Año fatal

Patricia Dávila

Solos y desamparados, los productores agrícolas esperan con temor la llegada del 2008, año que para ellos estará cargado de signos ominosos. Perdida la autosuficiencia alimentaria, y ante la negativa del gobierno federal a renegociar el capítulo agropecuario, saben que a partir del 1 de enero comienzan los días fatídicos, pues el poderío comercial de Estados

Unidos, que tendrá ya vía libre para introducir cuanto producto desee totalmente exento de aranceles, los sumirá aún más en la miseria.

Catorce años después de haber entrado en vigor, el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) logró que la riqueza del campo mexicano se concentrara sólo en el 3% de los productores agrícolas.

Otro de los alcances de este pacto comercial es que desde hace varios años se dejaron de sembrar 2 millones de hectáreas y se puso en peligro la producción de sorgo y arroz.

Así mismo, durante el período mencionado se perdieron más de 5 millones de empleos agrícolas, lo que elevó el índice de pobreza en varias regiones del país y provocó la migración de 8 millones de campesinos a Estados Unidos.

En síntesis: el campo está colapsado. Los datos duros distan mucho de los pronósticos optimistas que hizo el gobierno de Carlos Salinas en enero de 1994, cuando arrancó el TLCAN.

Así lo consideran dirigentes agrícolas entrevistados por Proceso. Durante 2007, analistas, organizaciones campesinas y legisladores vinculados con el agro intentaron buscar soluciones de fondo a la crisis del campo, incluso exigir al gobierno una revisión íntegra del capítulo agropecuario del TLCAN. Fue en vano. La revisión nunca llegó.

Según los campesinos, 2008 será un año “desastroso” para el campo, pues maíz, frijol y leche en polvo ya no serán gravados. De acuerdo con la Confederación Nacional Campesina, más de un millón 400 mil productores de maíz, frijol y leche entrarán en una grave crisis, algunos incluso podrían “desaparecer” cuando los productos estadunidenses inunden el mercado nacional.

López Aguilar sostiene que, desde la puesta en marcha del tratado, México nunca aplicó el arancel debido por las importaciones de alimentos: “De 1994 a la fecha –arguye–, México dejó de percibir más de 12 mil millones de dólares por el no cobro de los aranceles”. El gobierno debió cobrar hasta 250%, pero se conformó con recaudar sólo 3% al maíz blanco y el 1% al maíz amarillo, ambos procedentes del extranjero.

Y en los próximos años se acentuará la pérdida de la soberanía y la seguridad alimentaria, dice el dirigente cenecista, pues Estados Unidos surtirá 50% de los granos, cerca de 90% de la carne y 100% de las oleaginosas que se consumirán en México.

Las asimetrías

Carlos Salazar, dirigente de los productores de maíz, asegura que México no consideró asimetría entre los productores de Estados Unidos y México cuando firmó el TLCAN, lo que llevó al fracaso al agro nacional. E ilustra el caso: “Mientras que México tiene una frontera agrícola cultivable de 27.3 millones de hectáreas, Estados Unidos posee 179; cuando aquí existen 4.6 millones de hectáreas de riego, en Estados Unidos hay 17.9”.

Ante esta situación, los productores mexicanos reciben del gobierno federal un subsidio anual por hectárea de 45 dólares, mientras que a sus homólogos del norte les dan 125. Además, dice, en México cada productor tiene apoyos por 700 dólares, en tanto que los estadunidenses reciben 21 mil dólares.

Más contrastes: si en México el tiempo de producción de una tonelada de maíz es de 17 días, en Estados Unidos, gracias a la tecnificación, es de sólo 1.2 horas. Así mismo, son abismales las diferencias en infraestructura y condiciones de producción entre México y Estados Unidos: aquí cada trabajador del campo posee en promedio 3.1 hectáreas de cultivo, frente a las 59.1 que tienen sus pares estadunidenses.

Además, en el país hay un tractor por cada 50 campesinos, mientras que en Estados Unidos cada productor es dueño de su propio tractor y logra producir 8.4 toneladas por hectárea –en México el promedio es de 2.4 toneladas–. En los últimos 10 años los costos de producción aumentaron en 300%.

A estos grandes desequilibrios en infraestructura y tecnología deben añadirse la falta de inversión y de apoyo al fomento de la producción de maíz a partir del TLCAN, dice Salazar, y explica: “Una muestra de la desventaja con que México ha enfrentado el TLCAN es el déficit comercial agroalimentario, que pasó de 74 millones de dólares en 1994, a 5 mil 500 millones de dólares en 2004.”

Para Abraham Montes Alvarado, dirigente de la Unión Nacional de Productores de Frijol (UNPF), lo peor está por venir. En 2008, afirma, Estados Unidos iniciará un programa de créditos para la comercialización de sus productores, con un respaldo hasta 400% superior al que reciben los campesinos mexicanos.

