por Carlos Fazio
La administración espuria de Felipe Calderón marcha hacia laconformación de un Estado autoritario de nuevo tipo apoyado en lafuerza de las armas. La tácita equiparación de quienes encarnan laprotesta social como presuntos terroristas y/o subversivos, plasmadaen las reformas al Código Penal y en el castigo disciplinador yejemplarizante aplicado a los presos políticos de Atenco, anuncian ladisposición del Ejecutivo federal de transitar hacia un nuevo régimende excepción que tiene como eje una guerra de baja intensidad de tipocontrainsurgente contra el pueblo organizado.
La aplicación en la práctica del Manual de disturbios civiles de lasección segunda (Inteligencia Militar) del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional -divulgado en La Jornada porGilberto López y Rivas, "Sedena: el manual de la represión", 4/5/07-exhibe y desnuda el accionar anticonstitucional de los estamentoscastrenses y paramilitares oficiales en los casos Lázaro Cárdenas-LasTruchas, Michoacán; Atenco, estado de México, y en la ciudad deOaxaca, en 2006, donde echaron mano de la represión indiscriminada ymediante acciones deliberadamente aterrorizantes y desproporcionadasintentaron sembrar un miedo con efecto "ejemplarizante" en lapoblación, apoyándose en acciones de inteligencia y una estrategia decomunicación mediática típica de las operaciones sicológicasencubiertas. A ello habría que sumar las actuales provocaciones en curso contracampesinos indígenas de Montes Azules, en Chiapas, y ejidatarios ycomuneros que se oponen a la construcción de la represahidroeléctrica La Parota, en Guerrero; los actos de hostigamiento deelementos del Ejército federal, inteligencia militar y espías yorejas del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) contra los delegados de la Comisión Sexta del Ejército Zapatista deLiberación Nacional y adherentes de la otra campaña en el estado deNuevo León y otras partes del país, y las torturas, detenciones arbitrarias y robos -a la manera de botín de guerra- ejecutados pormilitares y miembros de la Agencia Federal de Investigación enNocupétaro, Michoacán, en días recientes. Tal pareciera que el Ejecutivo ha decidido cancelar los caminos de lalucha civil pacífica y que México transita hacia un régimen dual quecombina la fachada de una democracia formal con el terrorismo de Estado.
Apoyado en una doctrina de seguridad nacional de tipo antisubversivo,la lógica del modelo tiene como objetivo la destrucción del "enemigointerno", concepto éste que en el desarrollo de un conflicto sueleabarcar a todo actor de "desorden social".Según el manual de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes alteren o perturben el orden público, se reúnan tumultuariamente,intimiden u obliguen a la autoridad a tomar alguna determinación ypongan en peligro la vida y la propiedad, podrían incurrir en eldelito de motín y ser blanco de la acción represiva del Estadomediante el accionar de tropas especiales, paracaidistas y unidadesblindadas provistas de escopetas, agentes químicos y fusiles deprecisión.
Como antecedente, cabe consignar que, en su accionar, un Estadofascista instrumenta como eje de su política represiva laconformación de un vasto y complejo aparato de seguridad. Eso vienesucediendo de manera paulatina en México, donde las propias fuerzasarmadas, dando la espalda a sus funciones establecidas en el artículo89 constitucional, fracción VI, y en el 29, que establece que "entiempo de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funcionesque las que tengan exacta conexión con la disciplina militar", hanvenido modificando su carácter convirtiéndose en lo que bien puedecalificarse como "gendarme" o "ejército de ocupación" en su propiopaís, cuya misión fundamental es impedir toda muestra de descontento,y sobre todo imposibilitar, por vía de la fuerza y el terror,cualquier cambio, por mínimo que éste sea, en la estructura social dela nación.
La tendencia hacia la conformación de un régimen de fuerza de nuevotipo se ha venido confirmando con la militarización de la seguridadinterior, vía la presunta "guerra" contra el crimen organizado y elproyecto de reingeniería de los órganos de seguridad del Estado, que comprende la creación de un Cuerpo Federal de Policía y gendarmerías supervisadas por el Ejército en localidades con menos de 20 milhabitantes.Según se anunció el 4 de abril de 2007, la nueva estructura orgánicade la futura policía federal quedó integrada por seis divisiones,cuatro de cuyos jefes provienen del Cisen, en tanto que elcoordinador de las fuerzas federales será el general Héctor Sánchez,ex jefe de la Sección Segunda de Inteligencia Militar del EstadoMayor de la Defensa Nacional.
Esa conformación de una policía federal con mandos provenientes delos servicios de inteligencia política y militar, aunada a lacontrarreforma penal impulsada por Calderón -que incluye laintervención telefónica y el espionaje sobre los ciudadanos sin ordenjudicial, el ingreso a domicilios sin orden de cateo bajo la razón deflagrancia y la creación de una policía investigadora independientedel Ministerio Público-, así como el "paquete antiterrorista"aprobado por el Senado de la República el 26 de abril pasado, queincorpora el delito de "terrorismo internacional" al código penal,parece robustecer la hipótesis de que nos encaminamos hacia un Estadode tipo policial-militar, basado en leyes de excepción quecriminalizan la protesta social. Es decir, asistimos a un larvadoproceso de fascistización del Estado, y si no se lo frena ahora, suconsecuencia lógica puede ser la consolidación de un Estado terrorista en México.
