Desaparecido

GABRIEL GOMEZ CAÑA, POR ULTIMA VEZ SE LE VIO EL SABADO 25 DE MARZO PASADO, A LAS 11:30 DE LA NOCHE

GABRIEL GOMEZ CAÑA, POR ULTIMA VEZ SE LE VIO EL SABADO 25 DE MARZO PASADO,  A LAS 11:30 DE LA NOCHE Orizaba, Veracruz.- Llevaba una playera negra, pantalon de mezclilla, es de complexion delgado y piel morena...Es militante del Frente Popular Revolucionario y activista de Organizaciones Sociales.

01 enero 2008

El acoso, las presiones, el silenciamiento


Jenaro Villamil

A raíz de las preguntas que se han formulado sobre su salida de W Radio, la periodista Carmen Aristegui relata, en entrevista con Proceso, cómo prevaleció el interés político de los dueños de la estación y las cúpulas empresariales –adversos a su cobertura informativa independiente– sobre sus buenos resultados radiofónicos. A los acosos iniciales, siguieron las presiones, luego la represión y, finalmente, el silenciamiento...

Todo parece indicar que hay quien pidió mi cabeza y hay quien la cedió. Hay autores materiales y autores intelectuales en esta historia”, acusa Carmen Aristegui, al relatar los acontecimientos que condujeron a su salida de la W Radio.

En una detallada entrevista con Proceso, dice que los “autores intelectuales” del silenciamiento de su espacio informativo son directivos de Televisa, integrantes del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, concesionarios descontentos con su actitud ante la reforma electoral y funcionarios de Comunicación de Los Pinos, desde donde se le hizo saber que su noticiario “no era un espacio deseable para la Presidencia de la República”.

Para ella, hubo una estrategia de “acoso gradual” en contra de su trabajo informativo desde 2006 hasta su salida, el viernes 4: la interrupción abrupta de las transmisiones a través de Sky por “fallas técnicas”; las quejas de directivos de Televisa hacia Raúl Rodríguez, exdirector de W Radio, por la cobertura frente a la Ley Televisa; el enojo de un sector empresarial por el seguimiento puntual de las acusaciones al cardenal Norberto Rivera; la incomodidad del Ejército y de grupos de poder por su cobertura de los casos de Lydia Cacho y Ernestina Ascencio, entre otros.

A la llegada de Javier Mérida, del Grupo PRISA, como director de W Radio y al nombramiento de Daniel Moreno como responsable de los noticiarios, señala Aristegui, “se comienza a modificar el esquema de dirección editorial” en la estación.

“Existen todos los elementos para pensar que PRISA finalmente decidió, para no romper su sociedad con Televisa, construir una circunstancia de varios meses que fue debilitándome y restándome responsabilidades editoriales, hasta el punto que la llegada de Daniel Moreno significó la salida de Carlos Loret de Mola”, reflexiona.

Y cuestiona la postura de los socios de Televisa: “Me pregunto si PRISA se atrevería a hacer algo así en los espacios que tiene en España. Me pregunto si es aceptable para alguien que tiene la responsabilidad de dirigir un noticiario que llegue alguien que tomará parte de sus responsabilidades y que le disminuirá su autoridad editorial”.

En septiembre de 2007, sin consulta previa, Grupo PRISA contrató a Daniel Moreno y éste nombró al nuevo coordinador de información, Omar Sánchez de Tagle, en sustitución de Enrique Hernández Alcázar.

“Loret de Mola y yo nos enojamos y lo dijimos. Les comentamos que nos parecía una barbaridad que nos quitaran responsabilidades y funciones informativas”, advierte Carmen.

–¿Por qué después de irse Loret, usted se quedó en W Radio, a pesar del disgusto? –se le pregunta.

–Conversé con Carlos ampliamente y coincidimos en que su situación era diferente a la mía; que él tenía su espacio en televisión y que no tendría dificultad para conseguir otro espacio en la radio.

“Mi consideración era distinta: yo tuve el apoyo de PRISA, fundamental en tiempos de tormenta, y a pesar de que me disgustaba mucho lo que PRISA estaba haciendo, puse por delante el significado de ese apoyo que en situaciones críticas me había dado.

“Por otro lado, puse en consideración la importancia de lo que habíamos construido en Hoy por Hoy y lo difícil que es posicionar un noticiario con una audiencia sólida y vigorosa. Siempre hay una pérdida cuando pasas de un espacio consolidado a otro.

“Y les planteé: ‘He decidido no irme porque no quiero perder mis cuatro horas de información’. Lo que pedí es que me ratificaran la responsabilidad editorial en esas cuatro horas.”

–¿Cedió usted?

–Yo me contuve el disgusto, con el reconocimiento de que no podía perder esas cuatro horas de espacio valiosísimo. Creo que no me equivoqué. Fueron varios meses que pudimos hacer esa dirección editorial en el noticiario matutino. Fueron los momentos de la reforma electoral, del caso de Norberto Rivera.

Finalmente, Aristegui reconoce que al Grupo PRISA le tocó ceder ante las presiones de Televisa, y por razones que “aún deben ser explicadas”.

Ante la ola de expresiones de solidaridad y de protesta en la opinión pública, advierte, “se pretende debilitar la expresión mayoritaria en contra de este hecho. Lo que están tratando de hacer es disminuir el efecto muy grave, particularmente para PRISA, pero también para Televisa, de que hubo un silenciamiento de un espacio de información como éste. Se pretende sembrar dudas”.

La “contraofensiva”

Una semana después de su despedida de W Radio, ante el silencio absoluto de los representantes de Televisa y de Grupo PRISA, que se remiten al comunicado inicial que explica la cancelación del contrato como parte de un “nuevo modelo de organización”, Aristegui no oculta su molestia ante la “contraofensiva” de ambas empresas para enfrentar las críticas.

“Ha habido un gran cabildeo. Ha habido desde llamadas a directores de periódicos hasta llamadas a intelectuales que firmaron desplegados de apoyo. Me preocupa muchísimo cosas que he escuchado y que están faltando a la verdad”.

–¿Cómo cuáles?

–Una cosa es que digan que era muy cargada a la izquierda, como si eso fuera una razón para correr a alguien. Pero lo que he sabido es que se dicen cosas como que yo tenía un porcentaje de comercialización informativa. Es decir, que era broker. Esa es una práctica que algunos colegas hacen. Es su propia decisión. Yo no estoy de acuerdo. Si alguien quiere vender su noticiario y además conducirlo, se va a topar con muchos problemas de decisiones editoriales.

“Me disgusta mucho y reclamo desde aquí que se esté corriendo la versión de que yo tenía un convenio de esa naturaleza. Es falso absolutamente.

“Peor aún, se está diciendo que, en este intento de revisión del contrato que se vencía, yo había puesto la condición de que se vetara a algunas empresas para que no se metieran en mis noticiarios. Me parece una absoluta estupidez y es falsa. Los amigos intelectuales que están recibiendo estas llamadas, sepan que esto es una falsedad.

–¿Por qué surgen estos rumores?

–Porque hay una contraofensiva frente a una serie de expresiones que dicen que aquí hubo un hecho censurable, un hecho que nos ha dañado no sólo a los profesionales que salimos despedidos, sino a la sociedad y a los radioescuchas.

Sobre otra de las versiones –que salió porque, a pesar de los altos índices de audiencia, la estación mostraba una baja en la comercialización de su espacio–, la periodista argumenta:

“Si eso fuera así, es un reconocimiento de ineptitud comercial; ¿cómo es posible que a mayor rating menor comercialización? Nos están dejando abierta la puerta para interpretar. ¿Se fue deliberadamente haciendo una subcomercialización?”

“Ahora tengo derecho a la suspicacia. Creo que había una intención de debilitamiento. Me llama la atención el despliegue publicitario que se hizo recientemente, en el que se fueron debilitando los espacios informativos. Lo lógico es que presumas lo que tienes, no que lo debilites.

“¿Por qué se hizo una estrategia comercial de esta naturaleza, similar a la de un supermercado barato? Me pregunto, como lo hizo Salvador García Soto en un artículo reciente: ¿por qué desmantelar a la W? Insisto, tengo derecho a la suspicacia.”

Primeros desencuentros

Para explicar el grado de responsabilidad de Televisa y de PRISA en la censura del noticiario, Aristegui se remonta al convenio que ella, Javier Solórzano y Carlos Loret de Mola firmaron hace cinco años:

“Llegamos a la W en un momento en el que no pintaba en términos de audiencia. Era un momento especial para el país: había un ánimo fundacional a raíz del triunfo de Vicente Fox y de la alternancia.

“Tuvimos otras opciones, económicamente muy interesantes, sin embargo optamos por entrar a un grupo de comunicación que es un referente para todos nosotros por la presencia de grandes personajes del periodismo como Juan Luis Cebrián, Alex Grijelmo, Joaquín Estefanía...

“El tipo de convenio que hicimos fue la hoja en blanco: construyan todo a partir de cero. Solórzano, Loret de Mola y yo fuimos los responsables de hacer eso. Comenzamos a construir la organización de los espacios informativos; los tres armamos una redacción, invitamos a reporteros; decidimos, en conjunto, el perfil de quien coordinaba el trabajo editorial. Me parece que fue un trabajo muy eficaz e interesante.

“Así caminamos durante varios años. Javier Solórzano se va por una apuesta que hace W Radio con un proyecto como El Weso. A él no le pareció atractiva la propuesta y decidió salir, según entiendo, en términos no muy satisfactorios.

“Nos quedamos Carlos y yo con el mismo esquema. Camina muy bien hasta que llega un punto, particularmente después de las elecciones de 2006, en que se decide que hay que cambiar ese modelo de conducción editorial”.

Carmen Aristegui reconoce que ese esquema editorial, así como la separación entre PRISA, responsable de los contenidos informativos de W Radio, y su socio Televisa, que no podía inmiscuirse en la línea editorial, fue lo que permitió el desarrollo de la estación y evitó que el consorcio mexicano ejerciera directamente la censura.

“Mi vínculo con Televisa era prácticamente nulo y yo no tuve una llamada directa de ningún funcionario –aclara–; sin embargo, tengo todo tipo de referencias sobre el disgusto que generaba que se hablara de un tema con claro interés público y periodístico, como la Ley Televisa.

“Si bien es complicado para un profesional mentar la soga en casa del ahorcado, también sé que era fundamental en un debate de esta naturaleza no negarle a la audiencia la mirada de unos y otros, porque por ahí está cruzando la viabilidad de la vida democrática del país.”

Entonces rememora la presión que ejerció Televisa sobre el Grupo PRISA a raíz de la cobertura de la polémica reforma a las leyes de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión.

En un encuentro realizado en Valle de Bravo para analizar las áreas de negocios de Televisa, cuando el entonces director de W Radio, Raúl Rodríguez, exponía los avances de la estación, el directivo Javier Pérez Teuffer le reclamó “por qué dentro de una estación del grupo Televisa se hablaba así de la ley de medios”.

“Hubo un aplauso de los demás asistentes ante la pregunta”, relata Aristegui.

–¿Cuál fue la reacción de Rodríguez?

–Supongo que lo habrá incomodado, pero PRISA demostró, y así lo reconozco ampliamente, que ante la solicitud de mi cabeza, en ese momento y en otros de reclamo, aguantó. PRISA mantuvo durante todo ese tiempo su posición de que no podía descabezar a alguien por la cobertura de la Ley Televisa.

“Sin esa posición, frente al disgusto de Televisa, simplemente no hubiéramos podido estar más.

“Tiempo después, tras la cobertura electoral, después de la reforma electoral, después de todas las presiones, recibo el Premio Ondas, el principal reconocimiento del grupo. Lo recibimos Bernardo Gómez, por la parte de Televisa, y yo por W Radio.

