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Luis Linares Zapata
Camadas depredadoras del PAN
Para el Gobierno Legítimo de México la defensa a ultranza de los recursos energéticos se ubica en el mismo centro de su proyecto alternativo de nación. Del uso, propiedad y destino que tales recursos reciban dependerá que México, después de más de un cuarto de siglo de expoliación sin límites (en especial en ese sector) atisbe una ráfaga de esperanza para un futuro mejor. La energía es la columna vertebral de un desarrollo que se pretenda soberano y justo. Sin el dominio pleno de esas fuentes vitales de empuje ninguna fábrica nacional puede aspirar a su integración y crecimiento. Uno que sea ordenado, autosostenible y se finque en bases sólidas. Es por ello que en su defensa se halla comprometido todo el capital político y social que dicho gobierno ha acumulado en estos duros tiempos en que ha desplegado su cotidiana labor.
Un capital que crece y se enraíza entre los mexicanos que desean una suerte distinta para su República. Un capital que se labra a la vista de todos, sin mezquindades, acudiendo a todas las plazas, los hogares, los centros de trabajo, de estudio donde esto sea prudente o necesario. Un capital que no regatea a la crítica, ni se acumula sobre despojos y sí con gran esfuerzo colectivo y en continua superación de sus límites o errores. Un trabajo político y social que va sembrando la semilla de un cambio pacífico en los meros fundamentos y propósitos de la vida organizada.
A los integrantes de este gran producto político y social que surgió a raíz del fraude electoral no se les pueden reclamar traiciones a la confianza de sus apoyadores. El voto recibido ha sido y será respetado en su intensión primigenia: llevar al poder un proyecto alternativo de izquierda. Un voto popular que ha sido conservado fuera de cualquier negociación que trate de sacar beneficios ilegítimos para cualquiera de sus integrantes. Al Gobierno que preside López Obrador tampoco pueden señalársele trampas a la ley o al estricto desempeño de sus actividades públicas. Ninguno de sus miembros ha sido acusado de desvíos de haberes para incrementar patrimonios propios, otorgar favores inmerecidos a sus amistades o parentelas y, menos aún, uso desviado de las atribuciones de las que han sido responsables. Por eso concitan tanta inquina, por eso se les teme, es parte medular de los múltiples ataques que reciben en casi todos los medios de comunicación. Nadie, desde las prácticas tradicionales a las que acostumbró la cultura priísta de la impunidad, concibe a un grupo crecientemente numeroso de activistas comprometidos con el bienestar de los mexicanos, sobre todo del de aquéllos dejados a la vera del camino, a los que han sido despojados de toda oportunidad de experimentar una vida digna.
La gran disputa que se ha desatado por el control de la energía va sacando a la luz muchas diferencias entre este Gobierno Legítimo y el que ha conformado el oficialismo panista que encabeza Calderón. La primera cualidad para hacerse merecedor de la confianza de los mexicanos quizá sea la de la honestidad personal de sus integrantes. Honestidad en sus más amplias concepciones que tocan la integridad intelectual, la fidelidad a la propia vocación, la cerrada defensa de pertenecer a un pueblo determinado o la irrenunciable lucha por las oportunidades para todos y por lo que a cada quien pertenece en justicia.
Es a este respecto donde se pueden establecer enormes diferencias entre los de izquierda y los de la derecha. Diferencias que brotan a raudales en cuanto los derechosos panistas han tenido ocasión de dar testimonio de su talante entreguista, de su reciedumbre para favorecer negocios personales, de sus endebles creencias morales o éticas que son, en verdad, mustios desplantes que tratan de ocultar sus torcidos modos de operar. Véase si no el preclaro ejemplo del señor Mouriño, un dechado de singularidades probadas, una tras otra. Todas hechas con el poder de su firma de apoderado legal de empresas familiares al tiempo que se desenvolvía como funcionario público. Todo con la firme decisión de su doble nacionalidad, del sospechoso trafique de influencias a favor de su suegro y, lo más trascendente, de su respeto truncado a la letra y el espíritu de la Constitución que manda conservar para los mexicanos el sector de la energía.
