultades de los funcionarios. La inexistencia deberá declararse cuando la solicitud verse sobre información sobre la cual la dependencia no tiene competencia o cuando los datos existentes no atiendan específicamente al formato y la presentación solicitados”, apunta Guerrero