“PRISA en ese momento tenía absolutamente claro que no podía dar mi cabeza sin tener un daño. PRISA no podía, no debía dar mi cabeza por un trabajo periodístico. El grupo se sostuvo hasta el punto que ya conocemos.”

–¿Nunca hubo un reclamo directo de Televisa hacia usted?

–No, por una razón fundamental: no tuve ningún tipo de contacto o de deliberación de estrategias editoriales porque no estaba planteada así la relación. Mis interlocutores para cualquier cosa de espacios informativos eran funcionarios que provenían de PRISA.

–Usted tuvo una relación previa con Televisa, al conducir el programa Círculo Rojo. Recuerdo que antes de la transmisión del programa sobre los Legionarios de Cristo hubo una reunión con Emilio Azcárraga Jean. ¿En el caso de la W no hubo reuniones similares?

–No podían hacerlo, dado que el convenio con PRISA estableció que los responsables informativos eran los españoles. Explícitamente, los de Televisa no podían o no debían hablarme a mí. Sí podían hacerlo con su socio, como lo hicieron, para decirle lo que no les gustaba de lo que yo hacía, que no estaban de acuerdo con algún tipo de cobertura. Y PRISA, en su definición, dijo antes: la sostenemos.

–¿PRISA, específicamente, no la quiso presionar?

–No, porque además hubieran contravenido su definición de la responsabilidad que yo tenía asignada, que implicaba la dirección editorial. Aquí la pregunta es si esa postura de PRISA se fracturó por la presión previa, si finalmente cedió mi cabeza. Eso es lo que todo el mundo está analizando.

–¿Ubica el momento en que cambió la actitud de PRISA?

–Sí: cuando llegó Daniel Moreno.

“Hice lo que me tocaba”

Televisa expresó su descontento con el espacio de Carmen Aristegui a finales de septiembre de 2006, tras la crisis poselectoral, cuando el consorcio suspendió la transmisión de W Radio en Sky, argumentando “fallas técnicas”.

–¿Fue un signo de que algo le disgustaba a Televisa? –se le pregunta a Aristegui.

–Ese fue una muestra incontrastable de que, en esa sociedad de dos gigantes de la comunicación, una de las partes estaba a disgusto con el manejo editorial.

–¿Protestó PRISA?

–Ahí no hubo ningún reclamo respecto al daño que se causaba a la alianza porque se le quitaba esa ventana importante para un espacio como W. Lo notable es que Sky sí mantuvo otras frecuencias de radio, como Radio Fórmula, y no las suyas (es propiedad de Televisa); decidió sacar a su propia estación.

La decisión fue avalada por Emilio Azcárraga Jean, presidente de Televisa. Así se lo confió a Aristegui un empresario que asistió a un encuentro del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios en vísperas de la toma de posesión de Felipe Calderón, en la cual hubo quejas por la cobertura de W Radio.

“En algunas de estas reuniones de estos jerarcas empresariales, dicen que Emilio Azcárraga, haciendo valer la decisión de Sky, afirmó: ‘Yo ya hice lo que a mí me tocaba’.

“Hubo también un ambiente de presión empresarial hacia Televisa por el tema de la reforma electoral –prosigue la periodista–, por el seguimiento puntual del caso Norberto Rivera, que ha generado mucho disgusto en una clase empresarial que es muy afín a la Iglesia católica.”

Apasionada, recalca que también ella hizo su parte:

“Las coberturas informativas tocaron intereses muy poderosos en los ámbitos militar, eclesiástico, económico, político, en fin, creo que nosotros hicimos lo que a un periodista le toca hacer.

“Por supuesto, este periodismo que se hace con esta dinámica, como el que hace Proceso, no es simpático para los grupos de poder, pero es una presencia irrenunciable para una sociedad que tiene el derecho a saber. No se trata de ser simpático, sino de poner por encima de todo el derecho de las audiencias a saber.

“Nadie se pelea con que deba haber un esquema de comercialización sano, vigoroso, que le permita a un medio de comunicación informar. El hecho de que sea vigoroso comercialmente hablando no debe implicar que renunciemos a lo fundamental, que es el interés público hacia las audiencias.”

Escamoteo informativo

A Carmen Aristegui también se le criticó por tener un supuesto sesgo favorable a Andrés Manuel López Obrador o a los opositores de Felipe Calderón.

–¿Se hizo sentir la presión del poder político en su caso?

–No tengo evidencia de que Calderón haya dado una orden, pero hay un contexto que hace posibles las interpretaciones, las suspicacias o los señalamientos abiertos.

–¿Solicitó alguna entrevista con Felipe Calderón?

–La solicitamos en el arranque del gobierno. No fue concedida y luego hubo un tiempo en que él mismo no dio entrevistas a ningún medio de comunicación.

–¿No le dijeron, como a Gutiérrez Vivó, que le darían la entrevista hasta que se portara bien?

–Nunca. Pero, para decirlo suavemente, no hemos tenido una fluida interlocución con el equipo de comunicación de Los Pinos. Hemos tenido dificultades en algunos casos para conseguir entrevistas y obtener informaciones directas de los funcionarios. Me temo que en algunas ocasiones ha habido peticiones de que no nos den entrevistas.

–¿Era incómoda para el gobierno?

–Sí, sentí que no era un espacio deseable para la Presidencia de la República, si me atengo a las dificultades importantes que tuve en distintos momentos para lograr entrevistas con funcionarios de alto nivel, a pesar de que algunos sí se presentaban. En varios casos sentí claramente una indisposición para colaborar o atender las solicitudes de entrevistas. Percibí un ánimo de comunicarle tal vez a los funcionarios que no era bien visto que estuvieran en mi espacio informativo.

En contraste, Aristegui reconoce que no esperaba tanto apoyo de la opinión pública en foros en internet, cartas a los periódicos, desplegados de prensa, llamadas a W Radio, correos electrónicos y protestas frente a la estación.

“Es evidente que este evento detona una circunstancia de agravios múltiples, acumulados, recientes, firmemente vinculados a la tarea de los medios”, acota. Con todo, dice, “me ha sorprendido la reacción; me rebasa, me trasciende. El tema no soy yo. No tiene que ver únicamente con el hecho de que me quitaron el programa que yo oía.

“Tiene que ver con la cancelación de un espacio en momentos en que los medios de comunicación han vivido situaciones muy criticables y le deben a sus audiencias explicaciones: por qué le regatearon el debate y la información de la Ley de Radio y Televisión, y por qué le asestaron a la sociedad una campaña contra la reforma electoral con pretensiones libertarias, cuando sabemos que existe disgusto por un tema de negocio electoral.”

Aristegui recuerda emocionada el momento en que salió de la cabina tras la última transmisión y sintió “el cruce de emociones” entre sus colaboradores, integrantes de otros programas de Radiópolis y los radioescuchas presentes:

“Si había una empatía en el momento de la transmisión, cuando se cancela el espacio esa empatía se potencia. Ante la brutalidad del silencio, hay este sentimiento de pérdida de los ciudadanos: ‘Me quitaste lo que yo oía y no te importé’. No te importó que los índices de audiencia fuéramos ciudadanos.” l

Ajuste de cuentas


Jenaro Villamil

En una decisión que peca contra su dios, el rating, Televisa decidió no renovarle el contrato a la periodista Carmen Aristegui, responsable del noticiario más escuchado de W Radio. A diferencia de otras ocasiones, el Grupo Prisa, copropietario de la estación y proclamado defensor de la modernidad informativa (en Europa), avaló ese acto de censura y venganza política.

Tras cinco años al frente de la conducción de Hoy por Hoy, después de año y medio de tensiones con Televisa y de una efímera defensa del consorcio español Promotora de Informaciones, S.A. (Prisa), que finalmente cedió a las presiones, la empresa W Radio decidió suspender abruptamente el contrato con la periodista Carmen Aristegui, bajo el pretexto del “proceso de renovación, actualización y expansión” de la estación y de “un nuevo modelo de organización y trabajo” que está implantando en otros 10 países.

Para Carmen Aristegui se trató de un último intento por vulnerar la autonomía editorial de su noticiario, mientras que sus colaboradores Denise Dresser y Lorenzo Meyer coincidieron en que se trata de un “contragolpe” y de un “ajuste de cuentas” en contra de la periodista y del espacio informativo que en menos de dos años se convirtió en un punto de referencia crítico, plural y profesional, además del noticiario más escuchado en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, según el último reporte de la empresa INRA, especializada en medición de audiencias de radio.

“El modelo editorial que la empresa quiere no es compatible con el que yo he defendido, y la empresa decidió no renovar el contrato, después de cinco años de mi participación”, afirma Aristegui al ser consultada por Proceso.

“La otra opción hubiera sido aceptar un modelo en donde las decisiones editoriales no estuvieran a mi cargo. El convenio original, que se firmó desde que estuvimos Javier Solórzano, Carlos Loret de Mola y yo al frente de los espacios noticiosos, era entre una empresa y nosotros como periodistas. Iba implícito el respeto a los criterios periodísticos”, añade.

La periodista subraya que no se trató de una decisión “estrictamente mercantil”, porque el noticiario estaba en su mejor momento de audiencia, por encima incluso de los segmentos informativos de Radio Fórmula.

“En este país no nos chupamos el dedo. Nadie puede suponer que son razones de control de calidad. Y si no son razones comerciales, entonces son razones políticas y son profundamente deleznables”, afirma a su vez el historiador Lorenzo Meyer, analista permanente de Hoy por Hoy, al comentar la salida de Carmen Aristegui.

“Lo que vemos es la respuesta de la empresa que entregó la cabeza de Carmen y ha disminuido el pluralismo informativo”, agrega Meyer, quien describió el hecho como un “ajuste de cuentas” de Televisa, del gobierno de Felipe Calderón y con una gran responsabilidad del Grupo Prisa, “una empresa que presumía modernidad europea pero, como vimos en su cobertura de las elecciones de 2006, entre un periódico como La Crónica de Hoy y El País no existen diferencias”.

Meyer subraya la responsabilidad política del presidente Calderón en un creciente clima de intolerancia y censura a los informadores, e incluso precisó que en la dirección editorial de Prisa en México se encuentra uno de los cuñados del primer mandatario, Juan Ignacio Zavala.

Denise Dresser coincide en que se trata de un “ajuste de cuentas” y de un “contragolpe” de Televisa contra la periodista, después del golpe que el consorcio recibió cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación decretó que aspectos medulares de Ley Televisa eran anticonstitucionales y luego de que el Congreso aprobó este año la prohibición de compra de tiempo-aire para fines políticos electorales.

“Este es un efecto perverso de la concentración mediática y de la falta de competencia. Carmen se había vuelto incómoda no sólo para Televisa, sino para los otros medios electrónicos, a raíz de la reforma electoral”, reflexiona Dresser.

La analista política recuerda que el presidente Calderón estaba “muy molesto” con Aristegui durante la campaña electoral, pero subrayó que el “contragolpe” de Televisa es un mensaje también para Los Pinos: “Así como intentan callar la voz de Carmen, que Calderón recuerde que también fue presionado por las televisoras para no aprobar la reforma electoral”.

Para José Antonio Crespo, aún no está claro si se trata de un caso de autocensura de Televisa o de una orden de censura directa de Los Pinos. Esto se definirá, agrega, “si ninguna otra empresa radiofónica le otorga un espacio informativo a Carmen”.

En todo caso, dice, “su salida genera un hueco enorme en materia de análisis crítico, independiente y de información que no se basaba en las versiones oficiales”.