Por ahí rondan insepultos todos esos contratos entre la CFE y las varias empresas trasnacionales (especialmente españolas) que, según la investigación preliminar de la Auditoría Superior de la Federación contenían múltiples irregularidades que bien podrían configurar delitos. Investigaciones que, en un despliegue de cinismo mayor, fueron interrumpidas por Fox y después por Calderón (en connivencia con la SCJN) Los mexicanos no podrán conocer, por el momento, los detalles de esos onerosos contratos que, como productores independientes de electricidad, fueron otorgados por el entonces subsecretario Mouriño y su desde entonces jefe superior Felipe Calderón, cuando fungió como fugaz secretario de Energía.
Así va quedando al descubierto la razón de fondo que se arremolina tras la compulsión por el contratismo y la extranjerización que plagan a Pemex y la CFE. No se trata de buscar la eficiencia de la empresa pública ni tampoco de hacer del petróleo o la energía eléctrica las palancas del desarrollo industrial o tecnológico de México. Lo que se persigue con la manoseada reforma energética son los negocios al amparo del tráfico de influencias.
Ojalá y fuera sólo Mouriño el epítome del influyentismo con motivos de lucro personal lo que se asoma. Es por lo demás, un patrón que aflora entre los panistas de nuevo cuño; forman, en efecto, toda una camada depredadora que se incubó dentro de los tristemente célebres Amigos de Fox. Ahí se colaron, a sus anchas, numerosos negociantes con vastas ambiciones. De ese crisol han salido los continuadores del tráfico de influencias que con Diego Fernández de Cevallos o Fauzi Hamdan alcanzaron niveles de artesanos feroces. Los nuevos émulos pretenden rebasarlos a todo galope y por la senda de las masivas complicidades de la derecha. El día que se pueda investigar debidamente saldrán a relucir enormes negocios fraguados, desde hace tiempo, con la palanca de la energía. Al tiempo.
Portada
1a quincena marzo 2008
Pemex-Oceanografía, expediente secreto. La intervención de Calderón, Mouriño y Nava
En 2004 Amado Yáñez Osuna, accionista principal de la naviera Oceanografía,
cabildeó con el entonces secretario de Energía, Felipe Calderón Hinojosa, y con sus colaboradores Juan Camilo Mouriño Terrazo y César Nava, millonarios contratos petroleros, según revela un expediente que Pemex entregó a una comisión especial de legisladores
Ana Lilia Pérez
Documentos remitidos en 2004 por directivos de Oceanografía a Juan Camilo Mouriño Terrazo, actual secretario de Gobernación y entonces asesor del secretario de Energía, Felipe Calderón, revelan reuniones privadas y envío de escritos –relacionados con el arrendamiento de un barco grúa en Pemex Exploración y Producción (PEP)– entre ejecutivos de la empresa y funcionarios del gobierno federal.
Tras declarar desierta la licitación para el alquiler de la embarcación, la filial de Petróleos Mexicanos (Pemex) adjudicó directamente el contrato 418235843 a la naviera. El asunto no es menor: con dicho convenio, como única garantía, Oceanografía obtuvo un sospechoso crédito del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext).
De acuerdo con la información, los directivos de la empresa cobraron el préstamo por más de 60 millones de pesos mediante cuatro facturas supuestamente apócrifas, presentadas por Amado Yáñez Osuna, el accionista principal.
Yáñez y Juan Camilo Mouriño mantienen una relación de amistad, que se inició hace muchos años en Campeche, cuando Leonardo Olavarrieta, amigo de Juan Camilo desde la infancia y actual director general adjunto de Oceanografía, los presentó. Él ha sido el responsable de estrechar aún más ese vínculo desde que su amigo arribó a Los Pinos, junto con el presidente Felipe Calderón.