El dirigente asegura que actualmente la superficie en la que se siembra frijol en México es de 2 millones 154 mil 600 hectáreas y la producción nacional de esta leguminosa –100 mil toneladas– apenas cubre la demanda interna.

Dice que a los productores de frijol les afectó la llegada tardía del Subprograma de Apoyo a la Cadena Productiva de los Productores de Maíz y Frijol (Promaf), así como la falta de un sistema de aseguramiento en el ámbito nacional en las zonas de temporal. Tampoco tuvieron un sistema financiero eficaz, afirma Montes. “De hecho, los campesinos seguimos produciendo solos, prácticamente sin ayuda institucional, sin seguro agrícola, corriendo los riesgos nosotros mismos y con problemas para comercializar cada año más de 150 mil toneladas.”

Hoy, según asegura el dirigente de la UNPF, un productor vende su frijol a 3.30 pesos el kilo, mientras que los consumidores lo adquieren hasta en 22 pesos. Ese incremento se debe a los intermediarios, quienes se llevan su tajada, y a la falta de de programas de comercialización. En realidad, dice, el kilogramo debería fijarse en 8 pesos. Pero las cosas no son así; lo malo es que pueden agravarse.

Con la apertura comercial total, que comenzará a aplicarse a partir del martes 1 de enero, es probable que la leguminosa que se consuma en México sea triangulada por Estados Unidos, que podría importarla de China, India, Brasil y Centroamérica.

El panorama para los 200 mil productores de leche también es sombrío. José Antonio Rico Ramos, presidente de la Unión Nacional de Ganaderos y Lecheros de la CNC, asegura que, en lugar de fomentar la ganadería lechera nacional, el gobierno federal alienta las prácticas monopólicas de fijación y discriminación de precios. Lo peor: autorizó a Liconsa a comprar en el mercado internacional leche en polvo, que es más cara que la del mercado interno.

Dice: “México importa mil 500 millones de litros al año, lo que lo coloca como el segundo importador de leche en el mundo. Recientemente introdujo leche entera en polvo a más de 3 mil 600 dólares la tonelada, lo que indica que sus gastos de internación al país representaron un importe de 6.78 pesos por litro; esto es, un subsidio de 1.80 pesos por litro al productor lechero extranjero.”

Esto, agrega Rico Ramos, no es poca cosa, si se considera que al productor se le paga 3.70 pesos el litro de leche. “Lo que planteamos es que se nos pague a 5.50 y 5.90, aun cuando sabemos que el precio internacional del lácteo es de 6.89 y que cambiará a partir de enero.

“A los productores nos cuesta entre 3.20 y 3.30 pesos producir un litro de leche de calidad. ¿Cómo le vamos a hacer para no extinguirnos?”, dice el representante cenecista.

Inermes

Para Héctor Padilla González, presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, el agro nacional atraviesa por una situación crítica debido a que, tras la firma del TLCAN, México retiró los instrumentos que sostenían el desarrollo del campo.

“Redujo drásticamente el financiamiento del Banco Rural hasta su extinción; desapareció Conasupo, que controlaba el proceso de captación de cosechas y el precio de garantía, lo que dio paso a una cadena de intermediarios como Cargill, Maseca o Minsa”.

Con Cargill, dice el legislador, bastaría que el gobierno cotejara sus facturas de compra con las de venta para establecer el intermediarismo especulativo.

Así mismo, se contrajo drásticamente la actividad del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), que creó una variedad de cultivos aportados al gobierno federal por India y algunos países africanos; también desapareció la Productora Nacional de Semillas (Pronase), encargada de multiplicar comercialmente las variedades obtenidas por el INIFAP.

Por si lo anterior fuera poco –continúa el legislador– Sagarpa eliminó la asistencia técnica, la capacitación y el servicio de información de mercados que brindaba a los campesinos. En suma, “el gobierno federal dejó que todo lo resolvieran los mercados. Se olvidó de que la población a la que va dirigida esta información es la que posee el menor índice de escolaridad y carece de herramientas tecnológicas para incorporarse al ritmo de desarrollo que lleva el mundo”.

Padilla González asegura que con el tratado sólo se beneficiaron productores de Chihuahua, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Veracruz y Tamaulipas, “que es el nicho del 3% de los productores que crecieron desde que entró en vigor el TLCAN frente a los 3.5 millones que se empobrecieron”.

Sentencia: “Es imposible estar contento con estas cifras. Además, debido a la falta de rentabilidad, se dejaron de cultivar 2 millones de hectáreas de buena calidad”.