La “cobardía”

“Hay otra aspecto preocupante de la salida de Carmen: la presión política de Televisa fue tan eficaz que logró que el Grupo Prisa cediera”, reflexiona Denisse Dreser, en clara referencia al cambio del consorcio español que en tres ocasiones distintas defendió a Carmen Aristegui frente a los intentos de censura de Televisa.

Una de esas ocasiones fue en noviembre de 2006, cuando se incrementaron los rumores de una posible salida de Aristegui de W Radio. En esa ocasión intercedió por ella José Luis Cebrián, directivo de Prisa, quien le advirtió a sus socios de Televisa: “Si tocan a Carmen, tocan también a Prisa”.

El mismo mes de noviembre, Aristegui recibió en España el premio Ondas, otorgado por ese consorcio mediático, propiedad de la familia Polanco. Distintos observadores interpretaron que este reconocimiento era una manera de “blindarla” ante un posible ataque de Televisa.

Ahora, sin embargo, el exsenador y presidente de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi), Javier Corral, considera que la actitud de Prisa refleja una actitud “igual de miserable que la de sus socios y son peor de cobardes que el peor de los empresarios nuestros, porque navegan en el esquema de la inversión neutra”.

Promotor de una apertura para la inversión extranjera en materia de medios electrónicos, Corral reconoce que el caso de Aristegui y W Radio lo ha llevado a replantear esa posición porque Prisa está demostrando que tiene prácticas mercantiles y de censura iguales a las del monopolio televisivo mexicano.

“Creímos que Prisa era otra cosa, porque piensas en personajes interesantes, como José Luis Cebrián o Alex Grijelmo, pero ya muerto el viejo Jesús Polanco, se verifica que los juniors se entienden con los juniors”, afirma Corral, en clara referencia a la sociedad entre el hijo de Polanco y Emilio Azcárraga Jean.

“Prisa manda una muy mala señal de endurecimiento informativo. Están cerrando espacios y eliminando una plataforma de expresión donde los temas de la reforma a los medios se podían tocar”, indica el exsenador panista y promotor de la acción de anticonstitucionalidad contra la Ley Televisa.

Un comunicado de la AMEDI advierte que la decisión del Grupo Prisa, responsable de administrar los contenidos de las radiodifusoras de Televisa, “confirma los riesgos que ocasiona la concentración de muchos medios en pocas manos”.

“El acaparamiento de frecuencias radiofónicas y televisivas en unas cuantas empresas se ha convertido en uno de los diques más importantes para el desarrollo de la democracia en este país. Esa concentración puede significar restricciones para la libertad de expresión como la que, en la práctica, está ocurriendo con la supresión del programa de la periodista Carmen Aristegui”, destaca el texto de la AMEDI.

–¿Se trata de un caso de censura? –se le pregunta a Corral.

–Sin duda alguna. Es una cancelación a la libertad de expresión. Ahora lo quieren llamar incompatibilidad editorial, pero es censura. Es una decisión que refleja una enorme falta de respeto a las audiencias.

Corral precisa que la AMEDI envió su comunicado en la tarde del viernes a la dirección editorial de Prisa en España, específicamente a Juan Luis Cebrián. Al momento de la entrevista aún no había una respuesta.

Historia de acoso

Desde abril de 2006, fecha en que se discutió y aprobó en el Senado la Ley Televisa, Aristegui se convirtió en una periodista incómoda para la empresa por entrevistar a los senadores que criticaban esta legislación.

Durante el proceso electoral, la periodista dio un seguimiento puntual a escándalos como el de la empresa Hildebrando, propiedad del cuñado del entonces candidato presidencial panista Felipe Calderón y hermano de Juan Ignacio Zavala, actual responsable de la operación del Grupo Prisa en México.

La cobertura de Carmen Aristegui se vio con malos ojos en el equipo de campaña del PAN y entre los directivos de Televisa. Ante sus más allegados, Emilio Azcárraga Jean consideró a la periodista como una “traidora” por criticar la Ley Televisa, y así lo hizo saber en el último brindis de 2006.

La primera represalia de Azcárraga Jean contra Aristegui se produjo en octubre de 2006, cuando suspendió del sistema de televisión satelital Sky, propiedad absoluta de Televisa, la transmisión del noticiario radiofónico de Aristegui en W Radio.

Sin informar a sus suscriptores y alegando “fallas técnicas”, Televisa hasta ahora no ha restablecido la señal de W Radio, que originalmente se transmitía en el canal 629.

El 6 de octubre de 2006, Aristegui comentó la situación en su espacio informativo:

“¿Tenemos Sky? No tenemos Sky. ¿Cuántos días llevamos sin Sky? Miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo… nueve días. Bueno, esperemos que los especialistas y técnicos de Sky puedan resolver pronto esta situación técnica que, han avisado, es la que motiva nuestra salida del aire en estos días.”

Nunca se restableció la señal. También en la página de W Radio en internet ocurrieron constantes “fallas técnicas” relacionadas con el espacio informativo de Aristegui.

Durante 2007 Hoy por Hoy se convirtió en un punto de referencia informativa por el seguimiento del escándalo del gobernador poblano Mario Marín y del empresario textilero Kamel Nacif, acusados de coludirse para arrestar a la periodista Lydia Cacho, que denunció las redes de pederastia que involucraban a Nacif y a políticos priistas.

Así mismo, Aristegui informó sobre el caso de la indígena Ernestina Ascencio, presunta víctima de violación tumultuaria por un grupo de militares, a pesar de que el presidente Felipe Calderón adelantó que murió por “malestar gastrointestinal”.

Los intereses de la alta jerarquía católica se confrontaron también en Hoy por Hoy, al ventilarse las denuncias contra el sacerdote Nicolás Aguilar, acusado de pederastia y protegido por el cardenal Norberto Rivera.

Para Televisa y buena parte de los concesionarios, “la gota que derramó el vaso” fue la actitud crítica de Carmen Aristegui ante la reforma constitucional en materia electoral.

En su artículo “La reforma”, publicado en el periódico Reforma el 14 de septiembre, tres días después del reality show protagonizado por comentaristas y concesionarios frente a los senadores que aprobaron la reforma electoral, Aristegui se deslindó de las críticas de otros comunicadores de medios electrónicos. Señaló:

“Me pronuncio en contra del despliegue de fuerza e intimidación que se ha desatado en el más amplio espectro de los medios en el país en contra de los poderes establecidos, particularmente los del Congreso, por razones que distan mucho de las esgrimidas en esta pretendida cruzada libertaria. Me preocupa el tufillo golpista que percibo en algunos de mis colegas. No comparto en modo alguno la idea de que esta reforma constitucional ponga en riesgo ni mi libertad ni la de ningún ciudadano de este país, para expresar opiniones de ningún tipo”.

Los signos más preocupantes de un cambio en W Radio frente a la autonomía editorial de Carmen Aristegui se produjeron tras la llegada de Daniel Moreno como responsable del área de noticias, y del español Javier Mérida, responsable de Televisa Radio.

Esta decisión provocó que Carlos Loret de Mola anunciara el 26 de septiembre del año pasado que abandonaba la estación, donde era el responsable del noticiario vespertino, para incorporarse a la emisora 104.1 FM, de Radio Fórmula.

“Hubo cambios en el área de noticias, llegó al frente de Televisa Radio Javier Mérida, y Daniel Moreno, con un proyecto que me parece bueno, pero en el que yo ya no iba a tener las mismas funciones que ahorita, la misma capacidad de maniobra con respecto a dar las noticias”, explicó Carlos Loret de Mola en declaraciones a Reforma.

El golpe final

El golpe final contra Carmen Aristegui se produjo después de la salida de Carlos Loret de Mola, de cambios en la programación (en especial, la salida de Christian Ahumada, creador del personaje El Duende, y del periodista Salvador García Soto, ambos colaboradores de El Weso).

Antes de que terminara 2007, la empresa le comunicó a Carmen Aristegui, a través de Daniel Moreno, una serie de “observaciones” y le advirtió que tenía que cambiar el modelo editorial del programa.

La versión oficial, difundida a través del comunicado de W Radio, señala que “lamentablemente, tras un año de conversaciones no hubo posibilidad de un acuerdo entre ambas partes para incorporar a Carmen Aristegui a este modelo en México, basado en el trabajo en equipo y el derecho a la información plural y que obtiene el liderazgo de audiencia en todos los países”.

El comunicado presumió que este mismo modelo “de organización y trabajo” funciona en otros 10 países donde Unión Radio, propiedad de Prisa y a la que pertenece W Radio, tiene estaciones “donde profesionales de la categoría de Darío Arizmendi y Julio Sánchez Cristo, en Colombia; Iñaki Gabilondo y Carlos Francino, en España; Víctor Hugo Morales, en Argentina, y Max Aub, en Estados Unidos, trabajan con profesionalidad y absoluta libertad”.

En su última emisión, el 4 de enero, Carmen Aristegui informó que no se trataba de pláticas de más de un año, sino de una decisión de la empresa para no renovar su contrato. Esta decisión se tomó la tarde del jueves 3. El golpe final se había dado. Prisa cedió finalmente a las presiones de Televisa. En Los Pinos no se hizo ningún comentario. En el Senado se discute un posible punto de acuerdo sobre el caso para la próxima semana, a propuesta de Yeidckol Polevnsky.

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Amigos de Bush y Fox, conectados con dos “narcoaviones”


Ricardo Ravelo

Están llegando alto las investigaciones de la DEA y la PGR sobre el DC-9 que fue asegurado en Campeche con cinco toneladas de cocaína, así como el Grumman Gulfstream que se desplomó hace meses en Yucatán. En la operación de ambas aeronaves está involucrada una extensa red de narcotráfico, en la que aparecen los nombres de políticos y empresarios ligados a George W. Bush y a Vicente Fox...

Las operaciones de narcotráfico efectuadas en México a través de dos aviones (el DC-9 asegurado en Campeche en abril de 2006 y el Gulfstream accidentado en un paraje cercano a Mérida, Yucatán, en septiembre último) arrastran una historia que salpica a prominentes empresarios panistas en presuntas actividades de narcotráfico y lavado de dinero, en cuya madeja vuelven a ser mencionados el expresidente Vicente Fox y sus amigos.

Esta maraña tiene alcances mayores, según el expediente del caso, pues el escándalo –que ya alcanzó a poderosos empresarios de Estados Unidos– tronó por las presuntas operaciones de lavado de dinero de la Casa de Cambio Puebla, asegurada por la Procuraduría General de la República (PGR) el 20 de noviembre pasado al detectarse una supuesta operación irregular por 2.7 millones de dólares para comprar, en 2004, el avión Gulfstream que el pasado 24 de septiembre se estrelló en la comunidad de Tixkokob, Yucatán, con tres toneladas de cocaína a bordo.

Con 20 años de existencia, 34 sucursales en el país y 287 empleados en total, la empresa cayó en la quiebra tras el aseguramiento, en Estados Unidos, de poco más de 11 millones de dólares que, de acuerdo con las autoridades de aquel país, provienen del lavado de dinero. Según la PGR, la casa de cambio realizaba este ilícito para el cártel de Sinaloa.

Aunque, como su nombre lo indica, la empresa tiene su matriz en el estado de Puebla, la mayoría de sus socios son veracruzanos; son 10 accionistas, entre ellos la familia Gutiérrez de Velasco, conocidos empresarios panistas que durante el sexenio pasado estuvieron estrechamente ligados al presidente Vicente Fox.

Negra historia

El historial de las aeronaves registrado en informes de inteligencia de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la PGR y de la agencia estadunidense antinarcóticos (DEA), así como en documentos publicados en internet (www.madcowprod.com), revela que los aviones no sólo están relacionados con la transportación de drogas del cártel de Sinaloa, sino que distintos empresarios y magnates de Estados Unidos –algunos de los cuales financiaron la campaña presidencial de George W. Bush– los utilizaron en diversas operaciones presuntamente vinculadas al tráfico de drogas y armas en varios países de Europa y Sudamérica, así como en México.