El vínculo de Mouriño con Amado Yáñez
En el expediente entregado por Pemex a una comisión de legisladores de la Cámara de Diputados y del que Contralínea posee copia, figura, junto con actas de licitaciones públicas y oficios firmados por directivos de Oceanografía, un oficio remitido desde Ciudad del Carmen (sede de la naviera) por el director general adjunto de Oceanografía, Leonardo Olavarrieta, a Juan Camilo Mouriño en la Secretaría de Energía (Sener), el 5 de marzo de 2004, enviado vía fax a los números telefónicos de la oficina del secretario (015550006087 y 015550006096).
El documento cita: "Anexo acta de fallo de la licitación 18575035-025-03 (que) fue declarada desierta y en este momento se encuentra en inconformidad por la compañía Construcciones Integrales del Carmen, SA de CV. Saludos".
La licitación referida, emitida en 2003 por la Subdirección de la Coordinación de Servicios Marinos de PEP para la "rehabilitación y mantenimiento de plataformas marinas con apoyo de una embarcación con posicionamiento dinámico", se declaró desierta el 6 de febrero de 2004 porque ninguna de las propuestas era viable. En ese proceso licitatorio participaron la misma Oceanografía, Construcciones Integrales del Carmen (CICSA), Representaciones y Distribuciones Evya y Servicios Marítimos de Campeche (SMC).
Las actas del fallo de la licitación fueron enviadas por Olavarrieta a Mouriño junto con los oficios de PEP (fechados el 27 de enero de 2004), en los que la paraestatal petrolera notifica a Oceanografía por qué su propuesta fue desechada. Enterado Mouriño del caso, semanas después PEP le otorgó el contrato a la naviera en forma directa.
Hacia julio de 2004, PEP nuevamente concursó la licitación 18575108-030-04. Participaron otra vez Oceanografía, CICSA, SMC, Cotemar, Condux, Naviera Armamex, Instalaciones Electromecánicas Civiles y Eléctricas, Berry Contracting, Construcciones y Trituraciones, Constructora y Arrendadora México, Constructora Subacuática Diavaz y Consultoría y Servicios Petroleros. Una vez más, la licitación se declaró desierta.
Tras el fallo, Condux se inconformó ante la Secretaría de la Función Pública, que determinó vicios en la licitación, como la cuantifición errónea de las propuestas económicas para declararla desierta, en contravención a la ley. Cuando el concurso aún estaba bajo indagatoria, el 16 de octubre de 2004 funcionarios de la paraestatal iniciaron el proceso de adjudicación directa DOCSM-095-04.
El 13 de mayo de 2005 el subdirector de PEP, Héctor Leyva Torres; el gerente de Mantenimiento Integral, José Guadalupe de la Garza Saldívar, y el gerente de Administración y Finanzas, Flaviano Rodríguez Marcial, formalizaron el contrato 418235843 con Oceanografía, por 676 millones de pesos y 27 millones de dólares, para el arrendamiento del barco Caballo de Trabajo. La vigencia se pactó del 15 de mayo de 2005 al 31 de diciembre de 2007.
Reuniones con Calderón
El trato de los directivos de Oceanografía con altos funcionarios no se restringió al coordinador de asesores del secretario de Energía en el gobierno de Vicente Fox. En 2005, la Comisión que investigaba el supuesto tráfico de influencias de los hijos de Marta Sahagún solicitó a Pemex la documentación relacionada con la naviera.
Entre los expedientes proporcionados se incluyó una carpeta con correspondencia interna remitida el 16 de diciembre de 2003 por Amado Yáñez Osuna a Luis Ramírez Corzo –cuando éste dirigía PEP–, a su oficina del piso 41 de la torre ejecutiva, en Marina Nacional. El legajo incluye una carátula con el logo de la compañía y el texto: "Oceanografía-Pemex 2003-2004". En éste se relatan las afectaciones a la empresa por la rescisión de contratos.
