Pasividad

Patricia Dávila Apesar de que existen suficientes bases legales para solicitar la revisión o la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el gobierno mexicano se abstuvo de solicitarlo y, además, permaneció al margen cuando 20 países se adhirieron a la demanda que Canadá interpuso en la Organización Mundial de Comercio (OMC) para revisar las prácticas desleales de Estados Unidos.

El gobierno de Felipe Calderón evitó estas medidas a pesar de que México es el segundo receptor de las exportaciones mundiales de maíz estadunidense (46.8 millones de toneladas acumuladas en el período 2001-2006), cuya producción –a diferencia de la nacional– es fuertemente subsidiada.

Para la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (RMALC) es inexplicable el desinterés del gobierno mexicano frente a las violaciones de Estados Unidos a las condiciones del tratado.

“La élite política del gobierno mexicano –estableció la organización en un comunicado fechado en febrero pasado–, antes que pensar en los cerca de 4 millones de campesinos e indígenas productores de maíz afectados doblemente por la apertura irresponsable de las fronteras bajo el TLCAN, a las importaciones con dumping, como por el desmantelamiento de los apoyos a la producción campesina, pensó primero en los intereses de los agronegocios, en los grupos monopólicos harinero, avícola, ganadero y lechero”.

La RMALC agrega que cálculos recientes, basados en datos oficiales y estimaciones de tasa promedio de subsidios al maíz, obtenidos por investigadores del Instituto de Políticas Agrícolas y de Comercio (IATP por sus siglas en inglés), apuntan a que bajo el TLCAN el monto de los aranceles no cobrados a los monopolios del maíz alcanza más de 3 mil 500 millones de dólares.

La misma fuente asegura que los subsidios a las exportaciones de maíz destinadas a México superan los mil 400 millones de dólares, “cifra similar al valor promedio anual de las exportaciones mundiales de maíz que hizo Estados Unidos en el período 2001-2005”.

El 16 de febrero de 2007 la Cámara de Diputados emitió un punto de acuerdo en el que exhorta al Ejecutivo federal, con carácter de “urgencia”, a que por conducto de la Secretaría de Economía se adhiera formalmente como tercero interesado a la solicitud de consultas que Canadá presentó el 8 de enero al gobierno estadunidense en el marco de la OMC.

Esto, dice el punto de acuerdo, “con respecto a las subvenciones para el maíz y otras medidas distorsionantes del comercio de éste y otros productos agropecuarios que el gobierno norteamericano otorga a sus productores, exportadores y procesadores. Así como al incumplimiento de diversas obligaciones establecidas en los acuerdos suscritos en esta organización” (la OMC).

A pesar del exhorto, el gobierno mexicano no envió ningún documento de adhesión a la demanda de Canadá ni solicitó revisar o renegociar el TLCAN.

Carlos Salazar, dirigente de la Confederación Nacional de Productores Agrícolas de maíz en México (CNPAMM), explica que el gobierno federal tiene el compromiso de aplicar los instrumentos jurídicos vigentes para defender la producción nacional contra prácticas desleales, pues el Acuerdo Nacional para el Campo, suscrito el 23 de abril de 2003, señala en su numeral 50:

“El Ejecutivo Federal, con base en las facultades que le otorga la Constitución y las leyes respectivas, iniciará de inmediato consultas oficiales con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, con el objeto de revisar lo establecido por el TLCAN para el maíz blanco y frijol, y convenir con las contrapartes el sustituirlo por un mecanismo permanente de administración de las importaciones o cualquier otro equivalente que resguarde los legítimos intereses de los productores nacionales y la soberanía y seguridad alimentarias”.

La propuesta de los maiceros mexicanos era establecer un acuerdo con las organizaciones estadunidenses del ramo para determinar las cuotas de participación en cada mercado: que México se especializara en maíz blanco y Estados Unidos en la variedad amarilla.

Para ello, los estadunidenses sólo deben permitir que se destinen a México 500 mil toneladas de maíz blanco (la cantidad promedio de importación y la cifra complementaria para el abasto nacional). Paralelamente, nada más un millón de hectáreas mexicanas se destinarían a la producción de la variedad amarilla, a fin de abrir el mercado al grano de esa variedad procedente de Estados Unidos.

Este acuerdo impulsa la ventaja competitiva de los socios sin alterar la estructura del TLCAN, por lo que debe ser promovido y avalado por ambos gobiernos, afirma Salazar.

Instrumentos constitucionales

Rita Schwentesius Rindermann, investigadora de la Universidad de Chapingo y experta en el TLCAN, señala que desde finales de 2002 el movimiento “El campo no aguanta más”, el Congreso Agrario Permanente (CAP), El Barzón y otras organizaciones campesinas, así como académicos e intelectuales, han insistido en la urgente necesidad de revisar el capítulo agropecuario del TLCAN (el VII) a fin de establecer una nueva política agrícola.