Para borrar sus antecedentes ilegales, los aviones citados cambiaban constantemete de dueños.

Los aviones implicados en esta investigación tienen historia: el DC-9, por ejemplo, fue asegurado en abril de 2006 en el aeropuerto de Ciudad del Carmen, Campeche, con un cargamento de cinco toneladas de cocaína oculta en maletas marcadas con etiquetas de colores diversos.

El día 11 de ese mes, la aeronave realizó una turbia travesía al despegar del aeropuerto de Maiquetía, Venezuela, pues en dos ocasiones solicitó pista en la misma terminal aérea, minutos después de su despegue para dirigirse a México. La razón: fallas mecánicas, según argumentó el piloto Miguel Vicente Vázquez Guerra, cuya declaración está registrada en el expediente PGR/SIEDO/UEIDCS/071/2006.

Lo cierto es que el avión salió de Venezuela y se dirigió a Barranquilla, Colombia, donde presuntamente fue cargado con las cinco toneladas de cocaína.

La investigación revela que su destino inicial era el aeropuerto de Toluca, pero debido a que algunos elementos de la Policía Federal Preventiva no se “arreglaron” con sus colegas de la policía fiscal, el aparato aterrizó en Campeche, donde los pagos por derechos de aeropuerto –entre otros– fueron cubiertos por dos pilotos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Fernando Poot Pérez y Marcos Pérez de Gracia.

Ambos arribaron en un avión Falcon 20 con los supuestos receptores de la droga, a quienes recogieron en el aeropuerto de Toluca, Estado de México.

Al aterrizar, el avión fue revisado. En su interior se encontraron cientos de maletas de viaje en las que se transportó el cuantioso cargamento de cocaína que, de acuerdo con la PGR, era propiedad del capo Joaquín Guzmán Loera, El Chapo.

La caída del Gulfstream

En cuanto a la aeronave Grumman Gulfstream II de 24 plazas, con matrícula estadunidense N987SA, presuntamente también está relacionada con la Casa de Cambio Puebla, lo mismo que con empresarios y políticos estadunidenses y el cártel de Sinaloa.

El 24 de septiembre último, la habitual calma de la comunidad yucateca de Tixkokob, de 17 mil habitantes, se rompió con el estruendo provocado por el desplome del avión, que ese mismo día despegó del aeropuerto de Río Negro, en Medellín, Colombia, cargado con poco más de tres toneladas de cocaína.

El avión llegó a esa ciudad colombiana proveniente del aeropuerto de Fort Lauderdale, Florida. Se dirigía al aeropuerto de Mérida, Yucatán, la misma terminal aérea que habían escogido los pilotos del DC-9 para aterrizar aquel 11 de abril de 2006 con las cinco toneladas de cocaína, antes de desviarse a Campeche.

Según explicó entonces Eduardo Medina Mora, procurador general de la República, el narcoavión tenía como destino final el aeropuerto de Cancún.

Los informes mencionados sostienen que, después de su despegue, el avión Grumman siguió la ruta habitual hacia la península yucateca, pues se captaron las comunicaciones y radioseñales de los aeropuertos ubicados en el trayecto, incluidos el de Islas Cisne, Jamaica, y la terminal de Honduras, donde el gobierno estadunidense tiene una base militar dotada de potentes radares.

El parte aeronáutico dice además que, al no poder aterrizar para descargar las 3.7 toneladas de cocaína en Cancún, hubo un cambio de plan: el cargamento sería entregado en Yucatán, donde aparentemente ya los esperaban en tierra algunas personas, entre ellas Dante Pat Caamal y Leonel Ayala López, detenidos posteriormente por intentar sobornar a elementos del Ejército con 1 millón de pesos para que liberaran a los presuntos narcos y les devolvieran la droga.

Informes de la PGR y del Ejército sostienen la hipótesis de que en la ruta del avión estaba considerado el aeropuerto de Kaua, construido en el sexenio del gobernador Víctor Cervera Pacheco cerca de Valladolid, por la ruta Mérida-Cancún. La razón es que tiene todos los servicios de apoyo, poco movimiento y una precaria vigilancia.

Sin embargo, cuando la nave ingresó al espacio aéreo mexicano por Chetumal aquella madrugada del 24 de septiembre, fue interceptada por un avión Embraer (también conocido como C-26, de fabricación brasileña) de la Fuerza Aérea Mexicana. Su tripulación ubicó la posición del Grumman y lo siguió hasta Yucatán. Cuando el piloto se percató de que era seguido, intentó un aterrizaje, pero falló. Todavía trató de hacerlo de nuevo, y finalmente cayó por falta de combustible en Tixkokob.



Conexión estadunidense

De acuerdo con reportes de la DEA y otros datos registrados en la página en internet www.madcowprod.com, fechados el 28 de noviembre pasado, los dos aviones mencionados también tienen una negra historia en Estados Unidos.

Con base en una investigación de Mad Cow Morning News, existe una relación entre algunos de los propietarios de los aviones DC-9 (el de Campeche) y el Grumman Gulfstream, por sus presuntos vínculos con el transporte de drogas. En las investigaciones, la primera aeronave es registrada como “Cocaína I” y la segunda como “Cocaína II”. Dice el informe:

Recientemente fueron liberados por la FFA (la fuerza aérea estadunidense) los récord (registros o antecedentes) del jet de negocios Gulfstream que (…) cayó en México con 4 toneladas de cocaína y en (los informes) se revela que el avión estaba estacionado bajo el nombre de un desarrollador de bienes raíces de Nueva York, supuestamente relacionado con la mafia rusa…

Stephen Adams realizaba negocios con el abogado de Miami de nombre Michael Farkas, quien fundó SkyWay Aircraft, y dicha aerolínea era propietaria del avión capturado hace 18 meses (el DC-9).

Así mismo (…) Stephen Adams, quien era propietario del Gulfstream (matrícula N987SA), entre 1999 y el año 2000, él personalmente compró un millón de dólares en espectaculares para la campaña del 2000 del actual presidente de Estados Unidos, George W. Bush.

En base a los archivos del SEC, Stephen Adams y Michael Farkas controlan la compañía Holiday RV Superstores INC… Nuestro interés en los record de la FAA del Gulfstream han acelerado nuestra sospecha que los frecuentes y recientes cambios de propietarios del avión es un sofisticado juego para encubrir los verdaderos propietarios del mismo.

A pesar de los supuestos propietarios privados, la página incluye referencias de que estos aviones volaban sin restricción alguna por el espacio aéreo estadunidense, incluido el de la base militar de Guantánamo, Cuba, lo cual sólo se puede hacer con autorización oficial.

En la lista de usuarios frecuentes del DC-9 aparece el senador por Florida, Mel Martínez, quien según la fuente citada ahora recolecta fondos para el Partido Republicano…

La Casa de Cambio Puebla



Con base en los informes de la DEA y las posteriores investigaciones de la PGR en México, fue asegurada en la totalidad de sus operaciones la Casa de Cambio Puebla, cuyos principales accionistas son empresarios poblanos y veracruzanos.

De acuerdo con la investigación de la DEA y con un reporte reciente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, empleados de esa casa de cambio realizaron operaciones irregulares por un monto superior a 10 millones de dólares entre 2003 y 2007. En esa trama se mezclan empresas y empresarios dedicados a la compra de aviones.

La investigación que lleva a cabo la SIEDO –a partir de la información de la DEA– establece que Pedro Alfonso Alatorre Damy, conocido como El Piri –y quien entre 2003 y 2004 fungió como ejecutivo de cuenta de la Casa de Cambio Puebla en la sucursal del World Trade Center de la Ciudad de México–, realizó al menos una transferencia por 2.7 millones de dólares, presuntamente para comprar uno de los aviones utilizados por el cártel de Sinaloa en el transporte de cocaína colombiana a México.

Según la investigación oficial, Alatorre Damy no operaba solo: la DEA le pasó el dato a la PGR de que sus presuntos cómplices en aquellas operaciones eran Eduardo Sánchez (promotor y captador de clientes de la empresa) y Ángel Orozco.

Alatorre fue despedido de la Casa de Cambio Puebla en 2004, junto con su jefe, Eduardo Sánchez, por presuntas operaciones sospechosas detectadas al interior de la empresa. El Piri, a quien la PGR llama “operador financiero del cártel de Sinaloa”, abrió después un centro de cambio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Tiempo después volvió a ligarse con los Gutiérrez de Velasco –accionistas de la Casa de Cambio Puebla– y fue habilitado como empleado externo.

Ángel Orozco, por su parte, permaneció más tiempo como empleado de la empresa, hasta que fue detenido, presuntamente, tras el escándalo causado en Estados Unidos y México cuando la DEA ordenó el aseguramiento de 11 millones de dólares de la Casa de Cambio Puebla.

Actualmente la PGR mantiene bajo arraigo de 90 días a Pedro Alfonso Alatorre Damy. Presuntamente, los otros dos exempleados de la casa de cambio están detenidos.

En los próximos días, la PGR podría citar a declarar a los accionistas de la empresa, pues el Ministerio Público Federal tiene el reto legal de demostrar cuál es el nexo entre El Piri y la casa de cambio, ya que fuentes consultadas aseguran que por los probables errores de tres empleados, “no se puede cerrar toda una empresa que tiene 20 años de existencia”.

El juicio iniciará en Estados Unidos este mes y es posible que adquiera dimensiones mayores, debido a las redes empresariales y políticas –muchas ligadas al PAN– que están “enganchadas” en el caso. l

Volveremos y con más fuerza...


José Gil Olmos

Encarcelado desde hace más de un año por el gobierno de Felipe Calderón, el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), Flavio Sosa, asegura que es el primer “preso de conciencia” del actual régimen. Prueba de ello, dicen él y su abogado, es que las autoridades se han valido de un sinnúmero de argucias legales y dilaciones para mantenerlo en prisión, con un solo objetivo: doblegar a la APPO.

El 4 de diciembre de 2006, apenas iniciada la administración de Felipe Calderón, el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), Flavio Sosa, fue detenido sin orden de aprehensión por elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) y de la Agencia Federal de Investigación (AFI).

La captura ocurrió en la Ciudad de México, en la víspera de una reunión programada por la asamblea con el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, con quien había acordado el establecimiento de una mesa de diálogo. Con ello, se pretendía solucionar el estado de crispación política y social que imperaba en Oaxaca desde mayo de 2006, sobre todo en la capital de la entidad, provocado por un movimiento popular y magisterial que pugnaba por reivindicaciones político-salariales pero que fue reprimido por fuerzas estatales y, finalmente, aplastado con la irrupción de la PFP en el estado y el encarcelamiento de sus líderes, entre ellos el propio Sosa.

“Con mi detención, Calderón ostentó la mano dura para inhibir acciones de protesta y movilizaciones populares en contra de su gobierno”, asegura Sosa desde la cárcel de Cuicatlán, Oaxaca, luego de una estancia de ocho meses en el penal La Palma de alta seguridad, ubicado en el Estado de México, donde fue tratado como un reo “de alto grado de peligrosidad”.

Y añade: “El PAN-gobierno está buscando las claves de la gobernabilidad con la fuerza militar, la justicia politizada, la venta e intercambio de impunidades, la seducción de liderazgos y la burda copia de propuestas surgidas de la oposición. Es en este contexto que no se tolera a los movimientos que se salen de los cauces que ellos consideran políticamente correctos”.

Considera que estas acciones se revertirán, pues, advierte, habrá más movilizaciones sociales como la de la APPO, en protesta por la aplicación de las políticas del modelo neoliberal y en demanda de justicia y democracia.