En un apartado que explica las "consecuencias para Oceanografía", Yáñez Osuna le comenta a Ramírez Corzo de una reunión que habría sostenido con Felipe Calderón, por mediación de César Nava, días antes. En dicha reunión, cita el documento textualmente:
"Con fecha 4 de marzo (de 2003) se llevó acabo el acta de formalización de contratos en la sala de juntas de la Gerencia de Logística SCSM (Subdirección de la Coordinación de Servicios Marinos), mediante la cual nos comunicaron oficialmente que nuestra empresa estaba impedida para firmar los contratos, en virtud de encontrarnos en los supuestos de la fracción III del artículo 50 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios.
"Se consultó con usted (Luis Ramírez Corzo) que opinión o consejo, si se denunciaba a la Secretaría de Energía y Minas las consecuencias que teníamos por la inconformidad del IMR (Índice de Percepción de Mejora Regulatoria) y derivado de esto las dos rescisiones para no encontrarnos en el artículo 50. Se solicitó una cita con el secretario de Energía, a través del lic. César Nava, la cual fue concedida las dos primeras semanas del mes de diciembre (de 2003).
"Solamente se comentó con el sr. secretario los problemas que se tenían con IMR en la cual se tenía interés del lic. Bracho (Rafael Bracho Ransom, subdirector de Administración y Finanzas de PEP) de favorecer a la empresa Diavaz, nunca se mencionó a usted, como se está rumorando a través de los contratistas y personal de PEP; al contrario, siempre se le guardó un gran respeto a su personal. Del árbol caído quieren seguir haciendo daño a nuestra empresa, en la cual se hicieron muchas inversiones para ustedes con barcos de bandera mexicana que actualmente están inactivos…".
En otros oficios, los directivos de la naviera Oceanografía insisten en que la paraestatal no proceda a la cancelación de los contratos para que no se le inhabilite. Argumentan que "la rescisión del contrato no es obligatoria para ninguna de las dos partes, sino potestativa", solicitan "que Pemex reconsidere su postura y permita la concertación entre ambas partes".
Créditos sospechosos de Bancomext
A unos meses de que PEP le adjudicara el contrato para el arrendamiento del barco grúa, Oceanografía lo ofreció como garantía a la banca de desarrollo para que lo financiara, como ya lo había hecho con otros contratos de Pemex, como el 4124258280 que le otorgó la misma subsidiaria para la "procura y construcción del gasoducto" de la plataforma enlace litoral al complejo Pol A (Fortuna 61).
Así, al mismo tiempo en que Oceanografía utilizaba a familiares del presidente Fox como gestores en Pemex y tenía línea directa con Felipe Calderón, Juan Camilo Mouriño y César Nava en la Secretaría de Energía, la banca de desarrollo le autorizó un millonario crédito para financiar la operación de los contratos de Pemex; préstamo del cual, meses después, obtendrían recursos mediante el uso de supuestas facturas apócrifas.
Dirigido desde entonces por Héctor Reyes Retana, entre el 1 de enero de 2004 y el 31 de agosto de 2005, Bancomext autorizó créditos de primer piso a 15 empresas por un monto de 414 millones 900 mil pesos, y 56 millones 100 mil dólares, "para impulsar su crecimiento en los mercados globales". A Oceanografía le tocaron 30 millones 306 mil 389 pesos y 25 millones 600 mil dólares, es decir, casi 25 por ciento de los préstamos del gobierno federal a través de la banca de desarrollo.
El trámite inició el 28 de julio de 2004 en la oficina de Bancomext en Mérida, Yucatán, sede de la representación sur-sureste, a cargo de Griselda Chiang Sam García, quien aparece también como ejecutivo de cuenta de la naviera.
Once días después, el Comité Interno –integrado por Héctor Reyes Retana, Carlos Elías Rincón, Sergio Fade Kuri, Abel Jacinto Intriago, Salvador Rojas Aburto, Pablo Segura Garduño, Julio César Méndez Rubio y Alfredo Gutiérrez Carrillo– aprobó el crédito 2872 por 10 millones de dólares, con la cesión de derechos de cobro con notificación y direccionamiento de pago de los contratos de Pemex a favor de Bancomext como garantía.