Jurídicamente, agrega la especialista, cualquier tratado o convenio internacional es revisable si los gobiernos suscriptores así lo deciden, ya que un tratado no debe dañar a una de las partes y beneficiar a la otra.

En cuanto a las bases legales, la investigadora indica que una revisión y posterior renegociación del TLCAN es la base para cumplir la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que en su capítulo XVII –“De la Seguridad y Soberanía Alimentaria”– define los siguientes productos como básicos y estratégicos: maíz, frijol, caña de azúcar, trigo, arroz, sorgo, café, huevo, leche, carne de bovinos, porcinos, aves y pescados.

La renegociación del TLCAN en esos términos es posible con base en el artículo 89 constitucional, fracción 10, sobre la desigualdad jurídica, especifica Schwentesius Rindermann, además de que el artículo 131 constitucional señala que el Ejecutivo federal podrá ser facultado por el Congreso para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación expedidas por el propio Congreso.

Además, México no debe renunciar a su soberanía nacional; el propio TLCAN reconoce este derecho en su artículo 803.1, el cual establece que cada una de las partes se asegurará de la aplicación uniforme, imparcial y razonable de sus leyes, reglamentaciones, resoluciones y determinaciones que rijan todos los procedimientos para la adopción de medidas de emergencia.

Así mismo, el texto determina que si las importaciones de algunos productos o mercancías se han incrementado hasta el punto de provocar un serio daño a la producción nacional, se pueden establecer medidas arancelarias para impedir que esas importaciones sigan dañando a los productores del país.

Las medidas de salvaguarda o de emergencia, explica la investigadora, son recursos a los que frecuentemente acuden los gobiernos de todo el mundo para defender a sus productores. No obstante, añade, “en México el gobierno no ha querido utilizar estos mecanismos, salvo en el caso del pollo”.

En opinión de la especialista, “fue el gobierno mexicano quien, sin consultar en forma democrática a la sociedad, instrumentó la política de liberalización de la economía y firmó el TLCAN, por lo tanto tiene que responsabilizarse de los daños causados. No importa quién sea el presidente o qué partido esté en el poder, el compromiso con el país es el mismo”.

Rita Schwentesius, autora del libro ¿El campo, aguanta más?, explica que una moratoria del capítulo agropecuario significa regresar al nivel de protección vigente el día anterior a la entrada en vigor del TLCAN.

Sin embargo, aclara, ya no es posible volver a un “antes del tratado” en México, cuando se manejaban permisos previos a la importación, dado que el TLCAN forma parte de profundas reformas estructurales de la economía mexicana que, en el caso de la agricultura, llevó a la desaparición de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo) como reguladora de importaciones.

Así mismo recuerda que como resultado de las negociaciones se acordó una tarificación en lugar de los permisos previos, de tal suerte que el texto del TLCAN habla de “tasa base”, es decir, un arancel que jamás se aplicó, pero que se puede aplicar si se llega a una moratoria, concluye.

Arroceros en pugna

Por lo pronto, el presidente de la Federación Nacional de Productores de Arroz, Pedro Alejandro Díaz Hartz, explica que está en curso otra impugnación contra Estados Unidos en el marco del Acuerdo de Subsidios y Derechos Compensatorios de la OMC.

Los arroceros mexicanos promueven la controversia, dados “los efectos dañinos que los subsidios estadunidenses otorgados a este producto han ocasionado a la producción mexicana”.

Si la OMC dictamina que dicha práctica estadunidense es violatoria del acuerdo, México podría recurrir a una compensación.

Para lograrlo, los productores mexicanos deben demostrar que padecen perjuicios graves como “desplazar e impedir las exportaciones de arroz de México en terceros mercados, subvaluación, contención o reducción de los precios; o pérdidas de ventas en el mercado; el efecto del subsidio en el incremento de la participación en el mercado mundial de Estados Unidos y/o, desplazar o impedir las importaciones de otro miembro en el mercado estadunidense”.

Díaz Hartz afirma que el impacto general del TLCAN en el arroz mexicano ocasionó que se dejaran de sembrar 202 mil hectáreas de la gramínea y se perdieron 578 mil toneladas.

Además, el número de productores activos bajó de 25 mil a 5 mil 400; de 74 molinos quedaron sólo 21; en lugar de generar cerca de 10 millones de jornales anuales como antes del tratado, ahora se produce únicamente un millón 550 mil, y los empleos directos en la industria bajaron de 12 mil 500 a 2 mil 800.

Por si fuera poco, argumenta el dirigente de los arroceros, el precio internacional de la gramínea en 1994 era de 260 dólares la tonelada y en 2005 descendió a 220; así mismo, el costo de producción en 1998 fue de mil 500 pesos por cada tonelada, mientras que en 2005 subió a mil 800. l