De 2006 a la fecha, 500 simpatizantes de la APPO fueron detenidos por las autoridades estatales y federales, y se abrieron 6 mil expedientes en su contra. Nunca antes en la historia de los movimientos sociales del país se había encarcelado a tantos miembros de una organización social en tan poco tiempo. La mayor parte ya recuperó su libertad, y sólo siete –entre ellos Sosa– continúan presos.

Entrevistado por medio de su abogado, Gilberto López, quien llevó un cuestionario a Flavio hasta el penal, el dirigente señala que como parte de la estrategia para doblegar a la APPO las autoridades no sólo han actuado en su contra, sino que han hostilizado a su familia y a otros miembros del movimiento.

“Se ha usado también a mi familia y compañeros como rehenes. No podemos dejar de lado que Horacio Sosa estuvo preso conmigo en Almoloya y luego en Cuicatlán. Éric Sosa, sin tener ninguna participación en el movimiento, estuvo en el penal federal de Matamoros. También han sido hostigados otros familiares míos, como Jorge Sosa, detenido y torturado por la policía de Oaxaca.”

Regresión

Sosa prevé que la misma “mano dura” de Calderón en contra del movimiento popular y de su familia reactivará la acción de la APPO, que –precisa– no se encuentra acabada, a pesar de las 21 personas que han muerto desde el inicio del conflicto.

“La APPO –sostiene– es el preludio de un movimiento de mayor envergadura en nuestro estado y nos corresponde actuar con responsabilidad para que este movimiento permita la evolución de Oaxaca a estadios superiores de justicia y democracia.”

La llegada de Calderón al poder, añade, significó una “regresión democrática” opuesta a la ola progresista que se desarrolla en América Latina. En lo que toca al PAN, dice, este partido encontrará resistencia no sólo en las urnas, sino también en movilizaciones populares pacíficas y en el surgimiento de proyectos alternativos.

Y por lo que respecta a los militares, refiere que “tendrán que volver a sus cuarteles y corresponderá a los civiles construir un nuevo rumbo para México desde las plazas públicas, las universidades, las calles, las urnas y en los medios de comunicación”.

Acusa al presidente de la República, Felipe Calderón, y al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, de usarlo para continuar el proceso de negociación con la APPO.

“Me considero un prisionero político y de conciencia en virtud de que soy rehén de los gobiernos federal y estatal para golpear a un movimiento popular y legítimo”, asegura.

Afirma que desde el inicio de su administración Calderón sostuvo que en su gobierno no habría presos políticos o por sus ideas. Sin embargo, “soy un prisionero de conciencia puesto que se me juzga por mis ideas, por mi compromiso con un movimiento que cuestiona las formas de hacer política en nuestro país, la legitimidad de los gobiernos, la pobreza brutal que nos lastima, el autoritarismo, la nula separación de los poderes y otros lastres heredados del régimen de partido de Estado”.

Sosa, quien fue dirigente del Partido de la Revolución Democrática en el estado de Oaxaca, impulsor del voto del cambio en favor de Vicente Fox e integrante de la dirigencia colectiva de la APPO, tiene abiertas seis causas penales, que incluyen 12 delitos: desde el robo hasta el secuestro, daños a bienes públicos y privados, sedición…

Dos de esas causas han sido anuladas por falta de pruebas luego de un juicio de amparo y, según el abogado defensor, Gilberto López, hay otras cuatro en las que se cuenta con elementos para que los jueces dicten auto de libertad, pues las pruebas no se sostienen y los testigos han comenzado a retractarse.

Cuando el dirigente de la APPO fue detenido en la avenida Insurgentes, en la Ciudad de México, junto con su hermano Horacio y sus compañeros Ignacio García Maldonado y Marcelino Coache Verano, el grupo buscaba un encuentro con Felipe Calderón y para ello habían contactado al secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña.

La cita estaba prevista para el 5 de diciembre de 2006, pero ese día los apistas ya no fueron a Los Pinos a entrevistarse con el presidente, sino que un aparatoso convoy de policías federales los llevó al penal La Palma, del Estado de México.

Durante ocho meses los hermanos Horacio y Flavio Sosa estuvieron presos en esa cárcel de alta seguridad acusados de secuestro, lesiones calificadas y robo calificado con violencia a las personas. El 15 de agosto, un avión de la Procuraduría General de la República (PGR) los trasladó de La Palma a otro penal de mediana seguridad, en el estado de Oaxaca.

El 6 de agosto, los juzgados Quinto de Distrito en Materia Civil y de Amparos del Estado de México ordenaron esa transferencia. No se trató de un acto de “buena voluntad” del gobierno de Ulises Ruiz, precisa el abogado Gilberto López.

Horacio Sosa, acusado de sedición y daños por incendio a oficinas públicas y particulares ocurridos el 25 de noviembre de 2006, fue puesto en libertad el 19 de noviembre de 2007 por falta de pruebas. Su primo Jorge Luis Sosa, detenido por las mismas causas y enviado en primera instancia al penal de alta seguridad de Nayarit y luego al penal oaxaqueño de Cuicatlán, también recuperó su libertad el 24 de enero de 2007.

Flavio Sosa sigue tras las rejas pese a los amparos interpuestos por su abogado, quien afirma que no hay elementos para considerar que el líder apista es una persona de “alto grado de peligrosidad” ni tampoco las pruebas para sostener que incurrió en los delitos de los que se le acusa.

Revancha

De acuerdo con los alegatos presentados por Gilberto López ante los tres jueces de Oaxaca que llevan los casos de Flavio Sosa, acusado de 12 delitos distintos, hay claras contradicciones en las denuncias presentadas en contra del líder y falsos testimonios de algunos de los testigos, los cuales fueron tomados como pruebas clave para encarcelarlo.

Por ejemplo, para el delito de robo registrado en la causa penal 58/2006 en agravio del municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, el juez mixto de Primera Instancia de Ocotlán tuvo que revocar el auto de formal prisión y dictarle su libertad tras declarar que no había pruebas para establecer el ilícito.

En cuanto a los delitos de secuestro, lesiones calificadas y robo en contra de los policías de San Bartolo Coyotepec Joaquín Jiménez Ogarrio y José Luis Díaz Cruz, supuestamente perpetrados por Flavio Sosa (causa penal 71/2006 del juez mixto de Ocotlán), el abogado sostiene que éste ni siquiera se encontraba en su casa el 15 de agosto de 2006 cuando los dos policías fueron retenidos por miembros de la APPO luego de que intentaron ingresar al domicilio particular de Flavio.

Según las propias declaraciones de los policías estatales, fueron el regidor Pablo Aguilar y el síndico Marcelino Mateos quienes los despojaron de sus pertenencias y los subieron a una camioneta para evitar un enfrentamiento con los miembros de la APPO que acudieron al lugar. Mientras eso sucedía en San Bartolo, Flavio Sosa se encontraba lejos de ahí, en el Zócalo de Oaxaca, donde ofreció una conferencia de prensa.

El abogado Gilberto López prosigue con el recuento de las irregularidades observadas en el proceso contra Flavio Sosa:

En lo que atañe a la causa penal 102 /2006, por los delitos de daños al auditorio de la Guelaguetza ocurridos a raíz del incendio del 17 de julio de 2006, ninguno de los testigos señala a Flavio Sosa como autor del siniestro. Declararon que habían escuchado su nombre entre la gente que tomó el aparato de sonido de ese lugar “hablando groserías en contra del gobierno” de Ulises Ruiz.

En lo referente a la invasión y uso de las instalaciones del Canal 9 de Televisión Oaxaqueña (causa penal 136/2006) ocurridos el 1 de agosto de 2006, hechos que se le imputan a Flavio Sosa junto con un grupo de mujeres, las acusaciones no se sostienen porque él no participó en la toma ni utilizó las instalaciones de la emisora. Nadie del grupo tenía conocimientos técnicos para la operación de los trasmisores.

De los delitos de sedición y asociación delictuosa (causa penal 157/2006) relacionados con las marchas realizadas en contra del gobierno de Ulises Ruiz, las acusaciones contra Flavio no se acreditan debido a que nunca se usaron armas ni se organizaron bandas para cometer ilícitos.

Finalmente, en cuanto a la acusación de daños y robo al edificio de la paraestatal Caminos y Aeropistas de Oaxaca con las pintas realizadas por simpatizantes de la APPO durante las marchas, las autoridades tampoco han comprobado que el responsable haya sido Flavio Sosa.

López asegura que en los seis procesos contra el dirigente de la APPO la mayoría de los testigos presentaron testimonios falsos y pruebas que no se sostienen. Pese a ello, los amparos interpuestos no han prosperado en tres de éstos debido a “situaciones hasta ahora desconocidas”.

Puntualiza: “Los jueces de Oaxaca y los federales han actuado más por consigna y de manera parcial que de manera justa. La dilación es evidente porque a más de un año apenas se están resolviendo los amparos interpuestos. Por eso decimos que en el caso de Flavio la justicia se ha politizado y se está actuando más como un asunto político o de venganza”.

Mouriño e hijos, S.A.

Mouriño e hijos, S.A.

Alejandro Gutiérrez

Ante la prensa de su país de origen, el jefe de la Oficina de la Presidencia, Juan Camilo Mouriño, definió a su familia como apasionada por el futbol y la política. Sin embargo, la pasión predominante de Manuel Carlos Mouriño Atanes, su padre, sin duda es la empresarial, aunque las conexiones políticas están presentes en los escándalos en que se ha visto implicado tanto en México como en España.

VIGO, ESPAÑA.- De visita en el exclusivo chalet paterno en Saians, que goza de una hermosa vista de la bahía gallega Ría de Vigo, Juan Camilo Mouriño Terrazo aseguró que a él le queda “mucho del migrante gallego que dejó todo aquí para arriesgarse a buscar una nueva oportunidad (en México), que tuvo que luchar contra toda adversidad para salir adelante”.

Una forma de describir también a su padre, Manuel Carlos Mouriño Atanes, y la formación que le inculcó este empresario que –primero en México y luego en España– ha levantado un emporio que incluye el equipo de futbol Club Real Celta de Vigo, de la primera división española.

Durante sus primeras vacaciones tras cuatro años de tormentas políticas, el poderoso jefe de la Oficina de la Presidencia de México habló así en la inusual entrevista que le dio al periódico La Voz de Galicia el 14 de julio pasado, y a cuya grabación completa tuvo acceso este semanario.

Relajado y con ropa informal, sentado en la explanada de la mansión y con el Parque Nacional Protegido de las islas Cíes como fondo –según se ve en las fotografías publicadas–, Mouriño relató que “la política y el futbol han estado en las discusiones de la mesa familiar”.

“Nosotros en familia hablamos las cosas muy abiertamente y las hablamos entre todos (…) y un tema que estuvo en la mesa en casa, de forma muy regular, fue la política. Además, acostumbramos a discutir las cosas con apertura y pasión. (También) somos apasionados del futbol, con la misma pasión con la que discutíamos de política. Y además (en la compra del club deportivo, su padre) lo hizo con el respaldo de todos, porque a todos nos entusiasma el tema”, declaró.

La historia de los Mouriño es parecida a la de muchos gallegos que, sumidos en las dificultades económicas, han emigrado en las últimas cinco décadas a México, Argentina o Venezuela para hacer fortuna.

Después de sus primeros años como empleado en España, Mouriño Atanes y sus hijos poseen un conglomerado de empresas dedicadas a la construcción, inmobiliarias, de hidrocarburos y ahora en la rama auxiliar de la producción de energía eólica, con la cual buscan entrar en México para después saltar al mercado estadunidense, según se desprende de información obtenida del Registro Mercantil Central (RMC) de España, de anteriores ediciones de Proceso y de publicaciones como La Voz de Galicia.