La aplicación en la práctica del Manual de disturbios civiles de lasección segunda (Inteligencia Militar) del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional -divulgado en La Jornada porGilberto López y Rivas, "Sedena: el manual de la represión", 4/5/07-exhibe y desnuda el accionar anticonstitucional de los estamentoscastrenses y paramilitares oficiales en los casos Lázaro Cárdenas-LasTruchas, Michoacán; Atenco, estado de México, y en la ciudad deOaxaca, en 2006, donde echaron mano de la represión indiscriminada ymediante acciones deliberadamente aterrorizantes y desproporcionadasintentaron sembrar un miedo con efecto "ejemplarizante" en lapoblación, apoyándose en acciones de inteligencia y una estrategia decomunicación mediática típica de las operaciones sicológicasencubiertas. A ello habría que sumar las actuales provocaciones en curso contracampesinos indígenas de Montes Azules, en Chiapas, y ejidatarios ycomuneros que se oponen a la construcción de la represahidroeléctrica La Parota, en Guerrero; los actos de hostigamiento deelementos del Ejército federal, inteligencia militar y espías yorejas del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) contra los delegados de la Comisión Sexta del Ejército Zapatista deLiberación Nacional y adherentes de la otra campaña en el estado deNuevo León y otras partes del país, y las torturas, detenciones arbitrarias y robos -a la manera de botín de guerra- ejecutados pormilitares y miembros de la Agencia Federal de Investigación enNocupétaro, Michoacán, en días recientes. Tal pareciera que el Ejecutivo ha decidido cancelar los caminos de lalucha civil pacífica y que México transita hacia un régimen dual quecombina la fachada de una democracia formal con el terrorismo de Estado.
Apoyado en una doctrina de seguridad nacional de tipo antisubversivo,la lógica del modelo tiene como objetivo la destrucción del "enemigointerno", concepto éste que en el desarrollo de un conflicto sueleabarcar a todo actor de "desorden social".Según el manual de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes alteren o perturben el orden público, se reúnan tumultuariamente,intimiden u obliguen a la autoridad a tomar alguna determinación ypongan en peligro la vida y la propiedad, podrían incurrir en eldelito de motín y ser blanco de la acción represiva del Estadomediante el accionar de tropas especiales, paracaidistas y unidadesblindadas provistas de escopetas, agentes químicos y fusiles deprecisión.
Como antecedente, cabe consignar que, en su accionar, un Estadofascista instrumenta como eje de su política represiva laconformación de un vasto y complejo aparato de seguridad. Eso vienesucediendo de manera paulatina en México, donde las propias fuerzasarmadas, dando la espalda a sus funciones establecidas en el artículo89 constitucional, fracción VI, y en el 29, que establece que "entiempo de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funcionesque las que tengan exacta conexión con la disciplina militar", hanvenido modificando su carácter convirtiéndose en lo que bien puedecalificarse como "gendarme" o "ejército de ocupación" en su propiopaís, cuya misión fundamental es impedir toda muestra de descontento,y sobre todo imposibilitar, por vía de la fuerza y el terror,cualquier cambio, por mínimo que éste sea, en la estructura social dela nación.
La tendencia hacia la conformación de un régimen de fuerza de nuevotipo se ha venido confirmando con la militarización de la seguridadinterior, vía la presunta "guerra" contra el crimen organizado y elproyecto de reingeniería de los órganos de seguridad del Estado, que comprende la creación de un Cuerpo Federal de Policía y gendarmerías supervisadas por el Ejército en localidades con menos de 20 milhabitantes.Según se anunció el 4 de abril de 2007, la nueva estructura orgánicade la futura policía federal quedó integrada por seis divisiones,cuatro de cuyos jefes provienen del Cisen, en tanto que elcoordinador de las fuerzas federales será el general Héctor Sánchez,ex jefe de la Sección Segunda de Inteligencia Militar del EstadoMayor de la Defensa Nacional.
Esa conformación de una policía federal con mandos provenientes delos servicios de inteligencia política y militar, aunada a lacontrarreforma penal impulsada por Calderón -que incluye laintervención telefónica y el espionaje sobre los ciudadanos sin ordenjudicial, el ingreso a domicilios sin orden de cateo bajo la razón deflagrancia y la creación de una policía investigadora independientedel Ministerio Público-, así como el "paquete antiterrorista"aprobado por el Senado de la República el 26 de abril pasado, queincorpora el delito de "terrorismo internacional" al código penal,parece robustecer la hipótesis de que nos encaminamos hacia un Estadode tipo policial-militar, basado en leyes de excepción quecriminalizan la protesta social. Es decir, asistimos a un larvadoproceso de fascistización del Estado, y si no se lo frena ahora, suconsecuencia lógica puede ser la consolidación de un Estado terrorista en México.
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