Por Ricardo García Jiménez
“Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal de procedimiento.
No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa delibertad y existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado.
La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal.
En los casos de delito flagrante, cualquier persona puede detener al indiciado poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad inmediata y ésta, con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder.”
Articulo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Texto aún vigente.
Hace un par de días, la alianza conformada por PRI-PAN-PVEM en la Cámara de Diputados aprobó, el 12 de diciembre, modificaciones constitucionales en materia de justicia y de seguridad pública bajo el pretexto de hacer frente “al narcotráfico y al crimen organizado”. Pero que en realidad esta maniobra constituye una flagrante violación constitucional a las garantías individuales y una atentado a la carta de los derechos universales del hombre.
Con esta aprobación, las “Leyes” confieren a “funcionarios” del gobierno federal, facultades y derecho de cancelar de facto derechos individuales fundamentales. Hoy estamos siendo testigos de la transición de un Estado político-jurídico a un Estado de tipo policíaco.
Esta iniciativa contó con el respaldo de un sector de la bancada de legisladores del PRD que no demostraron el menor interés de salvaguardar las garantías individuales y el respeto a los derechos universales del hombre.
Esta aberrante modificación allana el camino para instaurar de facto un régimen dictatorial o de excepción, al permitirles catear domicilios sin mandato judicial y llevar a cabo detenciones sin orden de aprehensión, así como la incomunicación de detenidos. La iniciativa cancela las garantías fundamentales de seguridad jurídica, que establece la inviolabilidad del domicilio y de la persona, si no media un mandamiento escrito, conforme los señala al artículo 16 constitucional.
¿Pero a qué responden estas modificaciones legislativas?
Recordemos que esta iniciativa se venia fraguando desde la entrada del NAFTA o TLC de América del Norte (1994) para homologar el derecho mexicano al estadounidense, pero esta se mantuvo en estado de latencia durante los regimenes priístas de Carlos Sainas de Gortari y Ernesto Zedillo, pero la homologación se impulso fuertemente con los gobiernos panistas Vicente Fox y Felipe Calderón. Atrás de ello el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica creo las condiciones para que sus socios comerciales formaran una Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), so pretexto, para luchar contra el terrorismo internacional y los enemigos del mundo libre.
Del ASPAN se desprende el llamado Plan México o Iniciativa Mérida, que supone el dominio de las empresas trasnacionales para usufluctuar los recursos naturales de nuestra nación, permitiendo además la ingerencia permanente de las agencias de seguridad estadounidenses dentro del territorio mexicano, con el argumento de que Estados Unidos se encuentra en guerra contra el terrorismo internacional.
Desde el inicio del gobierno de Felipe Calderón, esté perfilo en reforzar los cuerpos policíacos bajo su mando, como de dar todas las ventajas y apoyos necesarios al ejército, fuerza aérea y marina, para crear una bolsa de protección ante el malestar social que han despertado sus políticas. Ahora con la aprobación de esta reforma se criminaliza a los movimientos sociales, pudiendo detener y catear a los diferentes líderes de organizaciones sociales que abiertamente se han manifestado contra las políticas de Washington y sus esbirros que ocupan puestos en la estructura gubernamental de México.
Como ejemplos de detenciones y cateos tenemos los casos de Flavio Sosa y algunos lideres de la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO); a Ignacio del Valle y campesinos de San Salador Atenco; Antonio y Alejandro Cerezo Contreras, acusados de terrorismo; Jacobo Silva Nogales (Comandante Antonio) y Gloria Arenas Agís (Coronela Aurora), acusados de Acopio de armas, Terrorismo, Posesión de cartuchos, Delincuencia organizada, Daño en propiedad ajena, Asociación delictuosa, Homicidio, Intento de homicidio, Rebelión. Y varios centenares más de detenidos que sus nombres pueden ser consultados en la siguiente dirección electrónica http://www.nodo50.org/comitecerezo/presos.htm.
No es de extrañar que aun par de semanas del 2008, justo cuando entra en vigor el capítulo referentes al apartado agrícola del TLC, se hayan aprobado las modificaciones constitucionales en materia de justicia y de seguridad publica, con ello anticipando un esquema represivo, en el que se prevé la utilización del Ejército Federal como policía política, pero ahora facultado por la “Ley”.
La reforma judicial así aprobada borra de un golpe el Estado de derecho en México. Pero su aprobación plena tiene aún que transitar un largo camino, que pudiera ser frenada por las opiniones de los juristas y las movilizaciones sociales. Aunque no hay la garantía de ello toda vez que la Suprema Corte de Justicia, se ha desprestigiado en los últimos días por el lamentable manejo jurídico-político del caso de la periodista Lidia Cacho, que exonero al Mario Marín, gobernador del estado de Puebla.
Para el 2008 se prevén una serie de conflictos considerados como de gravedad, pues los movimientos sociales van a radicalizarse, a pesar de que el gobierno mexicano legalice la Guerra Sucia y profane la intimidad de los hogares mexicanos.
“Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal de procedimiento.
No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa delibertad y existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado.
La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal.
En los casos de delito flagrante, cualquier persona puede detener al indiciado poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad inmediata y ésta, con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder.”
Articulo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Texto aún vigente.
Hace un par de días, la alianza conformada por PRI-PAN-PVEM en la Cámara de Diputados aprobó, el 12 de diciembre, modificaciones constitucionales en materia de justicia y de seguridad pública bajo el pretexto de hacer frente “al narcotráfico y al crimen organizado”. Pero que en realidad esta maniobra constituye una flagrante violación constitucional a las garantías individuales y una atentado a la carta de los derechos universales del hombre.
Con esta aprobación, las “Leyes” confieren a “funcionarios” del gobierno federal, facultades y derecho de cancelar de facto derechos individuales fundamentales. Hoy estamos siendo testigos de la transición de un Estado político-jurídico a un Estado de tipo policíaco.
Esta iniciativa contó con el respaldo de un sector de la bancada de legisladores del PRD que no demostraron el menor interés de salvaguardar las garantías individuales y el respeto a los derechos universales del hombre.
Esta aberrante modificación allana el camino para instaurar de facto un régimen dictatorial o de excepción, al permitirles catear domicilios sin mandato judicial y llevar a cabo detenciones sin orden de aprehensión, así como la incomunicación de detenidos. La iniciativa cancela las garantías fundamentales de seguridad jurídica, que establece la inviolabilidad del domicilio y de la persona, si no media un mandamiento escrito, conforme los señala al artículo 16 constitucional.
¿Pero a qué responden estas modificaciones legislativas?
Recordemos que esta iniciativa se venia fraguando desde la entrada del NAFTA o TLC de América del Norte (1994) para homologar el derecho mexicano al estadounidense, pero esta se mantuvo en estado de latencia durante los regimenes priístas de Carlos Sainas de Gortari y Ernesto Zedillo, pero la homologación se impulso fuertemente con los gobiernos panistas Vicente Fox y Felipe Calderón. Atrás de ello el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica creo las condiciones para que sus socios comerciales formaran una Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), so pretexto, para luchar contra el terrorismo internacional y los enemigos del mundo libre.
Del ASPAN se desprende el llamado Plan México o Iniciativa Mérida, que supone el dominio de las empresas trasnacionales para usufluctuar los recursos naturales de nuestra nación, permitiendo además la ingerencia permanente de las agencias de seguridad estadounidenses dentro del territorio mexicano, con el argumento de que Estados Unidos se encuentra en guerra contra el terrorismo internacional.
Desde el inicio del gobierno de Felipe Calderón, esté perfilo en reforzar los cuerpos policíacos bajo su mando, como de dar todas las ventajas y apoyos necesarios al ejército, fuerza aérea y marina, para crear una bolsa de protección ante el malestar social que han despertado sus políticas. Ahora con la aprobación de esta reforma se criminaliza a los movimientos sociales, pudiendo detener y catear a los diferentes líderes de organizaciones sociales que abiertamente se han manifestado contra las políticas de Washington y sus esbirros que ocupan puestos en la estructura gubernamental de México.
Como ejemplos de detenciones y cateos tenemos los casos de Flavio Sosa y algunos lideres de la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO); a Ignacio del Valle y campesinos de San Salador Atenco; Antonio y Alejandro Cerezo Contreras, acusados de terrorismo; Jacobo Silva Nogales (Comandante Antonio) y Gloria Arenas Agís (Coronela Aurora), acusados de Acopio de armas, Terrorismo, Posesión de cartuchos, Delincuencia organizada, Daño en propiedad ajena, Asociación delictuosa, Homicidio, Intento de homicidio, Rebelión. Y varios centenares más de detenidos que sus nombres pueden ser consultados en la siguiente dirección electrónica http://www.nodo50.org/comitecerezo/presos.htm.
No es de extrañar que aun par de semanas del 2008, justo cuando entra en vigor el capítulo referentes al apartado agrícola del TLC, se hayan aprobado las modificaciones constitucionales en materia de justicia y de seguridad publica, con ello anticipando un esquema represivo, en el que se prevé la utilización del Ejército Federal como policía política, pero ahora facultado por la “Ley”.
La reforma judicial así aprobada borra de un golpe el Estado de derecho en México. Pero su aprobación plena tiene aún que transitar un largo camino, que pudiera ser frenada por las opiniones de los juristas y las movilizaciones sociales. Aunque no hay la garantía de ello toda vez que la Suprema Corte de Justicia, se ha desprestigiado en los últimos días por el lamentable manejo jurídico-político del caso de la periodista Lidia Cacho, que exonero al Mario Marín, gobernador del estado de Puebla.
Para el 2008 se prevén una serie de conflictos considerados como de gravedad, pues los movimientos sociales van a radicalizarse, a pesar de que el gobierno mexicano legalice la Guerra Sucia y profane la intimidad de los hogares mexicanos.
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