Historias de familia

Manuel Carlos Mouriño Atanes nació el 4 de marzo de 1943 y proviene de una familia de clase media del área rural de Ourense. Pasó su juventud en Vigo, donde estudió en el Colegio Salesiano María Auxiliadora, que tiene más de un siglo de existencia y cuyos directivos se negaron a mostrar a Proceso los registros de la generación de Mouriño, si bien confirmaron que fue su alumno.

Contrajo matrimonio en el puerto de Vigo con María de los Ángeles Terrazo Blanco, originaria de Avión, con quien procreó a sus hijos Carlos, Marián y Juan Camilo, quien nació en Madrid.

Antes de convertirse en empresario, Mouriño Atanes trabajó como auxiliar administrativo en una agencia de viajes y como vendedor de accesorios de automóviles. En Madrid fue jefe de administración de una fábrica de productos metálicos Riomiño, y gerente de la firma estadunidense Nautrónica (Proceso 1546).

En 1978 la familia emigró a México, donde Mouriño trabajó en los negocios de la familia de su esposa –hoteles, panaderías y mueblerías–, como relató su hijo Carlos a CNN-Expansión, edición electrónica del 12 de julio pasado.

Ya en Campeche, además del negocio gasolinero y de transporte de combustible que le permitió constituir el Grupo Energético del Sureste (GES), con la división de gasolineras, transporte de combustible y franquicias, el nuevo empresario se involucró en sociedades del ramo maderero y la construcción de vivienda.

Este crecimiento coincide con sus vínculos políticos, que incluyen al gobernador de Campeche de 1986 a 1991, el priista Abelardo Carrillo Zavala (Proceso 1546), y los presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón. Aunque su experiencia más cercana, obviamente, es la de su hijo Juan Camilo, hoy el hombre fuerte de la Presidencia de la República.

Juan Camilo Mouriño dice que su padre se alió con el PAN después de la elección presidencial de 1994: “Fue el primer empresario importante en la zona (Campeche) que decidió sumarse a un partido político distinto al PRI (…). Y eso por supuesto nos marcó a todos (…), y cuando tocó la siguiente elección yo participé como candidato (en 1997)”.

Empresas y escándalos

El 6 de marzo de 2000, Mouriño Atanes regresó a España luego de coordinar las tareas de la organización Amigos de Fox en el sureste mexicano y cuando Juan Camilo contendía por el PAN para la diputación federal por Campeche. Su otro hijo, Carlos, se hizo cargo del Grupo Energético del Sureste (GES), constituido como tal en 1997 y con presencia en Campeche, Tabasco, Yucatán, Chiapas y Veracruz.

Pero la trayectoria de Mouriño Atanes no ha estado exenta de escándalos: La Procuraduría General de la República (PGR) inició en 2003 una investigación acerca de sus actividades financieras y solicitó a España información sobre la posible comisión del delito de lavado de dinero en este país (Proceso 1547). Aún se desconoce el desarrollo de las pesquisas.

Otro caso (publicado en la misma edición del semanario) fue su participación en una trama de tráfico de influencias y uso de información privilegiada en el municipio de Nigrán, colindante con Vigo.

A través de las empresas Metrowest Europa, Rialper-Vigo y Promociones Costa Galicia, Mouriño y otros directivos del Real Club Celta de Vigo adquirieron 123 mil metros cuadrados de terreno rústico que en cosa de semanas serían reclasificados para multiplicar su valor y hacer más rentable la construcción en ellos, todo ello con base en el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) que pretendía impulsar el entonces alcalde Alfredo Rodríguez Millares.

Este exalcalde y exdirector del Celta de Vigo –quien introdujo a Mouriño al consejo directivo aún con el anterior presidente del club– está emparentado con Mouriño: la esposa de Rodríguez es cuñada de su hija Marián Mouriño Terrazo, de acuerdo con La Voz de Galicia.

El escándalo de Nigrán está incluido en el informe sobre la situación del litoral español Destrucción a toda costa, presentado el junio pasado por la organización ambientalista Greenpeace, donde se documentan 395 casos de corrupción inmobiliaria en España. María José Caballero, responsable del estudio, dijo a Proceso en entrevista telefónica que el caso sigue abierto en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que se ha negado a proporcionar información a Greenpeace con el argumento de que esta organización no es “parte interesada en el caso”.

El 13 de junio de 2006, el periódico El Faro de Vigo publicó una entrevista en la que Mouriño Atanes asegura que sólo compró 17 mil y no 123 mil hectáreas de ese terreno. Argumentó: “Si estuviésemos haciendo algo malo le buscaríamos una vuelta, intentaríamos tapar algo o cosas similares”.

El mismo año que desembarcó en Vigo, Mouriño inició una nueva fase empresarial al adquirir la empresa Sabancuy, que registró el 10 de mayo de 2000 con el nombre de Metrowest Europa, según consta en el folio 148 del libro 2457 del Registro Mercantil en Pontevedra. Metrowest, que se dedica al sector inmobiliario residencial de lujo, se implicó años después en el escándalo de Nigrán.

En la actualidad Metrowest, a través de su página electrónica, promueve desarrollos inmobiliarios en Playa América, Valle Miñor, Playa de Panjón y Baiona, varios de ellos cercanos a los litorales gallegos.

A través de las empresas Prefabricado de Puentes, Prefabricados Tecnológicos de Hormigón, Construcciones Exisa y Cotexmur, Mouriño formó parte del Grupo Puentes y Calzadas. Las dos primeras construyeron en agosto de 2005 el viaducto de Miraflores de Madrid, y han edificado varios puentes y viaductos del tren rápido AVE (Proceso 1547).

El 29 de diciembre de 2003, Manuel Carlos Mouriño creó la parte europea de Grupo Corporativo GES (registrada en Pontevedra con el folio 152, sección 8, libro 2715), que presidía él mismo; sin embargo, el 18 de junio de 2007 hizo una modificación de la escritura para cambiar su papel al de “consejero delegado solidario”.

Un año después, el 9 de diciembre de 2004, Mouriño creó Grupo GES Restauración SL, y cinco días después constituyó dos empresas más: Desarrollo Inmobiliario GES y Corporativo Inmobiliario GES, todas en el ramo inmobiliario y registradas en Pontevedra.

La página electrónica del Club Financiero Vigo –donde confluye la élite empresarial de este puerto para compartir actividades sociales, empresariales y de lobby– contiene información sobre Mouriño como uno de sus asociados. En el cuadro directivo del Grupo Corporativo GES, Mouriño aparece como presidente y su hija Marián como consejera delegada; ella además es vocal del club y responsable de comercialización del Celta de Vigo.

La misma fuente describe que GES posee en España cuatro fábricas, dos oficinas y dos locales de restauración, mientras que en México tiene 48 gasolineras, 58 locales, tiendas y franquicias, con mil 394 empleados en total.

La facturación del grupo en España asciende a 94 millones 125 mil 253 euros y en México a 130 millones de pesos, pero en el portal del Club Financiero Vigo no se precisa el período al que corresponden esas cifras.

El crecimiento empresarial de Mouriño no paró ahí: El 1 de abril de 2004 constituyó Motebur SL (sociedad limitada); el 21 de marzo del año siguiente, Rialper-Vigo, y el 23 de marzo de 2006, Porta América Inmobiliaria, registradas también en Pontevedra. Esta última participa con otras en el Plan Especial de Reforma Interior del Consejo de Sanxenxo (instalaciones de gobierno en Padriñán-Sanxenxo), según el Diario Oficial de Galicia del 26 de abril pasado.

El 31 de octubre de 2005, el empresario puso en marcha la firma Inversiones Hispano Mexicanas (Inverhismex, S.L.), que ofrece asesoría mercantil, jurídica y fiscal; y el 28 de mayo de 2007 registró la firma Expugil, S.A., ambas en Pontevedra.

La publicación en línea Alimarket, especializada en información económica y con asiento en Madrid, reporta que en junio pasado Mouriño, a través de Expugil, compró por 20 millones de euros todas las acciones de Molduras del Noroeste, la empresa líder del sector de revestimiento de madera en España.

Sin embargo, La Voz de Galicia publicó el 6 de junio que la adquisición de Molduras del Noroeste –la cual facturó alrededor de 16.5 millones de euros en 2005– se llevó a cabo por medio de Inverhismex. En el documento del RMC (folio 48, tomo 2476), fechado el 12 de junio pasado, Mouriño aparece como vicepresidente de la sociedad.

Acero y futbol

Pese a su intensa actividad empresarial, Mouriño Atanes seguía siendo un desconocido en Vigo. Un alto directivo de la empresa Pescanova, que habló a condición de guardar su identidad –porque su empresa apoya al equipo–, dice que “a su regreso de México, Mouriño era un desconocido en Vigo, nadie lo recuerda antes de irse a residir a México. Y yo creo que su ingreso al Celta, además de su afición, es más por su necesidad de tener mayor roce social, porque el club sigue siendo una referencia en Galicia”.

En efecto, el 24 de febrero de 2004, Manuel Carlos Mouriño registró su empresa Moutanes, S.L. (folio 20, libro 2919), firma con la que ingresó primero al Consejo Directivo del Club Real Celta de Vigo, y después adquirió el núcleo mayoritario de acciones (casi 40%) en 4 millones de euros, lo cual le permite presidir al equipo de futbol, de acuerdo con los datos registrales de fechas 27 de febrero de 2004 y 1 de febrero de 2007.

Ahora es frecuente verlo atendiendo los asuntos del Celta en la sede del club, una casona de cantera y techos de teja ubicada en la glorieta de la Plaza de España, frente a la monumental escultura Los Caballos, del artista gallego Xoan Oliveira.

Ya en sus manos, el equipo cayó de la primera a la segunda división de la Liga Española en la temporada pasada (2006-07), lo cual le ha significado pérdidas millonarias en su principal fuente de recursos, que son los derechos audiovisuales para la transmisión de los partidos.

Pero al mismo tiempo Mouriño ha emprendido quizá la más importante de sus experiencias empresariales al adquirir el Grupo Gándara Censa –que preside desde el 17 de diciembre de 2004, según el folio 223 del libro 2615 del RMC–, uno de los cinco gigantes mundiales de producción de calderas y componentes de acero para minería y metalurgia, el sector nuclear, el naval, la industria química, petroquímica y centrales hidráulicas de energía.

Este reportero visitó el polígono industrial O Porriño, a unos 20 kilómetros de Vigo, donde se asienta Gándara Censa, cuyas vetustas instalaciones, que datan de 1965, contrastan con las de otras empresas establecidas en años recientes. Afuera hay componentes de acero de hasta 10 metros de altura y desde ahí se ve cómo los obreros operan grúas gigantescas en la inmensa nave industrial.

Personal de las empresas vecinas asegura que para llevar esas piezas al puerto, donde son embarcadas hacia otros países, es necesario que grandes grúas desmonten pasos peatonales del camino a Vigo.

Gándara Censa produce alrededor de 8 mil toneladas de componentes de acero al año y en 2007 facturará alrededor de 27 millones de euros, consigna La Voz de Galicia en sus ediciones del 6 de junio y 30 de julio pasado. Mouriño la adquirió a través de su sociedad en el consorcio Puentes y Calzadas.

En sus planes de expansión, Gándara Censa apuesta a la fabricación de torres para generar energía eólica. Para ello busca asentarse en México como empresa auxiliar de consorcios españoles que también tienen sus ojos puestos en México y Estados Unidos, como Gamesa, Acciona y Ecotecnia, declaró el gerente Javier Gómez al matutino gallego.