En Sonora, por ejemplo, 60% de la superficie está rentada; le sigue Sinaloa, con 40%. El rentismo comenzó por el sur y ya se observa en Jalisco y Michoacán. “Aún es poco, pero está calando”.

González explica que en 2005 el Banco Mundial publicó el documento Generación de ingreso y protección social para los pobres, en el que menciona que los programas agropecuarios aplicados en México no resultaron exitosos para lograr que los productores de básicos se ajustaran a la competencia internacional y pasaran a cosechas más competitivas.

Desequilibrio

El investigador de la UNAM José Luis Calva, experto en el sector agropecuario, asegura que desde que se firmó el TLCAN, él, junto con analistas de Chapingo y otras universidades, advirtieron sobre las desigualdades que privan en ese sector.

En entrevista, Calva asegura que “hay diferencias de productividad enormes, que se derivan de cuantiosas inversiones en investigación e innovación tecnológica que se hicieron de manera sistemática en Estados Unidos”. Y menciona la llamada Ley Morrill de 1862; luego vinieron las de políticas de precios y subsidios, instrumentadas a partir de la Ley Agrícola (The Farm Bill) en 1933, aún vigente.

Así, dice el investigador, un productor estadunidense puede adquirir maquinaria sabiendo que va a tener con qué pagar, pues tiene un precio de garantía que lo soporta. Esta, señala, es la primera fuente de desigualdad.

Los apoyos que reciben los granjeros de Estados Unidos representan 48.2% del valor de la producción agropecuaria, por lo que, puntualiza, “no podemos razonablemente pensar que lograremos en un futuro previsible la equiparación con nuestros vecinos del norte. La capitalización y la innovación también avanzan allá”.

Agrega: “fallaron los supuestos, pero los técnicos o los tecnócratas que negociaron el TLCAN no tenían bases para decir qué se haría en el caso de que fallaran. Ahora ya tenemos el problema enfrente”.

Según Calva, incluso podría decirse: “Si ya los precios son altos, los productores agrícolas maiceros van a ser competitivos y ya no habrá problema con abrir el grano de 2008 para adelante. No –dice Calva –, aquí hay dos problemas: primero, el uso del maíz para la producción de etanol solamente es costeable con un precio del barril por arriba de 45 dólares.

“Nada garantiza que los precios del petróleo estén arriba. Entonces, la sobredemanda registrada en Estados Unidos y que elevó los precios no necesariamente va a mantenerse; segundo, por política agrícola, Estados Unidos paga por que millones de hectáreas se queden sin cultivo con el objetivo de reducir la oferta, porque tienen una sobreproducción de granos.”

Si se mantiene alto el precio del crudo, esas tierras van a regresar al cultivo, agrega el investigador. “México no puede apostar a un escenario eternamente alto de precios del maíz; esto abre la necesidad de dar certidumbre a la producción de maíz y de frijol, del cual dependen más de 3 millones de familias en México; la única manera de darles certidumbre es sacarlos del TLCAN.”

Pero también, dice, hay otro tipo de razones –alimentarias, sociales y económicas– para excluir a México del TLCAN. México es el primer productor mundial de maíz blanco, cuyo grano contiene tres puntos porcentuales de proteínas más que el maíz amarillo. Tienen mayor contenido energético y es utilizado para forraje en Estados Unidos y últimamente para producir etanol. Esto es relevante porque en poblaciones que se mueven en niveles de desnutrición o de una alimentación que es apenas la mínima indispensable para que un ser humano se mantenga bien, tres puntos porcentuales de contenido proteico en la tortilla son altamente importantes.

Por eso, los investigadores universitarios insisten en que se excluya al maíz y al frijol del tratado. Dará certidumbre a la producción agropecuaria y en dos años –“sin ser chovinista”, afirma Calva–, México puede lograr la autosuficiencia en la producción de alimentos.

A su vez, los dirigentes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), Álvaro López Ríos, y de la Central Campesina Cardenista, Max Correa, enumeran los daños sufridos por los campesinos y productores agrícolas desde que se instrumentó el tratado comercial: se puso en riesgo la sobrevivencia de 32 millones de campesinos. De ese total, 80% sobreviven en la pobreza; durante el gobierno de Vicente Fox se perdieron cerca de 5 millones de empleos.

Más: de los 97 mil 606 millones de dólares acumulados en inversión extranjera directa, únicamente 265 millones –2.5 %– llegaron al campo mexicano; 40% de los porcicultores abandonaron esa actividad, lo mismo que 24% de los productores de papa, los arroceros y los maiceros.

México, dicen los dirigentes agrícolas, está perdiendo la autosuficiencia alimentaria. E insisten en que la negativa a revisar el capítulo agropecuario del TLCAN sólo agravará los problemas sociales en el área rural de México. Por eso consideran que el 1 de enero de 2008 será una fecha fatal. l