Las condiciones para disponer de los recursos fueron: presentar la factura de venta por servicio prestado a Pemex con el sello de recibido de la paraestatal; aforo del 90 por ciento; la cobertura mínima de 1.1 a 1.0 sobre la cesión de los derechos de cobro, con notificación y direccionamiento de pago.
Pese a los incumplimientos de Oceanografía en sus contratos con Pemex, el 20 de julio de 2005 el Comité Ejecutivo del Consejo Directivo de Bancomext autorizó una ampliación al crédito en cuenta corriente por otros 20 millones de dólares –según acuerdo CIC/157/05–, con lo que el monto se incrementó a 30 millones de dólares. También se eximió a la compañía de su obligación de capitalizar 102 millones 73 mil pesos, según las cláusulas tipificadas en la autorización inicial.
El acuerdo se hizo durante una sesión ordinaria del Comité Ejecutivo del banco, en la que participaron Alonso Pascual García Tamés, subsecretario de Hacienda y Crédito Público; Felipe Alberto Izaguirre Navarro, director general de Banca de Desarrollo; Francisco Javier Cárdenas Rioseco, director de Intermediarios Financieros de Fomento del Banco de México; Fernando Ramón Marty Ordóñez, coordinador de asesores del secretario de Energía; Alondo de Gortari Rabiela, encargado de la Dirección de Promoción Económica y Cooperación Internacional de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y Héctor Reyes Retana.
Con el nuevo tope crediticio, el 10 de junio de 2005 Oceanografía emitió las facturas 14899, por 13 millones 957 mil 435 pesos, y 14898, por 1 millón 282 mil 51.28 dólares. Sin embargo, fue hasta el 30 de junio que la Oficina del Abogado General (OAG) de Pemex autorizó que la contratista trasladara a Bancomext sus derechos de cobro de este contrato. Es decir, aunque uno de los argumentos de PEP para adjudicar el contrato a la naviera fue su "solvencia económica", en el expediente crediticio la compañía argumenta su necesidad de financiamiento.
El mismo día en que la OAG le autorizara trasladar sus derechos de cobro, la naviera emitió las facturas 14907 por 24 millones 792 mil 77.13 pesos y la 14908 por 2 millones 292 mil 331.20 dólares; ambas, correspondientes al contrato 418235843. Posteriormente, presentó las cuatro facturas a Bancomext para la disposición de recursos. Los documentos tenían un supuesto sello de recibido en la ventanilla única de Ciudad del Carmen de PEP Región Marina Suroeste, el mismo día de su expedición.
El 1 de julio de 2005, Oceanografía formalizó vía notarial la cesión de derechos de cobro a favor de Bancomext. Cuatro días después –mediante cuatro oficios dirigidos a Alfredo Arruti Bustos, director Ejecutivo de Banca Empresarial Sur-Sureste– Amado Yáñez Osuna solicitó a Bancomext los siguientes recursos:
19 millones 390 mil 333.59 pesos, amparado en la factura 14907, por 21 millones 544 mil 815.11 pesos; 10 millones 916 mil 055.74 pesos a cuenta de la factura 14899, por 12 millones 128 mil 950.83 pesos; 1 millón 114 mil 96.96 dólares al amparo de la factura 14898, y 1 millón 793 mil 292.48 dólares al amparo de la factura 14908. El dinero debía abonarse a la cuenta de la naviera en BBVA Bancomer en Ciudad del Carmen. En esa misma fecha, Eloísa Valverde Díaz, de finanzas, autorizó el dinero que fue depositado al día siguiente.
En agosto de 2005, cuando el Órgano Interno de Control en Bancomext descubrió las irregularidades en la factura 15172 expedida por Oceanografía y presentada al banco para la disposición de 22 millones 900 mil dólares, a cuenta del contrato 4124258280, número SAP PEP-O-IE-504/05 (Fortuna 61), los auditores encontraron que las cuatro facturas que cobró Oceanografía a cuenta de ese contrato eran supuestamente apócrifas, revela el expediente de auditoría cuya copia obra en poder de Contralínea.