Para vivir en Vigo, Mouriño eligió una mansión ubicada en la zona de Saians, a unos 12 kilómetros del centro de Vigo y colindante con Nigrán. Se la compró a Manuel Soto, exalcalde de Vigo, quien durante la entrevista con el reportero se negó a hablar del tema.

La residencia se ubica a orillas de la carretera Vigo-Nigrán. Se entra a mano derecha por una callejuela laberíntica llamada Camino da Cova da Becha, que lleva hasta la casa, ubicada sobre un terraplén. Justamente debajo de éste, el mar rompe contra las rocas.

Rodeada por gruesas bardas, con un portón gris y al menos una cámara de vigilancia en los muros, la residencia de Mouriño tiene dos pisos y techo adornado con teja. Alrededor se aprecian jardines bien cuidados, en un extremo del predio hay una cancha de tenis, y al fondo una pequeña explanada que da hacia la Ría de Vigo, donde se alcanzan a ver las islas Cíes.

Ahora, por el sector eléctrico

Ahora, por el sector eléctrico

Rosa Santana MÉRIDA, YUC.- El Grupo Energético del Sureste (GES), consorcio empresarial de la familia del jefe de la Oficina de la Presidencia, Juan Camilo Mouriño Terrazo, cuyo fuerte ha sido el ramo gasolinero, se apresta a irrumpir en el sector eléctrico.

Se trata de un proyecto para la fabricación de torres eólicas de última generación que, “en coinversión con una empresa española”, la Gándara Censa –de la que también son dueños–, arrancará el próximo año.

Como parte de los preparativos, el pasado 27 de junio, apenas un mes antes de que el panista Patricio Patrón Laviada pasara la estafeta gubernamental a la priista Ivonne Ortega Pacheco, la Comisión Ordenadora del Uso del Suelo del Estado de Yucatán (COUSEY) protocolizó la compra de 20 hectáreas de terrenos estratégicamente ubicados sobre la carretera Mérida-Progreso.

Dicha superficie se localiza a unos minutos del puerto de altura de Progreso, está próxima a las vías ferroviarias y colinda con otro predio de 350 hectáreas donde se planea establecer una plataforma logística, industrial y comercial que la administración saliente pretendía otorgar por asignación directa –en lo tocante a su operación– a la empresa Prointec, coincidentemente también española, aunque este propósito no se llegó a concretar.

A raíz de que el Diario de Yucatán cuestionó el favoritismo que prodigó el gobierno de Patrón Laviada a la familia Mouriño Terrazo, Carlos Mouriño, hermano mayor de Juan Camilo y administrador en México de los negocios familiares, emitió un comunicado para aclarar que la compra no se hizo con fines especulativos, y reveló detalles de la inversión.

“El Grupo Energético del Sureste –precisó– invertirá, en coinversión con una empresa española, 300 millones de pesos en una fábrica que elaborará torres eólicas de última generación, mismas que serán comercializadas principalmente en el mercado estadunidense.”

Lo que no dijo es que la firma con la que el GES coinvertirá en este proyecto es Gándara Censa, que en España preside Carlos Mouriño Atanes, el patriarca de la familia Mouriño Terrazo. Ese negocio, según su página en internet, es un taller de caldería pesada que tiene entre sus divisiones el cemento, la minería y la fabricación de torres eólicas.

Al respecto, el titular de la Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial (Sedeinco) del estado, Jaime Manuel Zetina González, comentó que, una vez concretado el relevo gubernamental, Mouriño Atanes y su hijo Carlos, acompañados por ejecutivos del GES, se presentaron ante él para informar sobre su proyecto, que consiste en “una maquiladora de torres eólicas”.

Confirmó que la coinversionista será Gándara Censa, pero dijo ignorar a quién pertenece. “Sé por medio de ellos que físicamente están haciendo sus trámites de permiso con el ayuntamiento de Progreso, porque los terrenos pertenecen a esa jurisdicción, y hasta donde sé los trámites van bien y son básicamente los permisos de construcción y de uso de suelo”.

Y, en efecto, la alcaldesa de Progreso, Reina Quintal Recio, informó el 9 de diciembre pasado al Diario de Yucatán que ya se expidieron los permisos de uso de suelo y que en breve tendrán los de construcción.

En su entrevista con Proceso, Zetina González aseguró que el lote que adquirieron los Mouriño es aledaño al que el gobierno anterior había destinado para la plataforma logística, y que el nuevo negocio de los Mouriño no guarda ninguna relación con ésta.

“El giro de su empresa –señaló–, al menos que yo tenga conocimiento, hasta ahora es único en el país, y las dimensiones de los productos que van a generar no son manejables dentro de ninguna plataforma logística.

“Nomás para dar una idea: Las torres de energía eólica miden alrededor de 30 a 40 metros de ancho y 100 de alto. Su traslado es por partes. No caben en ninguna bodega.”

Aunque en la presentación de su proyecto los Mouriño no establecieron plazos, agregó, probablemente inicien las obras en los primeros meses de este año. Dijo también que el actual gobierno no ha negociado con el GES ningún tipo de apoyo ni facilidades como la exención de impuestos. Sin embargo, pudiera darse algún respaldo normal porque, “hasta donde sé, generará alrededor de 300 empleos”.

Por su parte, Carlos Mouriño hijo expresó en su boletín que en el proyecto, que generará “150 empleos directos”, se dará “especial atención” a la ocupación de jóvenes yucatecos egresados de las escuelas tecnológicas de la entidad en áreas técnicas de alta especialidad.

E indicó que la inmobiliaria GES adquirió un predio de 20 hectáreas en la carretera Mérida-Progreso a la Comisión Ordenadora del Uso del Suelo del Estado de Yucatán (COUSEY), mediante un contrato de compraventa firmado el pasado 27 de junio.

Mencionó el primogénito de Carlos Mouriño Atanes que el proyecto “es plenamente conocido por los funcionarios de la actual administración”.

Con ellos, abundó, “sostenemos no sólo un diálogo permanente, sino (…) que estamos realizando las gestiones propias de una inversión de esta naturaleza que, además, traerá beneficios colaterales por el uso de las instalaciones del puerto de altura de Progreso, para enviar los productos al mercado estadunidense. El gobierno del estado de Yucatán conoce con detalle este proyecto, que deberá operar a partir de 2008, una vez cubiertos todos los trámites legales, lo que descarta cualquier indicio de que se haya adquirido con fines especulativos”.

La construcción de la fábrica de torres eólicas de última generación “no ha dado inicio precisamente porque nos encontramos en la fase de consecución de cada uno de los permisos correspondientes…”.

Por último, en el texto, que fue publicado íntegramente por el Diario de Yucatán, Carlos Mouriño hijo destacó que su hermano, el actual jefe de la Oficina de la Presidencia, quien fue justamente subsecretario de Electricidad cuando Felipe Calderón fungió como secretario de Energía –en el sexenio foxista– y antes presidente de la Comisión de Energéticos de la Cámara de Diputados cuando Calderón coordinó a la bancada panista, “ni es accionario ni participa en modo alguno en las empresas del corporativo GES”.

Según documentos obtenidos por esta corresponsal, la venta del predio al grupo de Carlos Mouriño Atanes y a GES, S.A. de C.V., fue aprobada el pasado 18 de junio por el Consejo de Administración de la COUSEY, que en su calidad de gobernador presidía Patrón Laviada.

En cuanto al funcionario que entonces fungía como director de la COUSEY, José Carlos Guzmán Alcocer, ahora está sujeto a un proceso penal por el delito de peculado por más de 500 millones de pesos. En esa causa se le atribuye la presunta compraventa irregular de terrenos donde actualmente se construye un country club. Esa área, por cierto, se ubica en la zona donde se asentará la maquiladora de torres eólicas.

Y a ésta, desde luego, no le faltaron facilidades. El lote correspondiente se vendió a la inmobiliaria GES a 35 pesos el metro cuadrado. Según el contrato PLL001 que signó con la COUSEY, el monto de la transacción fue por 7 millones 4 mil 743 pesos con 55 centavos.

Sin embargo, se determinó que esa cifra se pagaría mediante un enganche de 1 millón 400 mil 948 pesos con 70 centavos, mientras que el saldo, 6 millones 234 mil 673 pesos con 76 centavos, se cubriría en un plazo de 24 mensualidades de 259 mil 778 pesos con 7 centavos… l

Más que un alfil…


Daniel Lizárraga

El gobierno de Felipe Calderón se reencuentra con un pasado de ominosa memoria. El mandatario decidió colocar a Juan Camilo Mouriño como jefe de la Oficina de la Presidencia, un despacho que fue eliminado desde la administración de Ernesto Zedillo y que durante la gestión de Carlos Salinas fue ocupado por José María Córdoba Montoya, de quien se decía que era el número dos del país. Lo mismo se asegura hoy de Mouriño, también de origen extranjero, en quien el presidente confía las decisiones más importantes.

En la estructura burocrática, Juan Camilo Mouriño aparece como jefe de la Oficina de la Presidencia, pero en los hechos se desempeña como un vicepresidente. Tiene tanto poder que fiscaliza al gabinete y mueve piezas dentro del PAN. Todos los asuntos pasan por sus manos.

A los 36 años de edad y con una carrera partidista de 10 años, Mouriño es ahora el número dos en México, como lo describe la prensa de Vigo, España, sede del emporio empresarial de su padre, Carlos Mouriño Atanes, cuyo valor se tasa en millones de euros.

Este madrileño nacionalizado mexicano tiene un solo jefe: Felipe Calderón. Llegó a ese puesto mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2006. Su amplio margen de maniobra le permitió, por ejemplo, clasificar como reservado por ocho años el Acuerdo para la Seguridad de América del Norte.

Sus amigos celebran su astucia, destacan su olfato político y rinden tributo a su agilidad para solucionar problemas. Quienes no lo son, lo tildan de autoritario, maquiavélico y dueño de una vasta red de influencia que incluye a legisladores, acaudalados empresarios, dueños de medios de comunicación, líderes partidistas y gobernadores.

Dentro de la cofradía calderonista destacan la habilidad de Mouriño para negociar sin exponer al jefe, como sucedió durante el conflicto con las televisoras en la aprobación del nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).

El pasado 11 de septiembre, Mouriño presionó al coordinador de la bancada del PAN en el Senado, Santiago Creel, para que eliminaran de la ley la prohibición de que los particulares paguen y difundan spots. Aunque sus gestiones no dieron resultado, a partir de esa coyuntura pudo cultivar una estrecha relación con el vicepresidente de Televisa, Bernardo Gómez, y con el director general de TV Azteca, Pedro Padilla.

Apagafuegos

La segunda semana de febrero de 2007, un grupo de 10 senadores del PAN exigió a su coordinador, Santiago Creel, una reunión con Mouriño para reclamarle los cambios en las delegaciones federales. Estaban quitando, dijeron, a personas provenientes del servicio profesional de carrera para colocar a los amigos de Calderón. El caso más drástico, según ellos, estaba en Durango.

El funcionario aceptó reunirse con estos legisladores media hora. Durante los primeros 20 minutos, en una de las salas de juntas de la torre de El Caballito, les mostró los resultados de una encuesta sobre cómo Calderón recuperó su imagen pública, a pesar del desajuste en el precio de la tortilla. Segundo a segundo les hizo sentir el nivel de información clasificada en su poder. Cuando se prendió la luz de la sala, no hubo más reclamos.

Mouriño fue el encargado de supervisar durante el Grito de Independencia –el 15 de septiembre pasado–, que el Estado Mayor Presidencial tuviera aceitado el operativo para tapar de la vista de Calderón y de las cámaras de televisión a los seguidores de Andrés Manuel López Obrador dispuestos a increparlo.