El 22 de agosto los auditores Raúl Muñuzuri Becerra y María Teresa Gómez Soberanes remitieron al subdirector de PEP, Héctor Leyva, el oficio GAB-178/05 para certificar la autenticidad de las cuatro facturas. El 19 de septiembre, en el oficio SCSM-GAF-795-60-2005, Leyva confirmó que la paraestatal nunca recibió dichas facturas: "No existe evidencia alguna en los sistemas de registro documental y contable de Pemex Exploración y Producción (de) que hayan sido recibidas en las ventanillas únicas, tanto en Ciudad del Carmen como de Dos Bocas, Tabasco, consecuentemente no instruidas para su pago por esta coordinación de Servicios Marinos".
Agrega: "Para mayor abundamiento sobre el caso, durante el mes de junio del presente año solamente en el día 13 se recibieron ocho facturas con cargo al referido contrato, las cuales fueron por importes mucho menores a las cuatro facturas citadas".
Al respecto, en el oficio OIC-AAI-225/05, fechado el 20 de septiembre de 2005, la auditora Inés Domínguez Ortiz notificó a Bancomext el supuesto delito de la compañía. Alertó al director General Adjunto de Promoción de Negocios, Sergio Forte Gómez: "Se observa que Bancomext otorgó recursos a Oceanografía con facturas por servicios prestados a Pemex Exploración y Producción que no son reconocidas por el organismo, mismas que representan la garantía y fuente de pago del crédito".
En otros oficios remitidos al titular del Área de Responsabilidades, Cuauhtémoc Flores Migueles, la auditora indicó: de la revisión de auditoría al crédito de Oceanografía se desprenden "hechos que pueden resultar de responsabilidad penal en agravio de Bancomext, por lo que se debe instar al área jurídica de la entidad a que actúe conforme a derecho". Inexplicablemente el asunto no trascendió.
Encubrimiento de Bancomext
Para omitir su responsabilidad en el supuesto fraude de la naviera descubierto por el OIC, Alfredo Arruti Bustos y Griselda Chiang Sam García argumentaron que, aunque conocían del uso de documentos apócrifos, optaron por no proceder contra Oceanografía para asegurarse de que pagara los 23 millones de dólares que obtuvo de su línea de crédito con una factura también apócrifa.
Justificaron que 80 días después de utilizar las cuatro facturas apócrifas del contrato 418235843, Amado Yáñez reintegró el dinero a Bancomext; por ello: "Se consideró por el momento no cuestionar a la empresa sobre esa situación, con el fin de evitar una confrontación que pudiera afectar los pagos mencionados con el saldo vigente", cita uno de los oficios expuestos al comité del banco el 27 de septiembre de 2005.
Aunque los funcionarios de Pemex fueron notificados del uso de sellos apócrifos de la paraestatal en cuatro facturas a cuenta del arrendamiento del barco Caballo de Trabajo, desde los primeros meses en que entrara en vigor su arrendamiento éste no fue rescindido. Incluso, en octubre pasado fue contratado con montos adicionales para los trabajos de emergencia en la Sonda de Campeche durante el incendio del pozo Kab 101.
Contralínea solicitó a Bancomext, a través de su área de prensa, el monto total pagado por Oceanografía derivado de los préstamos que se le autorizó en el gobierno de Vicente Fox. La información fue negada y los funcionarios involucrados en este caso rechazaron ser entrevistados. El área de prensa aseguró que después de descubiertos los créditos sospechosos por el OIC, Bancomext dio por terminada toda relación con Oceanografía; sin embargo, aún aparece en el directorio de Pymex (pequeñas y medianas empresas exportadoras) que promueve la banca de desarrollo en su portal de internet que operan con sus apoyos.
Se solicitó entrevista con el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, para hablar de su relación con la contratista de Pemex, pero tampoco hubo respuesta.
También se solicitó, sin éxito, una entrevista con Amado Yáñez Osuna, accionista mayoritario de Oceanografía.