El 12 de abril de 2007, la empresa Imaginería Casa de Publicidad ganó un contrato en Los Pinos por 240 mil pesos para desarrollar estrategias de difusión. En una de sus cláusulas puede leerse: “Se cuenta con la autorización del jefe de la Oficina de la Presidencia”.

Lo mismo sucedió con otras asesorías, como la brindada por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey para el proyecto México: Visión 2030, que costó 1 millón de pesos. El propio Mouriño palomeó la remodelación del sótano de la casa Miguel Alemán por 69 mil pesos.

En 2008, su oficina contará con un presupuesto de 50 millones de pesos, de los cuales alrededor de 87% se canalizará en sueldos y el resto podrá utilizarse en asesorías, comidas y viajes.

Orígenes políticos

En 1997, Mouriño se incorporó al PAN de Campeche impulsado por su padre, un acaudalado empresario español, dueño del equipo de futbol Celta de Vigo, quien se empeñaba en verlo como diputado. Juan Camilo ganó los comicios por el V Distrito en esa entidad. A partir de ese momento inició una vertiginosa carrera que ningún otro miembro del PAN ha logrado, ni siquiera Calderón. En 2000, llegó a la Cámara de Diputados por la vía plurinominal.

Aunque era poco conocido entre los panistas, contaba con el poderío económico de su familia. “No sean gachos, invítenme”, suplicaba Mouriño al grupo de amigos de Calderón cuando salían a comer juntos luego de sesionar en San Lázaro. Durante esa etapa, el ahora mandatario era coordinador de los diputados panistas. En esta cofradía estaban Cuauhtémoc Cardona, Francisco Blake, Rodolfo Dorador, César Nava, Jordi Herrera y Alejandro Zapata. Todos ellos ocupan hoy cargos públicos.

Una vez incorporado a los amigos de Calderón, el diputado por Campeche se hizo de todas las confianzas de su coordinador. Versiones obtenidas por Proceso dentro de ese círculo indican que no tuvo mejor carta de presentación que su dinero.

Un emporio

En el sureste mexicano, la familia Mouriño es propietaria del corporativo Grupo Energético del Sureste (GES), el cual cuenta con 38 gasolinerías. Dentro de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo se calcula que para obtener ganancias relevantes se requieren cuando menos cinco estaciones de servicio. La familia Mouriño tiene seis veces más.

Otro de sus brazos financieros es Transportes Especializados Invancar –a Juan Camilo sus amigos lo apodan Iván–, la cual cuenta con una flota de vehículos con permisos para suministrar productos de Pemex. En las páginas de transparencia de Pemex Refinación y en el sistema de compras gubernamentales (Compranet) no existen rastros sobre el número de contratos asignados a esta empresa. Tampoco cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores.

En la década de los noventa, Juan Camilo fue secuestrado. Su familia pagó millones de dólares por liberarlo. Acerca de este episodio, no existe mayor información.

El olfato empresarial de la familia Mouriño la ha llevado a embarcarse en nuevas inversiones. De acuerdo con un comunicado emitido por GES, a partir de 2008 el consorcio fabricará, junto con una empresa española, torres eólicas de última generación para atender, principalmente, el mercado estadunidense.

Apenas el pasado 29 de marzo, Calderón puso en marcha una central eólica en Juchitán, Oaxaca, que con un costo de mil millones de pesos forma parte del Programa de Energías Renovables a Gran Escala. El mandatario no habló de inversiones privadas, pero su gobierno quiere que en 2008 se aprueben las reformas estructurales para que los particulares puedan participar plenamente en la generación de energía.

“El staff de Los Pinos no da entrevistas”, informó Miguel Monterrubio, funcionario de la Coordinación de Comunicación Social, cuando Proceso solicitó un encuentro con Mouriño.

Sin embargo, este criterio no siempre se aplica. En su agenda de actividades –obtenida por este semanario mediante la Ley de Transparencia– consta que el 19 de diciembre de 2006 concedió una entrevista al diario Faro de Vigo.

“El número dos del Gobierno de México”, es una frase recurrente en ese periódico para referirse a él. “Hijo de padre gallego será la mano derecha del presidente de México”, es otra de las expresiones.

En la entrevista –publicada el 26 de diciembre de 2006–, Mouriño ensalzó la decisión del gobierno para enfrentar al narcotráfico por medio del Ejército, y presumió la detención del “líder de un grupo radical que estaba poniendo en jaque a Oaxaca”. Desde entonces, Flavio Sosa, líder de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) sigue tras las rejas.

Faro de Vigo le preguntó a Mouriño si tenía alguna inquietud en ser el próximo candidato presidencial del PAN. “Pues mira, la verdad es que no me marco techos así. Las cosas se han ido dando. La política es un tanto de voluntad y de objetivos propios, pero también de mucho de circunstancias. No siempre está en la decisión de uno, depende de muchas cosas”, respondió.

Antes de que terminara su período como diputado –gestión cuestionada por su papel al frente de la Comisión de Energía– intentó ser alcalde de Campeche, pero en esa segunda aventura por las urnas perdió ante el priista Fernando Ortega. La carrera política de Mouriño no terminó ahí, aunque no volvió a competir en las urnas. Poco a poco adquirió mayor notoriedad dentro del PAN, aunque siempre discreto, a la sombra de Calderón.

Cuando el presidente Fox designó a Calderón como titular de la Secretaría de Energía (Sener), éste a su vez llamó a Mouriño para nombrarlo coordinador general de Asesoría y Enlace Institucional. Tiempo más tarde, ascendió a subsecretario de Electricidad en esa dependencia, pero su paso por el gobierno sólo duró ocho meses.

Como funcionario de la Sener, Mouriño presentó su declaración patrimonial en la que da a conocer que tiene dos casas, ocho cuentas bancarias –cuyos montos van de los 41 mil pesos a los 25 mil euros– y que usa una camioneta Grand Cherokee modelo 1999, con un costo de 230 mil pesos, así como un BMW X5 modelo 2004, con un valor estimado en 655 mil 856 pesos.

Pasado redivivo

Cuando Calderón llegó a la Presidencia decidió colocar a Mouriño en un despacho que había sido eliminado desde la administración de Ernesto Zedillo. El anterior jefe de la Oficina de la Presidencia fue el controvertido José María Córdoba Montoya. Entre el papel que jugó este último en el sexenio de Carlos Salinas y las atribuciones de Mouriño prácticamente no existen diferencias.

Un reportaje de Proceso publicado en su edición 805, del 6 de abril de 1992, describió así las funciones del salinista:

“Formalmente, Córdoba Montoya coordina, asesora y supervisa las actividades de la Presidencia y controla todo lo que rodea y surge de ella. Su campo de acción es más que amplio; abarca todo.

“Desde asesorar al presidente, hacer seguimiento del cumplimiento de acuerdos y órdenes presidenciales, verificar los programas e instrucciones del titular del Poder Ejecutivo, coordinar y hacer el seguimiento de los acuerdos del gabinete especializado (económico, agropecuario, bienestar social, política exterior y seguridad nacional), atender, tramitar y responder a las solicitudes de audiencias presidenciales, recibir quejas e informar de ellas al presidente, hasta preparar y coordinar, con el Estado Mayor, las giras nacionales e internacionales”, se apuntó.

El catálogo de funciones de la oficina encabezada por Córdoba fue reeditado por Calderón. Pero no sólo son similares en sus tareas. Según las crónicas del sexenio, Córdoba era un hombre callado. Escuchaba, observaba, tomaba notas. Pero sobre todo, miraba. Hablaba con quien tenía que hablar. Su palabra pesaba.

Mouriño se comporta de la misma manera. Atento siempre hacia su jefe sabe qué hacer cuando éste alza una ceja. Mira con detenimiento a los secretarios cuando hablan. A veces llega con el presidente a los actos, pero luego se separa sigiloso.

Es el alfil de Calderón cuando se requiere una operación discreta. En el primer año de gobierno fue quien propuso al entonces líder nacional del PAN, Manuel Espino, que se fuera de México como embajador. También ordenó la integración de una lista negra de los miembros de El Yunque, quienes intentaron sabotear la candidatura de Calderón e intervino en los procesos electorales en Yucatán y Michoacán, como lo refiere el reportero Álvaro Delgado en su libro El engaño. Prédica y práctica del PAN.

Ahí mismo el autor documenta cómo Mouriño impuso delegados federales y manejó a la dirigencia del PAN de Campeche a conveniencia de su familia. El capítulo, “Campeche; Mouriño el cacique” inicia con la reconstrucción de una escena en la cual Carlos Mouriño –hermano del jefe de la Oficina de la Presidencia– exige la renuncia al presidente estatal panista, Jorge Nordhausen.

“En el momento más áspero de la discusión, Carlos Mouriño –hablando siempre en plural– intentó negociar posiciones en la Cámara de Diputados local a cambio de que Nordhausen dimitiera. Encendido, este último le gritó: ¡Todavía no toman el poder y ya quieren ejercerlo! ¡Ahora sí que está jodida la cosa, que un cabrón que ni siquiera es miembro activo venga a pedirme a mí, al presiente del partido, que renuncie! ¡Pues no!”

Cinco meses después, Nordhausen fue destituido.

Mouriño trabaja alejado de los medios y cerrando la puerta a todo aquello que pueda afectar la imagen de su jefe y la suya propia. Desde su oficina han impedido que se divulguen resultados de las encuestas hechas antes de que asumieran el poder. En respuestas a solicitudes de acceso a la información, reservó los resultados, los cuestionarios, el número de preguntas y hasta los temas.

Uno de los primeros sondeos, realizados antes del 1 de diciembre de 2006, consistió en pulsar el estado en que Fox dejó la imagen presidencial. Los resultados, de acuerdo con una versión obtenida por Proceso, fueron demoledores. Los calderonistas calculan siempre. Miden obsesivamente.

Este tipo de trabajos, aun cuando se realizan con recursos públicos, están reservados, toda vez que desde la Oficina de la Presidencia se consideraron “vitales” para la toma de decisiones. Esto fue ratificado por el IFAI.

Mouriño se cubre las espaldas para que no trascienda con quiénes se entrevista. Al verse obligado a entregar una copia de su agenda de trabajo, mediante la Ley de Transparencia, registró la mayor parte de sus reu-niones como “privadas”. La discreción con la que ahora se maneja en Los Pinos implicó cerrar su declaración patrimonial. Es decir, podrán calcularse sus ingresos antes de convertirse en jefe de la Oficina de la Presidencia, pero no podrá saberse con cuánto contará al cierre del sexenio. l

Inicia Año completo de Protestas



1 de Enero del 2008




Como parte de las multiples protestas que se llevan a cabo por la entrada del TLC, el gasolinazo y el aumento a los impuestos, la resistencia civil pacífica hizo presencia en los pinos a repudiar la usurpación y por supuesto en apoyo a todos los demás actos de descontento.




La cita se dió a al cuarto para las once con una convocatoria por parte de nuestros amigos de resistencia creativa y Gerardo Fernández Noroña. Se instalaron unas mazorcas de maíz en el asfalto frente a la entrada principal de los Pinos. Con la leyenda: "No al TLC" México Maíz"




Se hizo el llamado a asistir con el Presidente Legítimo el día jueves a las seis en Estación Indianillas por el metro niños heroes. El fin es conformar el Frente de Defensa del Petróleo y al mismo tiempo recordaron las protestas que se realizarán el día siete en la Fuente de Petróleos a las siete y media. Todo con el fin de defender nuestra soberania energética.




No podá retirarce la resistencia sin la ya conocida entonación del Himno Nacional. También se invito a una protesta a las cinco en la Fuente del Bicentenario el día de hoy y se invito tambien a asistir a la asamblea del Hemiciclo a Juárez y el Ángel de la Independencia.






Seguimos informando...